13 Nov
Economía y Sociedad en la España Isabelina
Los Principios Económico-Sociales del Liberalismo
Según la doctrina liberal, los individuos tienen como principal derecho el ser felices, es decir, no solo existir, sino tener la mejor existencia futura posible.
Para alcanzar esto último es imprescindible tener propiedad de bienes. La propiedad de bienes es un derecho natural a una existencia feliz.
La propiedad se convierte así en el elemento que mueve la sociedad y a los individuos; es por tanto el sustento de las naciones.
Para que los individuos alcancen ese interés es necesario que sean libres y que cuenten con una igualdad de oportunidades. La libertad de actuación se convierte en necesaria para que cada uno logre su máxima felicidad, lo que significa poder acumular también la máxima propiedad posible.
La labor del estado es: garantizar la inviolabilidad del derecho a la propiedad privada y proporcionar la máxima libertad a los individuos para poder ejercer ese derecho; por lo tanto debía intervenir lo menos posible en economía.
La Desamortización
El proceso desamortizador comienza en Cádiz en 1811-1813, con los vaivenes políticos de los años siguientes, el proceso no finalizaría hasta 1841.
La primera tarea fue desamortizar los bienes de la iglesia y municipales y desvincular los bienes de la nobleza. El objetivo era sacar a pública subasta estas tierras para que aumentara el número de propietarios particulares y, con la aplicación de su trabajo, creciera la felicidad personal y la riqueza nacional.
La desvinculación (desamortizar los bienes de los nobles) significó acabar con las relaciones de dependencia entre campesinos y señores, pero también convertir en propiedad particular y libre todas aquellas tierras. Aunque en realidad transformó a los antiguos señores en propietarios libres.
La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos (el primogénito de una familia noble recibía en bloque unos bienes de los que no era propietario, sino usufructuario, y que podía aumentar con compras pero nunca vender). La abolición significaba que esas tierras podían ser vendidas por sus titulares.
La desamortización y la desvinculación fue la medida practicada por los gobiernos liberales durante todo el siglo XIX y parte del XX.
El hecho desamortizador suponía:
Que esas tierras dejaban de ser de manos muertas, es decir, dejaban de estar fuera del mercado para convertirse en bienes nacionales.
Su puesta en venta mediante pública subasta para satisfacer las necesidades del estado con lo recaudado.
El Proceso Desamortizador
La desamortización es un proceso que comenzó con Carlos III en 1767, cuando expropia los bienes de los jesuitas. Hasta 1924, fecha en el que Calvo Sotelo derogó las leyes desamortizadoras pasaron a manos particulares más de 20 millones de hectáreas que habían sido propiedad colectiva, es decir, el 40% de la superficie del Estado.
La Desamortización de Mendizábal
La puesta en marcha de su decreto trajo la ruptura de las relaciones con Roma y dividió a la opinión pública de tal forma que se ha quedado en la historia de España como la desamortización más importante.
Cuando Mendizábal llega de Londres para hacerse cargo del gobierno de España su mayor preocupación era la continuidad del trono de Isabel II, que representaba un nuevo estado liberal. Para ello era fundamental ganar la guerra carlista, por lo que necesitaba dinero. De la misma manera era preciso disminuir la deuda pública. Había que recurrir a nuevas fuentes de ingresos y por eso se fijó en los bienes de la iglesia.
El decreto de 1836 puso en venta todos los bienes del clero regular (monjes y monjas). Así, se subastaron no solo tierras sino también casas, monasterios y conventos con todas las cosas que había en ellos.
En 1837, la ley fue ampliada y se pusieron a la venta los bienes del clero secular (catedrales e iglesias en general), aunque esta ley se puso en práctica años más tarde, en 1841, durante la regencia de Espartero.
Objetivos de la Desamortización de Mendizábal:
Ganar la guerra carlista.
Eliminar la deuda pública.
Ofrecer a los compradores la posibilidad de pagar con títulos emitidos por el Estado.
Atraerse al partido liberal a los beneficiados por las desamortizaciones (la burguesía).
Poder solicitar nuevos créditos.
Cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, ahora libre e individual.
La iglesia sería reformada, transformada en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado en mantener a los clérigos y a subvencionar el culto.
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