Ante la radicalización de la situación social, los parlamentarios de la oposición decidieron volver a reunirse en Madrid. En octubre aprobaron un programa en el que se pedía una reforma general del Estado y un gobierno que convocara elecciones para unas Cortes constituyentes.

El gobierno Dato dimitió aquel mismo mes y Alfonso XIII propuso un gobierno de concentración presidido por García Prieto e integrado por liberales, conservadores y regionalistas. La Lliga aceptó integrarse en el gobierno, lo cual fue considerado una traición por los republicanos y socialistas, y supuso el fin de la Asamblea de Parlamentarios.

Tras la crisis de 1917 culminó la descomposición de los partidos dinásticos. El fraccionamiento de ambos partidos dificultó el turno característico del sistema de la Restauración. Paralelamente, las reivindicaciones autonomistas se hicieron cada vez más fuertes mientras la conflictividad social se radicalizó, a lo que contribuyó la crisis económica que sacudió a Europa tras la I Guerra Mundial.

La crisis social, agudizada por todas estas circunstancias, favoreció el crecimiento de los sindicatos. La UGT aumentó su afiliación y la CNT todavía más, siendo Cataluña la zona de mayor presencia del anarcosindicalismo, con su secretario general Salvador Seguí. Ante este crecimiento y la ofensiva de la clase trabajadora, los patronos catalanes adoptaron la línea dura, dispuestos a eliminar a los sindicatos mediante el despido y el cierre de las fábricas.

Simultáneamente, en Vizcaya, Asturias y Madrid se producían huelgas, pero será Barcelona la que más destacará en conflictividad social. Todo comenzó con la huelga, en febrero de 1919, de la empresa eléctrica “La Canadiense”, en donde tuvo un papel destacado Salvador Seguí. La huelga duró cuarenta y cuatro días. A pesar de la oposición de la empresa y de las autoridades militares, el gobierno forzó la negociación. Se prometió la readmisión de los despedidos y un aumento salarial. El gobierno, por su parte, aprobó la jornada máxima legal de trabajo en ocho horas diarias.

Sin embargo, el conflicto derivó en una auténtica “guerra social”. Un importante sector de los empresarios catalanes respondió con extrema dureza contra una clase trabajadora movilizada por la CNT, que declaraba huelgas generales. La patronal respondió con el cierre de empresas, creó un cuerpo armado para defenderse (el Somatén), contando con la colaboración de los sindicatos libres.

Los actos terroristas y la violencia callejera sumieron a Barcelona en una espiral de violencia entre 1919 y 1921. Los poderes públicos impusieron la represión militar y el terrorismo policial mediante la aplicación de la “ley de fugas”, que agudizó la tensión social. Como represalia a esta ley, cinco anarquistas asesinaban a Eduardo Dato, ametrallando su coche oficial en Madrid en la Plaza de la Independencia (8 de marzo de 1921). El resultado del pistolerismo fue una espiral de violencia que provocó numerosos muertos entre los obreros, agentes de la autoridad, patronos y encargados de fábrica, sindicalistas…

La Guerra de Marruecos

La presencia española en el norte de África, con la ocupación de ciudades costeras, se remontaba a la Edad Moderna. Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, España orientó su expansión colonial hacia el norte de Marruecos.

En la Conferencia de Algeciras (1906), Francia y España se habían repartido Marruecos. Francia se quedó el mayor territorio, en el oeste y sur, mientras que España se reservaba una franja en el norte -el Rif- y un enclave en la costa atlántica -Ifni-. En esta ocupación colonial existían intereses económicos, sobre todo mineros, pero se trataba también de una cuestión de prestigio para el Estado y el ejército.

Los ataques de las tribus nómadas obligaron a establecer una fuerte presencia militar en las zonas ocupadas.

Los marroquíes atacaron la expedición y las tropas españolas tuvieron que realizar una maniobra de retirada en Annual (1921). Murieron más de 12.000 soldados y se perdió importante material bélico. Abd el-Krim, que contaba con un verdadero ejército, proclamó el emirato del Rif.

El “desastre” de Annual conmovió a la opinión pública. Tuvo graves consecuencias políticas y acabó siendo una de las causas del fin del régimen parlamentario. El gobierno decidió nombrar una comisión presidida por el general Picasso para delimitar las responsabilidades militares. El expediente Picasso llegó a las Cortes y el nuevo gobierno de García Prieto aceptó que se formara una comisión especial de responsabilidades políticas en la Cámara en la que estuvieran representados todos los partidos políticos, incluidos socialistas y republicanos.

Etiquetas: Crisis Social, España, Guerra de marruecos, radicalización