13 Abr
La II República y la Autonomía Vasca
La II República fue una oportunidad para que el País Vasco lograra la autonomía. Así, en 1931 los nacionalistas y carlistas presentaron el Estatuto de Estella, que tras unas modificaciones fue aprobado por un referéndum en el que Navarra quedó fuera. Aunque fue paralizado en el Bienio Radical Cedista, con el triunfo del Frente Popular, se reanuda el proceso estatutario. Pero el proyecto definitivo se aprobó en plena Guerra Civil.
En 1936 se formó el primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Aguirre.
El Estatuto estuvo en vigor solamente en Bizkaia, debido a que Álava y Navarra apoyaron el golpe y Guipúzcoa ya había sido ocupada. Por ese motivo, en la práctica, Euskadi funcionó como un Estado independiente, por el que se grabó la moneda, se organizó el ejército y la marina propia, y se dio libertad religiosa.
Guerra Civil y Exilio del Gobierno Vasco
El ataque del General Mola hizo que la prioridad del Gobierno Vasco fuera la defensa de su territorio. En ese momento, el bando nacional tuvo el apoyo de Italia y Alemania, que bombardearon Durango y Gernika. La caída de Bilbao supuso el exilio del Gobierno Vasco.
Los republicanos se dividieron en el exilio; el PSOE se dividió en diferentes tendencias, también estaban el PCE, ANV y PNV. Aguirre intentó unir los partidos formados por el Gobierno Vasco en lo que denominó “Obediencia Vasca”.
Pero, con la invasión nazi en Francia, la prioridad de los exiliados era marchar hacia Estados Unidos, aunque este también acabó entrando en la guerra.
La unidad de los partidos finalmente se recuperó con el Pacto de Bayona, con la finalidad de derrotar la dictadura, pero fue un camino largo, ya que existía una gran división política que enfrentaba y dividía a sus integrantes.
Esta situación afectó al entorno vasco y alcanzó al PSOE, partidos republicanos del Gobierno Vasco y ANV. Por otro lado, el PC retiró a Juan Astigarrabia, ya que se le acusaba de haberse sometido a los nacionalistas. Ante todo esto, José Antonio tenía la preocupación de mantener la unidad vasca y defenderla del desastre republicano.
Prieto quería que los organismos republicanos se disolvieran en la JEL para preparar la situación del régimen franquista. Aguirre no estaba dispuesto a disolver el gobierno. Las presiones hicieron que hubiera una ruptura entre los socialistas vascos exiliados. En la prisión de Burgos, es el lugar donde se sientan las bases para un acuerdo entre nacionalistas y socialistas.
A finales de 1944, en Tolouse había surgido el Bloque Nacional Vasco, integrado tanto por las organizaciones regionales identificadas con el Frente Popular, PSOE, UGT, FJS, CNT, PCE y los tres partidos republicanos, como por las fuerzas nacionalistas, PNV, ANV y ELA-STV.
En la primera quincena de 1945 se alcanza un acuerdo casi total. El documento definitivo ya estaba acordado aunque su firma oficial no se producirá hasta unos días después de los acordado. El Pacto de Bayona supone el arranque para consolidar la unidad vasca, aunque la unidad tardará un año en producirse.
El Problema Vasco y la Iglesia
Uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana en el País Vasco y que afecta igualmente a la buena marcha de nuestra Iglesia diocesana, es el, así llamado, problema vasco. ¿En qué consiste dicho problema?
Reduciéndolo a lo esencial, puede expresarse de esta manera: mientras unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social. (…)
El pueblo vasco tiene unas características propias de tipo cultural y espiritual, entre los que destaca su lengua milenaria. Esos rasgos peculiares dan al pueblo una personalidad específica, dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español actual.
El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual, sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos, dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa libertad.
Sin embargo, en las actuales circunstancias, el pueblo vasco tropieza con serios obstáculos para poder disfrutar de este derecho. El uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza, en sus distintos niveles, como en los medios de comunicación (prensa, radio, TV), está sometida a notorias restricciones. Las diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un indiscriminado control.
La Iglesia, para anunciar y hacer presente la salvación de Cristo, en esta situación concreta de la diócesis, tiene que exhortar y estimular para que se modifiquen convenientemente (…) las situaciones en nuestro pueblo (…).
Antonio Añoveros, *El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos*, homilía leída en las iglesias de Bizkaia el 24 de febrero de 1974.
Transición a la Democracia
Tras la muerte de Franco en 1975, España inició su transición a la democracia. El entonces Jefe de Gobierno, Carlos Arias Navarro, dimitió y fue reemplazado por Adolfo Suárez. Su mayor logro fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que desmanteló el régimen franquista y sentó las bases del sistema democrático. Esta Ley, aprobada por las Cortes franquistas, permitió su disolución y la formación de un nuevo Parlamento elegido por el pueblo.
En 1977 se celebraron las primeras elecciones generales y constituyentes desde 1936, con una participación del 78 %. La UCD, liderada por Suárez, obtuvo la victoria relativa, seguida del PSOE. Los nacionalistas lograron representación, mientras que el PCE fue perjudicado y ni la extrema derecha ni la Democracia Cristiana consiguieron escaños.
Uno de los principales problemas del gobierno fue la crisis económica. Suárez negoció con partidos, sindicatos y empresarios, logrando los Pactos de la Moncloa, en los que se hicieron concesiones económicas para garantizar la estabilidad democrática. Este fue su segundo gran éxito.
En este contexto, el Parlamento se dispuso a elaborar una Constitución. Aunque inicialmente las Cortes no eran constituyentes, los partidos forzaron que su primera tarea fuera redactar una Constitución democrática. Se creó una comisión de 7 diputados de todos los partidos con representación, excepto la minoría vasca, que no participó.
La política de consenso permitió resolver los temas más conflictivos mediante el acuerdo entre las fuerzas políticas. La Constitución adoptó un enfoque progresista, con cierta ambigüedad que facilitaba su desarrollo tanto para la izquierda como para la derecha.
La Constitución de 1978 define España como un Estado social y democrático de Derecho y una monarquía parlamentaria, donde el Rey tiene funciones representativas. Establece la soberanía nacional, la separación de poderes y el Tribunal Constitucional como máxima instancia.
También fija la no confesionalidad del Estado, abole la pena de muerte y garantiza derechos y libertades como la huelga, la sindicación y el voto desde los 18 años. Aunque reconoce la libertad de mercado, permite la intervención estatal por interés público.
Se reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, estableciendo el castellano como lengua oficial y protegiendo las lenguas propias de cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, el PNV no consiguió sus aspiraciones en materia de autonomía, lo que llevó a su abstención en la votación de la Constitución y a unirse a la izquierda abertzale en la campaña por la abstención en el referéndum.
El referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 fue aprobado por el 88 % del electorado, aunque en el País Vasco la participación no alcanzó el 50 % debido a la abstención promovida por el nacionalismo.
La aprobación de la Constitución trajo consigo una profunda reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar, además de la eliminación de las leyes franquistas más antidemocráticas.
El Estatuto de Autonomía Vasco
Desde la abolición de los fueros en 1876 por Cánovas del Castillo, la demanda de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco se hizo fuerte, no solo entre los carlistas derrotados sino también en ciertos grupos liberales.
El nacionalismo sabiniano jugó un papel clave en esta reclamación, pero sus esfuerzos no dieron fruto hasta la II República. En 1931, tras la victoria republicano-socialista y la aprobación del Estatuto Catalán, el País Vasco inició la redacción del suyo. El proceso se retrasó porque el nacionalismo vasco no participó en el Pacto de San Sebastián.
Se presentaron varios proyectos de Estatuto, siendo el impulsado por los nacionalistas el más avanzado. Solo con la llegada del Frente Popular en 1936 y la oposición de los nacionalistas vizcaínos y guipuzcoanos al golpe franquista se logró su aprobación. Sin embargo, solo se aplicó en Bizkaia y parte de Gipuzkoa, ya que el resto estaba bajo control franquista. Su vigencia fue breve, pues un año después Franco lo abolió.
La dictadura impidió retomar el tema hasta la muerte de Franco. Tras negociaciones con la UCD, se redactó y aprobó el segundo Estatuto.
En 1978, el Consejo General Vasco (gobierno preautonómico) reunió una ponencia para redactar el anteproyecto, apoyado por todos menos AP y HB. Se presentó en Gernika el 29 de diciembre, el mismo día en que entró en vigor la Constitución. El Gobierno de Suárez se opuso al texto, en parte por la posible incorporación de Navarra.
En las elecciones generales de 1979, el PNV fue el partido más votado en Euskadi, seguido del PSE, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra. En julio de 1979, se iniciaron negociaciones entre Carlos Garaikoetxea (PNV) y Adolfo Suárez para consensuar el Estatuto.
El acuerdo reconoció a Euskadi como Comunidad Autónoma, con derecho a autogobierno y formada por Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, dejando abierta la incorporación de Navarra si así lo decidía. Se garantizó la vigencia de las instituciones forales y la cooficialidad del euskera con el castellano.
El poder quedó estructurado así:
- Legislativo: Parlamento Vasco (75 representantes, elegidos por 4 años).
- Ejecutivo: Lehendakari (elegido por el Parlamento), quien nombra a sus consejeros.
- Judicial: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El Estatuto definió competencias en educación, cultura, lengua, economía (Concierto Económico), administración y seguridad (Ertzaintza). Su aplicación ha sido motivo de disputa con el Gobierno central.
El 25 de octubre de 1979, el Estatuto se sometió a referéndum y fue aprobado por el 53% del censo electoral (90% de los votos afirmativos sobre un 60% de participación).
En las elecciones autonómicas del 9 de marzo de 1980, la mayoría nacionalista y la ausencia de HB permitieron al PNV gobernar en solitario. En abril, Carlos Garaikoetxea fue investido primer lehendakari de Euskadi.
La Dictadura Franquista en Euskadi (1939-1975) y Crecimiento Económico
Causas
El crecimiento económico del País Vasco en la dictadura franquista (1939-1975) respondió a la protección estatal, impulsando industrias estratégicas como la metalurgia, construcción naval y energía. La política autárquica de los cuarenta benefició a empresas como CAF y Euskalduna. En los cincuenta, su crecimiento industrial (11%) superó la media estatal (4%), destacando el cooperativismo de Mondragón con Fagor y Caja Laboral impulsado por José María Arizmendiarrieta. En los sesenta, la industria se expandió a nuevas zonas como el Cadagua e Ibaizabal, impulsada por la inmigración interna, que proporcionó mano de obra barata y aumentó la renta per cápita. Sin embargo, en los setenta, la crisis del petróleo (1973), la conflictividad laboral y la actividad de ETA desestabilizaron el modelo económico. La reconversión industrial se hizo inevitable ante la crisis del sector, marcando el fin de una etapa de crecimiento sostenido y generando incertidumbre en la economía vasca.
Consecuencias
El desarrollo industrial modernizó el País Vasco, consolidándolo como una de las regiones más avanzadas de España. La competitividad de empresas metalúrgicas y navales aumentó, pero trajo explotación laboral y huelgas como la de 1947. La inmigración duplicó la población en zonas industriales, causando chabolismo y carencia de infraestructuras, aunque el poder adquisitivo permitió mejorar viviendas y servicios básicos. En el ámbito político, la expansión económica fortaleció al movimiento obrero y sindicatos como CC.OO., aumentando las protestas en los sesenta y setenta. Paralelamente, la oposición antifranquista creció con la lucha de ETA y sectores nacionalistas. La crisis petrolera de 1973 y la conflictividad social precipitaron la reconversión industrial, cerrando fábricas y aumentando el desempleo. Esto marcó el fin del crecimiento franquista y abrió una etapa de crisis que afectó la Transición, redefiniendo la estructura socioeconómica del País Vasco en la democracia.
Transición Española y Violencia Política (1975-1982)
Causas
La violencia política durante la Transición (1975-1982) surgió del choque entre quienes buscaban la democracia y quienes intentaban frenarla. Tras la muerte de Franco, la incertidumbre radicalizó a la extrema derecha, grupos independentistas y la izquierda revolucionaria. ETA intensificó su actividad con 365 asesinatos entre 1975 y 1982, atacando a militares, policías y políticos. En respuesta, el Estado apoyó grupos paramilitares como los GAL, que practicaron terrorismo de Estado contra supuestos miembros de ETA. La extrema derecha franquista, con grupos como Guerrilleros de Cristo Rey y la Triple A, cometió atentados contra la izquierda y nacionalistas. Además, sectores militares intentaron golpes de Estado, como la Operación Galaxia (1978) y el 23-F (1981). La brutal represión policial de huelgas, como la de Vitoria en 1976, avivó la radicalización de la izquierda. En este contexto, grupos comunistas como FRAP y GRAPO también ejecutaron atentados y secuestros.
Consecuencias
La violencia marcó la Transición con 3.200 actos violentos, 600 muertos y 2.000 heridos. ETA fue el grupo más letal, pero la extrema derecha, la represión estatal y grupos comunistas también causaron víctimas. La tensión fortaleció sectores conservadores en el ejército, lo que llevó al intento de golpe de Estado del 23-F en 1981, desactivado por el rey Juan Carlos I, consolidando la monarquía parlamentaria. En el País Vasco, la represión y la violencia de ETA radicalizaron posturas, dificultando el diálogo. La aprobación del Estatuto de Gernika (1979) supuso un avance en la autonomía vasca, pero no redujo el conflicto. Los GAL, creados para combatir ETA, dejaron un legado de terrorismo de Estado, generando un escándalo en los 90. La sociedad se polarizó entre quienes apoyaban medidas duras y quienes denunciaban abusos policiales. A pesar de todo, España consolidó su democracia con la Constitución de 1978 y la alternancia política en 1982.
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