20 Jun

indemnización a sus propietarios, de las fincas de labranza no explotadas
directamente y su correspondiente reparto entre los campesinos sin tierras (jornaleros
hambrientos y arrendatarios explotados).
La aplicación de la ley supuso una considerable frustración para los campesinos que
habían depositado en ella la esperanza de un futuro mejor, debido a la lentitud de su
puesta en marcha y a que muy pocos campesinos se beneficiaron de !A ley (se
asentaron 12.000 colonos). Esto provocó una decepción generalizada entre el
campesinado en un contexto económico de paro creciente. Las razones de este
relativo fracaso fueron:
El largo proceso de elaboración y aprobación de la citada ley, casi año y medio.
Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de confeccionar un
inventario de tierras expropiables y de aplicar el proceso que se ejecutó de
manera lenta y burocratizada.
Además, el Banco Nacional Agrario, encargado de las indemnizaciones
previas a los propietarios, contaba con escasos recursos, por lo que se
retrasaba el procedimiento.
Una vez entregadas las tierras a las comunidades de campesinos, éstos
debían decidir si el régimen de su explotación sería colectivo o individual.
> LA CUESTIÓN AUTONÓMICA
En Cataluña,
en Abril de 1931 se proclamó la república catalana en un marco federal
con lo que se le obligó al Gobierno Provisional a negociar un gobierno autonómico. La
Constitución de 1931 reconocíó las autonomías. En 1932 las Cortes aprobaron un
Estatuto de Autonomía muy recortado y Francesc Maciá fue elegido Presidente de la
Generalitat y Lluis Companys presidente del Parlamento catalán. Las competencias
autonómicas se limitaban a cultura, obras públicas y orden público, lo que parecía
insuficiente para los catalanistas.
En el País Vasco, el PNV y los carlistas elaboraron un proyecto de Estatuto basado en
la recuperación de los privilegios ferales y la defensa del catolicismo. El gobierno
republicano lo rechazó por su conservadurismo. Diferentes circunstancias impidieron
un nuevo proyecto, por lo que el País Vasco no tendría Estatuto de autonomía hasta
comienzos de la Guerra Civil. En Galicia se presentó el Estatuto de autonomía a las
Cortes una vez iniciada la Guerra Civil con lo que no pudo ser discutido. También se
iniciaron en Valencia, Aragón, Baleares y Andalucía otras iniciativas autonómicas que
fueron frenadas por la Guerra Civil.

> LAS FUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA OPOSICIÓN

Tanto la radicalización social,
Los anarquistas principalmente, a veces secundados
por los comunistas- como la oposición conservadora
La Iglesia, un sector del

Ejército y las derechas- contribuyeron desde diferentes ámbitos a obstaculizar de
manera continuada y sistemática las tareas del gobierno reformista.
Los anarquistas, ante lo que consideraban excesiva lentitud de las reformas
republicanas, impulsaron la movilización obrera y campesina. La Confederación
Nacional del Trabajo (CNT),
con más de un millón de afiliados, siguió la línea
extremista marcada por los militantes de la Federación Anarquistas Ibérica (FAI).
El
minoritario Partido Comunista de España (PCE)
se hallaba también instalado en una
línea radical, defendida en aquel momento por la internacional Comunista y Stalin.
La crisis económica, la línea radical propiciada por la CNT y la negativa de la
patronal a las reformas llevaron a un marco de fuertes tensiones sociales.
Los
enfrentamieníos entre huelguistas y la Guardia Civil fueron frecuentes y a menudo
violentos. En Castilblanco (Badajoz), el 31 de Diciembre de 1931, una manifestación
de jornaleros efectuada durante una jornada de huelga general es disuelta a tiros por
la Guardia Civil, producíéndose la muerte de un hombre. Los campesinos se
abalanzan con hoces, palos y piedras y dan muerte a cuatro guardias civiles.
El debate en Cortes del Estatuto de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria alentó a la
oposición de las fuerzas de derecha. De nuevo, las fuerzas conservadoras recurrieron
al tradicional método de la insurrección militar. El general Sanjurjo, director general
de la Guardia Civil, intentó un Golpe de Estado militar en Sevilla en Agosto de 1932.

La «Sanjurjada«, mal preparada y con desigual apoyo en el ejército, fracasó.


La reacción de las fuerzas que apoyaban al gobierno fue inmediata. Las Cortes
aprobaron la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En este territorio, la Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida por Frángese
Maciá, triunfó en las primeras elecciones autonómicas.
Pese al fracaso de Sanjurjo, el gobierno republicano-socialista daba muestras de claro
desgaste. En ese contexto, se produjeron los graves incidentes de Casas Viejas,
aldea gaditana, situada en una comarca latifundista de propietarios absentistas y con
un paro agrario crónico que afectaba a más de 500 jornaleros hambrientos. Allí los
campesinos se sublevaron y atacaron a la Guardia Civil, lo que justificó el envío de la
Guardia de Asalto para restablecer el orden; cuando todo parecía que había acabado,
un viejo anarquista, llamado «Seisdedos», se atrincheró en su casa con sus hijos,
nietos y algunos vecinos, ante lo cual el capitán de la Guardia incendió la vivienda y
ordenó ametrallar a sus ocupantes -murieron todos menos dos-. Después,
desencadenó una verdadera cacería humana por el pueblo y asesinó a catorce
campesinos.
La matanza de Casas Viejas contribuyó a la crisis y caída del gobierno de Azaña, que
dimitíó. Se convocaron nuevas elecciones en Noviembre de 1933.
Para estas
elecciones, la derecha se había reorganizado.
Tres nuevos grupos se presentaron a
los comicios:
La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por


Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, en la que se agruparon los
monárquicos,
Falange Española, la versión española del fascismo, dirigida por José
Antonio Primo de Rivera,
hijo del dictador.
Las elecciones dieron la victoria de los grupos conservadores:
Partido
Republicano Radical y la CEDA. Las razones del triunfo conservador se debíó a:
El desgaste del gobierno, provocado por sus errores y por la conflictividad
social.
La izquierda se presentó dividida en múltiples grupos políticos.
Las derechas se unieron en torno al Partido Republicano Radical y a la CEDA.
Los anarquistas, desengañados respecto al gobierno de la izquierda, llamaron
a la abstención.
El voto femenino proclive a la derecha.
El triunfo conservador fue contestado por una insurrección anarquista que tuvo
como resultado más de cien muertos.
3. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y LA ETAPA EL FRENTE
POPULAR (1933-36).

EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936):
Tras las elecciones, Alcalá Zamora, que desconfiaba de Gil Robles, nombró a Lerroux
presidente del gobierno. Constituyó un gabinete formado exclusivamente por
miembros de su partido,
el segundo más votado. La CEDA apoyó al gobierno desde
el Parlamento.
Lerroux se vio así obligado a iniciar lo que los grupos de derecha
reclamaban, una política de rectificación de las reformas del bienio anterior. Esta
nueva política se concretó en la suspensión o anulación de las reformas iniciadas:
Contrarreforma agraria, medidas para limitar la aplicación de la reforma
agraria y, en algunos casos, con la consiguiente expulsión de las tierras, que
habían ocupado, de miles de jornaleros.
Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave a
militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola. Esta nueva
política fue completada con una ley de Amnistía para los implicados en el
golpe de Sanjurjo en 1932.

Conciliación con la Iglesia Católica:


se les aseguraba su actividad docente

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