La economía española del s. XIX dependíó fundamentalmente de la agricultura, que se abríó paso tras el proceso desamortizador. Desamortizar, siguiendo el ejemplo de la Francia revolucionaria era nacionalizar los bienes de la Iglesia o de los municipios para después venderlos en subasta pública. El conjunto de leyes desamortizadoras recibe el nombre de ‘reforma agraria liberal’. ‘Reforma agraria’ porque ponía en circulación tierras sin explotar para su cultivo y ‘liberal’ porque fueron los gobiernos liberales del s.XIX quienes la llevaron a cabo. Ya los diputados de las Cortes de Cádiz en 1811 y 1813 iniciaron la labor de convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen las fincas rústicas y urbanas. La primera tarea  fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los eclesiásticos y municipales con el fin de sacar al mercado bienes que se habían quedado al margen.

La desvinculación tuvo 2 consecuencias

La primera, abolir los  señoríos, lo que significaba acabar con el dominio de los señores sobre los campesinos. Este privilegio, concedido por los reyes sobre los habitantes de su territorio terminó. La desvinculación, a pesar de la desamortización, no significaba un cambio de propietario, sino que transformaba a los señores antiguos en propietarios liberales. La segunda fue la supresión de los mayorazgos por los cuales antes el primogénito heredaba todos los bienes, de los cuales no era propietario sino usufructuario, y no podía venderlos, solamente aumentarlos con ventas. La desvinculación supónía que estos bienes eran libres y podían ser vendidos por sus titulares. La desamortización fue la medida de mayor trascendencia. Primero se realizó sobre bienes eclesiásticos y más tarde sobre municipales y se desarrolló durante todo el s.XIX, hasta 1924.

Se pueden distinguir 2 etapas en el proceso desamortizador:

La primera etapa se produjo en el cambio de siglo. Comenzó con Godoy en el año 1789 durante la monarquía de Carlos IV, afectó a bienes de la Iglesia y tuvo como fin sanear la Hacienda Real. Le siguieron las encabezadas por José I sobre bienes del clero regular y de la aristocracia que se resistíó a la invasión francesa. Las Cortes de Cádiz aprobaron un decreto de desamortización liberal en 1813, pero no se puso en práctica hasta 1820. Esta última, favorecíó a las clases media y alta y perjudicó a los campesinos que cultivaban tierras sin apenas pagar rentas por ello.

La segunda etapa abarca desde el año 1836 en el que el Ministro de Hacienda Mendizábal instaura las leyes de desamortización bajo la regencia de maría Cristina hasta 1844, el comienzo de la década moderada al mando de Narváez. La desamortización de Mendizábal afectó a los bienes, primero del clero regular y más tarde a los del clero secular. Los objetivos eran:

-Eliminar la deuda pública, al ofrecerá los compradores la posibilidad de pagar con títulos emitidos por el Estado.

-Poder solicitar nuevos préstamos al gozar de cierta credibilidad.

-Atraerse a las filas liberales a los compradores, pues el carlismo amenazaba con devolver los bienes desamortizados a la Iglesia, y por este motivo quedaron vinculados al liberalismo que les aseguraba la posesión de los bienes adquiridos.

-Ganar la guerra carlista.

– Cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica de ser amortizada y colectiva a libre e individual.

-La Iglesia sería transformada en una institución del Nuevo Régimen.

La tercera etapa empezó durante el bienio progresista de Isabel II cuando el Ministro de Hacienda Pascual Madoz, también progresista y amigo de Mendizábal sacó a la luz su “Ley de Desamortización
General”, también conocida como “Ley Madoz” el 1 de Mayo de 1855. Se llamaba general porque ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior (Mendizábal) y los municipales. Dentro de estos últimos, se llamaban vienen de propios aquellos que, por estar arrendados, proporcionaban una renta al concejo y se llamaban bienes de comunes aquellos que eran utilizados por los vecinos sin proporcionar renta alguna. Esta desamortización se prolongó hasta 1924. El procedimiento utilizado fue una copia del de Mendizábal aunque con una diferencia en cuanto al destino del dinero obtenido recaudado. Sin las anteriores angustias de la deuda pública, se destínó a la industrialización del país, sobretodo en Cataluña, País Vasco y Valencia, más concretamente al ferrocarril. En esta etapa la burguésía fue la gran beneficiada.

Las consecuencias de la reforma agraria liberal fueron:

1- Incremento del número de terratenientes, los bienes se vendieron sin ningún criterio distributivo y con el fin de obtener ingresos rápidamente. Por este motivo, no se pretendíó una reforma agraria sino fiscal, la tierra cambió de manos pero no se modificó su tamaño. Siguieron predominando el latifundio en el centro y sur y el minifundio e el norte y noroeste.

2- Los compradores fueron gente adinerada

3- Se pusieron en cultivo tierras abandonadas, hecho que aumentó la superficie cultivable y con ello se puedo responder en parte al problema endémico creado por el aumento demográfico.

4- Los grandes perdedores fueron los campesinos, privados del uso y disfrute de los antiguos bienes de propios y comunes del concejo; la Iglesia que perdíó gran parte de su patrimonio inmobiliario artístico y documental y los municipios que perdieron su principal fuente de ingresos al privatizar los bienes de propios, baldíos y comunales.

Todo ello ayuda a explicar el apoyo del campesinado y la Iglesia a la causa carlista y d la burguésía y altos mandos adinerados al liberalismo.

La agricultura sufríó un desarrollo tímido a causa del aumento de la superficie cultivable con la privatización de manos muertas, el aumento demográfico y la supresión del diezmo y la Mesta, pero no alcanzó los niveles de producción de la Europa coetánea.

El trigo aumentó su producción, y más tarde, se sumaron el maíz, las naranjas y los frutales, aunque la producción seguía basándose en la clásica triada trigo, olivos vid, que junto con las leguminosas supónían el 90% de la tierra cultivable.

El atraso técnico y la escasa inversión eran la causa del bajo rendimiento, motivo por el cual la producción no era suficiente para satisfacer la demanda de una población en aumento. A pesar de la política proteccionista, España pasó a ser exportadora de maíz a importadora. Además, la escasa capacidad de la demanda, la reducida población urbana y la baja calidad de la dieta alimentaria retenían el crecimiento de la producción. Por último, tampoco la agricultura fue un motor de arrastre de la demanda de productos industriales para su aplicación ni proporciónó capital para invertir, mientras en Europa ocurría lo contrario. Podemos concluir, pues, que el estancamiento de la agricultura fue una de las causas básicas del atraso de la población española durante este siglo.

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