El presente manifiesto, elaborado por la Junta Revolucionaria que pasó a controlar la ciudad de Cádiz a consecuencia de la sublevación que, dirigida por el brigadier Topete, había estallado un día antes, abre el Sexenio Democrático, etapa que cierra el reinado de Isabel II, caracterizada por un liberalismo oligárquico, e inicia la implantación del liberalismo democrático en España.  En el primer caso confluyeron, por un lado, una crisis financiera  y una crisis de subsistencia a consecuencia de una serie de malas cosechas que dieron como resultado una carestía del trigo del que se derivó un proceso inflacionario. En segundo lugar es importante insistir en la deriva autoritaria de los últimos gobiernos moderados, y así, podemos destacar la  crisis universitaria que culminó en la trágica “noche de San Daniel” (8 al 10 de Abril de 1865), o la durísima represión que siguió a la revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil (Junio de 1866), que justificaron las destituciones de Narváez y O’Donnell respectivamente. Además, los sucesivos gabinetes, continuaron gobernando por decreto, despreciando la vía parlamentaria. Ante esta situación, en Agosto de 1866, la oposición establecíó una plataforma para acabar con el moderantismo en el poder: el Pacto de Ostende.
Firmado por progresistas y demócratas, establecían las mínimas bases para una acción revolucionaria, tales eran la caída de la monarquía isabelina y el establecimiento del sufragio universal; posponiéndose la decisión sobre la implantación o no de un régimen republicano. El 19 de Septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz al mando de Topete se sublevó al grito de “Viva España con honra” contra el gobierno de Isabel II. Rápidamente se constituyeron Juntas Revolucionarias que, con la participación de los “Voluntarios de la libertad”, organizaron la rebelión y lanzaron llamamientos a la nacíón. Muchas ciudades españolas (Málaga, Almería, Cartagena, Sevilla, Barcelona…) se sumaron al levantamiento. El gobierno y la Corona se encontraron completamente aislados; las escasas tropas fieles fueron derrotadas en Alcolea el 28 de Septiembre por las tropas dirigidas por Serrano y al día siguiente Isabel II partía hacia el exilio. Durante las primeras semanas, el poder efectivo estuvo en manos de las Juntas Revolucionarias; sin embargo, en los primeros días de Octubre, los firmantes del Pacto de Ostende tomaron la dirección del movimiento y constituyeron un gobierno provisional integrado por Prim, Serrano, Topete, Ruiz Zorrilla y Sagasta. El nuevo gobierno disolvíó las Juntas y desarmó a los “Voluntarios”, frustrando así el proceso revolucionario encabezado por demócratas y republicanos; sin embargo inició un programa de reformas en el que se recogían gran parte de sus aspiraciones. Fueron reconocidos la liberta de imprenta, el derecho de reuníón y asociación y el sufragio universal;
Se aprobó la democratización de Ayuntamientos y Diputaciones y la emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias. Al mismo tiempo fueron convocadas elecciones a Cortes Constituyentes, las primeras celebradas por sufragio universal masculino que dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y demócratas). Las sesiones concluyeron con un texto constitucional (Constitución de 1869)
Cuyos rasgos más destacados fueron: el reconocimiento de la soberanía nacional, la confirmación del sufragio universal, se incluía una amplísima declaración de derechos, el poder legislativo recaía en las Cortes, se proclamaba la independencia del poder judicial, creando un sistema de oposiciones a juez y se mantuvo la monarquía como forma de gobierno. Precisamente, las discusiones que siguieron a la forma de organizar el estado provocaron la escisión dentro del partido demócrata: el Partido Radical (que se funde con los progresistas), partidarios de la monarquía como forma de gobierno, y el Partido Republicano Federal, partidarios de la república. La definición de España como monarquía constitucional obligó a la búsqueda de un rey demócrata, labor de la que se ocupará Prim;
En el ínterin, Serrano asumirá la regencia. Se impuso la candidatura de Amadeo de Saboyá.
Proclamado por las Cortes el 16 de Noviembre de 1870, llegó a Madrid el 30 de Diciembre, y juró la Constitución el 2 de Enero.  La monarquía amadeísta (1871 – 1873)
contó desde el principio con una fuerte oposición ante la que se vio aislada, no en vano su único valedor, Prim, había sido asesinado 3 días antes de su llegada a España (27 de Diciembre). Por un lado, Amadeo de Saboyá tuvo que enfrentarse a los moderados, que continuaron fieles a los borbones dando forma a un partido alfonsino; esta opción contó además con el apoyo de la Iglesia, abiertamente hostil a la nueva situación, sobre todo después del decreto de Prim que obligaba al clero a jurar la Constitución. Por otro, y como es natural, no contó con el apoyo de los republicanos ni de los sectores populares, para los que el problema consistía en el cambio de sistema. Tampoco se sumaron a la nueva dinastía los sectores carlistas, quienes se alzaron en armas en 1872. La rebelión, que se inició en el País Vasco y se extendíó por Navarra y zonas de Cataluña animada por la posibilidad de asentar en el trono a Carlos VII, dio origen a la III Guerra Carlista (1872 – 1876). A todo ello habrá que sumar el problema colonial que se había iniciado en Cuba en 1868 con el llamado “grito de Yara”, la Guerra de los Diez Años.
Al día siguiente, las Cortes, depositarias de la soberanía en ausencia del monarca, decidieron someter a votación la proclamación de una República, que fue aprobada el 11 de Febrero de 1873 por una amplia mayoría de votos a favor. Pero gran parte de la cámara era monárquica y su voto a favor fue una estrategia para acelerar el proceso de deterioro político que diera tiempo a organizar el retorno de los Borbones. Sus únicos partidarios eran los republicanos, representados en las Cortes por los diputados del Partido Demócrata Republicano Federal de Pi y Margall.
Estanislao Figueras fue nombrado primer presidente. La República fue acogida con verdadero entusiasmo, constituyéndose juntas revolucionarias que reclamaron la abolición de los consumos y quintas. Ahora bien, gran parte de los dirigentes republicanos se mostraron a favor de respetar la legalidad y disolvieron las Juntas, reprimiendo las revueltas. Se convocaron Cortes Constituyentes que ganaron los republicanos pero con una amplísima abstención. En Junio las Cortes nombraron a Pi y Margal presidente y elaboraron un proyecto de constitución que declaraba la organización federal de la República (15 estados federales más Cuba y Puerto Rico). Sin embargo, el proyecto evidenció la ruptura entre los republicanos por la forma de implantar la república federal: desde arriba, con concesiones a los grupos conservadores; o desde abajo (intransigentes), a través de la proclamación inmediata de la soberanía de las unidades políticas inferiores –los cantones-. Tras su presentación los intransigentes abandonaron la Asamblea constituyente, regresaron a sus ciudades y proclamaron la independencia, cobrando impuestos y levantando a las milicias. En Julio estalló la sublevación cantonal (Alcoy, Cartagena…); conflicto que se añadió a los ya heredados: III Guerra Carlista y Guerra de los Diez años. El reparo de Pi y Margall a utilizar el ejército para sofocar el levantamiento, forzó su dimisión, siendo sustituido por Nícolás Salmerón (19 de Julio) quien iniciará la acción militar contra el movimiento cantonal (Martínez Campos, Pavía). Tras la dimisión de Salmerón en Septiembre (5) al negarse a firmar dos sentencias de muerte, Castelar fue elegido como el cuarto presidente de la República. Firmó las condenas de muerte, fortalecíó el Ejército con el restablecimiento de las ordenanzas militares con todo su rigor y suspendíó las garantías constitucionales, obteniendo poderes extraordinarios de las Cortes que cerraron sus puertas durante tres meses y medio, hasta el dos de Enero. El 3 de Enero, tras la derrota de Castelar en el Parlamento, Pavía la disolvíó por la fuerza. El poder pasó a manos de Serrano, quien presidiendo una coalición de progresistas y unionistas intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador, pero el pronunciamiento de Martínez Campos el 29 de Diciembre de 1874 entronizó de nuevo a los borbones a través Alfonso XII.