20 Dic
El Sexenio Democrático y la Primera República (1868-1874)
El Sexenio Democrático comienza con el Pacto de Ostende, un acuerdo entre progresistas y demócratas para derrocar a Isabel II. Posteriormente, se les une Serrano y la Unión Liberal. La crisis económica facilitó la participación de las masas populares en la Revolución de 1868, mientras que la crisis política de la monarquía actuó como detonante final. Surgieron las juntas revolucionarias, que fueron disueltas por el gobierno provisional de Prim y Serrano. Se convocaron Cortes Constituyentes por sufragio universal, donde obtuvo representación el Partido Republicano Federal. Estas Cortes aprobaron la Constitución de 1869, que establecía la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos y libertades del ciudadano y la monarquía parlamentaria.
Se escogió como rey a Amadeo I de Saboya. Durante su breve reinado, tuvo que hacer frente a diversos problemas: el asesinato de Prim, la oposición de los monárquicos tradicionales, de los alfonsinos, del republicanismo federalista, las agitaciones obreras y la crisis colonial. Tras el fracaso de Amadeo de Saboya, se proclamó la Primera República (1873-1874), que tuvo cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. La Primera República finalizó con el golpe militar del general Pavía.
La Primera República se enfrentó a la oposición de los sectores conservadores, los carlistas y los alfonsinos. Además, entre sus partidarios hubo divisiones (federalistas y unionistas) y confusión sobre los objetivos políticos. Se aprobó una nueva constitución en 1873, se abolió la esclavitud y se suprimieron las quintas. La República tuvo que hacer frente a las tensiones sociales (campesinos sin tierra de Andalucía, reivindicaciones obreras), la insurrección cantonal, la guerra en Cuba y una nueva guerra carlista. Cánovas del Castillo preparó la vuelta de los Borbones (Manifiesto de Sandhurst), pero fue el golpe de Martínez Campos el que permitió la llegada de Alfonso XII como nuevo rey.
Características del Antiguo Régimen
La expresión Antiguo Régimen designa al período de la historia anterior a la Revolución Francesa, a las revoluciones liberales y a la industrialización. Se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, aunque mediatizada por la fuerte presencia de la Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias) y la existencia de instituciones representativas de los distintos estamentos (Cortes).
La economía era fundamentalmente agraria, con una gran presencia de la nobleza y la Iglesia como propietarios. Además, los patrimonios de la nobleza estaban vinculados, no podían venderse (mayorazgos), lo que dificultaba el acceso a la tierra de los campesinos. Una buena parte de los campesinos vivían en señoríos, sometidos a la jurisdicción de los señores y debiendo abonar los correspondientes tributos por el uso de la tierra. La industria era artesanal y el comercio tenía serios obstáculos debido a la lentitud y carestía de los medios de transporte. La sociedad se basaba en el privilegio, en la desigualdad jurídica de los grupos privilegiados (nobleza y clero), y en el nivel económico de las personas, cuestiones no siempre coincidentes. Su fin llegó con la irrupción del liberalismo y el triunfo del capitalismo.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Las Cortes de Cádiz se reunieron en esta ciudad en 1810 a propuesta del Consejo de Regencia, órgano que había surgido tras la disolución de la Junta Suprema Central. La situación en España era crítica. Con todo el país, excepto Cádiz, ocupado por el ejército francés, la monarquía de José I Bonaparte parecía consolidada. La Guerra de la Independencia entraba en una fase de guerrillas, sistema de resistencia contra los franceses, pero con un resultado final incierto. Controlados los caminos por los franceses, algunos diputados que viajaban hacia Cádiz tardaron meses en llegar a la ciudad. Fueron sustituidos provisionalmente por gaditanos cuando, en septiembre de 1810, se reunieron las Cortes. Los representantes convocados a Cortes pertenecían mayoritariamente a las clases medias ilustradas del país. El prestigio que tenía la Iglesia entre la sociedad se refleja en el gran número de diputados eclesiásticos, superior al de abogados, militares o funcionarios. Las posturas de los diputados iban desde los partidarios del absolutismo tradicional, enemigos de toda reforma, a una amplia mayoría, partidarios de aprovechar para liquidar el Antiguo Régimen, que empezaron a ser conocidos con el nombre de liberales.
Las Cortes se trasladaron a Madrid en 1814 cuando, ya acabada la Guerra de la Independencia, se esperaba la llegada de Fernando VII. La normalización del país tras la guerra permitiría poner en práctica la Constitución. Pero Fernando VII firmó un decreto en mayo de 1814 donde anulaba la Constitución y las leyes de Cádiz y restauraba el absolutismo.
La Desamortización de Mendizábal (1836)
Durante los años de la Regencia de María Cristina (1833-1843), tuvo lugar en España el proceso de liquidación del Antiguo Régimen y el tránsito hacia un Estado liberal. En su aspecto político, el Estado liberal se caracteriza por ser constitucional y parlamentario. Los ciudadanos tienen en él sus derechos garantizados por la constitución. Para lograr estos objetivos, los partidos liberales y, en especial, el partido progresista, realizaron un importante esfuerzo, especialmente durante los años 1836 y 1837. Los progresistas comenzaron la tarea de modernizar la economía española. La agricultura era en estas fechas la más importante de las actividades económicas de España, pues generaba más de la mitad de la renta nacional. Su productividad se hallaba completamente estancada. Su sistema de propiedad presentaba el contraste de unos pocos propietarios, aristocracia y religiosos, que poseían grandes latifundios, en oposición a grandes masas de campesinos que trabajaban las tierras y que vivían en la miseria. Este desigual reparto suponía la eternización de la deficiente productividad agrícola porque los propietarios no estaban interesados en invertir en cambios tecnológicos o nuevos cultivos, bien por no necesitar mayor beneficio.
Era necesario pasar a un nuevo sistema de propiedad privada de la tierra. En 1836 se inició en España el proceso de liberalización de la agricultura a base de tres medidas del gobierno progresista: la disolución del régimen señorial, la desvinculación y supresión de los mayorazgos y la desamortización. Otras circunstancias explican también las medidas del gobierno: por una parte, la necesidad de recaudar fondos para financiar la Guerra Carlista, que había comenzado hacía tres años; y, por otra, sanear la considerable deuda nacional. El presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria y, a continuación, procedió a realizar la incautación de sus propiedades. Estos bienes incautados fueron luego tasados y vendidos en subasta. El dinero obtenido pasó al presupuesto de la nación. Con ello se pensaba debilitar también la influencia de la Iglesia, inclinada hacia el carlismo, y crear una capa de nuevos propietarios rurales, que activarían la producción agrícola y se convertirían en fieles defensores de la causa liberal.
La Institución Libre de Enseñanza
La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pedagógico de carácter privado, al margen de la educación pública, que se concretó en la creación de una escuela universitaria y de secciones de enseñanza primaria y secundaria. Al no ser reconocidos sus títulos universitarios por el Estado, acabó siendo sólo un centro de enseñanza primaria y secundaria de enorme prestigio aunque, como centro libre, sus alumnos se vieran obligados a examinarse en algún Instituto Público para obtener el título reconocido oficialmente. Se creó en 1876, en los inicios de la Restauración y durante los años de gobierno exclusivo de los conservadores (1875-1879). Estos primeros años de la Restauración supusieron el total control de la vida política por parte de Cánovas del Castillo frente a un partido liberal que, en proceso de formación, aún no era la alternancia política tan característica del bipartidismo, generalizado a partir de 1880.
Con el objetivo de volver a instaurar el orden y, de acuerdo con la ideología de Cánovas, se promulgaron estos años una serie de leyes complementarias a la Constitución de 1876 que clarificaban, en un sentido aún más conservador, aspectos ambiguos de ésta, y que la alejaban del espíritu de la Constitución de 1869, algunos de cuyos artículos habían pasado a la constitución canovista. Los decretos que se legislaron recortaban o anulaban la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. También, y en la misma línea conservadora, se fijó un censo electoral muy restrictivo, se ilegalizaron los partidos que no eran monárquicos, se dio atribuciones a la Corona para nombrar alcaldes en las grandes poblaciones y se abolieron los fueros de Vascongadas.
En la Universidad Central de Madrid, un grupo de profesores no quiso aceptar una circular del ministro Orovio en la que se fijaba el dogma oficial del gobierno en materia política, religiosa y moral al cual debía ajustarse el profesorado. Esta imposición del gobierno, opinaban, contravenía el principio de libertad de cátedra. En consecuencia, fueron suspendidos de sus puestos de trabajo. La respuesta de los profesores represaliados fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos, como fundador. El credo básico de la Institución era la neutralidad religiosa y política y la independencia total del Estado. La nueva institución educativa continuó su tarea hasta la Guerra Civil, convirtiéndose en el centro más importante de la cultura española.
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