9.1. Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los partidos dinásticos. Las fuerzas políticas de la oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas.

En 1902 las Cortes proclamaron rey a Alfonso XIII. Su ascenso al trono se produjo en pleno trauma provocado por la crisis del 98 por lo que era el momento idóneo para adaptar el sistema político a la modernización de la sociedad. Esta transformación se fundamentó en la aplicación de los principios del regeneracionismo.

La crisis del sistema político de la restauración: los partidos dinásticos. Los primeros intentos de aplicar el regeneracionismo en la política fueron obra de los conservadores. En 1899 accedíó a la presidencia Francisco Silvela, sucesor de Cánovas en el partido
Conservador. El otro regeneracionista fue Maura, quien pudo acometer algún proyecto reformista durante su denominado “gobierno largo” entre 1907 y 1909, entre sus medidas se encuentra el intento de acabar con el fraude electoral y aumentar las competencias de los ayuntamientos. Además intentó aprobar otras medidas sociales, pero sus políticas se vieron frenadas por dos acontecimientos relacionados entre sí: el desastre del Barranco del Lobo, donde las tropas españolas en Marruecos fueron  derrotadas por la tribus bereberes y la Semana Trágica de Barcelona; la decisión de Maura de incrementar el contingente militar en Marruecos con las tropas reservistas desencadenó una oleada de protestas en Barcelona. En Julio de 1909 la revuelta alcanzó tintes anticlericales y revolucionarios. Barcelona se llenó de barricadas mientras el Estado declaró el estado de guerra y reprimíó duramente a los manifestantes. En la represión fue ejecutado el pedagogo Ferrer i Guardia considerado responsable de la revuelta. Como consecuencia de este hecho, se desató una oleada de protestas para exigir la dimisión del presidente. Ello obligó a Alfonso XIII a sustituirlo por el liberal Segismundo Moret quien sería rápidamente relevado por el liberal José Canalejas. Entre 1910 y 1912 José Canalejas intentó desarrollar una profunda reforma  con el fin de democratizar el sistema, tratando de atacar los problemas que afectaban a la  estabilidad del país. Su decisión más conocida fue la polémica Ley del Candado que limitó el establecimiento de órdenes religiosas. Se rebajaron los impuestos al consumo y se aprobó la Ley de reclutamiento, por la que se establecíó el servicio militar obligatorio.  Además el Estado aumentó su intervención en cuestiones sociales, como por ejemplo reduciendo la jornada laboral, regulando el trabajo de las mujeres y garantizando la prestación de la seguridad social.
En 1914 permitíó la creación de la Mancomunidad de Cataluña. El nuevo organismo reunía a las cuatro diputaciones provinciales en una sola institución presidida por Enric Prat de la Riba. En 1912 Canalejas fue asesinado por un anarquista, lo que significó el fin del regeneracionismo. Desde 1913 el aumento de la conflictividad social, la ruptura del turno pacífico y el impacto de la Primera Guerra Mundial, que dividíó a la sociedad en Germánófilos y anglófilos, condujeron hacia su desintegración. 

Las medidas regeneracionistas pretendieron emprender una modernización que evitara el estallido de la revolución. Si embargo los intentos regeneracionistas fracasaron y originaron la descomposición del sistema. Este hecho se explica atendiendo a diferentes motivos. Por un lado el excesivo intervencionismo de Alfonso XIII al que la Constitución concedía amplias prerrogativas, y por otro, la crisis de los partidos dinásticos. Tras la desaparición de sus líderes históricos, los nuevos políticos no fueron capaces de aglutinar  a los miembros de cada formación y de la colaboración entre ambas fuerzas se pasó al enfrentamiento. Por último se acumularon otros problemas como la injerencia del ejército en la vida política, el anticlericalismo, la guerra de Marruecos y una fuerte oposición al régimen por parte de republicanos, nacionalistas, anarquistas y socialistas

Las fuerzas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas

El movimiento obrero en España había tenido su origen en el sexsenio democrático, amparado por la libertad de reuníón y asociación establecida por la Constitución de 1869. Además el republicanismo fue capaz de mantener su fuerza pese al fracaso de la primera república y el arco político fue completado con otras fuerzas como el nacionalismo o el carlismo.

A partir de 1913 el panorama político se complicó. Los dos partidos dinásticos acabaron descomponiéndose en grupos parlamentarios autónomos que competían entre sí. Entre los liberales destacaron los grupos liderados por Romanones, García Prieto o Santiago Alba. Entre los Conservadores, frente a los partidarios de Eduardo Dato se situaron las Mauristas que se presentaron como la nueva derecha, y entre los que también se conformaron grupos distintos, como las juventudes Mauristas que evolucionaron hacia posiciones de extrema derecha. Más a la derecha aún, puesto que no aceptaban el liberalismo ni la monarquía constitucional, estaban los Carlistas o Tradicionalistas, con cierto peso en Navarra, País Vasco y Cataluña.

Otras nuevas fuerzas que a partir de la segunda década del siglo dejaron sentir cada vez más su influencia en la política nacional fueron las regionalistas o nacionalistas. Además del catalanismo representado por la Lliga de Prat de la Riba y Francesc Cambó, convertida en la principal fuerza  política en Cataluña, que logró que el gobierno aprobase en 1914 la Mancomunidad Catalana, fue ganado terreno el nacionalismo Vasco fundado por Sabino Arana, con dos vertientes, una radical independentista, y otra moderada y posibilista que aceptaba la participación en la política parlamentaria para conseguir un estatus económico. Mención aparte merecen los partidos obreros representados por el socialismo y el anarquismo, y en cierta medida también por el republicanismo, que a pesar del fracaso de la primera república, y de ser tachados por los anteriores de burgueses, habían conseguido mantener cierta influencia. 

La implantación y militancia socialista fue importante  en Vizcaya y Asturias, pero escala nacional fue siempre débil. La decisión del PSOE, a raíz de la semana trágica, de asociarse con los partidos republicanos para constituir, en 1910, una gran fuerza progresista, la Conjunción Republicano-Socialistas, dio sus frutos y llevó por primera vez a un líder socialistas, Pablo Iglesias, al Parlamento. Pero en España el movimiento obrero, en contraste con la pauta general europea, se caracterizó por la debilidad general del socialismo, frente a la sólida implantación del anarquismo, sobre todo el Cataluña y en el campo andaluz. Los actos individuales de terrorismo anarquista, como los atentados contra el Rey en París o en Madrid el día de su boda, en 1906, sirvieron a la elite dirigente para criminalizar a todo el movimiento. En 1907, se constituyó en Cataluña Solidaridad Obrera, que pronto quedó en manos de los anarcosindicalistas, los cuales, en 1910 fundaron la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que sería desde entonces el principal sindicato rival de la UGT socialista 

9.2. La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. La crisis de 1917 y el trienio bolchevique.

La intervención en Marruecos. España administraba el Rif (regíón del norte de Marruecos) desde la Conferencia de Algeciras de 1906. En los primeros años de ocupación se habían producido incidentes, como el ataque a Melilla y la derrota española del Barranco del Lobo (1909). Al finalizar la Primera Guerra Mundial España reemprendíó la ocupación del Rif, chocando con la resistencia de las cabilas indígenas. En 1921 el general Silvestre llevó a cabo una intervención precipitada adentrándose en el Rif. El Jefe rifeño  Abd-el- Krim atacó las posiciones  españolas e infringíó una gravísima derrota: el desastre de Annual en el que murieron 13.000 soldados españoles. La derrota aumentó la impopularidad de la presencia española en Marruecos. Se exigieron responsabilidades por esta derrota a los militares, el gobierno e incluso a Alfonso XIII, iniciándose el expediente Picasso. La actitud de la oposición en las Cortes, defendiendo el abandono de Marruecos, dio gran popularidad al PSOE y a los republicanos. La reacción de los militares fue inmediata y se hizo efectiva en el Golpe de Estado del General Miguel  Primo de Rivera  en 1923

las repercusiones de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un compás de espera en los problemas políticos internos. España se declaró neutral, manteniendo la actitud aislacionista adoptada desde 1898. La guerra estimuló la economía ya que potenció la industria y multiplicó las exportaciones. Sin embargo tuvo consecuencias sociales muy negativas: el aumento de la demanda exterior provocó inflación dentro de España, que no fue compensada con el aumento equivalente de los salarios, y al terminar la guerra el descenso de las ventas obligó al cierre de minas y fábricas, con el consiguiente aumento del paro y los conflictos sociales.

La crisis de 1917. En el año 1917 el sistema político de la Restauración se veía aquejado  de enormes dificultades derivadas del enfrentamiento entre los partidos dinásticos, el creciente intervencionismo del ejército en la vida pública y la agudización de la conflictividad social. El impacto de la Primera Guerra Mundial y las perspectivas revolucionarias ante el estallido de la revolución rusa, provocaron que durante el verano de 1917 se desencadenara una profunda crisis que evidenció la desintegración del sistema. Tres problemas pudieron haber acabado con el régimen si los objetivos de sus protagonistas hubieran sido coincidentes. El enfrentamiento con el ejército comenzó con el asalto de un grupo de militares a la revista satírica ¡Cu-Cut! Como respuesta a unas caricaturas que los militares consideraron ofensivas. En lugar de castigar los actos de los militares, el gobierno promulgó la Ley de Jurisdicciones, por la que se ponía bajo jurisdicción militar la ofensa a la unidad de la patria, la bandera, o el honor e los militares, lo que estimuló el intervencionismo castrense y el nacionalismo catalán. Además produjo un enfrentamiento entre el gobierno y el ejército, que se quejaba de la escasez de medios y los bajos salarios.

Los oficiales de baja  y media graduación habían creado unas Juntas de Defensa, que reclamaban el aumento salarial y rechazaban los rápidos ascensos de los africanistas (oficiales que habían prestado sus servicios en el norte de Marruecos). Como respuesta, el gobierno de Eduardo Dato, decidíó suspender las garantías constitucionales, así como clausurar las Cortes e incrementar la censura en la prensa. La decisión del gobierno de suspender las garantías constitucionales creó una crisis política y estimuló a Francesc Cambó, a promover la creación de una asamblea de parlamentarios que permitiese formar un gobierno provisional y convocar unas Cortes constituyentes. Se trataba en suma  de un nuevo intento  regeneracionista que pretendía romper el sistema de turnos, combatir el peso de las oligarquías, consolidar la separación efectiva de poderes y plantear un modelo de Estado Centralizado. Para forzar su posición, la asamblea convocó una reuníón para que todos los diputados y senadores pudieran integrarse en ella pero la reuníón, que acabó siendo disuelta por las fuerzas  públicas, no consiguió cumplir sus objetivos, el motivo puede explicarse por la creciente agitación social, que contuvo a la burguésía por miedo a que la iniciativa acabase adquiriendo tintes revolucionarios. La conflictividad social había aumentado notablemente durante la Primera Guerra Mundial, en consecuencia el sindicalismo obrero adquiríó un mayor protagonismo y exigíó la aplicación de medidas tendentes a la disminución de la desigualdad social. En este contexto, en Agosto de 1917, tras un conflicto ferroviario en Valencia, los sindicatos socialistas y anarquistas decidieron convocar una huelga general. La huelga adquiríó una gran relevancia en los centros fabriles de Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco. Ante el peligro del estallido de la revolución, el gobierno declaró la Ley Marcial, que facultó al ejército y a las fuerzas del orden público a reprimir la huelga de forma violenta. El balance fue trágico: un centenar de muertos, doscientos heridos y dos mil detenidos. El apoyo de los militares a la represión y la disolución de la Asamblea de parlamentarios evitaron el colapso del Régimen de la Restauración, al tiempo que facilitaron la solución a la crisis militar. En Enero de 1918 se promulgó la Ley del Ejército que atendíó las reivindicaciones castrenses.

El trienio bolchevique (incluir en las consecuencias de la IGM). La crisis social, desatada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue especialmente intensas en dos regiones:

Andalucía: aunque la movilización campesina había sido casi inexistente en la crisis de 1917, los conflictos aumentaron repentinamente entre 1918 y 1921 en lo que se conoce como el trienio bolchevique. La miseria del campesinado y la influencia de la revolución rusa favorecieron que los jornaleros respondieran a la llamada de los sindicatos. Las revueltas impulsadas por anarquistas, y en menor media por los socialistas, se caracterizaron por la quema de cosechas, la ocupación de tierras, el reparto de la propiedad e incluso la ocupación de ayuntamientos. La rebelión campesina fue mitigada mediante la aplicación de medidas represivas, como la declaración del estado de guerra, la Ilegalización de las organizaciones obreras participantes y la encarcelación de sus dirigentes

Cataluña: el anarquismo catalán logró grandes éxitos, como la huelga de La Canadiense en 1919. La insubordinación de los trabajadores de esta empresa de electricidad de Barcelona llegó a paralizar el 70% de la industria local, que obligó a la patronal a aceptar acuerdos ventajosos para los trabajadores como la mejora salarial, la readmisión de los obreros  despedidos y una jornada laboral de ocho horas. Por influencia del anarquismo las protestas obreras terminaron degenerando en un activismo violento que derivó en un auge descontrolado del terrorismo, en acciones contra autoridades, patronos y fuerzas del orden. La patronal no dudó en financiar a pistoleros para asesinar a los dirigentes obreros, llegando incluso a crear  una asociación, el Sindicato Libre, que pretendía contrarrestar las cuerdas de la CNT a través del uso de la violencia.

El sindicato libre contó con la colaboración del gobernador civil de Barcelona, el general Martínez Anido que reprimíó duramente a los sindicalistas y aplicó la Ley de Fugas, por la que la policía podía disparar contra todos aquellos detenidos que intentaran huir. Como respuesta a esta política, en 1921 se produjo el asesinato de Eduardo Dato, presidente del gobierno.

Con esta situación y como una consecuencia de la  Revolución soviética, en 1921 se creó en España el Partido Comunista de España (PCE) lo cual provocó la ruptura de la izquierda española. Los comunistas se adhirieron de inmediato a la III internacional comunista,  mientras que el PSOE se mantuvo al margen de la organización  internacional fundada por Stalin

9.3. La dictadura de Primo de Rivera. El final de la monarquía de Alfonso XIII

En 1923 la sociedad española y la vida política se encontraban en una situación de crisis insostenible, que se arrastraba desde 1917. El 13 de Septiembre de 1923 el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra. El gobierno dimitíó y el rey entregó el poder a los sublevados, consumándose el Golpe de Estado, que fue recibido favorablemente por la mayoría de los españoles y que supuso el principio de la dictadura. En el manifiesto que Primo que Rivera dirigíó a la nacíón anunciaba la llegada de un nuevo régimen, provisionalmente en manos de los militares. En contra de la tradición golpista del XIX, no pretendía un cambio de gobierno sino construir un régimen estable a través de una dictadura temporal. Acusaba a los políticos de los partidos liberales tradicionales de todos los males del país, y proclamaba su decisión de eliminar las elecciones y el Parlamento. Tras la disolución de las Cortes se formó el Directorio Militar  (1923-1925) cuyo presidente era Miguel Primo de Rivera, y que contó con el apoyo del rey en todas sus resoluciones. Suspendíó el régimen constitucional, cesó a las autoridades civiles, disolvíó las Cámaras y prohibíó la actividad de partidos políticos y sindicatos, disolvíó las Diputaciones Provinciales y la Mancomunidad catalana y prohibíó hablar en Catalán. La reacción popular fue favorable, o al menos pasiva; se pensaba que iba a poner fin a un sistema que se había demostrado incapaz de resolver los problemas del país. En 1924 se crea La Uníón Patriótica,  donde Primo de Rivera intentaba agrupar a todos aquellos políticos que apoyaban al nuevo régimen, para devolver progresivamente el poder a los civiles.  El Directorio Militar se cambió por un Directorio Civil  (1925 – 1930) al nombrar un gobierno formado por antiguos miembros de los partidos turnantes, que fue refrendado por el pueblo mediante un plebiscito. En 1927 convocó una Asamblea Nacional Consultiva, que debería preparar y presentar escalonadamente al gobierno, una legislación general y completa que regulara el procedimiento para la vuelta a la normalidad. En 1928 se reuníó la Asamblea, pero en ningún momento existíó acuerdo entre sus miembros respecto al futuro régimen constitucional que habría de tener el país. En resumen, lo que acabó por arruinar a la Dictadura como fórmula política fue su propia incapacidad para encontrar una fórmula institucional diferente a la del pasado. A lo largo de estos años la dictadura se centró en afrontar los problemas más graves del momento, lo que justificaba su ascenso al poder: En primer lugar la cuestión de Marruecos. La primera medida fue resolver el tema de las responsabilidades por el desastre de Annual echando tierra sobre el expediente Picasso, y luego resolver el problema de la guerra en Marruecos. Primo de Rivera era partidario de retirar las tropas de las zonas recientemente conquistadas, en contra de la opinión de la mayoría del ejército. En 1924 dio orden de comenzar la retirada, una operación que costó numerosas bajas pues se realizó en medio del ataque de los rifeños. Abd-el-Krim se sintió muy seguro con esta aparente victoria y se lanzó al ataque de posiciones francesas. El resultado fue la colaboración de España y Francia en una acción conjunta.

Los españoles desembarcaron en la bahía de Alhucemas al mismo tiempo que los franceses atacaban desde Fez, montañas arriba. El líder árabe quedó acorralado y se entregó a los franceses. La paz llegó en 1926. Fue el mayor éxito de la dictadura y lo que prolongó su existencia más allá de lo esperado. En la cuestión social, Primo de Rivera encontró escasas dificultades frente a los movimientos obreros, cuando éstos se habían enfrentado tan duramente a la monarquía constitucional. Aunque la situación económica y la asistencia social mejoraron, la causa principal es que Primo de Rivera no llevó a cabo una represión muy dura y consiguió la colaboración de los socialistas, aunque no la de los anarquistas y comunistas. El PSOE y la UGT consideraban que la dictadura era provisional y no estaban dispuestos al enfrentamiento por la defensa del régimen de la restauración, que ellos mismos querían destruir. Algunos dirigentes participaron en las instituciones de la Dictadura como fue el caso de Largo Caballero quien formó parte del Consejo de Trabajo. Esta institución contaba con representación de obreros y empresarios, pero bajo control estatal, al estilo del sindicato vertical implantado por Mussolini en Italia, que se ocuparía de la negociación entre patronos y trabajadores. 

La política económica de la dictadura fue muy proteccionista e intervencionista, encaminada a la nacionalización de la industria (aparecieron monopolios estatales como CAMPSA y Tabacalera) y a la regulación del mercado, limitando artificialmente la competencia, fijando los precios y limitando la instalación de nuevas fábricas. El Gobierno estimuló también la obras públicas para favorecer el desarrollo industrial, construyendo carreteras, centrales hidroeléctricas o invirtiendo en la industria pesada (siderometalúrgica, cemento), sectores fundamentales donde era necesaria una fuerte inversión que la clase empresarial española era incapaz de afrontar. Aunque a corto plazo fue una política positiva que favorecíó el desarrollo industrial, eliminó el paro y ayudó a la paz social, a la larga generó una enorme deuda pública que heredó la II República, hipotecando muchas de sus actuaciones.

El final de la monarquía de Alfonso XIII. Ante la progresiva falta de apoyo de todos los sectores de la sociedad, incluso del ejército (fueron varios los pronunciamientos en su contra, como la Sanjuanada), y del propio rey, Primo de Rivera presentó su dimisión el 27 de Enero de 1930 y este sería el inicio del fin de la monarquía . Después de la dimisión de Primo de Rivera se hizo cargo del Gobierno el General Berenguer, que anunció una vuelta al régimen constitucional del 76 y la convocatoria a elecciones generales. Calificado de dictablanda por algunos y de error por otros (artículo de Ortega: El error Berenguer), el gobierno fue perdiendo credibilidad, lo mismo que la monarquía, al limitarse a ofrecer a la sociedad española una vuelta al caduco sistema anterior. El republicanismo fue avanzando posiciones entre los políticos tradicionales, monárquicos liberales y conservadores (Miguel Maura funda El Partido Republicano Conservador y Niceto Alcalá Zamora el Partido Republicano Progresista), entre los nacionalistas, el movimiento obrero, los estudiantes, los intelectuales y gran parte del ejército.

Los republicanos, sin esperar a las elecciones, optaron por la conspiración para hacerse con el poder. En Agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián y firmaron un pacto en el que participaron Lerroux, líder del partido Republicano Radical, Azaña, procedente del partido Reformista e intelectual de mucho prestigio entre las clases educadas, y Alcalá Zamora, que se convirtió en el presidente del comité revolucionario establecido en San  Sebastián. El levantamiento fracasó por falta de coordinación. Los miembros del comité revolucionario fueron detenidos y encarcelados, pero una ola de protestas, huelgas y manifestaciones sacudíó todo el país. Berenguer, incapaz de encauzar la situación, presentó la dimisión el 14 de Febrero de 1931. Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Aznar que se limitó a convocar elecciones municipales para el 12 de Abril, para elegir nuevos ayuntamientos que garantizasen la limpieza de unas elecciones constituyentes posteriores (eran los encargados de establecer el censo). Aunque tras las elecciones la mayoría de los concejales elegidos eran monárquicos, los republicanos habían ganado en todas las capitales de provincia, donde el sufragio era más limpio. Como reconocíó el propio Aznar: el país se había acostado monárquico y se levantó republicano.

Alfonso XIII, el 13 de Abril de 1931, aconsejado por el gobierno (Romanones) y sorprendiendo a toda la opinión pública, lanzó un manifiesto en el que comunicaba que dejaba el trono. La II República fue proclamada al día siguiente, 14 de Abril