LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1909-1931)

Primo de Rivera

El régimen de la Restauración no pudo acabar con los conflictos sociales y el clima de tensión hizo que se derivara en diversas revueltas populares a causa, principalmente, de la alternancia (mediante un pacto previo) del poder.
Sobre 1900, España entró en Marruecos a raíz de la Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado de Fez (1912), por el que España se otorgaba El Rif en forma de protectorado con el compromiso de pacificarlo. El interés español radicaba en los beneficios económicos y en el intento de recuperar el prestigio perdido por parte del ejército español. Los ataques rifeños (organizados en cabilas) mermaron en gran medida al ejército español, hasta que en 1909, se produjo la derrota en el Barranco del Lobo, causando numerosas bajas. Para suplir dichas bajas, se optó por los reservistas, dando lugar a una revuelta popular en Barcelona. Dicha revuelta se llevó a cabo en el puerto de Barcelona el 18 de Julio y el día 24 se constituyó un comité de huelga con la representación de miembros de la oposición, convocándose una huelga para el día 26. Además de protestar por la guerra de Marruecos, se derivó en una exteriorización de las tensiones acumuladas. Esto recibíó el nombre de la Semana Trágica de Barcelona. Un fuerte sentimiento anticlerical caracterizó al levantamiento, tanto que se llevó a cabo la quema de centros religiosos. Se declaró el estado de guerra y se enviaron refuerzos que no dudaron en utilizar la represión, causando un gran número de muertos y heridos. Los sucesos se dieron por controlados el 2 de Agosto. La represión del gobierno de Maura finalizó con diferentes condenas a muerte; la más representativa fue la de Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista que murió como acto de reafirmación del gobierno y de la Iglesia.
El gobierno de Maura sufríó grandes críticas tras la represión de la Semana Trágica, alzándose el pueblo al grito de “¡Maura no!”, hasta que finalmente, Alfonso XIII traspasó el gobierno a los liberales.
En el verano de 1914, estando el conservador Eduardo Dato en el poder, estalló la I Guerra Mundial, manteniéndose España neutral y evitando un grave desastre. La exportación española experimentó un gran auge a causa de la situación bélica. Sin embargo, a causa de la excesiva exportación, se produjo un alza en los precios y por ello, las clases populares perdieron poder adquisitivo. La tensión social se fue acrecentando y derivó en diversas revueltas.
Por otra parte, el Ejército español presentaba un excesivo número de oficiales (problema de macrocefalia) y el que los ascensos se produjesen por méritos militares beneficiaba a los militares africanistas. Este descontento hizo que se armaran Juntas de Defensa (asociaciones militares) que reclamaban un aumento de los salarios y un cambio en el criterio de los ascensos. El manifiesto de Junio de 1917 usaba un cierto lenguaje regeneracionista, que hizo creer a la oposición que podrían contar con el ejército, pero estos tan sólo se centraron en sus intereses profesionales.
El gobierno conservador de Dato fue sustituido (volviendo en Abril de 1917) por el liberal del conde de Romanones, que actuó de forma autoritaria cerrando las Cortes en Julio de 1916. A mediados de Junio, la oposición pidió enérgicamente la reapertura de las Cortes, respondiendo el Estado con un aumento de la censura y declarando el estado de excepción, en semejanza a una dictadura.
Como reacción, la Lliga Regionalista organizó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios catalanes (5 de Julio de 1917) que exigíó la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes constituyentes, con el fin de redactar una nueva constitución y cargarse el sistema de la Restauración. Acabó celebrándose el 19 de Julio a pesar del rechazo del gobierno y fue disuelta por la Guardia Civil, fracasando también a causa de las diferencias entre los participantes.
En Marzo de 1917, la UGT y la CNT firmaron un acuerdo por el que amenazaban convocar una huelga si el gobierno no controlaba los precios, consumándose en Agosto. Se llamó a la huelga general en coalición con el PSOE, protesta que adquiríó un carácter político y revolucionario.
La huelga tuvo una participación muy desigual, ya que no había coordinación por un excesivo individualismo de los anarquistas, pero en algunas zonas se llegó a paralizar la vida ciudadana. Se declaró la Ley Marcial y se envió al ejército, causando una gran cantidad de muertos, heridos y detenidos. La huelga general debilitó gravemente el régimen aunque no consiguió el apoyo de amplios sectores. Esta huelga posiblemente hubiera triunfado con el apoyo de los campesinos, sin embargo, estos no participaron, pues consideraban que para triunfar debía ser un movimiento protagonizado por todo el pueblo y no sólo por los obreros, ya que podría acabar en una dictadura del proletariado que no gobernara a favor de todo el pueblo.
Entre 1917 y 1923, la incapacidad de reforma de los gobiernos, la fuerte conflictividad social y las tensiones derivadas de la guerra de Marruecos pusieron en grave peligro el régimen de la Restauración. Éste entró en una progresiva descomposición a causa de los nulos deseos de renovación política de los dirigentes dinásticos y de la fuerte heterogeneidad y debilidad de la oposición, que no conseguía vehicular una alternativa conjunta.
Los partidos dinásticos, tras la muerte de sus líderes (y su excesivo personalismo), se dividieron en diversas facciones y por ello, desde 1917, surgieron gobiernos de concentración como el Gobierno Nacional de Maura de 1918. Estos gobiernos se surtían de ambos partidos dinásticos e incluso de regionalistas.
Fracasadas estas coaliciones, se volvíó al turno dinástico, apareciendo entre 1918 y 1923 una fuerte inestabilidad política.
A pesar de la aún existente práctica del fraude electoral, los gobiernos no conseguían la mayoría para gobernar y recurrieron a la clausura del Parlamento.
Tras el fin de la I Guerra Mundial, en España se produjo un cambio brusco en la economía, que derivó en un aumento del paro y un alza de los precios. Así, crecieron la movilización obrera y el sindicalismo. En Andalucía, la penosa situación del campesinado dio paso al trienio bolchevique (1918-1921), en el que la influencia anarquista produjo la ocupación de tierras e incluso municipios, siendo Córdoba la punta de lanza. La detención de los líderes promotores puso fin a la rebelión.
La conflictividad laboral radicalizó a los obreros y para ponerle fin, la Federación Patronal contrató a pistoleros para asesinar a dirigentes obreros y a menudo, optaron por el cierre de sus propias empresas (lockout) y con la acción del Sindicato Libre. Algunos grupos cercanos a la CNT respondieron a la violencia con el asesinato de patronos, siendo dirigidos por personas como Buenaventura Durruti.
El general Martínez Anido legisló en favor de los patronos barceloneses con la aprobación de la Ley de Fugas que permitía disparar a los presos fugados. Durante la época del pistolerismo (19161923), tuvieron lugar atentados contra el presidente del gobierno (Eduardo Dato) en 1921 y contra líderes sindicales como Salvador Seguí en 1923.
A principios de la década de 1920, las tribus rifeñas hostigaban al ejército español. Alfonso XIII encargó el liderazgo al general Silvestre, partidario de atacar a las cabilas y que finalizó con el desastre de Annual al que correspondieron unas 13000 bajas. En 1923, la amenaza de una investigación del desastre, hizo que la derecha y el ejército buscaran la solución en una dictadura militar. Dicha investigación, conocida como “Expediente Picasso”, fue encargada a una comisión parlamentaria cuyas revelaciones relacionaban al rey con una mala gestión del desastre marroquí. Sin embargo, la discusión del informe contó con la oposición del ejercito, de los conservadores y del propio monarca. El intento de impedir que ese informe se difundiera y debatiera fue el detonante del Golpe de Estado encabezado por Primo de Rivera y que supuso el fin del sistema parlamentario para dar paso a una dictadura que no depuró responsabilidad alguna por lo sucedido en Annual.
En un contexto en el que se desarrollaba una triple crisis (social, política y económica), el 13 de Septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera establecíó un Directorio Militar que fue aceptado por el monarca Alfonso XIII.