El gobierno republicano-socialista (1931-1933)

Formación y composición

Tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931, Niceto Alcalá Zamora confirmó a Manuel Azaña como jefe de gobierno. Este gobierno, formado por republicanos de izquierda y socialistas, excluía a los radicales de Lerroux y mantenía buena parte de los nombres del segundo gobierno provisional (octubre-diciembre de 1931), como Álvaro de Albornoz (PRRS), Santiago Casares Quiroga (ORGA), Marcelino Domingo (PRRS), José Giral (AR), Francisco Largo Caballero (PSOE), Indalecio Prieto (PSOE) y Fernando de los Ríos (PSOE).

Programa reformista

El gabinete republicano-socialista continuó el programa reformista del periodo constituyente, abordando las siguientes cuestiones:

Legislación social

Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Largo Caballero, se profundizó en la legislación social iniciada en los primeros meses de la República. Se aprobaron medidas como la jornada laboral de ocho horas, la prohibición de la contratación de jornaleros fuera del municipio, el estímulo de los salarios y la negociación colectiva (Ley de Contrato de Trabajo), y el arbitraje para la solución de conflictos laborales.

Reforma educativa

Desde el Ministerio de Instrucción Pública, se duplicó el número de escuelas primarias y se crearon las misiones pedagógicas para combatir el analfabetismo. Además, se prohibió la actividad pedagógica de las órdenes religiosas, en línea con la secularización del Estado promovida por la Constitución. El objetivo era la extensión de una escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita.

Modernización del Ejército

Azaña, quien compaginó la presidencia del gobierno con el Ministerio de Guerra, continuó la modernización del Ejército iniciada en el periodo anterior (Ley de Retiro de la oficialidad, cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, derogación de la Ley de Jurisdicciones). Destaca la Ley de Reclutamiento y Ascensos de la oficialidad, que reservaba el 60% de las plazas de academias militares a los suboficiales y exigía a los demás aspirantes el título de bachiller y el cumplimiento del servicio militar. Estas medidas buscaban eliminar el espíritu de casta en el ejército y asegurar su colaboración en la defensa del nuevo régimen.

Reforma agraria

Este ambicioso proyecto buscaba solucionar los problemas del latifundismo, el absentismo, el bajo rendimiento agrícola y el «hambre de tierras». Consistía en la expropiación (con o sin indemnización) de fincas no explotadas directamente por sus propietarios o cultivadas deficientemente, y en el asentamiento de labradores en régimen de arriendo. La aplicación de esta ley, encomendada al Instituto de la Reforma Agraria, tuvo resultados iniciales escasos debido al limitado presupuesto para indemnizaciones, la fuerte oposición de los propietarios y la lentitud del proceso burocrático.

Cuestión territorial

Tras definir la Constitución al Estado como «integral» (ni unitario ni federal), se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña (septiembre de 1932) y se inició un proceso estatutario en el País Vasco.

Conflictividad social y oposición

La actividad reformista generó la animadversión de amplios sectores. El movimiento obrero la consideró insuficiente, lo que provocó un aumento de la conflictividad (huelgas, ocupación de tierras) promovida por la CNT y la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT). La represión de algunos episodios (Casas Viejas) desgastó al gobierno. Las derechas, alentadas por el laicismo, el reformismo y la conflictividad social, se reorganizaron en torno a la CEDA, Renovación Española, las JONS y Falange. Finalmente, algunos sectores del ejército, buscando aprovechar el descontento conservador, intentaron un golpe de Estado (Sanjurjo, 10 de agosto de 1932).

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