La Dictadura de Primo de Rivera y la Caída de la Monarquía en España (1923-1931)

Con la dictadura primorriverista culminará la quiebra del sistema liberal; su implantación se inscribe dentro de la reacción antiliberal que propiciaría distintas dictaduras en la Europa de los años 20 y 30 y, a pesar de ciertos éxitos en el ámbito económico o en la resolución del problema marroquí, acabará fracasando por razones como el rechazo creciente a su estilo de gobierno o su incapacidad para afrontar los más graves problemas estructurales. Además, su caída acarreará también la de la monarquía que la había respaldado.

El golpe de Estado: causas, ideología y apoyos

El golpe de Estado liderado por Primo de Rivera es, por una parte, una respuesta a la crisis del sistema canovista cada vez más patente desde 1917 y, por otra, un rechazo concreto del ejército al gobierno vigente en el verano de 1923 y su política en el tema de Marruecos. Militares, Corona y amplias capas sociales apoyarán un cambio de gobierno de talante autoritario, con bases ideológicas muy conservadoras que, bajo la dirección del militar jerezano, buscaba un Estado fuerte, centralista y defensor del orden público. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja ocupaba desde mayo de 1922 la Capitanía General de Barcelona, en un momento de enorme inestabilidad social tanto en el conjunto del país como en la propia Ciudad Condal; el 13 de septiembre de 1923 proclamaba el estado de guerra en Barcelona, asumiendo todos los poderes, aunque sin poner en duda en ningún momento la forma monárquica del Estado. Dos días después, destituido el gobierno que encabezaba Manuel García Prieto, Alfonso XIII firmaba un Real Decreto que confería a Primo de Rivera el cargo de presidente de un Directorio Militar, aunque obligándole a presentar cualquier resolución ministerial a la firma real. Estos hechos motivaron fuertes críticas al estamento militar y la apertura de una investigación parlamentaria (Informe Picasso), mientras que seguían proliferando huelgas, manifestaciones y atentados que en 1923 alcanzaban su clímax con las muertes del sindicalista Salvador Seguí y del arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila. Otras circunstancias del exterior avalaban a los golpistas, tales como la crisis de las democracias occidentales tras la Primera Guerra Mundial y su incapacidad para evitarla, la constatación del intento de extender la revolución bolchevique más allá de las fronteras rusas con la aparición de los partidos comunistas, el temor de la burguesía a una posible toma del poder por parte del movimiento obrero o el triunfo de los primeros movimientos totalitarios, en especial del Fascismo italiano, del que muchos elementos serían imitados en la Dictadura española. Será después de que los golpistas se adueñen del poder cuando se inicie un proceso de institucionalización, al tiempo que la actividad gubernamental y los discursos políticos van conformando una doctrina basada en el antiliberalismo y la defensa de un Estado fuerte e intervencionista, monárquico, conservador y católico.

El Directorio Militar (septiembre 1923 – diciembre 1925)

El 15 de septiembre de 1923 un Real Decreto entregaba las funciones del poder ejecutivo a un Directorio Militar, encabezado por Miguel Primo de Rivera e integrado por ocho generales de brigada más el almirante Antonio Magaz. Esta “derechización” se apreciará con nitidez en la postura hacia los nacionalismos, considerados como antiespañolismos artificiales a los que se prohibió cualquier cauce de expresión; la actitud de prudente espera de los catalanistas más moderados se modificó ante medidas como la supresión del catalán en los actos oficiales o la persecución de la prensa nacionalista. Así las posturas se radicalizarán hacia actitudes más extremas, como las auspiciadas por el exiliado Francesc Maciá; igualmente en el País Vasco y Galicia, donde afloraba un nacionalismo incipiente, Primo de Rivera siguió una política similar procurando el colaboracionismo del regionalismo más moderado y persiguiendo cualquier manifestación radical. Para el mantenimiento del orden público se extendió a todo el país la antigua institución catalana del somatén, mientras que el problema marroquí se afrontó en su doble vertiente política -resolución del expediente para delimitar las responsabilidades en los desastres anteriores concluido con una separación temporal del servicio activo del general Berenguer- como militar; en este sentido se impuso la línea de los denominados generales africanistas -Millán Astray, Sanjurjo, Franco, Queipo de Llano-, partidarios de una ofensiva global contra Abd-el-Krim que se hizo posible tras el acuerdo franco-español plasmado en el desembarco de Alhucemas (septiembre de 1925), inicio de un victorioso avance que acabaría concluyendo con la derrota total de los rifeños. Consolidado por todas estas circunstancias, Primo de Rivera decidió la sustitución del directorio militar por otro civil.

El Directorio Civil (diciembre 1925 – enero 1930)

Acallada la oposición política e institucionalizado el sistema de partido único en torno a la Unión Patriótica, el 3 de diciembre de 1925 Alfonso XIII firmaba la creación de un Directorio Civil, en el que se reducía el peso de los militares, incluyéndose políticos civiles, como José Calvo Sotelo en Hacienda. Otro modo de intervencionismo estatal fue la concesión de cuantiosas subvenciones a compañías que se pretendían impulsar; como las inversiones en infraestructuras originaron el lógico déficit presupuestario fue preciso adoptar medidas como la venta de monopolios o el decreto contra la Ocultación de la Riqueza Territorial y el Registro de Arrendamiento y Fincas que pretendía combatir el fraude fiscal, aunque fueron decisiones insuficientes para remediar la situación de las finanzas del Estado. El nacionalismo económico influyó en la política laboral, con el deseo de organizar e integrar a los obreros en un sistema productivo tutelado por el Estado como una prueba más del carácter paternalista del primorriverismo, evidente en medidas populistas como la protección de familias numerosas, el retiro obrero o la construcción de viviendas de protección oficial. El Código de Trabajo, impulsado por el ministro Eduardo Aunós y promulgado en 1926, responde, siguiendo el modelo italiano, a una organización corporativa, en la que el Estado aparece como mediador entre patronos y obreros, integrados a través de los comités paritarios, las comisiones mixtas provinciales y, por último, los consejos de corporación por oficios; aunque contrario a los tradicionales sindicatos de clase y criticado por no satisfacer las principales reivindicaciones obreras, al menos contribuyó, junto al autoritarismo gubernamental, a la disminución de huelgas y a un ambiente de paz.

Mientras que los grupos políticos del viejo turnismo intentan influir en Alfonso XIII para que le retire su confianza a Primo de Rivera, los socialistas se dividen entre los seguidores de Largo Caballero, partidarios de aprovechar las oportunidades que el sistema propiciaba, y los intransigentes con la Dictadura encabezados por Indalecio Prieto. Incluso el apoyo del ejército tampoco era monolítico, como muestra sobre todo la conspiración de 1926 conocida como la “Sanjuanada”, en la que participan junto a prestigiosos generales políticos de gran disparidad ideológica, desde el monárquico conservador Romanones hasta Marcelino Domingo, fundador tres años más tarde del Partido Radical-Socialista. Para cerrar esta lista de rechazos al primorriverismo, uno de los más evidentes es el de la Universidad y la intelectualidad española, con ejemplos como las protestas organizadas por la FUE, que agrupaba a estudiantes de izquierda, o la oposición a la muy conservadora Ley de Reforma Universitaria de 1929, en la que los universitarios contaron con el apoyo de docentes como Unamuno y Ortega y Gasset, quien junto a Fernando de los Ríos renunció a su cátedra como protesta por el cierre de la Universidad Central de Madrid como respuesta del gobierno a las críticas estudiantiles contra dictador y monarca que se venían produciendo en Universidades como las de Valencia, Sevilla y Granada. Entre 1928 y 1929 se acrecentó la oposición a Primo de Rivera, en un ambiente de conflictividad, primeros ecos de la crisis económica internacional y progresivo enfriamiento de las relaciones entre Alfonso XIII y el dictador; el 26 de enero de 1930, sin conocimiento del rey, Primo de Rivera envía una circular a los Capitanes Generales para confirmar su lealtad. Autoexiliado en París, fallecería el 16 de marzo de aquel mismo año.

La “Dictablanda” y la caída de la monarquía (1930-1931)

A pesar de sus intentos, Alfonso XIII será incapaz, una vez caída la Dictadura, de dirigir un proyecto político liberal. Así, aunque los suavizará, el gobierno del general Dámaso Berenguer mantendrá los aires autoritarios de la etapa anterior, si bien dará los primeros pasos en busca de una legitimidad democrática dentro de la monarquía, disolverá la Asamblea Nacional Consultiva y reintegrará en sus puestos a los profesores represaliados en la etapa anterior, en unos momentos en los que Calvo Sotelo intentaba reconvertir la Unión Patriótica sin demasiado éxito en un bloque monárquico al que llamaría la Unión Monárquica Nacional. La vuelta a la normalidad constitucional previa a 1923 es el gran encargo que Alfonso XIII hace al nuevo presidente del gobierno, en un momento en el que la implicación del monarca con la Dictadura ya había convertido en republicanos a muchos elementos liberales y nacionalistas, a una buena parte de la intelectualidad, a las organizaciones obreras anarquistas y socialistas, a bastantes militares e, incluso, a algunos políticos que en etapas anteriores habían defendido la monarquía como Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora. La monarquía caía pues por su apoyo a un sistema autoritario que, a pesar de sus éxitos iniciales, se mostró incapaz para dar soluciones a una nación que, si bien paulatinamente iba cambiando, seguía manteniendo graves desigualdades y desequilibrios, de modo que el desarrollo industrial o el del asociacionismo obrero no ocultaban una realidad marcada por el atraso cultural y la pobreza.