Iturbide, al darse cuenta de la situación política en la que se encontraba, y entender la coalición de borbonistas y republicanos que contra él se había establecido, argumentó como medidas políticas a su favor: a) el temor sobre la permanencia de tropas españolas en San Juan de Ulúa y de cuerpos realistas que se encontraban en Toluca; b) que España no había reconocido los Tratados de Córdoba, y por ende, la independencia de México; y c) que el país no estaba preparado para ejercer la democracia, por lo tanto, el sistema republicano no era lo idóneo para el país en ese momento. Así, Agustín de Iturbide fue preparando el terreno para su ascenso al poder. Su astucia política lo había logrado llevar a la cúspide de la fama, y la noche del 18 de mayo de 1822, un sargento del Ejército Trigarante, quizá ignorante, quizá rudo e impulsado tan solo por un arranque de simpatía personal14 arengó a las tropas y al pueblo a proclamar a Iturbide Emperador. Este acto de voluntad popular, hizo que el Congreso, en sesión, mediante una elección en la cual votaron 65 diputados de ochenta que había presentes de un total de ciento cinco, declarara a Agustín de Iturbide Primer Emperador de México, siendo coronado el 21 de julio de 1822 con el nombre de Agustín I.
Sus ideas con respecto a España se habían modificado profundamente, y es fácil entender que esto obedeció a sus propios intereses, los príncipes españoles y el ejército expedicionario eran la esperanza de sus enemigos, por eso la España venerada del Plan de Iguala se fue convirtiendo en los manifiestos de Iturbide, como en los de Hidalgo y demás insurgentes, en autora del ‘ominoso yugo’, de cuya inmensa pesadumbre estuvo agobiada por siglos la Nueva España.15
Podemos decir que su breve gobierno no fue suficiente para iniciar la ruptura del orden socioeconómico que imperó en la colonia. La situación económica continuó deplorable, el comercio estuvo en ruinas al haber quedado rotas sus relaciones con España, y el contrabando evitó la recaudación de los casi nulos ingresos por vía aduanal. Los caminos del interior del país eran inseguros. Y si consideramos que durante su gobierno, nuestro país alcanzó su máxima extensión territorial con la incorporación de la Capitanía General de Yucatán el 15 de septiembre de 1821 y la Capitanía General de Guatemala el 21 de febrero de 1822, se hizo más difícil su administración.16
En esos momentos, la crisis económica llegó a tal extremo que no había fondos para mantener el ejército, los funcionarios públicos no estaban pagados, todos los recursos nacionales estaban agotados; no podían negociarse préstamos en el país; los que podían hacerse en el extranjero exigían más tiempo que el que la urgencia de las necesidades podía permitir esperar. La solución fue un acto de rapiña semejante a los practicados en las campañas militares del Bajío [durante el movimiento de independencia]: Iturbide se apoderó del envío de plata de los comerciantes en el Fuerte de Perote, por la suma de un millón doscientos mil pesos.17
Durante su gobierno, Iturbide mantuvo constantes pugnas con el Congreso, al grado que llegó a constituirse en una carga para el Emperador. En el mes de agosto de 1822, con motivo de una supuesta conspiración republicana, Iturbide dispuso de la aprehensión de algunos miembros del Congreso, señalados como opositores a su régimen. El Congreso, protestó ante tal atropello y a fines de octubre de 1822, Iturbide expidió un decreto en que lo disolvió. Las manifestaciones de descontento no se hicieron esperar, en diversas regiones del país brotaron ciertos grupos políticos que reclamaron la sustitución de la monarquía por un régimen federal; amenazaron incluso con separarse del país sino se establecía un sistema de gobierno que garantizara una mayor participación política dentro de los asuntos de la nación.
Un personaje que tuvo un papel protagónico en la historia de México, inició en diciembre de 1822, en el centro español de Veracruz, una conspiración con tendencias republicanas, proclamando el Plan de Casa Mata, que desconocía al Emperador. Antonio López de Santa Anna encabezó este movimiento. En los motivos de su actitud habían mediado causas de resentimiento personal con Iturbide, que unidas a su temperamento pasional, lo hicieron recurrir a ese extremo. Pronto se le unió el antiguo insurgente Guadalupe Victoria.1 8
Ante tal levantamiento, se esperaba un triunfo fácil de las fuerzas imperiales dirigidas por Echávarri; sin embargo, el ejemplo del propio Iturbide había contribuido a sustituir la obediencia a ciertos principios por la liga personal y oportunista, base de la milicia y política hispanoamericanas. Españoles y republicanos conspiraron contra el emperador y los generales imperialistas Echávarri y Cortazar se unieron a Santa Anna, secundando dicho plan, que afirmaba la soberanía nacional, pedía la instalación del Congreso y la eliminación de los diputados no liberales, prometiendo que el ejército respetaría la vida de Iturbide.1 9 Ante lo grave de la situación, el Emperador restableció el Congreso, sin embargo ya no consiguió calmar los ánimos y el 23 de febrero de 1823, abdicó, prometiendo salir del territorio mexicano. El mismo Congreso que había sido restablecido por él, le ordenó salir del país y le otorgó una pensión de 25 mil pesos anuales por sus servicios «prestados a la patria».
Después de la caída del Imperio de Iturbide en 1823; Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, se encargaron del poder ejecutivo y Vicente Guerrero, Miguel Domínguez y Mariano Michelena quedaron en calidad de suplentes;2 0 sin embargo, la situación se agudizó ante el levantamiento de la guarnición de Real del Monte y de los militares Hernández en Cuernavaca, y de José María Lobato en la Ciudad de México, aunque dichos alzamientos que fueron sofocados rápidamente.
La situación política del país era incierta, nuevamente se volvió a discutir cuál sería la forma de gobierno ideal para el naciente país después del fracaso del primer imperio. Entonces se consolidaron dos grupos políticos: uno con tendencias centralistas, compuesto por los españoles y criollos de la alta posición2 1 y otro que pensaba en instaurar una república federal a semejanza del modelo estadounidense, compuesto por los extremistas partidarios de la forma republicana de gobierno y herederos de los insurgentes.
Desafortunadamente, debido a los problemas de inestabilidad política que el país enfrentaba, poco duró la unión de Guatemala a México; el Capitán General de la Provincia, don Vicente Filisola, presentó en la noche del 29 de marzo de 1823 ante la Diputación Provisional Guatemalteca un decreto de convocatoria que había sido aprobado por el Congreso de México, el cual declaraba que las Provincias Unidas de Guatemala eran libres para pronunciarse en el sentido que más le conviniera, lo que de hecho ponía sello a su independencia, haciéndolo el 1º de junio, más adelante, el 14 de septiembre de 1824, la provincia de Chiapas que pertenecía a Guatemala, y que se había separado junto con la Capitanía, formó parte, de nuevo, del territorio nacional.2 3
Querétaro, por su parte, estuvo a punto de no figurar como Estado independiente miembro de la República federal. Aludiendo supuestas afinidades con el antiguo régimen colonial; los diputados republicanos se inclinaban en castigar esa «tendencia», no olvidaban que el territorio de Querétaro había sido el último en poder de los españoles. En la Asamblea Constituyente celebrada en 1823, se propuso distribuir su territorio a los estados de San Luis Potosí y México. Ante esta situación, los diputados representantes de Querétaro, el Dr. Félix Osores Sotomayor, Joaquín Guerra y el general
José Morán, argumentaron que su importancia en la economía y el arraigo de su población, por sí mismas daban el derecho de Querétaro a figurar como estado libre y soberano de la Federación.

A) Centralización de la dirección y administración de l hacienda publica en la secretaria de hacienda

Sin olvidar la importancia que tenia la cuestión de administración hacendaria, al congresos constituyente de 1824 expidió la ley de 16 de noviembre intitulada el arreglo de la administración de hacienda publica cuyos principios cardenales eran poner en manos del secretario del ramo de la dirección y administración las rentas publicas suprimiendo direcciones y contadurías generales.