Durante el bienio reformista, antes de la aprobación de la nueva Constitución, se llevaron a cabo una serie de reformas que pretendían la modernización social y política de España.

Reforma Educativa

El Gobierno de Azaña decidió cambiar los métodos y los profesores religiosos por unos más partidarios de una enseñanza progresista, mejorando así el sistema educativo. A pesar de que muchas de las medidas aprobadas tenían como referencia la legislación de los países avanzados, existían otras que, por el contrario, eran demasiado agresivas y fomentaban el enfrentamiento entre la opinión católica y el régimen republicano, como la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas. Aun teniendo en cuenta la decidida voluntad de la República, no fue posible eliminar el monopolio docente de la Iglesia por falta de tiempo y de dinero.

Reforma Religiosa

En la reforma religiosa se incidió en la neta separación de la Iglesia y el Estado, plasmada en una serie de leyes (matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas). Su relación con la reforma educativa, basada en los principios de la coeducación y en el laicismo, chocó frontalmente con la Iglesia y los sectores católicos.

Reforma Militar

Se produjo también una reforma militar que pretendía modernizar el Ejército, ya que la abundancia de mandos, la escasa formación dada a los soldados y la antigüedad de sus materiales habían hecho que perdiera capacidad técnica. Una de las primeras ideas de Azaña fue conceder a gran parte de los oficiales la jubilación anticipada con el sueldo íntegro. De ese modo, se redujo la oficialidad. Además, se disminuyeron la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil (anulación de la Ley de Jurisdicciones de 1906) y se llevó a cabo el cierre de la Academia General de Zaragoza, dirigida entonces por el general Franco. Estas reformas no fueron del agrado de muchos sectores del Ejército, debido a que consideraban que estas medidas tenían como propósito debilitar el poder y el prestigio de los militares.

El descontento estalló el 10 de agosto de 1932, cuando el general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla contra la República. Finalmente fracasó, lo que llevó a que centenares de militares fueran destituidos y destacados monárquicos detenidos. Además, un tribunal militar condenó a muerte a Sanjurjo. No obstante, la pena fue sustituida por cadena perpetua.

Reforma Agraria

Se llevó a cabo, además, una reforma agraria, para realizar una distribución más justa de la propiedad. Para esto era necesario aprobar una ley que expropiara grandes tierras y las repartiera entre los campesinos que no poseían ninguna, pero el proyecto de la reforma agraria chocaba con la resistencia de los latifundistas y de los partidos de derecha y centro. El fortalecimiento de Manuel Azaña, por el fracaso del levantamiento monárquico, hizo que se aprobara la Ley de Bases de Reforma Agraria (9 de septiembre de 1932). Esta ley autorizaba la expropiación con indemnización. La burocracia, los elevados costes de la expropiación y las resistencias de los propietarios afectados por esta reforma, solo permitirían recibir tierras a unas doce mil familias en los dos años siguientes.

Leyes Laborales

Con respecto a las leyes laborales, los enfrentamientos sociales en la España rural empujaban a conceder satisfacciones inmediatas: extensión del campo de la jornada de ocho horas, prolongación de los contratos de arrendamiento de tierras, Decreto de Términos Municipales que obligaba a emplear preferentemente a los braceros del municipio en que se realizaran las labores agrícolas, y laboreo forzoso de tierras allí donde existiesen braceros en paro. Además, los jurados mixtos de empresarios y obreros impulsarían un alza notable de los salarios agrarios. Cabe destacar el descenso del nivel de conflictividad en el sector, buscando el sindicato socialista el consenso con la patronal y su fortalecimiento como interlocutor, frente al radicalismo de anarquistas y comunistas.

Estatutos de Autonomía

Finalmente, en cuanto a los estatutos de autonomía, la Constitución definía a España como Estado “integral” con opción a la autonomía para una o varias provincias colindantes cuyos electores o ayuntamientos así lo decidiesen por mayoría de dos tercios, siempre con la aprobación posterior del Parlamento. El 9 de septiembre de 1932, Azaña forzó la aprobación del Estatuto de Cataluña, que naufragaba en el Congreso por las acometidas de la derecha y el centro y el poco entusiasmo de la coalición gubernamental. En el País Vasco, la división de los ciudadanos respecto a su autonomía regional ofrecía un panorama político bien distinto del de Cataluña. Para los socialistas y republicanos, el Estatuto de Autonomía era un asunto menor. Además, los nacionalistas y tradicionalistas sacaron adelante en 1931 un proyecto, el Estatuto de Estella, que fue rechazado por su carácter confesional.

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