18 Feb
El Impacto de las Leyes Bancarias y la Crisis de 1866
Durante el bienio progresista (1854-1856), se promulgaron leyes bancarias con el objetivo de modernizar la banca española, financiar el ferrocarril y ampliar el mercado de crédito. Se establecieron tres tipos de entidades:
- Bancos de emisión: Emitían billetes en función de sus reservas metálicas.
- Sociedades de crédito: Canalizaban el ahorro hacia empresas ferroviarias.
- Otras instituciones financieras.
Estas leyes impulsaron la creación de numerosas entidades bancarias, pero también generaron problemas de estrategia inversora y competencia. En 1866, una grave crisis financiera, desencadenada por el fracaso de las compañías ferroviarias, provocó la quiebra de la mayoría de los bancos. Este evento tuvo un impacto negativo en la economía española y fue un factor clave en el inicio de la Revolución de 1868.
La reconstrucción financiera se vio obstaculizada cuando el Banco de España obtuvo, en 1874, el monopolio de emisión de moneda, consolidándose como una entidad privada que competía con otros bancos.
Desarrollo del Ferrocarril en España: Auge y Consecuencias
A pesar de las dificultades financieras, la inversión extranjera permitió el desarrollo de una red ferroviaria relativamente densa hacia 1880. Esto resultó en un abaratamiento del transporte y facilitó la explotación de los yacimientos mineros para la exportación, generando empleo en las cuencas mineras e incrementando la capacidad importadora del país.
A mediados del siglo XIX, España contaba con una red de transporte terrestre muy deficiente, lo que hacía imprescindible la construcción de una red ferroviaria para el desarrollo económico. Inicialmente, la legislación de 1844 dejó la inversión y gestión en manos privadas, pero la falta de capital, tanto extranjero como nacional, retrasó el proyecto. Durante el bienio progresista, la Ley General de Ferrocarriles (1855), junto con la Ley de Desamortización y la Ley de Sociedades de Crédito, impulsó el desarrollo ferroviario al ofrecer:
- Concesiones por 99 años.
- Seguridad a las empresas.
- Subvenciones claras.
Esto desencadenó una «fiebre ferroviaria» liderada por grandes compañías francesas, que permitió conectar casi todas las regiones y ciudades principales de España. El ferrocarril mejoró significativamente la eficiencia del transporte, reduciendo costes y facilitando la integración del mercado interior, como se evidencia en la convergencia de precios agrícolas. A pesar de estos avances, los ingresos ferroviarios fueron inferiores a lo previsto, y las altas cargas financieras llevaron a la quiebra a numerosos bancos vinculados a su financiación.
A pesar de sus deficiencias, el ferrocarril dinamizó sectores clave como la agricultura, la minería y la industria, marcando un hito en la modernización económica de España desde la década de 1860.
Intervencionismo Estatal Durante la Dictadura de Primo de Rivera
La dictadura de Primo de Rivera impulsó un modelo económico intervencionista, donde el Estado organizaba y promovía la producción nacional. En 1924, se creó el Consejo de Economía Nacional, que asesoraba al gobierno en la defensa de la producción nacional, adoptándose medidas proteccionistas como aumentos arancelarios y restricciones al comercio exterior.
La industrialización se fomentó a través de:
- Subsidios.
- Contratos públicos.
- Regulaciones que controlaban la producción.
Se establecieron estrictas barreras de entrada al mercado mediante el Comité Regulador de la Producción Industrial (1926), que restringía la creación o ampliación de empresas sin autorización. Esta política fortaleció monopolios y la rigidez económica, aunque no era exclusiva de regímenes autoritarios.
El Programa de Obras Públicas
Un pilar fundamental fue un ambicioso programa de obras públicas, considerado esencial para el desarrollo económico. Se modernizaron:
- Ferrocarriles.
- Puertos.
- Red de carreteras: Se transformó en una extensa y eficiente infraestructura que estimuló la difusión del automóvil y revolucionó el transporte.
También se invirtió en confederaciones hidrográficas para aumentar la energía eléctrica y extender el regadío. Además, el Estatuto Municipal de 1924 permitió a los ayuntamientos endeudarse, mejorando las infraestructuras urbanas gracias al apoyo del Banco de Crédito Local.
En conjunto, estas políticas reforzaron el papel del Estado en la economía, modernizaron infraestructuras y dinamizaron ciertos sectores clave, aunque aumentaron el proteccionismo y la concentración empresarial.
Crisis Económica y la Segunda República
El modelo económico de España de los años 20, basado en la industrialización y la acumulación de capital, colapsó a finales de la década debido a factores internos, como el agotamiento del ciclo inversor (1890-1930) y la modernización tecnológica. En 1929, la economía global sufrió una crisis severa, que en España se manifestó en una disminución de exportaciones e inversiones, agravada por la cancelación del programa de obras públicas del gobierno de Primo de Rivera. Esta decisión, junto con problemas cambiarios y un alto déficit comercial, desacreditó al régimen, causando su caída en 1930.
Durante la Segunda República (1931-1936), la crisis económica continuó debido a:
- Tensiones sociopolíticas.
- Desconfianza empresarial.
- Políticas económicas restrictivas.
Aunque se implementaron medidas expansivas, como proyectos de obras públicas, estas tuvieron un impacto limitado por la inestabilidad política y social. Las exportaciones disminuyeron y la fuga de capital agravó el déficit de la balanza de pagos.
La política laboral y fiscal buscó mejorar las condiciones de los trabajadores y mantener el gasto público, pero generó oposición de empresarios y terratenientes. La reforma agraria, aprobada en 1932, resultó insuficiente, alimentando tensiones sociales. El estancamiento económico y la conflictividad social contribuyeron al ambiente de crisis permanente que culminaría en la Guerra Civil de 1936.
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