La Década Moderada (1844-1854). El reinado de Isabel II vino marcado por la pugna entre las dos caras del liberalismo: moderados y progresistas. Los moderados fueron el partido más importante y su ideología era la siguiente: soberanía compartida entre el rey y las Cortes, poder legislativo débil y ejecutivo fuerte, Cortes bicamerales con el senado elegido por designación real, ayuntamientos elegidos por el rey, sufragio censitario muy restringido, legislación favorable a los grandes latifundistas, y defensa del orden público (pocos derechos individuales, censura y policía poderosa). Fue un partido con muy poco apoyo popular y que defendía los intereses de los más ricos (especialmente de los terratenientes) pero que contaba con las simpatías de Mª Cristina e Isabel II. La ideología de los progresistas se basaba en: soberanía nacional, poder legislativo fuerte y ejecutivo débil, ayuntamientos elegidos por sufragio universal, Cortes bicamerales con el senado también electivo, sufragio censitario amplio, y legislación favorable a los industriales y comerciantes. Los progresistas contaban con el apoyo decidido de la burguésía urbana industrial y comercial y con la simpatía de las clases populares, aunque este último grupo les acabarán abandonando debido a su no defensa del sufragio universal. Ante el poco apoyo que tuvieron en la corte intentaron llegar al poder mediante la revolución y el pronunciamiento militar, sistema este último también utilizado por los moderados, de ahí la importancia que jugarán en política a lo largo del todo el Siglo XIX los altos cargos militares (espadones). La primera medida como reina de Isabel II fue permitir la vuelta a España de su madre Mª Cristina que automáticamente se hizo con el control de su hija. Inicialmente fue nombrado jefe de gobierno otro progresista, Olozaga, pero como continuaban activas numerosas revueltas (reprimidas con crueldad por Narváez) la reina le cesó y nombró a un moderado, González Bravo (1843). Este gobierno llevó adelante una clara política anti-progresista: disolución de la Milicia Nacional, detención de los líderes de este partido, vuelta a la Ley Municipal de 1840, cierre de periódicos y ejecución de muchos de los revoltosos, generalmente progresistas radicales.  Esta actuación provocó una revuelta militar progresista en Cartagena y Alicante que fue de nuevo reprimida por Narváez con su dureza habitual (200 muertos) y que le convirtió en el principal dirigente moderado y jefe de gobierno a partir de 1844. En los siguientes diez años (1844-54), Narváez controló los destinos de España, bien gobernando directamente o bien en la sombra.  En 1845 se elabora una nueva Constitución con las siguientes carácterísticas: Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, derechos teóricos que luego debían de ser concretados en leyes, religión católica única permitida, aumento del poder del rey, Senado con miembros vitalicios por designación real, Congreso elegido por sufragio censitario, ayuntamientos elegidos por el rey, disolución de las Cortes cuando el rey quiera, y supresión de la Milicia Nacional.  Al igual que en otros gobiernos, se produjo también una importante legislación ordinaria, aunque se mantuvieron muchas de las leyes progresistas de la época de Mendizábal: fin de la desamortización (1844), Ley de Imprenta (vuelta de la censura), fundación de la Guardia Civil (1844) por el Duque de Ahumada, reorganización de la administración (fortalecimiento del centralismo, aumento del poder de los gobernadores civiles y militares), 

 Plan Pidal (1845) o reforma educativa predecesora de la futura Ley Moyano, reforma de la hacienda (Ley Mon-Santillán 1845) con la creación de varios impuestos universales: directos (aplicados sobre actividades industriales, agrícolas y comerciales y una contribución territorial sobre las propiedades inmobiliarias urbanas) e indirectos (impuesto de sucesiones, tarifas aduaneras y “consumos”, aplicados al precio de una serie de productos básicos), ley electoral de 1846 que permitía el voto a 100.000 personas (0’8 % de la población), creación de un Código Penal a imitación del francés (1848), proyecto de un Código Civil, adopción del sistema métrico decimal, y Concordato con Roma (1851), que puso fin a las disensiones provocadas por la Guerra Carlista: el Papado aceptó la desamortización y reconocíó a Isabel II como reina a cambio de respetar el resto de los bienes eclesiásticos, financiar a la iglesia española a través de un impuesto especial, dar a la iglesia el monopolio de la educación, y dejar en sus manos la censura.  Durante estos diez años, los moderados se enfrentaron a una serie de importantes problemas políticos. Entre 1846-1850 tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista o Guerra del Matiners, provocada por el intento fracasado de casar a Isabel II con el pretendiente carlista Carlos VI, Conde de Montemolín y que consistíó en una fracasada guerra de guerrillas en Cataluña. En 1848, y a imitación del resto de Europa, se produjo una oleada de huelgas y sublevaciones populares reprimidas sin contemplaciones. Pero lo más grave ocurriría durante el gobierno de Bravo Murillo (1851-52). Este político moderado intentó reformar la Constitución para volver a una monarquía absolutista similar a la de Fernando VII. Tanto progresistas como moderados rechazaron esta idea lo que le llevó a dimitir provocando la desuníón, el enfrentamiento y el desprestigio de su partido. En 1854, el general O’Donell encabeza un pronunciamiento militar contra el gobierno moderado. Sus tropas chocan con las gubernamentales en la Vicalvarada, batalla que queda indecisa. O’Donell acampa con su ejército a las afueras de Madrid y publica el Manifiesto del Manzanares en el que se defiende la creación de una nueva constitución, el cambio de la ley electoral y de imprenta, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional.  Estas actuaciones llevan a los progresistas a unirse al pronunciamiento y a que se le sumen otros mandos y unidades militares (como el general Serrano), así como a levantamientos populares en su apoyo. Finalmente, Isabel II cede y los sublevados se hacen con el poder. Muchos progresistas exiliados vuelven a España, incluido Espartero que se convierte en el jefe de este partido. Inicialmente se crea un gobierno provisional encabezado por Espartero y O’Donnell cuyas principales medidas fueron la vuelta de la Milicia Nacional, de la Ley Municipal de Cádiz y la preparación de nuevas elecciones.  Es ahora cuando aparecen nuevos partidos políticos entre los que destacan los siguientes. La Uníón Liberal: será un partido fundado por O’Donnell y Serrano con una tendencia centrista, agrupando a los progresistas y moderados menos radicales. El Partido Demócrata: estará compuesto por los progresistas más radicales que defendían el sufragio universal, los derechos colectivos, las Cortes unicamerales y la Soberanía Popular, aparecíó en 1849. El Partido Republicano es el más extremista de todos ya que defiende la supresión de la monarquía y la creación de una república federal con ideas similares a las de los demócratas.