11 Ene
TEMA 1
LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Se entiende por ella, la norma fundamental del ordenamiento jurídico español, que regula la Organización del Estado y las reglas esenciales de la sociedad, en particular, los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es necesario analizar, más en profundidad, su concepto, carácterísticas y estructura.
En la definición con la que hemos comenzado, podemos distinguir dos aspectos:
Desde un punto de vista formal, la CE se identifica con una norma que se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico del Estado y que está sometida a un procedimiento especial de aprobación y reforma que el resto de las leyes
Desde un punto de vista material la CE recoge un conjunto de mandatos (preceptos) o normas que tienen por objeto la organización del Estado, los poderes de sus órganos y las relaciones de éstos entre sí y con los ciudadanos.
La CE del 78 es el resultado de un largo y complejo proceso y tiene una serie de elementos carácterísticos que son producto del desarrollo histórico de España y de las relaciones que guarda con otros textos constitucionales (principalmente de la CE de 1812)
Esas carácterísticas son:
Constitución jurídica, es decir, se desarrolla sobre la base del derecho. Tiene una influencia clara de la Ley Fundamental de BONN de 1949
Se encuentra codificada en un solo texto cerrado
Es una constitución larga, que contiene una gran cantidad de artículos que detallan el funcionamiento del Estado. Aquí, toma la influencia de la Constitución Italiana de 1947
Es muy rígida en cuanto a su proceso de reforma, aunque no es imposible. En este sentido destaca la Constitución de Portugal de 1976
Se trata de una norma pactada por los grupos políticos con representación parlamentaria. Las constituciones nórdicas influyeron en la figura del Rey y en el papel del Defensor del Pueblo
El texto constitucional dispone la organización política del Estado español bajo la forma de monarquía parlamentaria
La organización territorial del Estado se encuentra a caballo entre un estado unitario y federal, reconocíéndose el derecho a la autonomía. Aquí, sirve de referencia la Constitución francesa de 1958
Estructura–
La CE del 78 está estructurada en un Preámbulo, un Título Preliminar y diez Títulos, más cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. Los 169 artículos de los que consta la CE están distribuidos en su Título Preliminar y en los restantes diez Títulos.
Aparte de su distribución formal (que es la anterior), podemos realizar una división material que permite distinguir 5 partes claramente diferenciadas.
Preámbulo. Se enuncia, de manera solemne, los principios y valores que se desarrollaran en el texto, y si bien carece de eficacia legal, como forma parte de la CE, desempeña un papel importante para interpretar el contenido de la misma
TÍTULO PRELIMINAR (arts. Del 1 al 9). Su tema central el ESTADO, concretamente las definiciones sobre el mismo, así como sus principio y valores superiores
La PARTE DOGMÁTICA. (Título I) Contiene los derechos y libertades de los ciudadanos
La PARTE ORGÁNICA (Títulos II al X). Se trata de los artículos que hacen referencia a la organización de los poderes del Estado, sus relaciones y competencias
Las DISPOSICIONES (aparecen al final del texto). Se trata de un conjunto de mandatos que pretenden hacer valer la CE a determinadas cuestiones particulares que no se recogen en la misma o a consideraciones temporales: Tenemos cuatro tipos: Adicionales (4), Transitorias (9), Derogatoria (1) y Final (1).
La CE establece cuatro modelos básicos para la ordenación de los aspectos básicos del Estado, si bien, permiten diversas ideologías dentro de ellos siempre que se respeten los mismos. Son los siguientes:
El modelo político, será, la democracia, que se basa en la igualdad, libertad, justica y pluralismo político y, además, en cuanto al modelo organizativo, la CE opta por la descentralización territorial, es decir, los Estatutos de Autonomía
El modelo económico: sistema de economía de mercado mixto, esto es, donde las principales decisiones económicas son tomadas por las familias y empresas, pero con una clara intervención del Estado, que consiste en regular el marco jurídico, abastecer de bienes y servicios, suavizar las fluctuaciones cíclicas de la economía, establecer impuestos, y redistribuir la riqueza y renta con el fin de reducir las desigualdades
El modelo social. La CE reconoce una serie de libertades y derechos que el Estado debe garantizar para que las personas y colectivos sociales tengan una existencia digna
El modelo jurídico, que establece una serie de principios que debe informar el ordenamiento jurídico español ; legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables, seguridad jurídica y responsabilidad y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Valores superiores y principios inspiradores
Valores
A partir de estos valores y principios con los que se elaboran los textos constitucionales, se desarrollan el sistema político y el ordenamiento jurídico que defienden.
Los valores superiores representan el ideal de una comunidad, de tal forma que ninguna Ley pueda prescindir de ellos y deberán cumplirse, es decir, hacer posible su aplicación.
Estos valores son cuatro, y se ubican al final del artículo 1 de la CE:
Libertad: se manifiesta en aspectos tales como la manifestación de ideas políticas, la organización de los partidos, el ejercicio del voto. El Título 1 de la CE regula los derechos y deberes fundamentales y la libertad se encuentra dentro de ellos
La justicia: supone aplicar la ley a todos los ciudadanos y poderes públicos para dar a cada uno lo que le corresponde. Se materializa el Título IV y en el IX
La igualdad: toda situación de desigualdad es incompatible con la CE. Este valor se presenta en dos dimensiones, formal en cuanto que hay ausencia de privilegios y material, ya que se crean mecanismos para hacer efectivos los derechos reconocidos)
El pluralismo político (Arts. 6 y 7), supone que los partidos políticos compiten por conseguir el apoyo de la ciudadanía al coexistir diversas ideas políticas.
Todos los valores recogidos en el texto constitucional, presentan tres carácterísticas comunes
Tienen un carácter normativo, por lo que son de obligado cumplimiento para quienes les afecten
Representan aspiraciones ideales que la sociedad establece como objetivos prioritarios que deben desarrollar todas las normas del Estado
Su carácter total y globalizador configura un sistema político totalmente diferente con el anterior a la CE del 78.
Principios
Marcan los objetivos que el pueblo español aspira conseguir a través del texto de la Constitución, por lo que suponen la base político-ideológica de la misma
Principio del Estado social: supone que el Estado, además de fijar las reglas comunes que regulan las normas por las que deben regirse los ciudadanos, adopta una postura intervencionista, con la finalidad de garantizar un mínimo vital para que las personas puedan desenvolverse en la sociedad
Principio del Estado democrático: supone que el poder legislativo (gobierno) es elegido libre y democráticamente por el pueblo, que es quien posee la soberanía nacional.
Principio de Estado de Derecho: significa que todos los ciudadanos y poderes públicos están sometidos al mandato de la Ley
Principio de Monarquía Parlamentaria: convierte al Rey en jefe del Estado, pero éste carece de poder efectivo (el rey reina, pero no gobierna)
Principio autonómico: dispone que la forma de organización territorial consiste en un poder central y una serie de comunidades autónomas, que tienen una amplia autonomía política para gestionar sus intereses propios y particulares
La reforma constitucional
La CE dedica el Título X (arts. 166 a 168) a regular los procedimientos de su reforma, puesto que los padres creadores de la misma establecieron un procedimiento específico con los pasos a seguir y las mayorías necesarias, para intentar evitar que se estuviera modificando constantemente.
En primer lugar, los límites para su reforma son de carácter temporal, puesto que no puede iniciarse en periodos de guerra o durante la vigencia de estados de alarma, excepción y sitio. También cabe destacar los límites materiales, como la imposibilidad el principio democrático (no se puede suprimir la democracia).
Existen dos procedimientos de reforma constitucional, que son el ordinario y el extraordinario, correspondiendo la iniciativa a los siguientes órganos:
El gobierno, quien, mediante el consejo de ministros, enviará el texto de la reforma con los motivos de la misma y los antecedentes necesarios al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie (apruebe o rechace la reforma).
Las Cortes (Congreso y Senado), que deberán tramitar la reforma siguiendo sus respectivos reglamentos. Cuando la iniciativa sea del Congreso, deberá ser registrada por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados (70), y, en el Senado deberán iniciarla 50 senadores de mas de un grupo parlamentario: En todo caso, las proposiciones de reforma deberán superar el trámite de su toma en consideración por cada una de la Cámaras de forma respectiva
La Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, pueden solicitar al gobierno de la Nacíón o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando (es decir representando) ante dicha Cámara un máximo de tres representantes encargados de su defensa.
1-Procedimiento ordinario
Deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, y, en caso de no haber acuerdo entre ellas, se intentará conseguirlo mediante el nombramiento de una comisión paritaria de senadores y diputados, que presentará un texto para su votación ante ambas cámaras.
Si no prospera lo anterior, si el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
Una vez aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación (confirmación), cuando así lo solicite una décima parte del Congreso o del Senado, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Este referéndum se convocará en el plazo de 30 días, celebrándose dentro de los 60 días siguientes a su convocatoria.
El texto no puede ser sometido a la sanción del Rey hasta pasados 15 días siguientes de su aprobación. En el caso de celebrarse un referéndum, la sanción real será posterior a la convalidación de la reforma por el electorado,
2-Procedimiento extraordinario
Cuando se proponga la revisión total de la Constitución, o bien parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección Primera del Título I (Derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II, se procederá a aprobar, por mayoría de los dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
Las Cámaras elegidas deberán la revisión establecida por las disueltas y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, ésta será sometida a referéndum para su ratificación.
Solo se han realizado dos reformas parciales de la CE tramitadas por el procedimiento ordinario, sin recurrir a la posibilidad de referéndum para su ratificación. En 1992, se modificó el art. 13.2 incluyendo el sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales. En 2011 se modificó el art. 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria del Estado
La separación de poderes del Estado
Como ya sabemos, España es un Estado social y democrático de derecho, que se caracteriza porque la soberanía reside en el pueblo, la división de poderes, el principio de legalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así pues:
El poder legislativo se encarga de la elaboración y votación de leyes, y sus miembros son elegidos por voto libre y secreto de todos sus ciudadanos
El poder ejecutivo está atribuido al gobierno, en el que ocupa una posición fundamental el presidente, que, en el caso de España no se corresponde con el jefe del Estado
La función judicial, que reside en los juzgados y tribunales, señalando la CE que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey
EL PODER LEGISLATIVO: LAS CORTES GENERALES
En este apartado, estudiaremos el Congreso y el Senado, teniendo el primero de ellos mayor importancia, ya que el Senado se ha convertido en una Cámara de segunda.
Generalidades-
La potestad legislativa se regula en el Título III de la CE y en sus propias reglas de funcionamiento.
El sistema parlamentario español es bicameral y está formado por el Congreso de los Diputados (Cámara baja) y el Senado (Cámara alta). Las Cortes generales, es la forma en que los ciudadanos participan, puesto que son ellos quienes eligen a sus representantes, siendo legibles todos los españoles mayores de edad, que no se encuentren incluidos en alguna de las causas de ilegibilidad incluidas en la propia CE, que son las siguientes:
No pueden ser elegidos:
Los miembros de la Familia Real
Los componentes del Tribunal Constitucional, presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas
Los Altos Cargos de la Administración del Estado que determine la Ley, con excepción de los miembros del Gobierno
El Defensor del Pueblo y su Adjunto
El Fiscal general del Estado
Los magistrados, jueces y fiscales en activo
Los militares profesionales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en activo
Los miembros de las Juntas Electorales
Las Cortes Generales son un órgano inviolable: los parlamentarios no pueden ser objeto de control, represión o enjuiciamiento por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones.
Durante su periodo de mandato, los parlamentarios gozan del privilegio de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de evidente delito, de manera que no pueden ser procesados ni inculpados sin la autorización previa de su respectiva Cámara, requerida por suplicatorio de un juez. En este sentido, cabe mencionar en este punto otro privilegio, es el llamado aforamiento, es decir, que mientras ejerzan el cargo público se les permite a estas personas que, en caso de ser imputadas por un delito, sean juzgadas por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.
Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal les autoriza a acudir a no declarar ante el llamamiento de un juez, pero debiendo hacerlo por escrito, desde su despacho oficial
Composición de las Cortes generales.
Están formadas por el Congreso y el Senado, y ninguna persona puede ser miembro de ambas simultáneamente, ni tampoco tener un Acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma. Su mandato es de cuatro años, si bien puede ser menor (como actualmente ocurre, que ha sido de tres meses).
El Congreso prevalece sobre el Senado puesto que, además de elaborar leyes, puede investir al presidente del Gobierno y someter al mismo a cuestiones de confianza
1-Congreso de los Diputados
El art. 68 de la CE señala que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Hoy día, son 350
Se eligen por sufragio universal, libre, directo, igual y secreto, siendo la circunscripción electoral la provincia. A cada provincia le corresponde un mínimo de dos diputados, excepto a Ceuta y Melilla que están representadas por uno cada una. Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en función de su población
La distribución se verificará en cada circunscripción en base a criterios de representación proporcional, aplicando el sistema D·HONT, que por su importancia explicaremos a continuación:
Ley de D·Hont
Para la distribución de los escaños del Congreso, la LOREG utiliza la llamada Ley de D, Hont, inventada por el jurista y matemático del mismo nombre:
Esta Ley establece un sistema proporcional que pretende un reparto estricto de los escaños en proporcionalidad directa a los votos obtenidos por cada candidatura, de la siguiente forma:
Se ordenan de mayor a menor, en una columna, los votos obtenidos por cada candidatura (deben de obtener un mínimo del 3% de los votos emitidos en cada circunscripción)
Esa cantidad se divide por 1,2, 3, … hasta un número igual a los escaños que corresponde elegir en cada circunscripción
Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los mayores cocientes
El Congreso es elegido por cuatro años, y las elecciones tendrán lugar entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato; y, el nuevo Congreso electo, tendrá que estar formado a los 25 de la celebración de las elecciones
El Senado.
Es la Cámara de representación territorial del Estado. El Senado comparte la función legislativa, pero el Congreso puede rechazar las enmiendas introducidas por el Senado.
No hay un número de senadores establecidos ni por la CE ni por la ley electoral, solo la normativa establece un doble proceso de reparto: senadores electos por circunscripción mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, junto con los senadores designados por los Parlamentos Autonómicos
El sistema que se sigue para la elección es el llamado mayoritario, por lo que resulta electo el candidato con mayor número de votos obtenidos en la circunscripción resultante del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. De esta forma, cada elector puede dar hasta tres votos en cada circunscripción provincial, dos votos en la Islas mayores y Ceuta y Melilla y uno en las Islas menores. En la papeleta de votación, el elector puede votar a candidatos de listas electorales distintas, a diferencia del Congreso, cutas papeletas son cerradas, de partido y bloqueadas.
Son elegidos senadores los candidatos que mayor número de votos hayan obtenido de entre los candidatos de la circunscripción hasta completar la misma.
Se reséña aquí, que tanto diputados como senadores son inviolables, inmunes y aforados.
Facultades de las Cortes generales
La CE fija las funciones de las Cortes en cinco grandes grupos:
1-Funciones legislativas
Iniciativa, tramitación y aprobación de leyes
Delegación en el Gobierno para que éste dicte Leyes
Convalidación o derogación de los Decretos-leyes adoptados por el gobierno
Iniciativa de reforma de la Constitución
2-Funciones de control
Pedir información, formular preguntas e interpelaciones al gobierno
Voto de investidura del presidente del gobierno
Autorizar o rechazar la cuestión de confianza
Adoptar o no una moción de censura contra el gobierno
Autorizar al gobierno la prórroga del Estado de Alarma
Autorizar al gobierno decretar el Estado de Excepción
Declarar el estado de Sitio
3-Funciones económicas
Aprobar los Presupuestos Generales del estado
Examen y comprobación de las Cuentas del Estado a través del Tribunal de Cuentas
Autorización al gobierno para emitir Deuda Pública o contraer crédito
Ejercer la potestad para establecer tributos
4-Respecto a la Corona
Tomar juramento al Rey, al ser proclamado en las Cortes generales
Sucesión en la Corona en caso de que todas las líneas en derecho se hubieran extinguido
5-Otras funciones constitucionales
Autorizar al rey a declarar la guerra o hacer la paz
Autorización para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de determinados tratados o convenios
Autorización de la propuesta del presidente del gobierno para celebrar referéndum consultivo
Elegir al defensor del pueblo
Proponer candidatos para el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial
Funcionamiento
Ya sabemos que el periodo de tiempo que dura una legislatura normal es de 4 años, y los miembros de las Cámaras se reúnen en sesiones de distinto tipo, y son:
Sesiones ordinarias: se reúnen dos veces al año, en periodos ordinarios una primera vez entre Septiembre y Diciembre y la segunda, de Febrero a Junio
Sesiones extraordinarias: pueden llevar a cabo esta modalidad de reuníón a petición del gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras
Sesiones conjuntas: lo hacen para ejercer las competencias no legislativas que el Título II de la CE atribuye directamente a las Cortes Generales. Serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
En relación con la estructura orgánica del Congreso y del Senado, cada una tiene su propia organización y reglamentos determinados por la CE. Funcionan en Plenos y Comisiones.
Órganos rectores, son los que dirigen y aseguran el buen funcionamiento de la institución; y, están compuestos por: la Mesa, la Junta de Portavoces, los Vicepresidentes y los Secretarios
– Mesa: representa a la Cámara en los actos a que concurra y está compuesta por el Presidente, Vicepresidente y los Secretarios
– Junta de Portavoces: formada por todos los portavoces de los grupos parlamentarios que, junto con el Presidente, fijan el orden del día de los debates parlamentarios
– Presidente: lo eligen las Cámaras y, entre sus funciones, destacan la convocatoria de la Cámara y la dirección de las deliberaciones de las sesiones parlamentarias
– Vicepresidente: sustituye al Presidente en sus funciones
– Secretarios: actúan como órganos fedatarios que expiden certificaciones y tramitan notificaciones
Órganos funcionales, encargados de ejercer las funciones constitucionales encomendadas a cada Cámara
– Pleno: compuesto por todos los miembros de la Cámara
– Diputación Permanente: está presidida por el Presidente y por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios. Entre sus funciones está la de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida o en periodo de disolución (como hoy día) hasta que se forme una nueva
– Comisiones: son grupos reducidos de trabajo formados por miembros de la Cámara que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios
Procedimiento de elaboración de las leyes
La iniciativa legislativa se regula por el art. 87 de la CE y puede provenir de:
Del Gobierno: su iniciativa se lleva a cabo en un documento denominado “proyecto de ley”, que, aprobado en el consejo de ministros, requiere una previa tramitación administrativa de proyecto de ley (regulada en el art. 22 de la Ley de Gobierno)
De las Cámaras Legislativas: el texto que promueven se denomina proposición de Ley
De las Asambleas de las Comunidades Autónomas: pueden solicitar al Gobierno que apruebe un proyecto de Ley o presentar una proposición de ley directamente al Congreso que podrán defender a través de un máximo de tres parlamentarios autonómicos comisionados para ello
De la Iniciativa popular: requiere de 500.000 firmas acreditadas, pero no puede ejercerse en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o de prerrogativa de gracia
El procedimiento de elaboración de una ley, puede ser ordinario, urgente y especial.
Las leyes se aprueban por mayoría simple. Excepto las leyes orgánicas y el reglamento de las Cámaras, que lo serán por mayoría absoluta
Una vez aprobada la ley, tiene que cumplir una serie de formalidades:
Sanción real: en el plazo de 15 días tiene que ser firmada por el Rey, que, al carecer de responsabilidad, tiene que ser refrendada por el Presidente del Gobierno
Promulgación real: declaración formal del Rey de que la norma ha entrado a formar parte del Ordenamiento jurídico
Publicación: requisito esencial para la validez de toda norma jurídica. Se inserta la Ley en el BOE y entra en vigor a los 20 días, sin ella no se dispusiera otro plazo
EL PODER JUDICIAL
Se recoge en el Título VI de la CE, siendo el conjunto de órganos que tiene atribuida la función consistente en resolver, mediante la aplicación del derecho, los conflictos que surjan entre los ciudadanos, y entre estos y los poderes públicos.
Así pues, se trata de un poder fundamental del Estado, aplica la ley a ciudadanos concretos y se ejerce por jueces y magistrados independientes.
Organización de los juzgados y tribunales
La justicia se imparte por jueces, que son órganos unipersonales que están al frente de los juzgados, y por magistrados son órganos de carácter colegiado, que forman los tribunales. En ellos recae el ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), existiendo una unidad jurisdiccional, esto es, una única justicia para todo el Estado, si bien, ello no impide que existan órganos especiales en determinadas materias, de forma que existe una jurisdicción ordinaria y otra especial
Dentro de la jurisdicción ordinaria, existen las siguientes especialidades:
Jurisdicción civil, que examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Por ejemplo, una causa se puede considerar como un orden jurisdiccional común e incluirlo en asuntos mercantiles. El texto legal más importante es la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000
Jurisdicción penal, que enjuicia los delitos y faltas y establece las penas. Lo más destacado es el principio de presunción de inocencia y su texto básico es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que le corresponde la revisión judicial de los actos administrativos. Como norma base, tenemos la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998
Jurisdicción laboral, que trata cuestiones relacionadas con el Derecho del Trabajo. Sus dos carácterísticas principales son, la agilidad de los procedimientos y el proteccionismo a la parte más débil. Su norma básica es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 2011.
La jurisdicción especial, dentro de la ordinaria, está integrada por la militar, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), establece que el Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos (unidad territorial formada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, incluso puede coincidir con ésta), provincias y CCAA.
El Tribunal Supremo es la cúspide de la organización judicial, siendo superior en todos los órdenes excepto en lo referente a materias de garantías constitucionales
Señalaremos algunas cuestiones importantes de cada uno de los órganos judiciales, en función de su ámbito territorial, en el cual ejercen su jurisdicción correspondiente
Ámbito nacional
Los tribunales que tienen jurisdicción en todo el territorio del Estado son:
El Tribunal Supremo, órgano superior en todos los órdenes, con jurisdicción en toda España, salvo en materia de garantías constitucionales
La Audiencia Nacional, es un órgano jurisdiccional único en España. Se trata de un Tribunal centralizado y especializado en el conocimiento de determinadas materias atribuidas por Ley (delitos de mayor gravedad y relevancia social). Abarca salas de lo penal, lo contencioso-administrativo y lo social.
Ámbito autonómico
Los Tribunales Superiores de Justicia culminan el orden judicial en cada CCAA. Está integrado por cuatro salas: de lo civil, penal, contencioso-administrativo y de lo social
Ámbito provincial
Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de la provincia, pero extienden su jurisdicción a toda ella, y, además pueden crearse secciones de ellas en la provincia (por ejemplo, Alba de Tormes). Tienen competencias en lo civil y penal, en primera y en segunda instancia
Ámbito provincial, superior o inferior al provincial
Los juzgados que incluimos en este apartado, pueden tener un ámbito territorial superior a la provincia: pueden crearse juzgados con jurisdicción en dos o más provincias que pertenezcan a la misma CCAA, pero nunca superior al de esta última.
En la LOPJ, se recogen los siguientes juzgados:
Juzgados de lo Penal: enjuician las causas por delito que la Ley establezca
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: tratan en única instancia los delitos entablados contra la Administración
Juzgados de lo Social: conocen, en primera o única instancia, los recursos sobre materias de tipo laboral
Juzgados de lo Mercantil: enjuician cuestiones relativas al tráfico económico-jurídico o de las empresas, como, por ejemplo, el concurso de acreedores
Juzgados de Violencia sobre la Mujer: habrá uno o más en cada partido judicial y conocerán, en el orden penal, actos de violencia (física, sexual o psicológica) ejercida por el hombre sobre la mujer vinculados por relación afectiva
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional habrá uno o varios juzgados de estos. Sobre todo, tratan de cuestiones relativas a la revisión de las penas de los presos y la concesión de beneficios penitenciarios y de tercer grado
Juzgados de Menores: actúan sobre conductas tipificadas por la ley como delitos o faltas cometidos por menores de edad
E-Ámbito inferior al provincial (partido judicial)
Los Juzgados de Primera instancia e instrucción existen en cada partido judicial, y corresponde la competencia en el orden Civil a los de primera instancia y la competencia en el orden Penal a los de instrucción
Ámbito municipal
En municipios sin juzgados de primera instancia e instrucción, hay un juzgado de paz, que tratan en el orden civil y penal cuestiones establecidas por ley. Sus titulares son elegidos por los ayuntamientos para cuatro años
El Tribunal Supremo
Tiene su sede en Madrid, y es único en España, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Es el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos fundamentales
Está formado por el Presidente, nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del poder Judicial, los Presidentes de Sala y los Magistrados de cada una de las Salas
Este tribunal es la última instancia para el establecimiento de impugnaciones de resoluciones dictadas por tribunales inferiores; además, es el máximo responsable de la interpretación de la jurisprudencia en España.
Entre sus competencias están decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, el enjuiciamiento de altos miembros de los órganos del Estado y los procesos de declaración de ilegalización de los partidos políticos
El Tribunal Constitucional
El TC tiene su sede en Madrid, y es el máximo intérprete de la CE
Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solamente a la CE y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Se trata de una instancia única y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional
Está compuesto por doce miembros, nombrados por el Rey, propuestos de la siguiente forma: cuatro por el Congreso (por mayoría de tres quintos), cuatro por el Senado (por mayoría de tres quintos), dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (por mayoría de tres quintos)
Los miembros del TC deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos de reconocidas competencias, con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función
Los miembros del TC están sujetos a un régimen de incompatibilidades establecido en su ley reguladora
Destacamos, a continuación, algunas de las competencias más importantes del TC:
Recurso y cuestión de constitucionalidad contra leyes y disposiciones del Estado y las CCAA
Recurso de amparo por violación de derechos fundamentales relativos a los artículos 14 al 30 de la CE
Conflictos constitucionales de competencias entre el Estado y las CCAA
Conflictos entre los órganos constitucionales del Estado
Conflictos en defensa de la autonomía local
Sobre la declaración de constitucionalidad de los Tratados Internacionales
El TC actúa en Pleno o en Salas. El Pleno está formado por todos los magistrados del tribunal, los preside el presidente, o, en su caso, el vicepresidente.
Tiene dos Salas, cada una con seis magistrados: El presidente lo es de la Sala primera y el vicepresidente de la Sala segunda. Para el despacho ordinario y la decisión de admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán cuatro secciones compuestas por el presidente y dos magistrados
Existen otros órganos de apoyo al TC en su función jurisdiccional: la Secretaría General, las Secretarías de Justicia, el Registro General y el Archivo General
El Consejo General del Poder judicial
Se trata de un órgano constitucional, colegiado y autónomo que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial, con el fin de garantizar la independencia de los jueces. Con ello, se pretende asegurar que la situación personal y profesional de los miembros de la judicatura no dependa de un órgano ajeno al Poder judicial.
Está compuesto por veinte vocales, nombrados por el Rey por un periodo de cinco años, elegidos por las Cortes (diez por el Congreso y diez por el Senado por mayoría de tres quintos) entre jueces y juristas de reconocido prestigio, y un Presidente designado por el Pleno de Consejo en su sesíón constitutiva.
Entre sus funciones destacamos: vigilar y velar por la independencia de los jueces, potestad disciplinaria, siendo el único órgano competente para imponer las sanciones de traslado forzoso, suspensión y separación a jueces y magistrados, y nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y los Presidentes de Tribunales Superiores de justicia y Audiencia Nacional
El Ministerio Fiscal
Tiene como función promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
Actúa conforme a los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica
El Ministerio Fiscal es único en todo el Estado, con órganos propios, y le corresponde a los órganos propios, y le corresponde a los órganos superiores, especialmente al Fiscal General del Estado, dar las órdenes e instrucciones necesarias.
EL PODER EJECUTIVO
En España existe el modelo de monarquía parlamentaria establecido en la CE, es decir, tenemos un jefe del Estado que es el Rey Felipe VI y una jefatura de gobierno, representada por el Presidente del mismo.
El Rey es el símbolo de unidad del Estado, y actúa como moderador entre los tres poderes, nombra al presidente del gobierno (tras la aprobación por el Parlamento en la votación de investidura).
El Rey reina, pero no gobierna, por lo que carece de poder político. Es el presidente del gobierno y sus ministros quienes llevan la acción de gobierno.
La CE dedica al tratamiento del Gobierno sus Títulos IV y V, y veremos sus funciones, composición, nombramiento y cese de los miembros del gobierno y su control.
Concepto y funciones del Gobierno
El poder ejecutivo está integrado por el gobierno, elegido por el pueblo y orientado por consideraciones ideológico-políticos.
Junto al gobierno, se encuentra la Administración pública (que permanece independientemente de los cambios del gobierno), formada por organismos e instituciones que permiten a los poderes del Estado desarrollar las funciones que el Ordenamiento Jurídico les ha encomendado
Podemos destacar dos carácterísticas del funcionamiento del gobierno:
Colegialidad, puesto que se trata de un órgano pluripersonal donde cada uno de sus miembros tiene funciones y responsabilidades propias
Presidencialismo: el Presidente es el máximo responsable del gobierno
Las facultades contenidas en el art.97 de la CE para el gobierno son las siguientes:
Dirección de la política interior y exterior de la nacíón. Es la función fundamental, y donde goza de mayor discrecionalidad
Dirige la Administración Civil y Militar. Se deduce su doble condición de órgano político y órgano superior de la Administración
Se encarga de la defensa del Estado, destacando, por tanto, su poder relevante respecto de la fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado
Ejerce la función ejecutiva
Ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes
Composición del Gobierno
Para ser miembro del gobierno, se requiere ser español, mayor de edad y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia firme
Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en las Comisiones Delegadas del Gobierno
Los componentes del gobierno son:
El Presidente: ostenta la jefatura y coordina la actuación de los miembros, así como preside los Consejos de Ministros
El vicepresidente o vicepresidentes: no son obligatorios, por lo que será el presidente quien decida su existencia y número. Su función es asumir las funciones del presidente por fallecimiento, ausencia o enfermedad del mismo y las funciones que éste le delegue
Los Ministros, están a la cabeza de los distintos departamentos ministeriales, y son nombrados por el Rey, a propuesta del presidente del gobierno. Tienen una doble consideración, como órgano político y administrativo
Además del Consejo de ministros, el gobierno puede reunirse en las Comisiones Delegadas del Gobierno, que son órganos colegiados cuya función es coordinar la acción, la preparación y el estudio de asuntos comunes a varios ministerios que exijan una propuesta conjunta, antes de que resuelva el Consejo de Ministros. La creación de estas comisiones se aprueba en Consejo de Ministros
La Ley del Gobierno prevé la existencia de una serie de órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. Los Secretarios de Estado, la Comisión general de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el secretario del Gobierno y los Gabinetes. Además, la CE prevé la existencia del Consejo de Estado, órgano consultivo supremo del gobierno, que emitirá dictáMenes preceptivos o facultativos cuando se solicite su opinión sobre asuntos a tratar por el gobierno
Nombramiento y cese del Gobierno
El nombramiento del presidente del gobierno viene establecido en el art. 99 de la CE y se divide en las siguientes etapas:
1-Proposición del candidato
Después de la renovación del Congreso, el Rey consulta con los representantes de los Grupos Políticos que tienen representación parlamentaria
El Rey, a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la presidencia
2-Exposición del programa político
El candidato expone ante el Congreso el programa político que pretende llevar a cabo
El candidato solicitará la confianza del Congreso mediante una votación
3-Obtención de la confianza
En primera votación, se otorgará la confianza al candidato obteniendo la mayoría absoluta del Congreso
En segunda votación, pasando 48 horas de la primera, el candidato necesita solamente la mayoría simple para obtener la confianza
El candidato será nombrado presidente por el Rey al conseguir la mayoría
En caso de que tras las dos votaciones el candidato no consiga la confianza de la Cámara, se llevarán a cabo otras propuestas siguiendo el modelo anterior
En caso de transcurrir dos meses desde la primera votación de investidura, si ningún candidato hubiera conseguido la mayoría, el Rey disolvería las dos Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del gobierno
El vicepresidente y los ministros, serán nombrados y separados por el rey, a propuesta del presidente
El gobierno cesa tras la celebración de las elecciones generales, la pérdida de confianza parlamentaria (triunfo de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza) y la dimisión o fallecimiento del presidente
Control parlamentario del gobierno
Las actuaciones del gobierno están sometidas a control, que es ejercido por la Cortes y está constituido por dos mecanismos: rutinario y excepcional
La responsabilidad política del gobierno solo corresponde al Congreso, por medio de una moción de censura, cuestión de confianza y moción de reprobación de un ministro
La moción de censura y la cuestión de confianza son mecanismos que pretenden saber el nivel de apoyo (confianza) parlamentario. Se regula en la CE
La moción de reprobación de un ministro conlleva la exigencia individual de responsabilidades políticas de un ministro concreto por su política departamental o por algún asunto concreto de su área de competencia
Las principales carácterísticas de estas dos medidas son las siguientes:
1-Moción de censura
La presenta, al menos, la décima parte de los diputados y deben incluir en el escrito de petición, un candidato a presidente
Se aprueba por mayoría absoluta del Congreso, y, si se aprueba, dimite el gobierno y se nombra el candidato a presidente que incluía la propuesta
Si la moción no se aprueba, sus firmantes no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesiones.
2-Cuestión de confianza
La presenta el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa de política
Se aprueba por mayoría simple del Congreso, y, si no se aprueba, dimite el gobierno y se elige un nuevo presidente
No hay limitaciones en cuanto al número de cuestiones a presentar en la legislatura
Como ya señálamos anteriormente, existen dos tipos de control, que son rutinario y excepcional
Control rutinario (no produce la dimisión del gobierno o de alguno de sus miembros):
Interpelaciones. Implican una crítica al gobierno y suponen un debate sobre actuaciones concretas u orientaciones políticas generales del gobierno)
Mociones. Acuerdos sin carácter normativo, consistentes en la expresión de un mandato o una aspiración de una Cámara para que el gobierno actúe en un determinado sentido
Preguntas. Se equiparan a las interpelaciones, y su diferencia de éstas, es de tipo formal. Las preguntas se tienen que formular sobre cuestiones concretas y determinadas o que no tengan una destacad importancia política
Comisiones de investigación. Buscan recopilar información sobre un asunto público para que el Parlamento pueda adoptar una resolución al respecto. Puede servir como base para una acusación en regla, pero no son un procedimiento judicial
Control excepcional.
Cuestión de confianza
Moción de censura
Moción de reprobación de un Ministro
LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA
La Administración Pública (AP) está constituida por una serie de medios personales y materiales a través de los que el Estado puede desarrollar las funciones que la CE les ha encomendado (servir a los ciudadanos). Se trata de un aparato organizativo, encuadrado en el ejecutivo, , subordinado a éste, y es el gobierno el responsable políticamente ante el Parlamento por sus actuaciones.
En España, existe una pluralidad de administraciones que, atendiendo a su ámbito territorial competencial, se pueden agrupar en tres grandes categorías: Administración del Estado, Administraciones Autonómicas y Administraciones Locales, estando éstas últimas integradas por los Municipios, Provincias, Islas, Entidades Locales Menores, Comarcas y Áreas Metropolitanas.
Además de su clasificación territorial de las AP, podemos encontrar además una categoría de AP no territoriales, que se caracterizan por depender de las Administraciones territoriales, y es la llamada “Administración institucional”, que incluye los organismos públicos de las Administraciones territoriales
A continuación, analizaremos la AP del Estado, ya que el resto son objeto de estudio específico en otros temas
La AP del Estado, tiene personalidad jurídica propia e independiente de cualquier otra entidad y despliega sus competencias sobre todo el Estado y la población. La ley que la regula es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que la divide en Organización Central, organización territorial, Administración General del Estado en el Exterior y Sector Público Institucional
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
CENTRAL TERRITORIAL EXTERIOR INSTITUCIONAL
Todo el Parte del territorio fuera Todo el
Estado Estado de España Estado
Gobierno Delegados y Embajadores y Entidades
Subdelegados representantes Públicas
del Gobierno de Organizacio Institucionales
y Directores nes Internacio-
insulares nales
En el cuadro anterior, vemos la clasificación de
la Administración general del Estado, des el punto de vista territorial y el de representación
Organización central
La LRJSP señala que la Administración general del Estado está formada por órganos jerárquicamente ordenados y actúa con personalidad jurídica única. Su organización se basa en los principios de división funcional (Ministerios) y gestión territorial (Delegaciones del Gobierno en las CCAA).
Existen dos tipos de órganos en la estructura interna de los Ministerios: los superiores, que establecen los planes de actuación de la Organización situada bajo su responsabilidad y los directivos, que son los encargados del desarrollo y la ejecución de los planes de actuación.
Dentro de los órganos superiores se sitúa el Ministro, con una doble naturaleza: política y administrativa, por debajo de él, los secretarios del Estado.
Los órganos Superiores son:
Ministros
Secretarios de estado
Subsecretarios
Los órganos directivos son:
Secretarios Generales Técnicos
Secretarios generales
Directores Generales
Subdirectores Generales
La Administración General del Estado se organiza y actúa con pleno respeto al principio de legalidad, de acuerdo con los siguientes principios:
De organización: jerarquía, desconcentración funcional y territorial, descentralización funcional, economía, suficiencia y adecuación estricta a los fines institucionales, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y coordinación
De funcionamiento: eficacia, eficiencia, programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y los resultados, responsabilidad por la gestión pública, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, servicio efectivo a los ciudadanos, objetividad y transparencia, y cooperación y coordinación con las otras AP
Organización territorial
La Organización territorial de la Administración General del Estado incluye los órganos con competencia territorialmente limitada
Las divisiones generales del territorio son dos: la regional (territorio de las distintas CCAA) y la provincial. El Estado despliega actuaciones en ambas a través de los Delegados del Gobierno, Subdelegados y Directores Insulares.
En relación con este punto, se analizará en temas posteriores.
Administración General del Estado en el exterior
Es la encargada de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la actividad del Estado en otros países y organismos internacionales. Está regulada por la Ley de Acción del Servicio Exterior del Estado, que dota de un poder relevante a los embajadores al depender y coordinar estos órganos de acción exterior
Las instituciones y órganos que forman parte del Estado en el exterior son:
Misiones diplomáticas Permanentes ante Estados, es decir, coordinan la acción exterior de España ante los Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas
Misiones diplomáticas especiales: representan temporalmente al Reino de España ante uno o varios Estados para un cometido concreto, o ante uno o varios Estados donde no existe Misión diplomática permanente
Representaciones Permanentes: representan a España ante la Uníón Europea o una Organización Internacional
Delegaciones: representan al Reino de España en un órgano de una Organización Internacional, en una Conferencia de Estados convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios o en un acto concreto organizado por un tercer Estado para el que se requiere conformar una delegación con carácter oficial
Oficinas consulares: ejercen las funciones consulares y especialmente prestan asistencia y protección a los españoles en el exterior
Instituciones y Organismos Públicos de la Administración general del Estado en el exterior: no tienen carácter representativo del Estado español y cumplen funciones propias de la actividad que realizan estos organismos en el extranjero 8por ejemplo el Instituto Cervantes)
Centrándonos en el punto de las Misiones Diplomáticas Permanentes, su jefatura corresponde al Embajador. El Rey acreditará, mediante las correspondientes cartas credenciales, a los jefes de la misión Diplomática y Representación Permanente
Estos jefes, son dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representan al conjunto de la Administración del Estado y ejercen la jefatura superior de todo el personal de la Misión o Representación permanente
Los embajadores serán designados y cesados por real decreto legislativo acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de entre los funcionarios de la Carrera Diplomática, sin perjuicio de que el gobierno pueda nombrar a personas no pertenecientes a dicha carrera.
La organización de la Misión Diplomática o Representación Permanente es la siguiente:
Jefatura
Jefatura de la Cancillería Diplomática
Consejerías. Agregaduría. Oficinas sectoriales. Oficinas económicas y comerciales. Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales. Centros de Formación de la Cooperación española e Instituto Cervantes: son órganos técnicos especializados que, bajo la dependencia del embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico asistiendo a la Misión en sus funciones
Sección de Servicios comunes
En cuanto a los consulados, son representaciones permanentes que mantienen el Estado en otros países con el fin de proteger y auxiliar a los españoles que residan en ellos o que estén de visita, y de fomentar las relaciones comerciales
Existen dos tipos de oficinas consulares:
Consulado General: oficina consular de primera categoría, con independencia de la extensión de su circunscripción.
Consulado
Además, ambas se pueden descentralizar para realizar la gestión de las actividades y crear agencias consulares situadas en ciudades distintas de los consulados y consulados generales
Las oficinas consulares honorarias pueden ser, a su vez, Consulados y Viceconsulados Honorarios, cuyos funcionarios no son funcionarios de carreras diplomáticas
Este cónsul honorario no suele ser español y solamente es competente para ejercer un numero limitado y secundario de funciones consulares
Los ámbitos de la acción exterior son: derechos humanos, tributarios, justicia, seguridad pública e interior, economía, comercio, financiero y apoyo a la internacionalización de la economía, investigación, desarrollo e innovación, emigración e inmigración, cultura, educación, deporte, turismo, agricultura, pesca, alimentación y medioambiente, cambio climático, salud, energía e infraestructuras, vivienda y transporte
Administración institucional del Estado
Está constituida por entidades de naturaleza inicial creadas por otra AP para el desempeño de funciones que son competencia de la administración matriz o de actividades privadas para las que dichas administraciones tienen plena capacidad jurídica.
La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece las siguientes entidades que conforman el sector público institucional estatal:
Organismos Autónomos, por ejemplo, el FOGASA
Entidades públicas empresariales, por ejemplo, RENFE
Autoridades administrativas independientes, por ejemplo, Comisión Nacional de Mercado de Valores (Bolsa)
Sociedades Mercantiles Estatales, por ejemplo, Correos
Consorcios, por ejemplo, Instituto de Astrofísica de Canarias
Fondos carentes de personalidad jurídica, por ejemplo, Fondo de inversión local
Fundaciones del Sector Público, por ejemplo, Fundación Víctimas del Terrorismo
Órganos consultivos
Las funciones públicas, en ocasiones, pueden requerir apoyos en sus tomas de decisiones, y, con este fin, nacen estos órganos consultivos como, por ejemplo, el Consejo Superior Agrario, etcétera
En general, estos órganos son colegiados y adscritos a un Ministerio, si bien también existen órganos unipersonales como las Asesorías Jurídicas o los Secretarios Generales Técnicos
Además de ellos, existen también órganos consultivos de composición representativa, que integran intereses sociales o económicos, como, por ejemplo, El Consejo Nacional de Transportes Terrestres
Los más destacados son:
El Consejo de Estado. Es el más importante y está regulado en la CE.
Está formado por su presidente y los consejeros (son de tres tipos: permanentes, natos y electivos) y el Secretario General, que se integran en el Pleno, la Comisión Permanente y las Secciones. Para la preparación de dictáMenes, el Consejo cuenta con un cuerpo de Letrados
El Consejo de Estado es el Supremo Órgano consultivo del gobierno y su dictamen es preceptivo en determinadas materias que recoge su Ley Orgánica reguladora.
El Consejo Económico y Social. Es una Entidad de Derecho Público de naturaleza consultiva y de carácter representativo, que tiene personalidad jurídica propia para dotarle de más independencia.
Realiza funciones consultivas en materia socioeconómica y laboral, y se integra por representantes de organizaciones sindicales y empresariales y por técnicos muy preparados en estos ámbitos
Control de la Administración
Debido a las numerosas atribuciones que tienen las Administraciones Públicas, requieren numerosos recursos económico financieros y, para que éstos se apliquen a sus objetivos, se establecen unos mecanismos de control que pueden ser de dos tipos:
Control interno: se ejerce por la Intervención General del Estado (IGAE), que depende de la Secretaria de Estado de Presupuesto y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; en cada Ministerio existe una Intervención delegada del IGAE. Su función principal e examinar que la actividad del sector público se ajusta a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia en lo que se refiere al empleo de los medios económicos de los que dispone La Administración general del Estado
Control externo: mecanismo que no pertenece a la Administración del Estado y que se encuentra encarnado en el Tribunal de Cuentas. Depende de las Cortes Generales que, por delegación de éstas, examina y comprueba la Cuenta General del Estado
Por otro lado existen en la Administración general del Estado otros órganos que realizan actividades de control no estrictamente económico financieras, como son las Inspecciones Generales de Servicios de cada ministerio o Agencias de Evaluación y Calidad
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