Durante la primera mitad del siglo XIX en España se llevaron a cabo una serie de reformas económicas con el fin de implantar un camino hacia el sistema liberal.
Una de ellas son las desamortizaciones: se trataba de un proceso por el que las tierras de la Iglesia o de otras manos muertas, que hasta entonces no podían venderse ni dividirse, pasan a estar en el mercado libre. Los liberales la utilizaban como arma para modificar el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen e implantar el nuevo estado burgués. Su finalidad fue aumentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Tiene sus antecedentes con Godoy, a continuación con las Cortes de Cádiz en la guerra de independencia (1814) y durante el trienio liberal en 1820. Dos desamortizaciones se sucedieron en el siglo XIX; la primera de ellas fue la de Mendizábal (1836-1851), dirigida principalmente a la desamortización de los bienes del clero y la segunda, fue la de Madoz (1855-1924), esta tuvo un carácter más general y a la desamortización de los bienes del clero se le sumó la venta de bienes municipales.
Ya en el siglo XVIII los reformistas ilustrados vieron la necesidad de poner en el mercado las tierras que estaban en manos muertas para que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas. Esto permitiría al Estado enjugar su déficit y amortizar la deuda pública. Los liberales progresistas vieron su oportunidad durante la regencia de María Cristina, a partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó. Este proceso fue llevado a cabo por Mendizábal, liberal progresista, quien consiguió que María Cristina respaldara la causa liberal. En esta situación se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. En ella Mendizábal tenía tres objetivos: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando Cristino.
Cuando Mendizábal se convirtió en ministro de Hacienda las subastas se aceleraron y sobre todo a partir de 1840 cuando la victoria cristina en la guerra carlista hizo irreversibles las ventas. Además, a partir de la regencia de Espartero se desamortizaron también los bienes del clero secular, pero la vuelta de los moderados en 1844 suspendería las subastas. El resultado fue que entre 1836 y en 1844 se habían desamortizado ya el 62% de las propiedades de la Iglesia. Pero existía un problema a la hora de adquirir las tierras; pues los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas por lo que las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados que acapararon las compras, mediante títulos de deuda pública.
En esta situación el diputado Flórez Estrada publicó un artículo de prensa en el que proponía que el Estado arrendara las tierras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la deuda. Pero el verdadero problema se encontraba en que el ministro no buscaba un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino que buscaba el beneficio de las élites financieras y comerciales que lo rodeaban.
No obstante, los planes de Mendizábal no dieron resultado, pues la guerra continuó y el intento de sanear la deuda fracasó. Varias consecuencias se derivaron de esta desamortización y muchos de los objetivos no fueron cumplidos. En primer lugar afectó a la Iglesia, pues se le expropiaron la mayoría de sus propiedades y se suprimió el diezmo. Así, la Iglesia dejo de ser el estamento económicamente privilegiado. La desamortización tampoco resolvió el problema de la deuda, pero si contribuyó a atenuarlo, pues se consiguió rescatar 5000 millones de reales de los 14000 acumulados. Además, la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, los nuevos propietarios se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron por exigir nuevos contratos de arrendamiento, a esto se le sumaba en hecho de que las tierras eran de muy baja calidad. A su vez, también se produjo un proceso de deforestación. Otro hecho que cabe destacar es el reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra:
Latifundios en Andalucía y Extremadura y minifundios en el norte. Pese a todo ello, los campesinos no resultaron beneficiados de este proceso, pues no recibían información de las subastas, no sabían pagar y además, no tenían dinero para hacerlo. Y por último, afectó a las ciudades ya que la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador, en el que la burguesía terminó excluyendo a las clases medias de algunas zonas de las ciudades.
Por otra parte, se produjo la desamortización dirigida por Madoz. Esta se inició durante el bienio progresista, a partir de 1854. Esta ley establecía la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas, pertenecientes a la Iglesia, el Estado, y los propios y comunes de los municipios, por ello es conocida con el nombre de Ley de desamortización general. Esta presentó rasgos muy distintos con respecto a la de Mendizábal. El proceso de desarrolló a gran velocidad, y en tan sólo un año se había subastado ya 52000 fincas. Además, la financiación era diferente: se permitía el pago mediante un 10% de entrada y el resto aplazado, y admitiéndose sólo el abono en efectivo. El dinero se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda.
En consecuencia se eliminó la propiedad comunal y parte de la eclesiástica (agravamiento considerable de la situación económica del campesino) y se rompieron las relaciones con la Iglesia, ante la violación del Concordato. También significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la creación de una nueva elite terrateniente (aristocracia feudal y burguesía urbana). Asimismo, el Estado ingresó casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal, que se dedicó a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortizando la deuda pública y obras públicas. En suma, el 30% de lo desamortizado pertenecía a la Iglesia, el 20% a la beneficencia y un 50% a las propiedades municipales. El derrogamiento definitivo de esta ley se produjo en 1924 por el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo.
El hecho más destacable de estas dos desamortizaciones fueron las consecuencias que trajeron. En el ámbito social el resultado fue una concentración de la propiedad en cada región en proporción al grado existente previamente, de aquí que, las parcelas pequeñas eran compradas por habitantes de localidades próximas, mientras que las de mayor tamaño eran compradas por personas más ricas que vivían en ciudades, generalmente. Además, también se acentuó la tendencia migratoria de la población rural hacia zonas industrializadas (proceso denominado: éxodo rural). En el ámbito económico, cabe destacar el saneamiento de la Hacienda Pública, el aumento de la superficie productiva y la mejora y especialización de los cultivos gracias a nuevas inversiones por parte de los propietarios. Con respecto a los rasgos culturales, cuadros y libros se vendieron en otros países, se abandonaron muchos edificios de interés artístico, pero otros, en cambio, se aprovecharon para obras públicas. Por otro lado, fracasó la idea de consolidar un régimen liberal en el que se formara una nueva clase de pequeños y medianos propietario, porque la mayor parte de las propiedades eran adquiridas por los grandes propietarios que eran quienes poseían recursos para hacerlo. Y por último, cabe destacar la transformación del modelo social de ciudad (construcciones de más altura, ensanches y nuevos espacios públicos).
En conclusión, cabe destacar la importancia de estos procesos en el ámbito económico- político del país en el siglo XIX. Pues afectó a tanto ámbitos políticos, culturales y de la Iglesia; como a otros aspectos de la vida social y económica del país, como el derecho, la hacienda, la agricultura, las inversiones y las clases sociales. En el ámbito social, los pequeños propietarios y la burguesía mercantil fueron los beneficiados, en defecto, los perjudicados fueron principalmente pequeños campesinos, ganaderos y clero. Estos procesos desamortizadores actuaron como una herramienta para acabar con las formas de propiedad del Antiguo Régimen e implantar la propiedad privada propia del liberalismo.