El Reinado de Fernando VII: Absolutismo y Liberalismo

Vuelta al Absolutismo (1814-1820)

El Tratado de Valençay (1813) devolvió el trono de España a Fernando VII, marcando el fin de la guerra franco-española. A su regreso en 1814, Fernando VII, apoyado por los absolutistas, anuló la Constitución de 1812 mediante el Decreto de Valencia. Este acto supuso un golpe de estado que desmanteló la obra constitucional de Cádiz, restableciendo el Antiguo Régimen. Se eliminó la soberanía nacional, se restringieron las libertades, se restauraron los privilegios de la Iglesia y la aristocracia, y se anularon las reformas económicas y sociales. Instituciones como la Inquisición y la Mesta fueron restablecidas. La situación económica empeoró, con un déficit crónico y el inicio de la emancipación de las colonias americanas. La oposición a Fernando VII creció, manifestándose en varios pronunciamientos militares que exigían el regreso al constitucionalismo.

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Riego se sublevó en Cabezas de San Juan, exigiendo que Fernando VII jurase la Constitución de 1812. Este pronunciamiento, apoyado por diversos sectores, obligó al rey a aceptar la Constitución, dando lugar al Trienio Liberal.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Durante el Trienio Liberal, las Cortes aprobaron reformas para desmantelar el Antiguo Régimen. Entre las medidas destacaron:

• Defensa de las libertades individuales (libertad de prensa).
• Creación de un Código Penal moderno.
• Reorganización del sistema educativo.
• Nuevas políticas fiscales.

En el ámbito agrario, se intentó la desamortización de tierras, pero no favoreció al campesinado. Las políticas anticlericales, como la disolución de conventos y la supresión de la Inquisición, causaron una ruptura con la Iglesia, que apoyó el regreso del absolutismo. La oposición al régimen liberal se fortaleció entre los absolutistas, apoyados por Fernando VII, lo que llevó a la creación de la Regencia de Urgel y el apoyo a la intervención extranjera.

En 1822, los realistas se alzaron en sublevaciones. Las potencias absolutistas europeas, en el Congreso de Verona, aprobaron la intervención de Francia. En 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis invadieron España, restaurando el poder absoluto de Fernando VII y poniendo fin al régimen liberal.

La Década Ominosa (1823-1833)

Tras el fin del Trienio Liberal, se restableció el absolutismo bajo Fernando VII, dando inicio a la Década Ominosa, un período de represión. El rey anuló las decisiones de las Cortes, persiguió a los liberales y forzó al exilio a miles de ellos. Se crearon fuerzas policiales y las Juntas de Fe para llevar a cabo la represión. Figuras como el general Riego, Torrijos y Mariana Pineda fueron ejecutadas. Fernando VII desconfió del ejército y mantuvo tropas francesas hasta 1828. El reinado también estuvo marcado por la oposición de los apostólicos, un grupo ultrarreaccionario. A partir de 1825, el rey adoptó un enfoque reformista gradual, promoviendo medidas económicas como la reforma fiscal, la creación del Banco de San Fernando, el Código de Comercio y la Bolsa de Madrid. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para resolver los problemas económicos. Este tímido reformismo provocó una división dentro del bando absolutista, con los apostólicos liderados por Carlos María Isidro, hermano del rey. También surgieron movimientos de protesta como los malcontents en Cataluña.

La Revolución Liberal en Francia de 1830 aumentó la actividad conspiratoria entre los liberales, intensificando la represión gubernamental.

El Final del Reinado y el Conflicto Sucesorio

En 1829, Fernando VII se casó con María Cristina, quien quedó embarazada. El nacimiento de su hija Isabel en 1830 generó un problema sucesorio, ya que los absolutistas intransigentes apoyaban a Don Carlos, hermano de Fernando, basándose en la Ley Sálica. Para resolverlo, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción en 1830, permitiendo que una mujer pudiera reinar, excluyendo a Carlos y favoreciendo a Isabel. En 1832, los partidarios de Carlos derogaron la Pragmática Sanción, pero Fernando VII la reafirmó tras recuperarse de una enfermedad. Este conflicto no solo era una disputa de sucesión, sino también una lucha por el modelo de sociedad. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su testamento confirmó a Isabel como heredera y nombró a María Cristina regente. Ese mismo día, Don Carlos se proclamó rey, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.

Contexto Histórico Previo

El Reinado de Carlos IV

Carlos IV sucedió a su padre Carlos III en 1788, en un reinado marcado por la Revolución Francesa. Inicialmente, el conde de Floridablanca fue su primer ministro, optando por la neutralidad ante Francia. En 1792, Manuel Godoy asumió como primer ministro. En 1793, Francia declaró la guerra a España, concluyendo con la Paz de Basilea (1795). En 1796, España y Francia firmaron el Tratado de San Ildefonso, aliándose contra Inglaterra y Portugal, lo que trajo graves consecuencias como la derrota en Trafalgar (1805). En 1807, el Tratado de Fontainebleau permitió a tropas francesas atravesar España para invadir Portugal, generando sospechas de ocupación. En 1808, el motín de Aranjuez forzó a Carlos IV a destituir a Godoy y abdicar en favor de Fernando VII.

Napoleón atrajo a Carlos IV y Fernando VII a Bayona, donde ambos renunciaron al trono, entregándolo a Napoleón, quien lo cedió a su hermano José Bonaparte. El 2 de mayo de 1808, el pueblo madrileño se rebeló contra la ocupación francesa.

La Guerra de la Independencia (1808-1814)

La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto de liberación contra la invasión francesa, pero también un enfrentamiento interno entre los que apoyaban a José I Bonaparte (los afrancesados) y los que defendían la legitimidad de Fernando VII. Este último grupo se dividió entre liberales y absolutistas. La guerra tuvo varias etapas:

• Hasta noviembre de 1808: Etapa de euforia de la resistencia española, con victorias como la de Bailén.
• De noviembre de 1808 a enero de 1812: Napoleón dirigió personalmente las campañas militares en España.
• De 1812 a 1814: El imperio napoleónico tuvo problemas en Europa, y la iniciativa de la guerra la tomaron los rebeldes.

En 1813, con el Tratado de Valençay, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España, aunque las tropas francesas no se retiraron completamente hasta 1814.

Formación de Juntas y Convocatoria de Cortes

En mayo de 1808, tras la partida de la familia real a Bayona, surgieron juntas locales en España. Estas juntas se unieron en juntas supremas provinciales, y en septiembre de 1808, la Junta de Valencia creó la Junta Central Suprema. En 1810, esta Junta traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia, que se trasladó a Cádiz. Mientras tanto, tras las abdicaciones de Bayona, Napoleón nombró a su hermano José I como rey de España, quien juró la Constitución de Bayona. Debido a las derrotas en Arapiles y Vitoria, tuvo que abandonar Madrid y finalmente salir de España.

Las Cortes de Cádiz

El proceso de convocatoria de las Cortes de Cádiz generó divergencias entre los asistentes. Los liberales, partidarios de la soberanía nacional, se enfrentaron a los jovellanistas y a los absolutistas. Finalmente, se convocó una asamblea única en la que todos los diputados tenían el mismo voto. Las Cortes de Cádiz, dominadas por el sector liberal, proclamaron principios contrarios al Antiguo Régimen, como la soberanía nacional, la división de poderes y la creación de una Constitución. Adoptaron medidas como la abolición de los privilegios feudales, la libertad de imprenta, la supresión de la Inquisición y la creación de una Milicia Nacional. Además, comenzaron la desamortización de bienes del clero. La labor más importante de estas Cortes fue la promulgación de la primera Constitución española, en 1812.

La Constitución de 1812

En diciembre de 1810, se creó una comisión para redactar la Constitución de 1812, presidida por Muñoz Torrero. La Constitución fue resultado de un compromiso entre liberales y absolutistas, favoreciendo a los primeros, pero reconociendo los derechos de la religión católica. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812, y se conoce como «la Pepa«. La Constitución de 1812 establecía los siguientes puntos clave:

• Soberanía nacional: La autoridad residía en la nación representada por las Cortes.
• Monarquía limitada: El rey era constitucional y su poder estaba controlado por las Cortes.
• División de poderes: El poder legislativo lo compartían el rey y las Cortes, el ejecutivo era del rey, y el judicial correspondía a los tribunales.
• Cortes unicamerales: Elegidas por sufragio universal masculino indirecto.
• Derechos fundamentales: Se garantizaban derechos como igualdad ante la ley, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio y derechos educativos.
• Catolicismo como religión oficial: Aunque se garantizaba la libertad religiosa, el catolicismo era la única religión reconocida.
• Estado unitario y centralizado: Con una estructura provincial y centralizada.

Además, se promovieron medidas como la libertad de imprenta, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio, y la educación primaria pública y obligatoria.

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