12 Jul
Cuba en el siglo XIX
A principios del s.XIX España sólo contaba con las colonias de Cuba y Puerto Rico en el Caribe, y con Filipinas y algunas otras pequeñas islas en el Pacífico. Cuba era la principal posesión española y concentraba numerosos intereses y negocios españoles, así como un gran flujo de emigración procedente de la metrópoli. La vida económica de la isla se basaba en una agricultura de plantación, esencialmente de azúcar de caña, café y tabaco para la exportación. Esta actividad constituía una importante fuente de ingresos para el Estado y el imperio español. La política arancelaria que imponían los gobiernos españoles convertía a las islas en unos mercados cautivos. Obligados a comprar a elevados precios los productos españoles (trigo y tejidos), la legislación española les dificultaba la exportación hacia Europa o EEUU. En Filipinas, la población española era escasa y los intereses económicos españoles se basaban en la producción del tabaco y los intercambios con el continente asiático. Las Filipinas estaban controladas por el ejército y contaban con una gran presencia de órdenes religiosas. A nivel político, estos territorios recibían un trato colonial y no tenían ningún derecho a enviar representantes a las Cortes españolas ni a tener insurrecciones de gobierno o a intervenir en la elaboración de las leyes que afectaban a las islas.
La Paz de Zanjón de 1878
En la Paz de Zanjón de 1878 se pactaron medidas destinadas a facilitar la paulatina autonomía cubana, la abolición de la esclavitud y la presencia de diputados cubanos en el Parlamento español. En la isla, el sector más intransigente, opuesto a las reformas e integrado por españoles y grandes latifundistas azucareros, formó el Partido Unión Constitucional, mientras que los grupos más progresistas, criollos partidarios de la autonomía, se agruparon en el Partido Liberal Cubano. La mayoría de los políticos españoles eran contrarios a conceder autonomía a Cuba. Aunque los gobiernos liberales de Sagasta eran partidarios de introducir mejoras en las islas, solo concretaron la abolición de la esclavitud en 1888. En 1893, el Plan de Reformas Coloniales elaborado por Maura fue rechazado por su propio partido. El malestar de la población cubana se incrementó a partir de 1891, cuando España introdujo en Cuba un impuesto a la importación de productos no procedentes de España, el Arancel de Cánovas. Esta medida incomodó a EEUU, que adquiría la mayor parte de azúcar y el tabaco isleño, pero tenía que pagar fuertes aranceles por los productos que vendía a Cuba. Amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y tabaco cubano.
El reinicio del conflicto cubano
El incumplimiento de los compromisos de la Paz de Zanjón hizo que en 1895 se reiniciara el conflicto cubano. La insurrección se inició en la localidad de Baire. Los intentos de España por poner fin al conflicto combinaron el diálogo, en el caso del general Mario Campos, con una fuerte represión, en el caso de Weyner. Con el objetivo de aislar a los rebeldes, España obligó a los campesinos a concentrarse en determinadas aldeas y castigó a los rebeldes prisioneros. España envió casi 200,000 soldados a la isla, muchos de los cuales enfermaron o murieron a causa de las enfermedades tropicales y la falta de medios sanitarios. A pesar del elevado contingente, las tropas españolas no lograron derrotar militarmente a los insurgentes cubanos. En España, el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897 dio lugar a un cambio de gobierno. Sagasta inició una estrategia de conciliación: destituyó a Weyler, decretó la autonomía de Cuba, unió más, igualdad de derechos entre insulares y peninsulares y autonomía arancelaria. Sin embargo, estas medidas llegaron demasiado tarde para convencer a los partidos de la independencia.
La situación en Filipinas
El malestar provenía del descontento de la población con los métodos del gobierno español y el excesivo poder de las órdenes religiosas. La Liga Filipina, fundada por José Rizal en 1897, exigía la expulsión de los españoles y la confiscación de sus latifundios. La insurrección se inició en 1896. El general Camilo García llevó a cabo una política represiva. El nuevo gobierno liberal de 1897 nombró capitán general a Fernández de Rivera, quien promovió una negociación indirecta con los jefes de la insurrección, la cual dio como resultado una pacificación temporal del archipiélago. La insurrección cubana presentó la ocasión para mostrar el apoyo abierto de EEUU a los independentistas cubanos. En 1897, el nuevo presidente McKinley, que enviaba armas a los rebeldes por vía marítima, se mostró decidido a intervenir directamente en el conflicto. EEUU utilizó como pretexto la explosión y hundimiento de su buque de guerra Maine. La negativa de España a renunciar a la isla y a acatar el ultimátum estadounidense inició el enfrentamiento entre ambos. Como extensión del conflicto, se reanudó la insurrección en Filipinas. España subestimó el potencial militar de EEUU, que destruyó su flota. El tratado de París se firmó el 10 de diciembre, España cedió Cuba, Puerto Rico y Filipinas a EEUU. Las últimas colonias en el Pacífico se vendieron a Alemania debido a la imposibilidad de mantener y hacer efectiva su ocupación. Con ello se perdían los últimos restos del antiguo imperio colonial español en América y Asia.
Consecuencias de la derrota
La derrota y las pérdidas de las colonias «del 98» se convirtieron en símbolo de la primera gran crisis del sistema político de la Restauración. Sus repercusiones fueron menores de lo esperado. Aunque la guerra comportó pérdidas materiales en la colonia, no fue así en la metrópoli, donde la crisis económica fue mucho menor. La necesidad de hacer frente a las deudas promovió una reforma de la Hacienda con la finalidad de incrementar la recaudación a partir de un aumento de la presión fiscal. En el ámbito político, el sistema de la Restauración sobrevivió, asegurando la continuidad del turno dinástico. Sin embargo, algunos de los nuevos gobernantes intentaron aplicar a la política las ideas del regeneracionismo, corriente crítica con el sistema político y cultura española. También estimuló el crecimiento de los movimientos nacionalistas, especialmente en País Vasco y Cataluña, donde se denunció la incapacidad de los partidos dinásticos para desarrollar una política renovadora y descentralizadora. A nivel ideológico, fue una crisis moral e ideológica que causó un importante impacto psicológico entre la población. La derrota sumió a la sociedad y clase política española en un estado de desencanto y frustración porque significó la destrucción del mito del Imperio español y la relegación de España a un papel de potencia secundaria.
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