19 Oct
Despotismo Ilustrado
Carlos III (1759-1788), hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de ser rey de España desempeñó el cargo de Rey de Nápoles de 1735 a 1759.
Su reinado se caracterizó por la aplicación de las reformas del despotismo ilustrado:
El siglo XVIII fue un período de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el Conde de Aranda (1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las potencialidades económicas y fiscales.
Entre los ilustrados se extendió la conciencia de la necesidad de emprender reformas en la agricultura, ocupación que ocupaba a la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. Para ello se crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de reforma como el Memorial Ajustado de Campomanes y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos.
Todos estos proyectos y documentos del período denunciaban las enormes propiedades amortizadas (mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la Iglesia) y afirmaban que el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria para el progreso del país. Por primera vez, se empezaba a hablar de la desamortización. Sin embargo, la negativa rotunda del Clero y la Nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros ilustrados como el Conde de Aranda, llevó a la paralización de las reformas.
Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales en Extremadura, la repoblación (fallida) de Sierra Morena bajo el gobierno de Olavide, la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío (Canal Imperial de Aragón, Canal de Castilla…)
Los ministros ilustrados aprobaron medidas para fomentar el desarrollo de la industria. Se rompió el monopolio de los gremios en 1772; se establecieron, con escaso éxito económico, las Reales Fábricas, con apoyo del estado (armas, astilleros, vidrio, tapices…). Las industrias textiles privadas catalanas (“indianas”) fueron más competitivas que las empresas estatales.
Con respecto al comercio, se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, como la mejora de las vías de comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 1778 estableció la liberalización del comercio con América, acabándose con el secular monopolio de la Casa de Contratación. Sin embargo, se mantuvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias.
En el terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de España. En este período, aparece la peseta, aunque no será la moneda oficial del país hasta 1868.
Teniendo en cuenta la dinámica política, se pueden distinguir dos períodos en los gobiernos de Carlos III:
1759-1766 Gobiernos de Esquilache y Grimaldi. Los intentos de introducción de reformas encontraron una viva reacción que culminó en el Motín de Esquilache en 1766. Esta revuelta que estalló contra el decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros tiene razones complejas. Podemos hablar de un motín popular “nacionalista”, contra el ministro italiano, manejado por el clero (jesuitas) y la nobleza para frenar las reformas. Los Jesuitas, acusados de fomentar el motín, fueron expulsados en 1767.
1766-1788 Gobiernos del Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Este período está dominado por los grandes ministros ilustrados que ensayaron diversas reformas económicas que finalmente no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza.
América durante el siglo XVIII
En un principio, la nueva dinastía Borbón no implicó ningún cambio importante en las colonias. La administración continuó sin cambios; el monopolio comercial (pese al creciente contrabando británico); los envíos de plata a cambio de los productos peninsulares y el papel preponderante del puerto de Cádiz (que había sustituido a Sevilla).
La sociedad americana estaba organizada en torno a dos grupos:
La élite blanca (decenas de miles de peninsulares y criollos). Controlaban la administración y eran los propietarios de la tierra, las minas y las demás fuentes de riqueza.
El resto de la población, constituida por la mayoría indígena y los esclavos negros.
Era una sociedad organizada de forma racial, pese a que había una importante mezcla racial: mestizos (blanco e india), mulatos (blanco y negra), zambos (indio y negro)…
A partir de mediados de siglo se inicia un cambio en la política de los Borbones hacia América. El gobierno de Madrid decidió incrementar la explotación colonial para que las colonias fueran más rentables.
Para ello se adoptaron diversas medidas. Se promovieron, con escaso éxito, las Compañías de Comercio, siguiendo el modelo inglés y holandés. Se decretó la introducción de navíos de registro: barcos que podían comerciar al margen de la Flota de Indias. Esta novedad permitió que se incrementara el comercio gaditano con América.
Durante el reinado de Carlos III se introdujeron importantes reformas.
La Corona trató de incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias: se excluyó de la administración a los criollos, se creó un nuevo virreinato, el del Río de la Plata en 1776, y ese mismo año se estableció el cargo de Intendente para reforzar el control de los territorios americanos.
La expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo en América una importante consecuencia: la Corona se anexionó importantes tierras, sobre todo en Paraguay, que hasta ese momento habían estado en manos de la Compañía de Jesús.
En el terreno económico hubo un incremento impositivo y en 1778 se permitió el libre comercio entre la península y las Indias, rompiendo el monopolio sevillano-gaditano.
Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, engendró movimientos de protesta de los criollos, apartados de los cargos administrativos, y de la explotada mano de obra indígena. En 1780-1781 se inició una revuelta en Perú iniciada por los criollos, pero que pronto se convirtió en una rebelión indígena (Tupac Amaru). La revuelta fue duramente reprimida.
Guerra de Sucesión (1701-1713)
Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones.
Muy pronto, sin embargo, se formó un bando dentro y fuera de España que no aceptaba al nuevo rey y apoyaba al pretendiente el Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra civil y europea estalló.
El conflicto tenía una doble perspectiva:
El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la temida unión de España y Francia bajo un mismo monarca. Este peligro llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que, por supuesto, era sustentado por los Habsburgo de Viena. Las diversas potencias europeas se posicionaron ante el conflicto sucesorio español.
Por otro lado, Felipe V representaba el modelo centralista francés, apoyado en la Corona de Castilla, mientras que Carlos de Habsburgo personificaba el modelo foralista, apoyado en la Corona de Aragón y, especialmente, en Cataluña.
La guerra terminó con el triunfo de Felipe V. Junto a las victorias militares de Almansa, Briguega y Villaviciosa, un acontecimiento internacional fue clave para entender el desenlace del conflicto: Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio alemán y se desinteresó de su aspiración a reinar en España. Sus aliadas, Inglaterra y Holanda, pasaron en ese momento a ver con prevención la posible unión de España y Austria bajo un mismo monarca.
El Tratado de Utrecht
La guerra concluyó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. El tratado estipuló lo siguiente:
Felipe V era reconocido por las potencias europeas como Rey de España, pero renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa.
Los Países Bajos españoles y los territorios italianos (Nápoles y Cerdeña) pasaron a Austria. El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia.
Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y el navío de permiso (derecho limitado a comerciar con las Indias españolas) y el asiento de negros (permiso para comerciar con esclavos en las Indias).
El Tratado de Utrecht marcó el inicio de la hegemonía británica.
La guerra de independencia
Pronto se dieron cuenta de que la entrada de las tropas francesas se había convertido en una ocupación de nuestro país. Consciente de este hecho, Godoy tramó la huida de la familia real hacia Andalucía y la Corte se desplazó a Aranjuez.
En marzo de 1808 estalló un motín popular organizado por la facción partidaria del Príncipe de Austria. El Motín de Aranjuez precipitó la caída de Godoy, lo que
obligó a Carlos IV a abdicar a su hijo con el título de Fernando VII.
Con las tropas del general Murat en Madrid, Napoleón llamó a padre e hijo a Bayona, Francia, y les forzó a abdicar a su hermano José Bonaparte. Fueron las Abdicaciones de Bayona por las que los Borbones cedieron sus derechos a Napoleón.
Ante la evidencia de la invasión francesa, el descontento popular acabó por estallar: el 2 de mayo de 1808, se inicia una insurrección en Madrid abortada por la represión de las tropas napoleónicas. Los días siguientes, los levantamientos antifranceses se extendieron por todo el país. Se inicia la Guerra de Independencia (1808-1814).
Las abdicaciones de Bayona y la insurrección contra José I significaron una situación de vacío de poder que desencadenó la quiebra de la monarquía del antiguo régimen en España. Se crearon las Juntas Provinciales, que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente. En septiembre de 1808, las Juntas Provinciales se coordinaron y se constituyó la Junta Central Suprema.
Con el levantamiento general, las tropas españolas consiguieron algún triunfo como la victoria de Bailén en julio de 1808. Para poner fin a la insurrección, Napoleón vino a la península ocupando la mayor parte del país, excepto las zonas periféricas y montañosas donde se inició la guerra de guerrillas.
1802 fue el año decisivo. El ejército del general británico Wellington, con el apoyo de españoles y portugueses, infringió sucesivas derrotas a los franceses. Tras la catástrofe de la Grande Armée en Rusia, un Napoleón completamente debilitado devolvió la corona a Fernando VII por el tratado de Valençay (1813). Las tropas francesas abandonaron el país y la Guerra de Independencia tocó a su fin.
Las Cortes de Cádiz
Las Juntas Provinciales y la Junta Central
Las Abdicaciones de Bayona habían creado un
vacío de autoridad en la España ocupada.
Pese a que los Borbones habían ordenado
a las autoridades que se obedeciera al nuevo rey José I,
muchos españoles se negaron a obedecer a una
autoridad que se veía como ilegítima. Para llenar ese
vacío y organizar la espontánea insurrección contra los
franceses, se organizaron Juntas Provinciales que
asumieron la soberanía.
Las Juntas Provinciales sintieron desde un principio
la necesidad de coordinarse. Así, en septiembre de
1808, se constituyó la Junta Central que, en ausencia
del rey legítimo, asumió la totalidad de los poderes
soberanos y se estableció como máximo órgano de
gobierno. Fruto de esta nueva situación, la Junta Central
convocó reunión de Cortes extraordinarias en Cádiz,
acto que iniciaba claramente el proceso revolucionario.
Finalmente, en enero de 1810, la Junta cedió el poder a
una Regencia, lo que no paralizó la convocatoria de
Cortes.
Las Cortes de Cádiz
La celebración de las elecciones en situación de guerra propició que se reunieran unas Cortes con preponderancia de elementos burgueses y cultos procedentes de las ciudades comerciales del litoral.
Las sesiones de Cortes comenzaron en septiembre de 1810 y muy pronto se formaron dos grupos de diputados enfrentados:
Liberales: partidarios de reformas revolucionarias, inspiradas en los principios de la Revolución Francesa.
Absolutistas o “serviles”: partidarios del mantenimiento del Antiguo Régimen (monarquía
absoluta, sociedad estamental, economía mercantilista).
La mayoría liberal, aprovechándose de la ausencia del rey, inició la primera revolución liberal burguesa en España, con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran las estructuras del Antiguo Régimen y aprobar una Constitución que cambiara el régimen político del país.
Estas fueron las principales reformas políticas, económicas, sociales y jurídicas adoptadas por las Cortes de Cádiz:
Libertad de imprenta (1810)
Abolición del régimen señorial: supresión de los señoríos jurisdiccionales, reminiscencia feudal. Sin embargo, la nobleza mantuvo la propiedad de casi todas sus tierras.
Supresión de la Inquisición (1813)
Abolición de los gremios. Libertad económica, comercial, de trabajo y de fabricación (1813)
Tímida desamortización de algunos bienes de la Iglesia.
La oposición al sistema liberal: las Guerras Carlistas. La cuestión foral
El problema sucesorio
En los últimos años de la vida de Fernando VII, en octubre de 1830, nació Isabel de Borbón. Finalmente, el rey había conseguido tener descendencia con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Unos meses antes del parto, en previsión de que el recién nacido no fuera varón, el rey aprobó la Pragmática Sanción por la que se abolía la Ley Sálica de 1713 que excluía del trono a las mujeres. Carlos María Isidro, hermano del rey y hasta ese momento su sucesor, vio cerrado su camino al trono. Carlos no aceptó los derechos de su sobrina al trono.
La guerra civil (1833-1839)
Inmediatamente después de conocerse la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833, se iniciaron levantamientos armados a favor del pretendiente Carlos. Comenzaba una larga guerra civil que iba a durar siete años.
El conflicto sucesorio escondía un enfrentamiento que dividió política y socialmente al país.
En el bando isabelino se agruparon las altas jerarquías del ejército, la Iglesia y el estado, y a ellos se unieron los liberales, que vieron en la defensa de los derechos dinásticos de la niña Isabel la posibilidad del triunfo de sus ideales.
En el bando carlista se agruparon todos los que se oponían a la revolución liberal: pequeños nobles rurales, parte del bajo clero y muchos campesinos de determinadas zonas del país, muy influenciados por los sermones de sus párrocos y para los que el liberalismo venía a suponer simplemente un aumento de impuestos. Todos estos grupos identificaron sus intereses con la defensa de los derechos al trono de Carlos y los ideales que el pretendiente defendía, el absolutismo y el inmovilismo absoluto. Ya durante el reinado de Fernando VII, en torno a Carlos se había agrupado los denominados «apostólicos», núcleo del absolutismo más intransigente.
El carlismo, como pronto se empezó a llamar al movimiento que apoyaba los derechos de Carlos de Borbón, tuvo fuerte influencia en Navarra, País Vasco, zona al norte del Ebro, y el Maestrazgo, en las provincias de Castellón y Teruel. Esta distribución geográfica debe contemplarse en el contexto de un conflicto campo-ciudad. En la zona vasco-navarra, Bilbao, Pamplona o San Sebastián fueron liberales a lo largo de todo el conflicto.
El programa ideológico-político del carlismo se podía sintetizar en el lema “Dios, Patria, Fueros, Rey”. Estos son los principales elementos de su programa político:
Oposición radical a las reformas liberales. Inmovilismo.
Defensa de la monarquía absoluta.
Tradicionalismo católico y defensa de los intereses de la Iglesia.
Defensa de los fueros vasco-navarros, amenazados por las reformas igualitarias y centralistas de los liberales:
Instituciones propias de autogobierno y justicia.
Exenciones fiscales.
Exenciones de quintas.
La guerra en el terreno bélico tuvo dos grandes personajes: el carlista Zumalacárregui, muerto en el sitio de Bilbao en 1835, y el liberal Espartero. Tras unos primeros años de incierto resultado, a partir de 1837, las derrotas carlistas fueron continuas y Don Carlos terminó huyendo a Francia.
La guerra concluyó con el denominado Convenio o Abrazo de Vergara (1839). Acuerdo firmado por Espartero y Maroto, principal líder carlista tras la muerte de Zumalacárregui. En el acuerdo se reconocieron los grados militares de los que habían luchado en el ejército carlista y se hizo una ambigua promesa de respeto de los fueros vasco-navarros. En realidad, se mantuvieron algunos de los privilegios forales y se eliminaron otros.
La Primera República
La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos. Las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica eran contrarios al nuevo régimen.
Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras que las clases trabajadoras optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política. Cuatro presidentes de la República se sucedieron en el breve lapso de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas bastante radicales que, en algunos casos, se volvieron contra el propio régimen republicano. Estas fueron las principales medidas adoptadas:
Supresión del impuesto de consumos. La abolición de este impuesto indirecto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de Hacienda.
Eliminación de las quintas. De nuevo, una medida popular propició el debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista.
Reducción de la edad de voto a los 21 años.
Separación de la Iglesia y el Estado. Este dejó de subvencionar a la Iglesia.
Reglamentación del trabajo infantil. Prohibición de emplear a niños de menos de diez años en fábricas y minas.
Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
Proyecto constitucional para instaurar una República federal.
Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente a un triple desafío bélico:
La nueva guerra civil carlista.
Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección carlista en el País Vasco y Navarra. Aprovechando el caos general, los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, Navarra.
Las sublevaciones cantonales.
Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. El ejército consiguió reprimir la insurrección. La resistencia del cantón de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron.
La guerra de Cuba
En 1868 se inició en la isla caribeña una insurrección anticolonial que derivó en lo que los cubanos denominan la “Guerra Larga”. Tuvieron que pasar diez años hasta que las autoridades españolas consiguieron pacificar la isla con la firma de la Paz de Zanjón en 1878.
Las conspiraciones militares alfonsinas.
Entre los mandos del ejército se fue imponiendo la idea de la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto empezaron las conspiraciones para un pronunciamiento militar.
La república del año 1874: el golpe del general Pavía y el camino a la Restauración.
El 4 de enero de 1874, el general Pavía encabezó un golpe militar. Las Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un gobierno presidido por el general Serrano que suspendió la Constitución y los derechos y libertades.
El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previo a la restauración de los Borbones que planeaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. La restauración se vio finalmente precipitada por un golpe militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. El hijo de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se iniciaba en España el período de la Restauración.
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