17 Jun
Nº142
Los últimos años de la dictadura se caracterizaron por la disidencia política y el cambio de mentalidad (movimientos estudiantiles críticos con el sistema con el apoyo de profesores universitarios, oposición antifranquista en el exterior, manifestaciones, huelgas, aparición de Comisiones Obreras, acciones terroristas protagonizadas por ETA y FRAP…) El régimen, que había logrado perpetuarse cuarenta años, resultaba inviable en un entorno de expansión económica, de contactos con la Europa democrática y con unas demandas sociales en pro de la libertad y la amnistía cada vez más generalizadas. A ello hay que añadir el Inmovilismo del Régimen que pretendía perpetuarse y la crisis interna del mismo, ya que surgieron sectores menos reacios a una progresiva democratización.
¿Qué alternativas políticas se propónían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada una de ellas? (1,5 p.)
El problema de la continuidad del régimen franquista estaba ligado a la cuestión sucesoria. Franco designó a Juan Carlos como sucesor, en vida de su padre D Juan de Borbón, a quién le correspondía por derecho la corona. Este acto fue ratificado por Las Cortes en 1969. Después de la muerte de Franco se presentaban tres alternativas políticas.
Inmovilista: la continuidad era defendida por “el búnker”, es decir los sectores más inmovilistas del franquismo, representada por Arias Navarro
La Aperturista o Reformista: Constituida por los sectores más liberales del régimen partidarios de una apertura controlada y de la que formaban parte una minoría de las personalidades del régimen encabezada por el rey y apoyada por políticos como Adolfo Suárez o Manuel Fraga.
La oposición política, calificada como Rupturista. Defendían la ruptura y desaparición brusca del sistema.
El empeoramiento de la salud de Franco en el verano de 1974, al que se hace referencia en el texto, agudizó aún más la crisis final del franquismo e hizo más necesaria la coordinación de la oposición. En Julio de 1974 se constituyó en París la Junta Democrática en la que estaban integrados el PCE, CCOO, algunos liberales seguidores de D Juan de Borbón y sectores vinculados al socialismo y carlismo progresista, propónía que la forma de Estado futura (monarquía o república) fuera decidida mediante una consulta popular.
El intento de evitar a toda costa una nueva quiebra en la sociedad española se convirtió en el objetivo político prioritario y contó con el apoyo de la Corona y de los numerosos sectores antifranquistas que habían surgido en la clandestinidad. No obstante, el pulso entre sectores reformistas y rupturistas originó momentos de crisis.
Nº 144
Franco designó a Juan Carlos como sucesor, quien fue proclamado rey en 1975. El discurso de coronación de D. Juan Carlos apuntaba sus intenciones reformistas. Las reformas tímidas que quiso llevar adelante Arias Navarro pretendían ser un maquillaje para no desmontar el franquismo. En estas circunstancias el rey provocó la dimisión de Arias Navarro (Julio de 1976) logró nombrar presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Una vez garantizada la pluralidad política los partidos se prepararon para concurrir a las primeras elecciones democráticas que tenían lugar desde los tiempos de la República. En 1978 se redactó nuestra constitución.
Suárez inició un proceso de desmantelamiento de la dictadura. Concedíó una amnistía generosa e inició una serie de contactos periódicos con la oposición para implicarla en el proceso de reforma. Así comenzó a abrirse camino la estrategia de la ruptura pactada. Esta transición se consideraba absolutamente necesaria para deslegitimar cualquier intento de involución política, especialmente entre las fuerzas armadas. Suárez se entrevistó con los principales generales en activo y les tranquilizó sobre sus intenciones, que fueron aceptadas con la condición implícita de que no se legalizara al PC. El proyecto de Ley para La Reforma Política de 1976, establecía la creación de unas cortes bicamerales constituyentes, elegidas por sufragio universal para lo cual había que dar legitimidad a los distintos partidos políticos En Diciembre la ley fue aprobada por referéndum (94%). Al mismo tiempo el gobierno de Suárez llevó a cabo una amplia amnistía a la vez que se autorizaba la Díada catalana y se legalizaba la ikurriña vasca.
Un paso fundamental era la legalización de todos los partidos políticos de la oposición. En 1976 el PSOE fue legalizado. El secretario general del PC, Santiago Carrillo, provocó su detención volviendo de su exilio a finales de 1976 y planteó al gobierno la incómoda cuestión de la legalización. La actitud moderada del PC al encajar con una gran serenidad el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha (militantes comunistas) a manos de un comando de extrema derecha, su compromiso de no cuestionar la monarquía, llevaron a Suárez a legalizar al PC a pesar de las protestas de las fuerzas armadas. La situación volvíó a crisparse pero Suárez continuó negociando con la oposición, medidas como la disolución del tribunal de Orden Público, del Sindicato Vertical, y la del propio Movimiento Nacional, así como la ampliación de la amnistía y la convocatoria de elecciones para elegir cortes constituyentes. Suárez creó un partido de centro denominado UCD que ganó las elecciones de 1977.
nº145
La grave crisis económica de 1973, la inflación, el incremento del déficit público, el aumento del paro (a los parados nacionales se sumaban los emigrantes despedidos en Europa), y la inexistencia de una política fiscal adecuada, impedían afrontar los problemas y corregir los desequilibrios. Dada la situación todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieron de acuerdo en la necesidad de resolver estos problemas. Así se firmaron los Pactos de la Moncloa, auténticamente excepcionales. Por este documento los trabajadores aceptaban la moderación de los salarios, ajustándose estrictamente al aumento del coste de vida, para contribuir a la disminución de la conflictividad laboral y favorecer la consolidación del sistema político. Tras estos pactos, se aprobaron la ley de medidas urgentes para la reforma fiscal, que acabó con el sistema tributario franquista y la ley que reestructuraba la Seguridad Social y creaba el INEM (Instituto Nacional de Empleo).
Las medidas tomadas podemos agruparlas en 4 apartados:
1. Económicas: reducción de la inflación, control del gasto público y racionalización del gasto energético
2. Laborales: se reconoce el derecho a la libre asociación sindical, se limita el crecimiento de los salarios y u despido libre limitado al 5% en una empresa.
3. Políticas: libertad de prensa, libertad de asociación, acceso a la información secreta, despenalización del adulterio, etc.
4. Reforma tributaria: se crea el IRPF para construir un estado del bienestar similar al de los estados más avanzados de Europa Occidental (Suecia, Dinamarca, …), penalización del fraude fiscal
En cuanto a los aspectos jurídicos hay que destacar la eliminación de cualquier resquicio de legislación franquista del Código Penal, la revisión de las leyes de orden público y la limitación de la justicia militar.
En conclusión, los pactos lograron reducir la amenaza de hiperinflación, y lograron unir a los principales a los principales partidos políticos y fuerzas sindicales ante una situación límite en la que todos debían hacer concesiones para modernizar el país.
nº 147
El primer paso hacia la elaboración de la constitución de 1978 fue la creación de una ponencia integrada por diputados de diferentes partidos que decidieron tomar la vía del consenso. Los acuerdos no fueron fáciles en temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, el sistema electoral, etc.
Estructura de la Constitución.
Responde a un esquema de constitucionalismo clásico. Se compone de 169 artículos, reunidos en un título preliminar, y 10 títulos.
Al texto de la Constitución le precede un preámbulo en el que la nacíón española, proclama la voluntad de dotarse de una Constitución.
Sus principales carácterísticas son las siguientes:
España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho, propugna como valores superiores la libertad, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía reside en el pueblo español.
Amplia declaración de derechos (vida, libertad, intimidad…) y libertades (religiosa, de expresión, de reuníón, derecho a la huelga…)
Definición del sistema político español como una monarquía parlamentaria
La división de poderes.El legislativo correspondería a las Cortes (Congreso y Senado). El ejecutivo al gobierno. El Poder Judicial a los jueces y magistrados coordinados por el Tribunal supremo. Este cuadro de instituciones se completó con otras dos: El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
La descentralización del estado. La organización del nuevo estado autonómico.
Una vez aprobada la Constitución se inició el lento y difícil camino de la descentralización territorial y política del Estado. La creación de los Estatutos de Autonomía, pero siempre dentro de la “indisoluble unidad de la Nacíón Española” que marca el Título VIII a través de dos vías de acceso (vía rápida: que necesitaba un referéndum y permitía el acceso inmediato y vía lenta)
El caso canario, fue aprobado el 10 de Agosto de 1982 mediante la Ley Orgánica 10/1982. La LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), se hizo por la vía intermedia.
La Constitución determina las formas de control para que cada autonomía respete lo establecido por ella. Por una parte está el Tribunal Constitucional (art. 153) y por otra el Poder Central, que es responsable de la supremacía de un “interés general” y para ello tiene facultades de control (art. 155). Por último, el art. 158 crea un Fondo de Compensación Económico, para “corregir desequilibrios”
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