El Apogeo del Poder Real en el Siglo XVII

En el siglo XVII, la monarquía alcanzó la plenitud de su poder. El poder concentrado en la esfera de la monarquía y simbólicamente en la persona de su titular se acercó más a la formulación teórica del «poderío real absoluto». Este aumento del poder real se manifestó claramente en el modo de creación del derecho, que a partir de este momento emanaría únicamente del rey y de las instituciones dependientes de él.

El Regalismo y la Centralización Administrativa

Una de las principales manifestaciones del creciente absolutismo fue el regalismo: la defensa por parte de la monarquía de sus derechos inalienables (regalías) y la lucha por la recuperación de poderes concretos enajenados en siglos anteriores. Se llevó a cabo lo que se ha denominado «el revisionismo crítico del legado medieval». La monarquía y sus teóricos ilustrados consideraban que la soberanía estaba integrada por una serie de poderes concretos inalienables, derechos regios (regalías), a cuya defensa y eventual recuperación se orientó la política de la monarquía. Aunque la corona hubiese cedido algunos de sus derechos políticos, tales cesiones eran recuperables, y la corona podía incorporar a su poder las jurisdicciones, rentas y oficios.

De forma simultánea, la monarquía absoluta combatió las autonomías municipales, procurando la reducción de su facultad normativa, favoreciendo el control del gobierno municipal desde el consejo real o por funcionarios, y absorbiendo la administración de las Haciendas municipales. El proceso histórico de centralización administrativa se potenció por medio de esta política. Otra manifestación fue la intervención del Estado en la Universidad, logrando que se estudiara el derecho real. De forma semejante, se produjo un mayor intervencionismo en el comercio y en la regulación de las actividades económicas. Para que su creciente intervención fuera eficaz, la monarquía de los primeros Borbones procedió a la racionalización de su aparato de poder.

La Crisis Sucesoria y la Guerra de Sucesión

Desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, se mantuvo un difícil equilibrio entre la unidad de la monarquía y la diversidad de reinos y ordenamientos jurídicos. Este equilibrio se mantuvo hasta la crisis sucesoria abierta a la muerte de Carlos II. Cataluña no aceptó de buen grado a Felipe V y, en 1705, manifestó sus preferencias por el Archiduque Carlos de Austria, entendiendo que la garantía de su ordenamiento jurídico y su conciencia nacional quedaría asegurada en manos de este y no en las de un rey heredero de la tradición centralista y unificadora de la monarquía francesa. Inglaterra, Holanda y el Imperio también eran partidarios de don Carlos y no del nieto de Luis XIV. Pronto, los restantes territorios de la Corona de Aragón secundaron la actitud de Cataluña. Hubo una guerra que ganó Felipe V, a cuyo lado permanecieron los territorios de la Corona de Castilla. La victoria de Felipe V en Almansa y la entrada del Duque de Berwick en Barcelona fueron los hechos decisivos de la contienda. Felipe V, como consecuencia de la victoria y como represalia contra la oposición bélica de los territorios de la Corona de Aragón, procedió a la extirpación de sus ordenamientos jurídicos. Lo que no hizo Felipe IV ante una rebelión separatista, lo llevó a cabo el primer rey de la dinastía Borbón tras una querella dinástica.

Los Decretos de Nueva Planta: Valencia y Aragón

El decreto que se va a analizar fue promulgado por Felipe V el 29 de junio de 1707, dos meses después de la batalla de Almansa. Afectó a los reinos de Valencia y Aragón, entonces ya dominados militarmente. Este decreto significó la definitiva extinción de todo el Derecho de Valencia, aunque en posteriores decretos manifestó su voluntad de confirmar a los nobles valencianos que le habían sido fieles y las viejas jurisdicciones señoriales concedidas por Alfonso II. Posteriormente, concedió verbalmente el Derecho Civil Valenciano, aunque no logró la plasmación normativa necesaria y la derogación de 1707 fue total y definitiva para el reino de Valencia. No fue así para el de Aragón. A finales de 1710, tras las batallas de Brihuega y Villaviciosa, Felipe V se consideró vencedor. En el decreto posterior de 1711, otorgó una nueva organización a la Audiencia de Zaragoza, restableciendo parte del derecho aragonés. Felipe V también decidió la creación para Aragón de un comandante general como autoridad militar suprema, a cuyo cargo quedó el gobierno militar, político y económico del reino, además de presidir la Audiencia. Las tradicionales instituciones políticas aragonesas fueron derogadas en 1707 sin ser restablecidas después.

La Unificación y Castellanización de España

Aunque el decreto de 1707 expuso la voluntad de reducir todos sus reinos a unas mismas leyes, lo cierto es que su decisión solo se implantó radical y definitivamente respecto a Valencia, moderando en los demás casos su conducta. Para Felipe V, unificar equivalía a castellanizar; junto al derecho, se impuso la lengua castellana. La política de Felipe V consistió en transformar la constitución jurídico-política de la España de los Reyes Católicos y los Austrias. La monarquía borbónica se esforzó por imponer una estructura nacional unitaria. La política de unificación fue el instrumento necesario para imponer esa nueva constitución jurídico-política. Por eso, fueron sustituidas en los territorios de la Corona de Aragón todas sus instituciones políticas, administrativas y fiscales por las correspondientes instituciones castellanas. La política de Felipe V dolió no solo por lo que tuvo de unificación, sino por lo que tenía de castellanización impuesta, decisión del titular de la soberanía. Las Cortes de Castilla se convierten en las Cortes Nacionales tras la desaparición de las cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, y pasaron a llamarse Consejo Real, puesto que sus limitaciones no estaban limitadas a Castilla.

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