Leyes Viejas y Nuevas

Durante los siglos XVII y XVIII, emergieron grandes masas de individuos carentes de propiedades y recursos propios, que solo poseían su fuerza de trabajo, la cual tenían que vender a cambio de sustento. Esto generó una pobreza masiva que se intensificó en los siglos XVIII y XIX, dando lugar a la figura del mendigo, del vagabundo, del salteador de caminos, etc., quienes no tenían otros recursos para vivir. En términos sociales, esto produjo enormes masas de individuos empobrecidos sin recursos, sin tutela ni protección, y sin mecanismos a partir de los cuales obtener los medios necesarios para vivir, lo que dio lugar a las políticas sociolaborales que se denominaron Viejas y Nuevas Leyes de Pobres.

Las Leyes de Pobres o Viejas Leyes de Pobres surgieron en 1601. Estas trataban de abordar y mantener bajo control todo este proceso de dislocación social con el fin de proteger a los pobres, estableciendo un sistema de asistencia a los mismos al que se podría llamar sistema de seguros salariales, aunque no era concretamente esto, pero esa era la idea. Cada parroquia debía censar y atender a los pobres de su parroquia, estableciéndose un sistema de protección social con un carácter estrictamente local y no estatal.

Se estableció una distinción entre los pobres:

• Pobres Válidos o Pobres No Meritorios: Los pobres que tenían plenas capacidades físicas y mentales, por tanto, eran aptos para trabajar y deberían resolverse la vida por sí mismos. Eran no meritorios porque, en principio, en tanto que eran válidos, no merecían ayuda ni asistencia. Deberían resolver el problema por sí mismos. Sin embargo, había muchos pobres válidos que no encontraban empleo porque la economía de mercado no lo permitía, y debían ser igualmente ayudados y asistidos por la parroquia.
• Pobres Inválidos o Meritorios: Eran aquellos que, debido a su vejez, niñez o incapacidades físicas, no podían trabajar; eran inválidos para trabajar, y estos serían pobres meritorios, es decir, merecían ser asistidos y atendidos por la parroquia.

Lo que establecían las Leyes de Pobres era la obligación de que la parroquia atendiera, con los recursos que dispusiera, a los pobres inválidos. Activaban los sistemas de beneficencia, se creaban los asilos públicos, las casas de socorro.

A medida que la economía de mercado empezó a expandirse, se desarrollaron críticas hacia las Leyes de Pobres y se solicitó su derogación porque, según ellos, permitían a la gente vivir sin trabajar, liberándose de las presiones del mercado, y les proporcionaban un salario no laboral que hacía que los individuos no se integraran en el mercado de trabajo. En segundo lugar, la parroquia, al sujetar a los individuos de una determinada localidad, dificultaba la movilidad en el territorio para buscar trabajo; por tanto, dificultaba la movilidad geográfica y la urbanización, que era fundamental para el capitalismo. En tercer lugar, al asistir a los pobres, se generaba más pobreza; esta es la tesis de Malthus. Para él, el problema de la población lo tenía que resolver el mercado: los pobres que no pudieran sobrevivir morirían de hambre y así el mercado mantendría un equilibrio en la población.

Todo esto creó un clima adverso sobre las Viejas Leyes de Pobres que hizo que se formularan otras nuevas.

Las Nuevas Leyes de Pobres: En lugar de luchar contra la pobreza, se iba a luchar contra los propios pobres, sujetos indeseables, rechazados. Trataban, en general, de obligar a trabajar. El liberalismo y estas nuevas leyes de pobres se decantaban por la caridad privada como solución al problema de los pobres inválidos. Para los que aun así no pudieran ser ayudados, estaría la beneficencia con carácter local, para atender a los pobres inválidos (se oponían a que fuera con carácter individual, estatal, etc.).

Para los pobres válidos, estaba la obligación a trabajar, se les desposeía de todo lo que tuvieran y se les obligaba a trabajar en los términos que impusiera el propio mercado. No iban a disfrutar de las ayudas que hubo con las viejas leyes. El criterio que usaban para obligarlos a trabajar era el criterio de menos elegibilidad, es decir, que cualquier ayuda que se les pudiera dar fuera menos elegible que la propia explotación que iban a sufrir en las fábricas con unos salarios miserables. De esta manera, se obligaba a los pobres a elegir cualquier trabajo con cualquier salario. Esto no eliminó el problema de la pobreza, sino que siguió creciendo, por lo que nacieron las llamadas sociedades de socorro mutuo o de ayuda mutua en el primer tercio del siglo XIX, con la intención de ayudarse entre los propios trabajadores.

La obligatoriedad de trabajar en las condiciones que la empresa decidía hizo que la enorme masa de trabajadores se viera en una situación de pobreza extrema (pauperismo) o pobreza de masas. Esto dio lugar a que, en el siglo XIX, se comenzara a hablar de esta situación como de Cuestión Social, ya con situaciones de conflicto y desafío político al sistema impuesto. La masa de trabajadores desafiaba ya frontalmente al orden existente (movimiento obrero) con la revolución del 48 o la Comuna de París, por ejemplo.

Este proceso de continuas revoluciones y reivindicaciones, junto con las situaciones de vida lamentables, hizo que tomaran conciencia de su situación y pasaran de ser clase en sí (aceptaban las condiciones dadas) a clase para sí (pensaban en favor de sus condiciones).

La “Cuestión Social” en España: La Comisión de Reformas Sociales

La Comisión de Reformas Sociales fue creada por Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 para estudiar «todas las cuestiones que afectasen directamente a la mejora o el bienestar de la clase obrera y las cuestiones que afectan a las relaciones del capital y del trabajo», por iniciativa de don Segismundo Moret. Esta comisión realizó encuestas a los ciudadanos a quienes se planteaban diferentes cuestiones referidas a problemas sociales: gremios, huelgas, invalidez producida por el trabajo, condición económica de los obreros, etc.

La intención de esta Comisión era conocer y comprender las aspiraciones de la clase obrera para tratar de ponerles remedio a través del movimiento obrero. Sin embargo, la realización de esta Comisión ha pasado casi desapercibida, siendo apenas nombrada en obras que estudian el movimiento obrero. Una figura importante en la Comisión fue la de Pablo Iglesias el 11 de enero de 1885, quien ya era considerado como líder de los obreros asociados. Sin embargo, su discurso dejó al margen los resultados de la encuesta y se centró más en la política. Expuso la idea de que los obreros no debían apoyarse en los partidos políticos, sino que debían formar uno propio que realmente defendiera sus intereses, y también encaminó su discurso hacia la lucha de clases, afirmando que el causante de todos esos problemas sociales era la burguesía, sosteniendo que hasta que no se acabara con dicha clase no se solventarían, en lugar de proponer medidas concretas para poder resolver las cuestiones sociales que inquietaban a los obreros. Por otro lado, uno de los colaboradores de Pablo Iglesias sí realizó un detallado informe sobre la Comisión, y J. de Vera redactó una respuesta con fondo marxista de dicha Comisión en la que hacía alusión a cuestiones tales como el maquinismo o la expropiación mediante el salario.

La Comisión fue el resultado de la unión de los dos grandes partidos que regían la vida política, el conservador y el liberal, ya que nació como obra de un gobierno liberal con un presidente conservador y se desarrolló en un gobierno conservador con un presidente liberal. En 1890, fue autorizada para proponer medios para mejorar la situación de la clase obrera y con la competencia suficiente para preparar proyectos de ley, convirtiéndose así en una creciente institución que llevó a establecerse como el Instituto de Reformas Sociales.

Los Tres Tipos de Derechos Ciudadanos según T.H. Marshall

T.H. Marshall, sociólogo liberal progresista, distingue tres tipos de derechos de los ciudadanos que se desarrollan en distintos momentos de la historia:

• Derechos civiles
• Derechos políticos
• Derechos sociales

Estos tres tipos de derechos, en conjunto, conforman los derechos de la ciudadanía.

Derechos Civiles

Los derechos civiles hacen referencia a derechos individuales, siendo estos la libertad de pensamiento, de religión, de expresión, propiedad privada, así como disponerla de la manera que queremos, siendo este último derecho el más importante (Código de Napoleón, 1804) y el derecho civil básico fundamental. Todos estos derechos son inviolables. Según Marshall, los derechos civiles se desarrollan durante el siglo XVIII. Aunque no para todos los sectores de la sociedad: las personas de raza negra no tuvieron derechos hasta los años 60, y las mujeres consiguieron sus derechos civiles a finales del siglo XIX. En España, las mujeres consiguieron plena capacidad de obrar en 1974.

Derechos Políticos

Los derechos políticos son los relativos a la participación en los procesos políticos, los democráticos, derechos de los ciudadanos a participar en el proceso político. Esto implica el derecho a la organización para competir en el proceso político, al sufragio (elegir a los gobernantes), el derecho a ser elector y a ser elegible, derecho a presentarse a cualquier cargo público. Hacen referencia al desarrollo de los derechos democráticos, sin exclusiones de participación de los ciudadanos. Según Marshall, los derechos políticos se desarrollaron durante el siglo XIX. Pero las sociedades capitalistas emergentes tras el orden feudal establecieron la democracia censitaria, es decir, solo eran titulares de este derecho los propietarios, los que pagaban impuestos, que además debían ser varones y blancos. Solo tras las luchas continuadas de los no propietarios (que era la mayoría de la sociedad) se consigue el sufragio universal a finales del siglo XIX (pero debían de seguir siendo varones y blancos). A principios del siglo XX, con el movimiento sufragista británico, se consigue el sufragio universal femenino. En España, se consigue durante la II República; en otros países llegó más tarde, por ejemplo, en Suiza, que se consiguió en 1975.

Derechos Sociales

Los derechos sociales son el derecho a una mínima seguridad económica que permita llevar una vida digna. Por tanto, a tener garantizado por la sociedad una mínima provisión de rentas que permita llevar una vida acorde con el resto de la sociedad. Los derechos sociales son: derecho al trabajo, a la educación, salud, vida. Lo que persigue es garantizar a todos los miembros y ciudadanos de un país, por el mero hecho de ser ciudadano de ese país, a tener garantizando un mínimo. El Estado de Bienestar es una expresión de la sustantivación, positivación, de esos derechos sociales. Se desarrollarían, según Marshall, a lo largo del siglo XIX y conforman el estado de bienestar y el conjunto de derechos de ciudadanía de individuos libres.

La ONU, a estos derechos sociales y económicos, añade los derechos culturales, además del carácter indivisible de tales derechos, es decir, para que existan plenos derechos, tienen que darse todos a la vez, no por separado.

Los Tres Modelos de Estado de Bienestar según G. Esping-Andersen

G. Esping-Andersen distingue tres modelos de Estados de Bienestar a raíz de la combinación entre el Mercado de Trabajo, el Estado y la Familia:

Estado de Bienestar Liberal

En el Estado de Bienestar Liberal, el factor dominante es el Mercado de Trabajo, quedando en segundo lugar la familia y en último el Estado. En este régimen de bienestar, predomina la ideología del liberalismo económico de que el mercado tiene que resolver los problemas. Este tipo de estado de bienestar es típico de países anglosajones como EEUU, Canadá y Holanda.

Estado de Bienestar Conservador

En el Estado de Bienestar Conservador, el factor dominante es el Estado, siendo la familia y el mercado de trabajo secundarios. Hay una fuerte intervención del estado, haciéndose cargo de financiar, gestionar, organizar, dirigir y decidir sobre los sistemas de protección social. Es cierto que hay una alta intensidad protectora, servicios universales, pero tiene un carácter autoritario orientado a conservar el estado de las clases sociales, manteniendo la jerarquía social. Este tipo de estado es típico de países como Alemania, Austria y Suiza.

Estado de Bienestar Socialdemócrata

En el Estado de Bienestar Socialdemócrata, los factores dominantes son tanto el estado como el mercado de trabajo y, muy subsidiariamente, la familia, entendiéndose este modelo como desfamiliarizado, en los que la familia no debe intervenir para proteger, pues es el Estado el que debe hacerse responsable de esta protección. En cuanto a las empresas, no se eliminan las empresas privadas, pero sí son intervenidas, supervisadas y reguladas por el Estado. En este modelo, se trata de conseguir niveles de bienestar e igualdad, y es común en países como Suecia, Noruega, Finlandia.

Keynesianismo y Neoliberalismo

El Keynesianismo

Fue la doctrina económica de carácter intervencionista sistematizada y consolidada por Keynes que tuvo sus inicios en los años 30, pero que no fue hasta finalizada la II Guerra Mundial cuando comenzó a consolidarse. Aparece en un contexto crisis del subconsumo en el que se tenía menos capacidad de consumir que la capacidad que se tenía para producir. El mercado no logra que la situación se equilibre; por tanto, si el mercado por sí mismo no puede hacerlo, ha de intervenir un elemento externo, y ese elemento, según Keynes, es el Estado, el cual deberá estimular a la economía. La intervención del estado, al no disponer de los recursos suficientes, recurrirá a la deuda pública, que después se recupera en la época de expansión, e invirtiendo el dinero en dos ámbitos fundamentales: la creación de infraestructuras, carreteras, etc., y la protección de la clase trabajadora, garantizando que sea una clase cualificada a través de la educación, y que sea saludable a través de la sanidad. Más allá de esta idea, Keynes defiende también la necesidad de ofrecer garantías salariales para los trabajadores a través del pleno empleo, siendo un empleo digno y no precario, y el pacto de productividad, estando los salarios ligados a la productividad del trabajador. De esta forma, se genera la capacidad de consumo necesario, ya que si todos los trabajadores tienen empleo y un salario decente, podrán volver a consumir y las fábricas podrán producir. Junto al salario, se van a generar derechos sociales, como la obtención de viviendas, y también derechos sindicales; un mecanismo para asegurar un salario suficiente es que existan sindicatos con fuerza para poder mantenerlos.

El Neoliberalismo

Fue el pensamiento que se abrió paso tras el declive del keynesianismo. Surge como rechazo y alternativa a esas políticas de liberalismo social y socialdemocracia. Esta ideología surge como consecuencia de la crisis de acumulación de capital de los años 70, derivada de un descenso pronunciado en las tasas de ganancias del capital. Los autores más destacados en el plano más filosófico de esta ideología son F. Hayek, quien publica un libro titulado Camino de la servidumbre como crítica al estado de bienestar en 1944, el estado es el gran obstáculo contra la libertad individual. Y el otro gran autor, ya en un plano más económico, es Milton Friedman, que defiende el libre mercado y la no interferencia estatal.

Por tanto, la principal diferencia entre el keynesianismo y el neoliberalismo radica en la intervención del Estado. El keynesianismo defiende que el estado es la solución para reactivar la economía, por lo que es muy importante su intervención; en cambio, el neoliberalismo considera que el Estado es el problema y no la solución, por lo que este no debe intervenir. Además, otra diferencia importante es que durante el keynesianismo se defiende el estado de bienestar y el desarrollo de la protección social; en cambio, en el neoliberalismo se busca un desmantelamiento del estado de bienestar a favor del capital (las empresas).

El Consenso de Washington

Las tres instituciones fundamentales que impusieron las políticas que establece el Consenso de Washington estaban radicadas en Washington y son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro. Las 10 políticas claras que se establecen, políticas dominantes en la actualidad, son:

1. Control monetario: La moneda es el instrumento económico fundamental, y el principal problema económico es la inflación (aumento de los precios); el otro problema es el desempleo. La inflación y el desempleo no pueden darse simultáneamente. Los bancos centrales pasan a jugar un papel fundamental: son los que controlan la emisión de dinero y los que controlan el interés. Las políticas son siempre recesivas. El Banco Central Europeo tiene como misión el control de la inflación, no puede prestar directamente a los gobiernos, solo puede prestar a los bancos, lo que implica que el coste de la deuda de los gobiernos crece enormemente.

2. Equilibrio presupuestario de los gobiernos: La idea clave es el Gobierno no puede gastar más de lo que ingresa, no debe recurrir a la deuda pública. El máximo déficit permitido por cada estado es del 3% y la deuda pública no puede pasar del 65%, con el fin de reducir gasto público.

3. Recorte del gasto público/social: Son los gastos relacionados con el apoyo económico dedicado a las empresas, subvención a las empresas, gasto en innovación y desarrollo, gastos de defensa. Reducción del gasto social del estado, conectarlo con el desmantelamiento con el estado de bienestar. Reducción del gasto en salud, en educación, menos becas de estudios, recorte en el gasto de pensiones; se ha conseguido recortar el estado de bienestar.

4. Reducción de impuestos: Por regla general, se establecen impuestos a las ganancias del capital y a las rentas altas, siendo un proceso creciente (los ricos pagan más), pero el neoliberalismo considera que es un robo contra la propiedad privada y que, por lo tanto, hay que reducirlos al mínimo para las necesidades básicas de la sociedad. Los impuestos a las rentas altas lo que hacen es desincentivar para invertir y dejar de crear empresas, para animar la actividad empresarial y crear empleo.

5. Privatización: Aparece una fuerte privatización de las empresas, los servicios públicos y los recursos naturales que estaban en manos de los gobiernos. Se tiene la idea de que el Estado es ineficiente, tiende a la corrupción, y la empresa privada lo hace bien; por tanto, lo que hay que hacer es privatizar para que se gestione de forma correcta. El neoliberalismo propone privatizar todos los bienes. Empresas bien gestionadas que producían beneficios fueron privatizadas, el Estado perdió esos ingresos económicos y los instrumentos de política económica. Esto también sucedió en otros países de Latinoamérica. Lo que hace es debilitar la capacidad de maniobra de cada Estado, les resta ingresos e instrumentos de actividad económica. En cuanto a los servicios públicos, se han privatizado los servicios públicos en los países periféricos como Chile: educación, sanidad y pensiones. Pero en Europa no se ha podido privatizar el servicio, pero sí la gestión del mismo, creándose los cuasimercados.

6. Liberalización del comercio: La idea es que hay que eliminar todas las barreras comerciales (aduanas, aranceles, etc.). La OMC (Organización Mundial del Comercio) trata de eliminar todas las barreras y no sólo eliminar las barreras al capital financiero, sino también a los productos. Se buscaba mejorar el comercio mundial, pero al mismo tiempo trataba de proteger los intereses de los países. Sin embargo, los países pobres tienen más dificultades para abrir sus economías.

7. Liberalización de la circulación del capital: Hace referencia al dinero líquido que se mueve por todo el mundo, sin impuestos, sin tasas, sin controles, lo que ha permitido la creación de burbujas financieras. La libre circulación de capital hace proporcionar más eficiente a la economía porque va a donde las inversiones son más rentables. (NAFTA, 1984). Lo que se ha producido son burbujas especulativas que empobrecen sociedades mientras otras partes se hacen enormemente ricos. Actualmente, la Unión Europea ha introducido un control sobre la libre circulación de capital, (la tasa Tobin) el 0,15% de impuesto sobre cada movimiento del capital que serviría para frenar los movimientos puramente especulativos. ATTAC.

8. Liberalización del mercado de trabajo: Ha sido aplicada en todo el mundo desde principios de años 80, significa el desmontaje progresivo de las protecciones, las leyes, los recortes laborales y sociales de los trabajadores, eliminar protecciones jurídicas de los trabajadores, de manera que los empresarios puedan manejar libremente la fuerza de trabajo en beneficio de las empresas. Este proceso ha sido un proceso de remercantilización, es decir, volver a someter a los trabajadores a las leyes de la oferta y demanda de trabajo implica el recorte de los derechos legales, como por ejemplo, la última reforma laboral, lo que supone un empleo precario, salarios reales estancados, crecimiento de trabajo de bajo salario (trabajadores pobres, working poor), es decir, que gente que, aun teniendo trabajo, su salario no alcanza para vivir; ya no solo son pobres aquellas personas que no tienen trabajo, sino personas que son pobres aun teniendo trabajo. Existe un aumento de la desigualdad salarial entre las propias clases trabajadoras, (la dispersión salarial).

9. Reforzamiento de los derechos de propiedad: Se vuelve a la inviolabilidad de la propiedad privada, privatizaciones, libre circulación, y al mismo tiempo el blindaje de esos derechos sin que el Estado pueda intervenir. Un factor clave es el reforzamiento de la propiedad intelectual, sobre bienes intangibles, obras literarias musicales, patentes, etc. La OMC (Organización Mundial del Comercio) en 1994 establece el acuerdo de los llamados (TRIP APDIC) que buscaba ampliar el dominio de la propiedad intelectual que, en el caso de las patentes, da lugar a los monopolios; todo esto ha servido para que unos pocos acumulen un poco más de riqueza. Ejemplos: medicamentos en manos de las multinacionales que encarecen el precio de los medicamentos.

10. La promoción de la inversión extranjera directa: Se produce una inversión en bienes materiales en otros países; por ejemplo, cuando Telefónica compra la mitad de la telefonía Argentina, se invierte en una empresa, en recursos naturales, en tierras, minas, bosques, etc. El neoliberalismo propone incentivar la inversión extranjera directa atrayendo capital a los países pobres y modernizando y haciendo más eficiente la economía las empresas de los países del sur; por lo tanto, es un fenómeno positivo.

La Reestructuración del Estado de Bienestar: Principales Líneas de Acción Política

Uno de los grandes objetivos de la globalización es el desmantelamiento del Estado de Bienestar para ir hacia una sociedad en la que las relaciones mercantiles sean las que establezcan la riqueza de los individuos. El Estado de Bienestar no ha desaparecido, sino que ha sido recortado, estructurado, pero no desmantelado. Lo que ha ocurrido es que sus recortes han tenido 4 dimensiones reestructúrales: Recortes beneficios sociales y ahorro de costes, Políticas del estado para generar ingresos adicionales, Reforma gerencialista de gestión de los servicios públicos, Descentralización de la responsabilidad de la protección social.

Recorte de Beneficios y Ahorro de Costes

Se busca reducir el gasto público de carácter social y hacerlo más eficiente en términos de relación costes-beneficios, poniéndose en marcha una serie de políticas para conseguir este objetivo, entre las que se encuentran:

1. El endurecimiento de las condiciones de acceso a los beneficios sociales, como el seguro de desempleo. La consecuencia directa es un empobrecimiento general de la clase trabajadora; en España, en torno al 50% de los parados ya no cobran su prestación de desempleo, y quedarán excluidas de prestación.
2. Las reformas del sistema de pensiones cada vez están más agudizadas; la edad de jubilación cada vez se retrasa más y el estado se ahorra dinero en el pago de estas pensiones. Cada vez habrá que cotizar más años para poder cobrar la pensión. Se está intentando abrir áreas de negocios a la empresa privada; se pretende tratar de estimular los planes de pensiones privadas mediante compañías de seguros.
3. La generalización del método de la comprobación de medios: en lugar del universalismo, lo que se ha ido imponiendo es la comprobación de la situación de los medios económicos y, en función de sus medios, se le facilita o no la prestación social requerida, con lo que ya no es un derecho universal. Cada vez es más común el papel del trabajador social que investiga la situación económica de las familias para saber si es merecedor de una ayuda social, con lo que el estado se introduce en la vida privada de las familias. De esta manera, también se ahorra en gasto público. Esto debilita la propia base del estado de bienestar, ya que la clase media, los contribuyentes, se negarán cada vez más a pagar sus impuestos, ya que ellos se pagan la educación o la sanidad.

Políticas para Generar Ingresos Adicionales

Se produce una rebaja de impuestos a todas las rentas altas y al capital con la idea básica es que los impuestos desincentivan la actividad económica. Por tanto, se reducen los impuestos directos, mientras que los impuestos indirectos van creciendo, lo que conlleva a un aumento de la desigualdad social. Otros mecanismos utilizados para aumentar estos ingresos han sido: La privatización de empresas y recursos naturales; este fue un mecanismo muy intenso en los años 60 y 80, si se vende una empresa pública o un recurso a una empresa privada, el estado recibe ingresos adicionales. En la actualidad, en el caso español, lo que queda por privatizar es muy poco, por esa razón la tendencia de los últimos años ha sido la introducción de tasas para la utilización y el disfrute de servicios públicos. Por ejemplo, en la sanidad, la subida de precios de las medicinas, pagar las ambulancias; en la educación no obligatoria, también se han aumentado las tasas de matriculación. Esto tiene mucha repercusión en las clases trabajadoras, que cada vez más les cuesta acceder a los servicios básicos, aumentando la desigualdad social.

Reforma Gerencialista de la Gestión de los Servicios Públicos

Lo que se trata con esta reforma es introducir métodos empresariales en la gestión de servicios públicos; por tanto, se trata de desnaturalizar los propios servicios públicos e introducir criterios de gestión de la empresa privada, como por ejemplo, el de la eficiencia, relación coste-beneficio, la competitividad, etc. El objetivo fundamental es su privatización. Los cuasimercados no son un mercado del todo porque el estado sigue teniendo la responsabilidad estatal; lo que se ha privatizado es la prestación del servicio. Una empresa privada es quien provee el servicio. Por ejemplo, el Servicio Canario de Salud es el responsable de la salud de los ciudadanos, pero buena parte de las servicios se han sido externalizando, se derivan a clínicas privadas, como la Clínica de la Colina, a los que se trasladan pacientes ancianos; esto supone problemas en dicho servicios, ya que son empresas privadas que persiguen el máximo beneficio con el menor coste. Otro ejemplo es la educación, los colegios concertados. Hay un elemento que hay que tener en cuenta: el ciudadano se convierte en cliente.

Descentralización de la Responsabilidad en la Propia Seguridad Socioeconómica

El estado decide unilateralmente qué servicios se prestan con qué características, sin la participación de los ciudadanos. Los distintos entes han ido desresponsabilizándose de los servicios públicos esenciales: salud, sanidad, educación, vivienda y servicio sociales; prevalece la seguridad. Cada comunidad autónoma presta un servicio de educación distinto a otras comunidades autónomas, dependiendo de sus recursos y sus prioridades políticas; por ejemplo, el País Vasco tiene el mejor sistema de educación y salud, y Canarias uno de los peores, con que se genera desigualdad en la ciudadanía española.

El estado traslada algunos servicios a las entidades locales, los ayuntamientos, los cuales no tienen recursos económicos y sociales para atender a todas las necesidades de los ciudadanos. Los ayuntamientos terminan cargando en el propio individuo su propia protección socioeconómica, dogma del neoliberalismo. (Puro individualismo). Todo ello, además, en un contexto que las necesidades de la protección del estado se han agravado por:

El fenómeno del envejecimiento de la población: aumento de la esperanza de vida, estas personas dejan de ser activas y pasan a formar parte del sistema de pensiones, y su salud recurren a cuidados médicos y farmacéuticos que son caros, y además quieren tener una vida social plena.

Cambios en las estructuras familiares: cada vez más aparecen estructuras familiares nuevas; ya no hay dos salarios para mantener a la familia, sino una madre con sus hijos; cada vez son más las parejas que no se casan. También existe una disminución de la natalidad, lo que implica cambios en el estado de bienestar para proteger a esas nuevas familias, que implica más gastos.

Las Políticas Activas de Empleo

Las políticas activas de empleo surgen ante la necesidad de enfrentarse al problema del desempleo. Estas políticas son contrarias a las políticas pasivas de empleo, que intentaban asegurar un nivel de ingresos, garantizar una renta. Por su parte, las activas se centran en la búsqueda de empleo por parte del propio individuo, que se movilicen para encontrar un empleo. Su principal objetivo es la reinserción al mercado laboral de los parados. De esta forma, se atribuye al individuo la responsabilidad de encontrar un empleo; por lo tanto, ya no se considera responsable de la creación de empleo al Estado; quien tiene que crear empleo es el mercado mediante la actividad económica privada. En este marco, el papel del Estado es crear condiciones regulatorias adecuadas para que la empresa genere empleo.

Se distinguen dos tipos de políticas activas de empleo:

Las Orientadas a la Demanda de Trabajo (a las Empresas)

Implican incentivos a la contratación de trabajadores, colectivos con dificultades especiales, etc. En este caso, las políticas activas de empleo están encaminadas a cambiar el marco legal de las relaciones de trabajo, conseguir más margen de facilidad para la empresa, menos protección al trabajador, etc.

Las Orientadas a la Oferta de Trabajo (a los Trabajadores)

Persiguen estimular la inserción en el mercado de trabajo, por un lado, bajando sus garantías de ingresos (eliminando ayudas por desempleo, etc.) y que acepten cualquier empleo, y por otro lado, formando a la fuerza de trabajo para que estén más cualificados y además consigan mejorar la actitud frente al trabajo (capacidad para aprender, flexibilidad de adaptación, etc.).

Por tanto, el Estado busca proporcionar a los trabajadores las competencias que el mercado de trabajo pueda demandar como aptitudes y actitudes.

Aptitudes: conocimiento, habilidades profesionales, cualificación; el estado lo que tiene que hacer es tratar de proporcionar a los trabajadores esas cualidades, proporcionando cada vez más formación. (Formación continuada) provocando el fenómeno de la sobreeducación, es decir, de jóvenes con unas aptitudes y actitudes muy por encima de las necesidades del mercado de trabajo.

Actitudes: rasgos de carácter que interesan a las empresas, disponibilidad y entrega a emplearse en cualquier cosas, lugar, flexible al trabajo, las expectativas personales quedan subordinadas al trabajo, disciplina, sacrificio y polivalencia.

La formación y las actitudes que tienen que tener los individuos frente al empleo pueden ser:

• Tener flexibilidad personal, para cualquier empleo que se les presente.
• La resiliencia: entendida como la capacidad para adoptar una actitud positiva frente a los golpes de la vida, la adversidad, la responsabilidad, etc. No se trata de cambiar la adversidad, sino a la propia persona, lo que hace que disminuya la capacidad de protesta y de lucha por cambiar la situación actual.

Es aquí donde aparece el término empleabilidad. No se trata de que el Estado cree o resuelva los problemas de empleo, sino de que los individuos sean empleables, mejorando su capacidad individual de inserción en el mercado de trabajo y sus competencias.

Por tanto, podemos decir que el Estado ha pasado de ser el que garantizaba el empleo o al menos unos ingresos mínimos para los desempleados a centrarse en la empleabilidad de la fuerza de trabajo.

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