La Crisis de 1808 y la Guerra de Independencia

El reinado de Carlos IV (1788-1808) marcó el inicio de la crisis del Antiguo Régimen en España. A diferencia de su padre, Carlos III, Carlos IV no tuvo la capacidad ni el carácter necesarios para enfrentar los problemas de su tiempo. Su gobierno estuvo condicionado por el estallido de la Revolución Francesa en 1789, lo que provocó temor en Europa, especialmente en España, debido a su cercanía con Francia y los lazos familiares entre ambas monarquías. Durante el siglo XVIII, la política exterior española, bajo los Borbones, había estado marcada por la alianza con Francia a través de los Pactos de Familia, pero la Revolución Francesa obligó a replantear esta relación, que atravesó tres fases: una primera de neutralidad (1789-1792), una segunda de guerra (1793-1795) y una tercera de alianzas (1796-1808). En un primer momento, bajo el gobierno de Floridablanca, España optó por la neutralidad y reforzó la represión interna para frenar las ideas revolucionarias. Sin embargo, tras la ejecución del rey francés Luis XVI en 1793, España declaró la guerra a Francia. Durante la Guerra de la Convención (1793-1795), España sufrió derrotas y firmó la Paz de Basilea, cediendo la parte oriental de La Española (actual República Dominicana). Durante este periodo, Manuel Godoy, favorito de la reina María Luisa, ascendió al poder y se convirtió en la figura más influyente del gobierno.

Posteriormente, en la fase de alianzas, España firmó con Francia los Tratados de San Ildefonso (1796 y 1800), renovando su alianza y enfrentándose a Inglaterra y Portugal. Esto tuvo consecuencias negativas: la Armada hispano-francesa fue derrotada en Trafalgar (1805), España perdió su poder naval, y el comercio con América se vio afectado por el bloqueo británico. Además, la crisis económica interna, marcada por malas cosechas y la amenaza de bancarrota, generó descontento y aumentó la impopularidad de Godoy.

En 1807, Napoleón y Godoy firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía a las tropas francesas atravesar España para invadir Portugal. Sin embargo, las sospechas sobre las intenciones de Napoleón aumentaron cuando las tropas francesas ocuparon varias ciudades españolas. Godoy intentó trasladar a la familia real a Sevilla, pero el plan fue descubierto, provocando el Motín de Aranjuez en marzo de 1808. El motín, apoyado por los partidarios del príncipe Fernando, obligó a Carlos IV a destituir a Godoy y abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. No obstante, Napoleón aprovechó la situación y, mediante las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808, forzó a Carlos IV y Fernando VII a ceder la corona, entregándola a su hermano José Bonaparte. Esto provocó la rebelión del pueblo madrileño el 2 de mayo, que fue brutalmente reprimida por las tropas francesas, desatando la **Guerra de Independencia** (1808-1814). La guerra dividió a España en dos bandos. Por un lado, los partidarios de José I, conocidos como afrancesados, que apoyaban las reformas del Estatuto de Bayona, basado en un liberalismo moderado pero bajo control napoleónico. Por otro lado, la resistencia en nombre de Fernando VII, formada por liberales, que aspiraban a una monarquía constitucional, y absolutistas, que defendían el Antiguo Régimen.

El conflicto pasó por tres fases:

• La primera (1808) estuvo marcada por victorias españolas como la batalla de Bailén, que obligó a José I a abandonar Madrid.
• La segunda (1808-1812) supuso el dominio francés, aunque la resistencia popular, especialmente con la guerra de guerrillas, y el apoyo del ejército británico impidieron la completa pacificación.
• La tercera fase (1812-1814) comenzó con la derrota francesa en la batalla de los Arapiles y terminó con la expulsión de los franceses tras las batallas de Vitoria e Irún.

Finalmente, la guerra terminó con el Tratado de Valençay (1813), mediante el cual Napoleón devolvió la corona a Fernando VII, restaurando la monarquía en España.

El Reinado de Fernando VII y sus Etapas

Tras las guerras napoleónicas, comenzó en Europa la Restauración, caracterizada por el retorno de los monarcas legítimos y el restablecimiento de los regímenes absolutistas destruidos por la Revolución Francesa. En España, la vuelta de Fernando VII supuso la anulación de las reformas liberales y la restauración de la monarquía absoluta. Este reinado está dividido en tres etapas:

Restauración del Absolutismo (1814-1820)

Fernando VII regresó a España en 1814 en un ambiente de entusiasmo popular. Sin embargo, los absolutistas le instaron a restaurar el Antiguo Régimen mediante el Manifiesto de los Persas. En mayo de 1814, el rey promulgó en Valencia un decreto que derogaba la Constitución de 1812 y disolvía las Cortes por la fuerza. Se restauraron las instituciones monárquicas de 1808, la Inquisición y los privilegios señoriales, y se persiguió a los liberales. Los gobiernos de Fernando VII fueron inestables, con continuos cambios de ministros y crisis en la Hacienda estatal, encontrada prácticamente en bancarrota y agravada por la pérdida de ingresos de las colonias americanas. Los intentos de reforma fiscal fracasaron debido a la oposición de la nobleza, clero y las órdenes militares.

Ante esta crisis, los liberales exiliados conspiraron y promovieron pronunciamientos militares que fueron reprimidos. Sin embargo, en 1820, Rafael del Riego lideró un levantamiento que obligó al rey a jurar la Constitución de 1812, iniciando el **Trienio Liberal** (1820-1823).

El Trienio Liberal (1820-1823)

Caracterizado por Fernando VII, que formó un gobierno liberal y se restablecieron las reformas de Cádiz. Sin embargo, el rey obstaculizó las leyes y usó su derecho de veto. Los liberales se dividieron en:

• **Moderados:** Grandes figuras vinculadas a las Cortes de Cádiz, que habían moderado con el tiempo sus ideas políticas y buscaban un acuerdo con las antiguas élites y el rey para que aceptaran las reformas (Francisco Martínez de la Rosa).
• **Exaltados:** Protagonistas de la reimplantación del régimen constitucional en 1820, con actitudes más radicales (Mendizábal y Alcalá Galiano).

Esta división dificultó el gobierno. Se tomaron medidas como la abolición definitiva del régimen señorial, la supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición, la desamortización de bienes eclesiásticos, se abordó una reforma eclesiástica para reducir el número de monasterios y órdenes religiosas, y también se aprobó la primera legislación sobre la enseñanza, el primer código penal, una nueva división territorial en 52 provincias, y la creación de la Milicia Nacional.

El régimen constitucional enfrentó la oposición de los Estados absolutistas europeos, la resistencia de Fernando VII, que conspiraba con la nobleza y la Iglesia, y el rechazo del campesinado, que no vio satisfechas sus demandas económicas. Los absolutistas se organizaron en torno a los realistas, quienes intentaron derrocar el gobierno liberal. En julio de 1822, la Guardia Real protagonizó un golpe de Estado promovido por el rey del 6 al 7 de julio, pero fue frenado por la Milicia Nacional.

En agosto del mismo año, se creó la Regencia absolutista de Urgel, que pretendía gobernar en nombre de Fernando VII hasta su «liberación» de los liberales, aunque fue rápidamente disuelta por el ejército. En el Congreso de Verona (1822), la Santa Alianza decidió enviar a los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés que en 1823 invadió España con el respaldo de los realistas. Sin apenas resistencia, restauraron el absolutismo.

La Década Absolutista u Ominosa (1823-1833)

Fue un periodo de represión contra los liberales, conocido como “ominosa”. Aunque se restauraron las instituciones absolutistas (excepto la Inquisición), el gobierno evolucionó hacia un reformismo moderado. La oposición más fuerte no vino de los liberales exiliados, sino de los absolutistas, que se agruparon en torno a Carlos María Isidro. La persecución llevó al exilio de miles de liberales y al uso de organismos represivos como la Superintendencia de Policía, el cuerpo de voluntarios realistas, tribunales de justicia y las Juntas de Fe.

A pesar de la crisis económica, se hicieron reformas en la Hacienda y la Administración, incluyendo la creación del Consejo de Ministros y el Banco Real de San Fernando. El problema sucesorio surgió con la Pragmática Sanción de 1830, que permitía a Isabel II heredar el trono, lo que provocó la oposición carlista. La muerte de Fernando VII en 1833 marcó el inicio de la Primera Guerra Carlista, y con Isabel II que con solo con dos años fue proclamada reina.

La independencia de las colonias españolas comenzó en 1810 en Caracas y Buenos Aires y finalizó en 1824 con la victoria en Ayacucho. Entre sus causas destacan el reformismo borbónico, que marginó a los criollos, la liberalización del comercio, la Revolución Americana de 1776 y la Francesa de 1789, además del interés del Reino Unido en mercados independientes. Los criollos, enriquecidos por el comercio, lideraron el movimiento, enfrentándose a los peninsulares. Las clases bajas no se identificaron con la independencia y en muchos casos prefirieron a los españoles. Tras la derrota de Trafalgar en 1805, España dejó América desprotegida. Durante la Guerra de Independencia española, las colonias proclamaron su lealtad a Fernando VII y crearon juntas que, en 1810, iniciaron el proceso independentista. En la primera fase (1810-1815), las juntas de Caracas, Buenos Aires y Bogotá proclamaron la separación de España. En 1814, Fernando VII recuperó el control salvo en el Río de la Plata. En México, los criollos frenaron la revolución campesina por su radicalismo. En la segunda fase (1816-1824), Bolívar y San Martín lideraron campañas decisivas. San Martín aseguró la independencia de Chile en 1817 y avanzó hasta Perú. Bolívar, tras pactar con Morillo, venció en Carabobo y Ayacucho (1824). México se independizó en 1821 bajo Agustín de Iturbide.

La independencia dejó a España reducida a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, perdiendo su poder económico y comercial en América. Las nuevas repúblicas quedaron bajo dominio criollo, pero siguieron dependiendo de potencias como el Reino Unido y EE.UU.

Las Regencias y el Problema Carlista

A la vez que moría Fernando VII y se iniciaba la guerra civil por su sucesión (1833), comenzaba también la construcción de la nueva España liberal. Al ser la reina Isabel II menor de edad, asume la regencia primero su madre, María Cristina de Borbón y, luego, el general Baldomero Espartero. Entre 1833 y 1843 se llevó a cabo el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la configuración del estado liberal. El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la reina regente María Cristina. El nuevo gabinete proponía tímidas reformas que no alteraban en lo esencial el sistema político anterior. La única reforma fue la nueva división provincial de España en 49 provincias, promovida por Javier de Burgos. La falta de reformas y la extensión de la insurrección carlista hicieron que el trono isabelino empezara a tambalearse. En enero de 1834, María Cristina llamó a Francisco Martínez de la Rosa, quien promovió el Estatuto Real de 1834. Este documento fijó reglas para la convocatoria de Cortes y reconocía unas Cortes bicamerales: Cámara de Próceres y Cámara de Procuradores, aunque el sufragio era censitario y muy restringido. Las reformas no satisfacían ni a los liberales radicales ni a los carlistas. La división entre moderados y progresistas se acentuó, formando las dos grandes tendencias políticas de la época. Las revueltas progresistas en 1835 llevaron al nombramiento de Juan Álvarez de Mendizábal, quien inició la desamortización de bienes del clero para financiar la guerra y fortalecer el régimen liberal. La resistencia conservadora llevó a su destitución en 1836. El pronunciamiento de los sargentos de La Granja obligó a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar a José María Calatrava como jefe del gobierno.

En 1837 se promulgó la Constitución de 1837, que reforzaba el poder de la Corona, establecía unas Cortes bicamerales y reconocía derechos individuales como la libertad de prensa, la división de poderes y la creación de la Milicia Nacional. Además, amplió el sufragio censitario.

La desamortización de Mendizábal consistió en la incautación y venta de los bienes del clero regular en 1836, y más tarde del clero secular en 1841. Esta medida buscaba financiar la guerra carlista, eliminar la deuda pública y ganar apoyos sociales para el régimen liberal. Aunque la medida benefició a la burguesía, también generó un proletariado agrícola y no logró una reforma agraria efectiva. En 1837 los moderados volvieron al poder y mantuvieron la Constitución de 1837, pero recortaron derechos y libertades. El conflicto con los progresistas se intensificó, especialmente tras la ley de Ayuntamientos de 1840, que restringía la autonomía municipal. Esto llevó a la salida de María Cristina y al nombramiento de Espartero como regente. Espartero impuso un régimen autoritario y aplicó medidas como la desamortización del clero secular desde 1841 y la abolición del diezmo. Su tratado de librecambio con el Reino Unido en 1842 provocó la revuelta de la burguesía catalana y el bombardeo de Barcelona. La pérdida de apoyos y las rebeliones lo llevaron a su caída en 1843, lo que aceleró la mayoría de edad de Isabel II.

Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833 y su hermano, Carlos María Isidro, reclamó el trono mediante el Manifiesto de Abrantes. El **carlismo** defendía el absolutismo, el mantenimiento del Antiguo Régimen y el sistema foral, bajo el lema «Dios, Patria y Fueros». Sus principales apoyos fueron las provincias vascas, Navarra y Cataluña. Por otro lado, el bando isabelino (o cristino), defendía la regencia de María Cristina y las reformas liberales. El conflicto pasó por dos fases:

• En 1833-1836, los carlistas, liderados por Zumalacárregui, obtuvieron victorias en el norte, pero su muerte en 1835 debilitó su causa.
• En 1836-1840, el bando liberal, bajo el mando de Espartero, ganó fuerza tras la victoria en Luchana (1836).

La guerra finalizó en 1839 con el Convenio de Vergara, firmado entre Maroto y Espartero, que garantizó la integración de los oficiales carlistas en el ejército real y el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas. La resistencia carlista en Cataluña fue sofocada en 1840, marcando el fin del conflicto.

La guerra carlista consolidó el liberalismo, fortaleció el papel del ejército en la política y justificó la desamortización de bienes eclesiásticos para financiar el conflicto. El carlismo persistió como movimiento, provocando nuevas guerras en 1846-1849 y 1872-1876.

La Década Moderada (1844-1854)

La mayoría de edad de Isabel II en 1843 marcó el inicio de la **Década Moderada**, caracterizada por el predominio del Partido Moderado en el gobierno. Tras un periodo de inestabilidad, el general Narváez asumió la presidencia en 1844, liderando cuatro gobiernos hasta 1850 y consolidando un Estado centralizado y autoritario, restringiendo las libertades progresistas y reforzando el poder de la Corona y organizando una administración centralizada como también acercándose a la Iglesia Católica. También aparecieron algunas primeras reformas moderadas caracterizadas por Narváez que impulsó un sistema político en el que primaba el orden sobre la libertad.

En 1843 se suprimió la Milicia Nacional y, en 1844, se creó la Guardia Civil bajo el liderazgo del duque de Ahumada. Este cuerpo armado con estructura militar y finalidad civil fue diseñado para garantizar el orden público, la protección de propiedades y personas, especialmente en zonas rurales, y para combatir el bandolerismo. En cuanto a la prensa, se estableció un control más estricto. Los delitos de imprenta pasaron a ser regulados por las leyes comunes, lo que facilitó la censura gubernamental. Además, se impulsó la organización de la instrucción pública mediante el Plan Pidal (1845), que estableció un sistema nacional de educación pública dividido en niveles (elemental, secundaria y universitaria), y definió los planes de estudio. Esta legislación se completó posteriormente con la Ley Moyano de 1857, la primera gran ley educativa del país.

La nueva Constitución, sancionada en 1845, reforzó el poder de la Corona y limitó la soberanía nacional, considerándola compartida entre el rey y las Cortes. Por lo que de ahí ocurrió la supresión de las limitaciones de los poderes de la reina y el aumento de sus prerrogativas con la consiguiente pérdida de autonomía de las Cortes. El Senado quedó de nombramiento real y el Congreso se eligió mediante sufragio censitario restringido. También se reconoció al catolicismo como religión oficial del Estado, reforzando la relación con la Iglesia.

Los objetivos fundamentales de estas reformas eran un orden jurídico unitario, una administración centralizada y una Hacienda con unos impuestos únicos. En 1848, se aprobó el Código Penal para uniformar la justicia. La administración territorial quedó consolidada con la división provincial de 1833 y la Ley de Ayuntamientos de 1845, que eliminó la autonomía local y puso a los municipios bajo control central. La reforma fiscal más importante fue la Ley Mon-Santillán (1845), que simplificó y modernizó el sistema tributario, promoviendo la proporcionalidad e igualdad en el pago de impuestos, aunque los indirectos perjudicaron a las clases populares. También se introdujo el sistema métrico decimal.

La segunda guerra carlista (1846-1849) conocida también como la guerra dels matiners, este conflicto se originó tras el fracaso del matrimonio entre Isabel II y Carlos VI. Aunque tuvo su mayor impacto en Cataluña, fue sofocada tras varias derrotas carlistas y la detención del pretendiente.

Posteriormente, se produjo el concordato de 1851 el cual estuvo basado en que el gobierno firmó un acuerdo con la Santa Sede, que reconoció a Isabel II como legítima monarca. El Estado se comprometió a sostener económicamente a la Iglesia, le otorgó competencias educativas y garantizó el catolicismo como religión oficial. Tras 1848, el gobierno se volvió más autoritario, especialmente bajo el liderazgo de Bravo Murillo, quien en 1852 propuso una fallida reforma constitucional de carácter dictatorial. La creciente corrupción y la inestabilidad política debilitaron el régimen. Finalmente, la revolución de 1854, liderada por los progresistas, puso fin a diez años de gobierno moderado y dio paso al Bienio Progresista.

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