Guerra de Sucesión Española (1701-1714)

Al morir Carlos II sin descendencia, los candidatos al trono eran Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo. Finalmente, Felipe de Anjou fue proclamado rey como Felipe V, lo que desencadenó un grave conflicto. Gran Bretaña, Holanda y Portugal apoyaron al candidato austriaco, mientras que España y Francia respaldaron a Felipe V.

Dentro de España, Castilla se mantuvo fiel al rey (con excepción de la nobleza), mientras que la Corona de Aragón apoyó a Carlos de Habsburgo.

En 1701, se formó la segunda Gran Alianza, integrada por el Sacro Imperio, Inglaterra, Holanda, Prusia, los Estados alemanes y Portugal, contra Francia y España. Los primeros enfrentamientos ocurrieron en los territorios austriacos cercanos a Francia y en las posesiones españolas y francesas en Italia. La guerra se prolongó sin resultados decisivos.

En España, las tropas españolas controlaron la mayor parte del territorio. En 1705, Cataluña apoyó la causa austriaca, extendiendo la rebelión. Una flota de Carlos de Habsburgo desembarcó en Barcelona, donde las autoridades borbónicas se rindieron. Los austriacos dominaron otros territorios, llegando a Madrid, donde Carlos se proclamó rey. Sin embargo, en 1707, los Borbones obtuvieron la victoria en la batalla de Almansa, obligando a los austriacos a retirarse. Felipe V recuperó los territorios ocupados por Carlos de Habsburgo, pero los enfrentamientos continuaron hasta 1710.

La Sociedad Estamental: Privilegiados y No Privilegiados

Privilegiados

Los estamentos privilegiados, nobleza y clero, poseían la mayor parte de las propiedades, no pagaban impuestos y ocupaban casi todos los cargos públicos.

Nobleza

Se pertenecía a la nobleza por nacimiento o nombramiento real. No superaba el 5% de la población, pero poseía grandes propiedades y señoríos jurisdiccionales en los que administraban justicia y extraían rentas.

Clero

El clero constituía poco más del 2% de la población, pero poseía el 40% de las propiedades territoriales y cobraba el diezmo.

No Privilegiados

Los no privilegiados soportaban las cargas económicas del Estado y estaban al margen del centro de decisión política. Constituían la inmensa mayoría de la población, desde campesinos sometidos a un régimen señorial que confiscaba gran parte de sus rentas, hasta una burguesía escasa y con poca influencia fuera de algunas ciudades.

El Absolutismo Monárquico

En la monarquía absoluta, el monarca era la encarnación del Estado. Su poder era prácticamente ilimitado: fuente de ley, máxima autoridad de gobierno y cabeza de la justicia. Controlaba y gobernaba los diferentes territorios y se situaba a la cabeza de las instituciones y las Cortes.

Los Austrias habían iniciado este proceso de concentración de poder, pero fueron los Borbones quienes lo consolidaron. Los primeros reyes Borbones, Felipe V y Fernando VI, combatieron las pocas limitaciones que aún existían sobre la Corona, fortaleciendo el poder real.

Problemas de la Agricultura en el Siglo XVIII

La agricultura española sufría las consecuencias de las malas condiciones climáticas y los bajos rendimientos causados por el régimen de propiedad de la tierra (mayorazgo). La mayoría de las tierras estaban amortizadas, lo que limitaba su disponibilidad en el mercado para aquellos interesados en la agricultura.

Gran parte de estas tierras amayorazgadas estaban en manos de la Iglesia y de la nobleza, que las arrendaban a los campesinos para su explotación.

Durante el reinado de Carlos III, se implementaron una serie de reformas para incrementar la producción, con el objetivo de formar una clase de pequeños propietarios campesinos interesados en la mejora de sus tierras. Algunas medidas fueron:

• El arrendamiento de tierras municipales.
• Las colonizaciones de nuevas tierras.

Sin embargo, estas medidas fueron parciales e insuficientes, y nunca se llevó a cabo una reforma profunda de las estructuras agrarias del país que implicara una desamortización de la tierra.

Los Decretos de Nueva Planta

Felipe V centralizó el territorio mediante los Decretos de Nueva Planta, aboliendo las instituciones políticas y leyes propias de Aragón. Se abolieron sus cortes y se integraron en las de Castilla, que pasaron a llamarse Cortes de España, que solo se reunían a petición del rey y para nombrar a un heredero. De igual manera, se eliminó el Consejo de Aragón y se impuso el de Castilla como el órgano esencial de gobierno del país, con funciones consultivas, facultades legislativas y judiciales, y actuando como Tribunal Supremo.

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