5.7.-De febrero a julio de 1936. Preparativos golpistas en un ambiente de creciente violencia política

Los meses que van a seguir al triunfo de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 contemplaron en Castillla y León un incremento muy notable y preocupante de la violencia en las calles, en los campos, con efectos muy graves e irreversibles, y también contemplaban una radicalización y proliferación de los enfrentamientos en diferentes planos y espacios de la vida ciudadana, comenzando por los propios ayuntamientos, pasando por el ámbito de las creencias religiosas, de las relaciones laborales, tanto en la industria como en los servicios o agricultura, donde se observa un importante repunte de la conflictividad, incluso si se fija en las prisiones, también se observa como estos espacios se van a producir enfrentamientos entre reclusos de ideologías contrapuestas, aunque es verdad que las calles iban a ser el espacio donde van a ocurrir estos altercados y enfrentamientos.

De todos modos, no se debe pensar que este clima ciudadano de enfrentamiento y violencia afectara por igual a todo el territorio castellano – leonés o que la quiebra de la convivencia se fuera agravando de forma paulatina de manera acumulativa casi fatal, que tenía que llevar a un desenlace necesariamente funesto. Al lado de los ejemplos que testimonian el deterioro de la convivencia ciudadana, se puede advertir como en algunas provincias este deterioro no experimentó una merma irreparable, y también se puede observar como la cronología de los sucesos violentos se circunscribió a un periodo limitado que no abarcó y tampoco consistió en una acumulación de agravios y hechos violentos sin posibilidad alguna de control por parte de las autoridades; es decir, no fue un proceso sin control ni irreversible.

Tan sólo un mes después de las elecciones, en marzo, en una localidad salmantina llamada Mancera de Abajo, murieron tres personas después de los desórdenes ocurridos después de que una manifestación que en favor de la reforma agraria fuera tiroteada por elementos derechistas, pero este suceso, al ser grave y dar lugar a una huelga en Salamanca el 19 de marzo, fue sólo uno más de los numerosos altercados, a menudo con derramamiento de sangre, que van a romper la convivencia tanto en las ciudades como en el medio rural.

En estos altercados los militantes de Falange tuvieron un protagonismo indudable sin que esto suponga negar la responsabilidad de militantes de sindicatos de partidos de izquierda.

En Valladolid, en el año 1934 la convivencia ciudadana había empezado a romperse de manera preocupante después del acto de unificación de Falange y las JONS, y como consecuencia de la huelga general de 1934, la violencia y la crispación va a volverse un hecho frecuente en toda la provincia, teniendo lugar asesinatos y hechos violentos en diferentes pueblos, como Villanueva de Duero, Olmedo, Bolaños de Campos, etc., en los cuales se puede encontrar como motivaciones de fondo la contraposición de miembros de asociaciones obreras de signo socialista y sindicalistas católicos o falangistas, pero también se encuentra como telón de fondo general las tensiones entre obreros agrícolas y patronos en torno a la contratación de jornaleros tanto por lo que respecta al volumen de mano de obra contratada como al control por parte de los patronos de las personas concretas que se seleccionaban. En la capital provincial, algunos bares donde se reunían miembros de la CNT o simpatizantes del Frente Popular van a ser atacados por elementos derechistas, igual que va a ocurrir con la Casa del Pueblo, lo que a su vez será replicado con actos violentos por parte de militantes socialistas.

A medida que se acercaba la sublevación y que circulaban rumores sobre los preparativos en la ciudad, las vigilancias y controles llevados a cabo por militantes de organizaciones del Frente Popular fueron frecuentes, llegando en algún caso a producirse enfrentamientos sangrientos con el cuerpo de seguridad y asalto. Este ambiente de crispación contempló como otra de sus facetas más significativas que es el resurgir de actitudes anticlericales, van a tomar como foco de su atención la celebración de procesiones u otros actos religiosos de carácter público. El propio gobierno Frente Popular y sus delegados pudieron ayudar a ello, como se ha comprobado para Salamanca, donde el Gobernador civil suspendió las procesiones de Semana Santa por temor a que su coincidencia con la elección de compromisarios para presidente de la república pudiera dar lugar a altercados y enfrentamientos entre clericales y anticlericales.

 Es verdad que posteriormente esta prohibición seria levantada y se dejó al criterio de los alcaldes la decisión a adoptar, pero ello no evitaría que las procesiones y celebraciones del Corpus Christi fueran a menudo recibidas con insultos o agresiones por parte del público situado a los lados de los participantes, pero también con reacciones de signo contrario al increpar los participantes a aquellos que entre el público no se descubrían ante el paso de la custodia. En Valladolid, y en torno a la conmemoración del Sagrado Corazón el 19 de julio, los anarquistas realizaron una huelga para privar de significado religioso ese día y darle un contenido revolucionario.

Las corporaciones populares (ayuntamientos) que van a contemplar la reincorporación de los concejales suspendidos después de los sucesos de octubre de 1934, fueron también un espacio donde tuvieron lugar graves enfrentamientos dialécticos entre la izquierda y la derecha. En la ciudad de Burgos, poco tiempo después de producirse estas elecciones, va a celebrarse un pleno muy crispado que va a obligar a dimitir al alcalde Manuel Santamaría, antiguo socialista que se acercaba a las posiciones derechistas, después de pedirle explicaciones los concejales de su antiguo partido por su actuación cuando tuvieron lugar los sucesos de octubre de 1934. También en Salamanca, el día 20 de febrero regresaron a sus puestos los concejales cesados a finales de 1934, y se van a registrar debates muy tensos entre la mayoría de izquierdas, dirigida por el alcalde cesado, Prieto Carrasco, y la minoría derechista encabezada por Íscar Peyra, a propósito de la legalidad o no de los acuerdos adoptados por la anterior corporación.

Estas tensiones y enfrentamientos también van a ocurrir en los centros de detención y en las cárceles, dónde como consecuencia de la creciente violencia callejera van a ingresar reclusos de ideologías contrapuestas, falangistas por una parte y frentepopulistas o anarquistas por otra. Una circunstancia que en el caso de los primeros vino determinada además por la prohibición judicial de su organización y la detención de sus principales dirigentes, y tan solo en la cárcel de Valladolid había unos 150 presos falangistas, entre ellos Onésimo Redondo, que van a causar enfrentamientos bastante fuertes con reclusos de ideología comunista o anarquista. Este conflicto carcelario, en el cual tuvieron una participación destacada los dirigentes falangistas, fue de bastante envergadura y acarreó incluso la destitución del entonces gobernador de Valladolid, Campos Terregosa.

¿Esto significaba que la sociedad castellano – leonesa corría políticamente pendiente abajo y se dirigía sin posibilidad alguna hacia el golpe de estado y la guerra civil?

Es interesante el análisis de la violencia política ocurrida en Salamanca en este periodo crucial, el cual afirma que esta violencia de intencionalidad político – social y motivada por enfrentamientos entre ciudadanos de ideologías muy contrarias, se circunscribió temporalmente al periodo que iba desde la segunda quincena de febrero a la misma de mayo, cesando prácticamente en los meses siguientes por la actividad y el rigor en la aplicación de la ley por parte del gobierno civil, pero también de la magistratura. Sí que hubo un incremento de los conflictos laborales, pero lo que no se vio fue ya una escalada paralela de la violencia política, en parte por la actuación de quien ocupaba el gobierno civil de la provincia, Antonio Cepas. La cronología de los sucesos violentos en Segovia hace pensar en una situación parecida a la de Salamanca, porque los últimos hechos graves se datan a mediados de mayo de 1936.

Desde una perspectiva distinta, como la de Burgos, se ha sostenido que aunque en aquellos meses hubo una creciente conflictividad que obedecía sobre todo a cuestiones laborales, algo que podríamos considerar como positivo ya que delataba una cierta modernización en los comportamientos socio – laborales y que no habría que interpretar como el síntoma de una confrontación inevitable, ya que hay testimonios de destacados derechistas que afirman que en Burgos realmente existía un clima de paz social, sin hechos políticos violentos.

En este contexto agobiante y tenso, se fue preparando en las diferentes ciudades castellanas la sublevación, preparativos en los cuales lo decisivo era hacerse con el control de la comandancia de las dos Divisiones orgánicas que existían en Castilla y León (6ª Burgos – dirigida por Batet y 7ª Valladolid – dirigida por Molero), es decir, las antiguas Capitanías generales:

en la primera, cuyo control era vital desde el punto de vista estratégico, las simpatías hacia la sublevación de la mayor parte de la guarnición, pero también de la población civil, eran evidentes, simpatías que se iban a traducir en la formación en mayo de una doble junta que va a preparar el alzamiento y que estaba en contacto directo con el general Emilio Mola (“Director” de la sublevación); por un lado había una Junta civil presidida por un general retirado, Fidel Dávila, y en la que figuraban representantes de Falange, de la Comunión Tradicionalista y representantes de partidos de extrema derecha involucrados en la sublevación; también se creó una Junta Militar en la que formaban parte entre otros el propio gobernador militar de la plaza de Burgos, González de Lara, así como otros oficiales.

Esta situación que se vivía en la guarnición y en la ciudad de Burgos es la que motivó que el gobierno nombrara el 13 de junio al general Domingo Batet para el mando de esta División orgánica a la cual se concedía un papel fundamental en el éxito de la sublevación, no solamente porque en esta región militar estaba comprendido el País Vasco, sino por la activa presencia de Mola en Pamplona, que formaba parte de este distrito militar, pero la actitud vigilante de Batet así como las entrevistas tensas que mantuvo con Mola no iban a impedir que prosiguieran los preparativos.

Así el 14 de julio, después del asesinato de Calvo Sotelo, varios de los golpistas celebraron una reunión para concretar la sublevación en la capital burgalesa. Esta programación del golpe con carácter inminente se puede apreciar porque en esta reunión se decidió imprimir anticipadamente el bando declarando en la ciudad el Estado de guerra, y también se va a tomar la decisión de repartir contraseñas entre los afiliados a Falange o a la Comunión Tradicionalista.

Por tanto, se daba en la ciudad una situación claramente pro golpista que el gobierno quiso contrarrestar enviando a la ciudad al Director General de Seguridad, Alonso Mallol, con la orden de detener a los principales conspiradores, lo cual llevó a cabo, trasladando a los detenidos a Guadalajara. Sin embargo esta intervención no impidió, como tampoco la firmeza y determinación de Batet, que prosperara finalmente la sublevación iniciada por otros oficiales comprometidos.

En Valladolid, sede de la 7ª División Orgánica, los primeros preparativos los había realizado nada más conocerse el resultado de las elecciones del 16 de febrero un comandante de artillería, Gabriel Moyano, y se pueden encontrar también en esta guarnición y en la ciudad la misma estructura conspirativa, con una Junta Militar formada por una serie de oficiales y presidida por el coronel Serrador, que empezó a realizar labores de propaganda en las diferentes plazas de la división, localidades donde había una guarnición, y al lado de ésta había una Junta Civil dirigida por un teniente de infantería retirado, Ángel Soria. El trabajo de estas dos juntas se orientó a captar a las diferentes unidades, especialmente en la ciudad de Valladolid, y en estos cuarteles se formaron juntas auxiliares.

La comandancia de la división estaba a cargo de otro militar republicano leal al gobierno, el general Nicolás Molero, quien tenía en su currículum el haber dirigido a las fuerzas del gobierno encargadas de reprimir la sublevación del Bajo Llobregat. Todavía el 17 de julio llevó a cabo una visita de inspección a los diferentes cuarteles de la ciudad. En Valladolid el mando supremo fue confiado por Mola a un general de división con fama de duro, Saliquet, y por otro lado el general Ponte, militar monárquico que había conspirado contra la república desde prácticamente su inicio. Estos dos generales se encontraban en una finca cercana a Valladolid, en Monte Mucientes propiedad de la familia Cuesta, y estos militares tenían previsto encabezar el alzamiento en la madrugada del día 19 aunque la secuencia de la sublevación iba a ser diferente.

Por lo que se sabe de otras ciudades como Palencia, León o Segovia, en la primera la trama golpista fue preparada por varios oficiales como Jacquetos o Navarro Marques, que estaban en contacto con los puntos calientes de Valladolid y Burgos, y en Palencia la jefatura de la sublevación la desempeñó el propio gobernador de la plaza, Ferrer; en León también quien desempeñaba este cargo, el general Bosch, va a ser quien se haga cargo del liderazgo de la sublevación, estando involucrados los jefes de las diferentes unidades militares presentes en la provincia, pero el levantamiento en la ciudad de León iba a tropezar con dificultades no previstas con la llegada en tren de una columna de mineros asturianos, refuerzo desaprovechado por el inspector general del ejército, Gómez Caminero; en Segovia la preparación del alzamiento corrió a cargo del comandante Fernando Sanz, y se contaba también con una junta golpista en la cual estaban representadas las diferentes unidades militares de la plaza como la academia de artillería, también formaba parte de la trama el gobernador militar de Segovia y estaba designado un comandante de la Guardia Civil, Joaquín España, para hacerse cargo del Gobierno civil en el caso de que la sublevación prosperara.

En Ávila, dónde las fuerzas del ejército se reducían a unos efectivos muy pequeños, la sublevación la dirigió un capitán de la Guardia Civil, Chicote, que se apoyó sobre todo en esta fuerza para llevar adelante los preparativos. A pesar de que el Gobernador Civil de Ávila, el escritor Manuel Ciges Aparicio, había exigido repetidamente que se facilitaran armas a las milicias del Frente Popular, los militares iban a dilatar la respuesta a la exigencia pudiendo ganar tiempo hasta que en Valladolid se confirmó la proclamación del estado de guerra.

En Salamanca el inicio de la proclamación corría a cargo de un comandante retirado, Fortea, aunque no hay que rebajar el papel de algunos políticos salmantinos como Ernesto Castaño (CEDA) o Martín Veloz, que mantenían buenos contactos con los militares. En Salamanca parece ser que la llamada personal de Saliquet al Gobernador Militar García Álvarez comunicándole que se había apoderado del edificio de la 7ª División puso en marcha finalmente la sublevación que contaba con apoyos en diferentes unidades militares de la ciudad.

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