Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Antecedentes

La llegada de Carlos IV al trono en 1788 no presagiaba una situación dramática para España. El país aún conservaba un vasto imperio y las reformas de la Ilustración habían impulsado su desarrollo y modernizado su imagen exterior. Sin embargo, la ineptitud del rey y la influencia de Godoy, que convirtió a España en un estado satélite de Napoleón tras la Paz de Basilea (1795), condujeron a un estado de guerra permanente con continuas derrotas, como la de Trafalgar en 1805, que significó el fin de la flota española. El Tratado de Fontainebleau de 1807, que permitía el paso de tropas francesas por la frontera, fue el preludio de la crisis de 1808, una crisis que afectó al gobierno, al estado y a la nación.

En 1808, el Motín de Aranjuez provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Napoleón, aprovechando esta debilidad, aceleró sus planes. Sus tropas invadieron la Península, secuestraron a la familia real y la llevaron a Bayona, donde fueron obligados a abdicar. José Bonaparte, hermano de Napoleón, asumió el trono como José I. El 2 de mayo de 1808, los españoles se levantaron contra los franceses, dando inicio a la Guerra de la Independencia, que finalizaría con el Tratado de Valençay en 1813, reconociendo a Fernando VII como rey.

Camino a las Cortes

Durante la contienda, según la opinión de intelectuales como Blanco White, Flórez Estrada o el conde de Toreno, se gestó el inicio del liberalismo español. Como reacción a la invasión surgieron los «patriotas liberales», opuestos a los franceses, pero no a la modernización política, que se convirtieron en la principal fuerza impulsora de las Juntas.

Las Juntas, integradas por diferentes estamentos sociales, se convirtieron en un poder autónomo que no seguía las directrices francesas. Se transformaron en organismos de gobierno presididos por autoridades y personalidades locales. Las Juntas se agruparon en trece Juntas Supremas y, en septiembre de 1808 en Aranjuez, en una única Junta Suprema Central Gubernativa, presidida por Floridablanca, que reunía a 35 personalidades y se proclamó garante de la soberanía nacional. Presionada por el ejército francés, se trasladó a Sevilla y luego a Cádiz.

Se debatió la convocatoria de Cortes unicamerales para redactar una nueva constitución, como proponían los liberales. Los absolutistas no estaban interesados en convocar Cortes, mientras que los reformistas, como Jovellanos, promovían Cortes estamentales solo para realizar reformas. Esta última opción fue la elegida. La Junta Suprema Central se disolvió en enero de 1810, siendo reemplazada por el Consejo de Regencia de España e Indias, formado por 5 miembros y con la misma autoridad que Fernando VII. Este Consejo, desoyendo lo acordado, convocó Cortes unicamerales y no estamentales, cediendo a la presión liberal. Sin embargo, dilató la convocatoria hasta que, finalmente, las reunió en 1810.

Cortes de Cádiz

La convocatoria de Cortes significaba convocar a la nación en ausencia de un poder legitimado. Su poder territorial fue limitado, ya que Cádiz estuvo sitiada por los franceses hasta mayo de 1813. La reunión de Cortes fue un golpe revolucionario. Se reunieron diputados que se autoproclamaron representantes de la nación e iniciaron una importante labor legislativa.

De las dos tendencias políticas, liberal y absolutista, se impuso la primera. Se decretó la libertad de imprenta, suprimiendo la censura para los escritos públicos, pero no para los religiosos (1810); se abolieron los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo los conceptos de señor y vasallo (1811); se suprimieron los gremios para favorecer el libre mercado y la competencia (1813); se decretó la incautación y venta en pública subasta de las tierras comunales de los municipios, de las órdenes militares y de los jesuitas (1813); se derogaron los privilegios de la Mesta, permitiendo el vallado de propiedades privadas o comunales (1813); y se abolió la Inquisición (1813).

La Constitución de 1812

Las Cortes concluyeron su labor con la creación de la primera constitución española en 1812 (cuarta del mundo después de las de EE. UU. 1787, Polonia 1791 y Francia 1791). Los debates se iniciaron el 25 de agosto de 1811, y fue promulgada el 19 de marzo de 1812 por los 184 diputados presentes, quienes le juraron lealtad y acatamiento. Se la conoció como «la Pepa» por ser promulgada el día de San José. Constaba de 10 títulos y 384 artículos que desarrollaban:

• La idea de Nación española, definida como el conjunto de todos los ciudadanos, sin distinción entre los españoles de los dos hemisferios, y que no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona.
• El principio de soberanía nacional. El pueblo delegaba en los diputados la representación de la nación, elegidos por sufragio universal masculino mediante un sistema indirecto. Conformaban una sola cámara.
• La separación de poderes: el legislativo recaía en las Cortes, el ejecutivo en el Rey y el judicial en los tribunales.
• Un poder limitado para el monarca: sus órdenes debían ser validadas por la firma del ministro correspondiente; no podía disolver las Cortes; nombraba a los ministros, pero estos debían ser refrendados por las Cortes (“doble confianza”); el Rey no era responsable, pero sí sus ministros.
• La abolición de privilegios feudales.

En definitiva, convertía a España en una monarquía liberal y parlamentaria.

El Reinado de Fernando VII y la Cuestión Sucesoria

Fernando VII (1814-1833), apodado “el Deseado”, regresó a España entre aclamaciones, pero falleció dejando una España dividida. Tras la retirada de las tropas napoleónicas y la firma del Tratado de Valençay (1813), Fernando VII asumió la corona con el apoyo de liberales y absolutistas. A su regreso, 69 diputados de las Cortes de Cádiz le entregaron el Manifiesto de los Persas, que abogaba por el absolutismo. El rey lo hizo suyo, ignorando los sacrificios de los liberales, e inició el Sexenio Absolutista (1814-1820).

Con el Decreto de Valencia disolvió las Cortes, abolió la Constitución de 1812 y los decretos liberales. Reinstauró la Inquisición, el régimen señorial e inició una dura represión contra los constitucionalistas. Además, la Hacienda estaba en ruinas, agravada por la rebelión en América. Hubo varios intentos fallidos de reinstaurar la Constitución de 1812. En 1820, en Cabezas de San Juan (Sevilla), triunfó el pronunciamiento de Rafael Riego. Fernando VII aceptó la Constitución de 1812, pronunciando la famosa frase: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Se iniciaba así el Trienio Liberal (1820-1823).

El Trienio Liberal (1820-1823)

Los liberales se dividieron en dos facciones: los moderados o doceañistas, liderados por Martínez de la Rosa, más conservadores y vinculados a las Cortes de Cádiz, y los exaltados o veinteañistas, protagonistas del pronunciamiento, más jóvenes y radicales. Los liberales, con escaso apoyo popular, intentaron extender su mensaje político con la ayuda de la Prensa, las Sociedades Patrióticas y la Milicia Nacional.

Los gobiernos liberales iniciaron una acelerada política de reformas. La legislación de las Cortes de Cádiz volvió a estar en vigor, y se promulgó un Código Penal, la libertad de industria y comercio y una desamortización eclesiástica. Se avanzó en la reforma de la Hacienda y en la cuestión religiosa, lo que llevó a la Iglesia a oponerse a los liberales. Medidas como la expulsión de los jesuitas y la supresión de monasterios incrementaron los enfrentamientos. Los absolutistas no cesaron de conspirar, promoviendo partidas armadas y una regencia absolutista en la Seo de Urgel.

En 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo las órdenes del duque de Angulema, entraron en la Península y derrotaron a Riego, quien fue obligado a pedir perdón al rey y declarado culpable de alta traición. Comenzaba la Década Ominosa (1823-1833).

La Década Ominosa (1823-1833)

Retornó una represión durísima, dirigida por Calomarde, ministro de Gracia y Justicia. Muchos abandonaron el país, formándose una colonia hispana en Londres. Los que se quedaron fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Se articuló la resistencia liberal a través de sociedades secretas y varios pronunciamientos fallidos. Hubo una mejora en la administración del país con la creación del Consejo de Ministros, el despegue económico gracias a López Ballesteros, la reorganización del ejército por el marqués de Zambrano y la creación del Ministerio de Fomento (1832).

En 1830, María Cristina de Nápoles, cuarta esposa de Fernando VII, le dio una hija. La obsesión para que llegara a gobernar condicionó el final de su vida política. Estaba vigente el Auto Acordado de 1713 (Ley Sálica) que establecía la preferencia de los varones en la sucesión. Fernando publicó la Pragmática Sanción que lo abolía. Hubo una protesta absolutista encabezada por su hermano, Carlos María Isidro (sucesos de la Granja), y Fernando lo desterró a Portugal en 1833. Luego, se aproximó a los liberales para obtener su apoyo, promulgando dos amnistías. En 1833 moría Fernando VII y su hija juraba como sucesora.

El Proceso de Independencia de las Colonias Americanas

El Legado Español en América

La lucha por la independencia de las colonias españolas en América comenzó en 1810 en Caracas y Buenos Aires, mientras en España se desarrollaba la guerra contra Napoleón. El proceso se prolongó hasta 1824, cuando la victoria del ejército libertador en Ayacucho supuso la independencia de casi todas las colonias. El imperio español en América se mantuvo durante tres siglos con gran estabilidad. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, varios factores dieron lugar al movimiento independentista:

• El reformismo borbónico del siglo XVIII incrementó el control económico y administrativo sobre las colonias, cuyos principales puestos de gobierno se concedían a peninsulares, dejando fuera a los criollos.
• La progresiva liberalización del comercio peninsular con América benefició más a los comerciantes peninsulares que a los criollos.
• La influencia de la Revolución Americana de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789 inspiraron el pensamiento emancipador. Bolívar y Miranda, dos de los más destacados próceres de la independencia, conocieron de cerca estos acontecimientos.
• Los intereses del Reino Unido, que prefería países independientes en América con los que poder comerciar libremente.

La obsesión intervencionista y recaudatoria de la monarquía española, sobre todo en los estancos, aumentó el malestar con la metrópoli. El descontento estalló con la invasión francesa de España en 1808. El proceso de independencia tuvo dos fases:

Primera Fase (1808-1815)

Coincide con la Guerra de Independencia en la metrópoli. En América se creó un vacío legal similar al de España. Se formaron juntas leales a Fernando VII, que al principio no cuestionaron la administración española. Pero en ellas el elemento criollo fue desplazando al peninsular. En 1810, las juntas de Caracas, Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá proclamaron su intención de separarse de España. A pesar de las reformas de las Cortes de Cádiz, la rebelión no se detuvo. Las proclamas de 1810 contagiaron a otros territorios como Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador y América Central. Venezuela fue la primera en declarar su independencia en agosto de 1811. La vuelta de Fernando VII en 1814 cerró esta fase. Las expediciones españolas a Venezuela y la actuación del virrey del Perú, Abascal, lograron restablecer el poder español, excepto en el virreinato del Río de la Plata. En México, los criollos hicieron fracasar la revolución campesina de Hidalgo y Morelos por temor a su contenido social y radicalismo agrario.

Segunda Fase (1816-1824)

La lucha estuvo más organizada. Simón Bolívar y José de San Martín iniciaron una serie de campañas que culminaron en la Conferencia de Guayaquil, donde acordaron sus áreas de influencia. San Martín, que había servido en las tropas españolas y que en 1812 abrazó la causa independentista, atravesó la cordillera andina y derrotó a los ejércitos realistas en Chacabuco y Maipú, lo que dio lugar a la independencia de Chile en 1817. En 1820 avanzó hasta Perú. Bolívar tuvo que llegar a un armisticio con el general español Morillo, tras lo cual se alió con los llaneros de Páez. Juntos vencieron a los españoles en Carabobo y Ayacucho en 1824. México consiguió la independencia en 1821, de la mano del general conservador Agustín de Iturbide, quien se coronó rey por poco tiempo.

Balance de la Independencia

La monarquía de Fernando VII no pudo frenar un proceso que parecía inevitable. Se dedicaron ingentes recursos financieros, humanos y militares que dejaron exhausta la Hacienda real y agravaron la crisis del país. La independencia supuso la pérdida del imperio americano para España, a excepción de Cuba y Puerto Rico. Simón Bolívar quería crear una gran federación de Estados americanos: La Gran Colombia. Sin embargo, las rivalidades internas y los intereses enfrentados hicieron fracasar este proyecto, y el territorio se dividió en Colombia, Venezuela y Ecuador. De igual forma, en el resto del territorio independizado se crearon los diversos Estados que forman actualmente Hispanoamérica. La mayoría adoptaron la república como forma de gobierno en sus constituciones, inspiradas en la de Cádiz. Sus gobiernos estaban en manos de la minoría criolla. El resto de la población fue excluida. Los países recién creados mantuvieron la dependencia económica. La sumisión a España fue sustituida por el control comercial del Reino Unido y, en menor medida, de Francia y EE. UU.

El encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental, y el legado que allí quedó, una huella imperecedera. El prestigioso historiador Marcelo Gullo, en su obra “Lo que América le debe a España”, aborda la necesidad de comprender y entender adecuadamente la Historia de España e Hispanoamérica, los lazos y los innumerables puntos en común que nos unen (lengua, instituciones, mestizaje), huyendo así de la historia falseada y manipulada que se ha transmitido desde hace décadas. Con la llegada de España a América, se recibieron los valores de la cultura grecorromana católica, y no solo sus clases ilustradas, sino también los sectores populares se hicieron legatarios del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomás.

Isabel II: Las Regencias y las Guerras Carlistas

Introducción

En 1830, María Cristina de Nápoles, cuarta esposa de Fernando VII, le dio una hija. Existía un problema: estaba vigente el Auto Acordado o Ley Sálica de 1713 de Felipe V, que establecía la preferencia de los varones en la sucesión de la corona. El hermano del rey, Carlos María Isidro, absolutista, era el aspirante al trono. Fernando publicó la Pragmática Sanción que abolía el Auto citado y se acercó a los liberales para que dieran apoyo a su hija. En 1833, Isabel II, con tres años, juraba como sucesora. Carlos María Isidro, defraudado, se alzó en armas a la muerte del rey en septiembre de 1833, dando comienzo a la guerra civil.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Carlos María Isidro publicó desde su exilio portugués el Manifiesto de Abrantes, autoproclamándose rey Carlos V. Además de una cuestión dinástica, se trataba de un enfrentamiento entre dos modelos de sociedad: absolutista y liberal. El movimiento carlista era tradicionalista. Rechazaba las cortapisas al poder del rey, la libertad económica, la separación de Iglesia-Estado y la uniformidad territorial y jurídica. Defendía la monarquía absoluta de origen divino (legitimismo) y la legalidad propia de cada región (los fueros). Su lema era: Dios, Patria, Rey y Fueros. Por el contrario, otra parte de la nobleza, la jerarquía eclesiástica, la mayor parte del ejército, la burguesía y los trabajadores urbanos se mantuvieron fieles a Isabel II y a su madre, la regente María Cristina de Nápoles (isabelinos o cristinos). Contaron con el apoyo de Francia, Portugal y Gran Bretaña, que firmaron con el régimen isabelino la Cuádruple Alianza el 22 de abril de 1834.

El carlismo extendió la revuelta por Navarra, País Vasco, el Maestrazgo y Cataluña. El militar más importante del carlismo fue el coronel Tomás de Zumalacárregui. Su fallecimiento en el asedio a Bilbao fue un duro golpe para los carlistas. El general liberal Baldomero Espartero dirigió el Ejército del Norte y derrotó repetidamente a los carlistas, incluyendo la Expedición Real, dirigida por el mismo Carlos María Isidro para la toma de Madrid. Espartero culminó con el militar carlista Rafael Maroto el Convenio de Vergara en 1839, que ponía fin a la guerra en el Norte. Solo el general carlista Ramón Cabrera continuaría la guerra en el Maestrazgo hasta su derrota y exilio en 1840.

El carlismo propagó la idea de que Navarra y las tres provincias vascas perderían sus fueros de triunfar el liberalismo. Al finalizar la guerra, Espartero prometió respetar los fueros en el Convenio de Vergara, a cambio de que los carlistas reconociesen los derechos de Isabel II al trono. Posteriormente, tendrán lugar dos guerras carlistas más:

• 2ª Guerra Carlista (1846-1849): Se desarrolló en Cataluña durante la Década Moderada. La razón fue la oposición al posible matrimonio entre Isabel II y Carlos Luis, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, algo que nunca se hizo realidad.
• 3ª Guerra Carlista (1872-1876): Durante el reinado de Amadeo I de Saboya, comandada por el autoproclamado Carlos VII, duque de Madrid. Se desarrolló en las provincias vascas, Navarra y, en menor medida, en Cataluña, Valencia y Aragón. Durante esta guerra se creó un Estado alternativo en las provincias vascas y Navarra, que llegó a legislar en cuestiones de enseñanza, orden público, levas de soldados o economía; emitió moneda y tuvo servicio de correo propios. Finalizó en el periodo de la Restauración borbónica.

Esta persistencia del conflicto carlista se explica por tres razones: la resistencia campesina a las formas de producción capitalista, la resistencia de los antiguos territorios forales al centralismo liberal y la resistencia de la religiosidad tradicional frente a la secularización iniciada con la revolución liberal. La centralización establecida en 1876, tras el fin de esta última guerra, acabó con los restos del sistema foral vasco y abrió el camino para la transformación del viejo fuerismo en un nacionalismo de base étnica y católica.

Regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1840)

María Cristina de Nápoles, esposa de Fernando VII, se rodeó de políticos liberales que abogaban por una monarquía constitucional, pero existieron dos tendencias: moderados y progresistas. Los moderados eran partidarios de la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes y del sufragio censitario. Los progresistas defendían una soberanía nacional con más limitaciones en las facultades del rey y un sufragio censitario más amplio. A ellos se les uniría la Unión Liberal, de carácter centralista, fundada en la década de 1850, con su líder Leopoldo O’Donnell, y el partido Demócrata, fundado en 1849, que abogaba por la soberanía popular representada en las Cortes, sufragio universal masculino y limitación de los poderes del rey. Estos partidos acabarían siendo encabezados por generales del ejército (espadones) que se convirtieron en verdaderos árbitros de la situación política al alternarse en el poder a través de pronunciamientos militares.

Tras el primer gobierno de Cea Bermúdez, cuyo mayor logro fue la división provincial que encargó a Javier de Burgos, llegó el liberal moderado Martínez de la Rosa. Sus medidas fueron positivas: concedió una amplia amnistía para los liberales, terminó con la estructura gremial para favorecer la industria y el comercio y, sobre todo, promulgó el Estatuto Real en 1834. Se trataba de una carta otorgada por la monarquía de derechos y libertades. Establecía dos cámaras (Estamento de Próceres, elegidos por el monarca, y Estamento de Procuradores, elegidos por sufragio censitario del 0,15% de los ciudadanos) y mantenía muchas competencias para la corona, como el poder legislativo. Sin embargo, el gobierno se vio tambaleado por varios desórdenes, como los tumultos anticlericales en Madrid en 1834.

En 1835, la reina se apoyó en el progresista Juan Álvarez Mendizábal, quien suprimió la Mesta y organizó la Milicia Nacional. Su obra más importante fueron las desamortizaciones eclesiásticas, con los objetivos de recaudar dinero, aumentar la productividad agrícola, financiar la guerra y ganar adeptos a la causa liberal. Sin embargo, los ingresos no fueron los planeados y hubo que recurrir a empréstitos extranjeros. Además, el gobierno quedó enfrentado con el Vaticano. Le sustituyó Francisco Javier de Istúriz, bajo cuyo gobierno se produce un levantamiento generalizado liberal en diversas provincias que culmina con la sublevación de los Sargentos el 13 de agosto de 1836. La Regente se ve obligada a derogar el Estatuto Real y se restaura la Constitución de 1812. Entonces nombró presidente del gobierno a José María Calatrava, que firma la Constitución de 1837.

La Constitución de 1837

La Constitución de 1837 consiguió instaurar definitivamente el liberalismo en la sociedad española. Establecía Cortes bicamerales elegidas por sufragio censitario, aunque ampliado (hubo elecciones en 1837 y 1839 con un electorado de 265.000 personas). Anulaba la censura y reconocía derechos propios del ser humano. Aunque mantenía la confesionalidad del Estado y la potestad de la corona de hacer leyes (junto con las Cortes), de nombrar ministros y de convocar y disolver Cortes.

La regente perdía prestigio entre los progresistas por su preferencia hacia los moderados. Se produjo una entrevista entre Espartero y María Cristina en Esparraguera (Barcelona), que terminó con un total desacuerdo entre ambos. Cuando la regente firmó la Ley de Ayuntamientos, que dejaba el control de estos en manos del ministro de Interior, surgieron protestas en Barcelona y luego en Madrid, que Espartero supo liderar inteligentemente hasta conseguir la abdicación de la regente y su exilio a Francia.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Baldomero Espartero fue nombrado regente del país y jefe del partido progresista. Esto supuso el comienzo de una unión entre poder civil y militar que duraría en España casi cuatro décadas. El general Diego de León protagonizó en 1841 una absurda intentona, planeada desde París por María Cristina, de entrar en el Palacio Real y apoderarse de la niña Isabel II. El golpe fracasó y Diego de León fue ejecutado.

Espartero gobernó el país saltándose en ocasiones la legalidad vigente. Esto fue enfrentándole a sectores civiles de su propio partido. Su política económica, aunque bien planificada, acabó en desastre. Impulsó una política de librecambio. Surgieron protestas entre la burguesía industrial de Cataluña, porque la competencia exterior podía perjudicar su mercado textil. Las protestas tomaron carácter republicano y obrero. Espartero acabó con ellas bombardeando la ciudad desde Montjuic. La oposición fue total a partir de este momento. Los moderados se levantaron en armas, dirigidos por el general Ramón María Narváez, y vencieron al ejército de Espartero en Torrejón de Ardoz. Espartero se exilió en Inglaterra en 1843. Las Cortes, bajo la presidencia de Joaquín María López, decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina a los trece años, dando así comienzo al reinado efectivo y, más concretamente, a la Década Moderada (1844-1854).

Aparecieron los llamados afrancesados, pertenecientes a la élite intelectual ilustrada que estuvieron a favor de colaborar con los invasores, entre otros Moratín o Meléndez Valdés, porque los veían como una esperanza de progreso y liberalismo. José I, en un intento de acercarse a estas élites, reunió a un grupo de notables españoles (Asanza, Urquijo, Romanillos) para que redactaran el Estatuto de Bayona (1808), carta otorgada de régimen liberal que establece: libertad individual y de imprenta; supresión de privilegios; abolición del tormento; limitación de los mayorazgos. Es, en definitiva, un texto que cuestiona el Antiguo Régimen. Con el final de la guerra, fueron descalificados como traidores y colaboracionistas, y tuvieron que marchar de España en el primer exilio español contemporáneo.

En secreto, Fernando VII reclamó ayuda extranjera para volver a ser rey absoluto. En 1822, la Europa de la Restauración, que quería borrar la obra napoleónica, decidió que una España liberal era un peligro para el equilibrio del continente. Francia reclamó ser quien realizase la liquidación del sistema liberal vigente en España, con lo que demostraría su voluntad de separarse de los principios y actuaciones de Napoleón.

A su vez, los habitantes de América disfrutaron de plenos derechos y fueron súbditos libres de la Corona española. Hispanoamérica le debe su unidad sustancial a España, de manera que de Madrid a Kiev o de Granada a Berlín hay más distancia psicológica, sociológica y cultural que de Lima a Sevilla o de Buenos Aires a Salamanca.

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