crisis del 98: La liquidación del Imperio colonial: Cuba y Filipinas. Cuba representa los últimos restos del Imperio Hispánico en América y además de los vínculos sentimentales con la isla, existían muchos intereses económicos por el control del café, tabaco y azúcar. Tras la paz de Zanjón (1878), el gobierno español no cumplíó sus promesas: no inició un proceso descentralizador para dotar a la isla de órganos representativos que hubieran mermado el apoyo social a los independentistas; así, las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentan con las políticas proteccionistas para impedir el comercio con los Estados Unidos y reservar Cuba para los productos españoles. Esto generará un gran malestar tanto en Cuba como en EEUU y el temor en España a una insurrección cubana apoyada por los EEUU. En 1892, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano y en Febrero de 1895 se inicia la insurrección con “el grito de Baire” que se extiende por toda la isla. El gobierno de Cánovas reacciona enviando un ejército a mando de Martínez Campos que obtendrá pocos éxitos militares por lo que es sustituido y comienza el empleo de métodos contundentes: concentración de campesinos en aldeas aisladas, destrucción de plantaciones y vías férreas lo que hará que la economía cubana se resienta de manera notable. Tras el asesinato de Cánovas en 1897, le llega el turno al partido liberal que inicia una estrategia de conciliación con la concesión de autonomía, igualdad de derechos entre cubanos y peninsulares y autonomía arancelaria. Pero las reformas llegan tarde, puesto que los independentistas apoyados por EEUU se niegan a finalizar la guerra.
En 1898, EEUU declara la guerra a España a causa del hundimiento del acorazado Maine, anclado en el puerto de La Habana, del que acusa a España. Las motivaciones de la intervención americana son de diverso tipo: económicas por las presiones de comerciantes e industriales, psicológicas por la presión de la prensa sensacionalista favorable a la guerra con España…; en el fondo, Estados Unidos estaba incómodo ante la presencia de una metrópoli europea en el Caribe (derivado de la doctrina Monroe “América para los americanos” que hace suya el presidente Mckinley). Tras la declaración de guerra las tropas estadounidenses desembarcan en Cuba y en Filipinas (donde también había estallado una insurrección en 1896, dirigida por Emilio Aguinaldo) y ante su aplastante superioridad militar, derrotan completamente a la escuadra española.En Diciembre de 1898, se firma la paz de París por la que España abandona Cuba, Puerto Rico y Filipinas que, a partir de entonces, quedarán bajo la influencia y el dominio norteamericano. La crisis del 98. Tras la derrota colonial, España queda sumida en un estado de desencanto y frustración:

se ha destruido el mito del Imperio Hispánico en un momento en que las grandes potencias europeas construían sus grandes imperios coloniales, y España quedará relegada a un papel secundario en el contexto internacional. La derrota de 1898 tuvo una serie de consecuencias que hacen de finales del Siglo XIX un momento crucial de nuestra historia. La pérdida de las últimas colonias del “Imperio Español” puso de manifiesto el problema de España: su atraso y aislamiento con respecto a los países más desarrollados de Europa y EEUU. Las consecuencias humanas se cifran en 60.000 soldados españoles muertos. La mayoría debido a enfermedades infecciosas que dejaron graves secuelas a los supervivientes. Pero las repercusiones en los campos político y económico fueron menores de lo esperado: no hubo crisis política ni quiebra del sistema de la Restauración, no hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales. En el fondo, la crisis fue fundamentalmente de tipo moral e ideológico: fuerte resentimiento entre los militares contra los políticos por haberlos utilizado a sabiendas de que era una guerra perdida de antemano; fuerte antimilitarismo entre las clases populares, ya que a la guerra sólo habían ido los que no tenían recursos para pagar por no acudir a filas (problema de las quintas); auge de los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. El movimiento regeneracionista se encuadra en este contexto de crisis moral. Se trata de una serie de movimientos críticos con el sistema de la Restauración que propone la regeneración y modernización de la política española; su principal pensador será Joaquín Costa que en sus obras (Escuela y despensa y siete llaves al sepulcro del Cid, Oligarquía y caciquismo) indica la necesidad de dejar atrás los mitos del pasado imperial, modernizar la economía y la sociedad, alfabetizar a la población,  y organizar el sistema político al margen del turno dinástico desmantelando el sistema caciquil. El grupo de “la generación del 98” se encuadra también en este movimiento que con u n profundo pesimismo reflexionan sobre el sentido de España y su papel en la Historia. El regeneracionismo tendrá un intento práctico con el gobierno del nuevo líder conservador Francisco Silvela. Este inicia una política reformista con proyectos de descentralización administrativa y una nueva política presupuestaria. Pero este intento fracasará puesto que no incidíó en el sistema político del país y así, la Restauración sobrevivíó al desastre del 98. Señalar, por último, otro intento reformador basado en la enseñanza:Giner de los Ríos fundará en 1876 la Institución Libre de Enseñanza que promovía una intensa renovación pedagógica de orientación europea. En 1901, el Parlamento toma conciencia de la pésima situación de la enseñanza y crea el Ministerio de Instrucción Pública y una política educativa de alcance nacional.  

1812:Al inicio de la guerra, surgieron de manera espontánea las juntas de defensas locales, compuestas, sobre todo, por personalidades partidarias de Fernando VII (clérigos, militares, nobles…), que pretendían canalizar la agitación popular. Para coordinarse, política y militarmente, se crearon juntas provinciales y más adelante la Junta Suprema Central (Septiembre de 1808), que acabará establecíéndose en Cádiz (la única ciudad que resistía el asedio francés); esta Junta Suprema asumirá la soberanía en nombre del rey, convocará cortes en 1809 y, en 1810, cede el poder a una Regencia que actuará en nombre de Fernando VII. Las Cortes se constituyen en Cádiz en Septiembre de 1810, y el proceso de elección de diputados fue complicado: las provincias libres de los franceses pudieron elegir libremente a sus diputados, pero las ocupadas por el ejército francés las representaban ciudadanos de esas provincias que se encontraban en Cádiz; esta circunstancia hace posible que en una misma asamblea de cortes se reúnan individuos y no estamentos por separado como era lo tradicional en el Antiguo Régimen. La mayoría de los diputados a cortes pertenecían a la clase media urbana (catedráticos, abogados, funcionarios y militares), también había un importante número de eclesiásticos y algunos nobles. Ideológicamente se diferencian en tres grupos: liberales defensores de la soberanía nacional y del sistema político liberal; reformistas, también llamados jovellanistas, buscan un compromiso entre la nacíón y el rey, que debía seguir conservando un poder importante; y absolutistas que no quieren ninguna reforma, defienden el sistema tradicional del Antiguo Régimen. El sector liberal triunfará al forzar la representación de una única cámara y aprobar, en su primera sesíón, el principio de soberanía nacional. La más importante de las reformas políticas de las Cortes de Cádiz, fue la redacción de la Constitución de 1812 inspirada en la francesa de 1791. Se trata de un texto largo, de 384 artículos, y su tramitación se vio afectada por las vicisitudes bélicas y por las diferencias entre absolutistas y liberales. La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano: libertad de pensamiento y opinión, igualdad ante la ley, derecho de petición, libertad civil, derecho de propiedad…La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes: el legislativo en las cortes unicamerales; el ejecutivo en el monarca; y la administración de justicia en los tribunales, establecíéndose códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, así como garantías en los procesos

Otros artículos de la constitución planteaban la reforma de los impuestos, la creación de un ejército nacional y la implantación de una enseñanza primaria pública y obligatoria. Asimismo, el territorio se dividía en provincias, para cuyo gobierno se creaban las diputaciones provinciales, se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos y se creaba la Milicia Nacional. El texto constitucional plasmaba también el compromiso entre sectores de la burguésía liberal y los absolutistas, al afirmar la confesionalidad católica del Estado. Además del texto constitucional, las Cortes de Cádiz, aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen y sentar las bases de un régimen liberal: Se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, se eliminaron los mayorazgos y se decretó la desamortización de las tierras comunales, con el objetivo de recaudar capitales para amortizar la deuda pública. Se votó la abolición de la Inquisición (con una fuerte oposición de los absolutistas y del clero), la libertad de imprenta (aunque en lo referente a la religión continuaba bajo el control de la Iglesia); también hay que señalar la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar unas leyes mucho más avanzadas de lo que hubiera sido posible en situación de normalidad. Sin embargo, estas reformas apenas se pudieron aplicar debido a la guerra y, al finalizar esta, a la vuelta de Fernando VII que condujo al retorno del absolutismo. 

liberales y absolutistas: a. La restauración del absolutismo.  Los liberales desconfiaban de la predisposición de Fernando VII para aceptar el nuevo orden constitucional, por ello dispusieron que jurara enseguida la Constitución y aceptara el nuevo marco político; el rey no quiso enfrentarse a quienes durante su exilio habían luchado contra el invasor y acató sus condiciones. Pero los absolutistas –nobleza y clero- se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo para que mostrase su adhesión al monarca. Fernando VII, seguro ya de la debilidad del sector liberal, traiciónó sus promesas y, mediante el Real Decreto de 4 de Mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz. Los liberales fueron perseguidos y detenidos, mientras otros huyeron hacia el exilio. La monarquía procedíó a la restauración de todas las antiguas instituciones del Antiguo Régimen, en un contexto internacional determinado por la derrota de Napoleón y el restablecimiento del viejo orden en Europa, mediante el Congreso de Viena y la Santa Alianza. A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentarán un objetivo imposible: rehacer un país destrozado por la guerra, con la agricultura deshecha, el comercio paralizado, las finanzas en bancarrota y todas las colonias luchando por su independencia. A estos problemas hay que añadir que los acontecimientos sucedidos entre 1808 y 1814 habían cambiado la mentalidad de muchos sectores sociales: el campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales y las protestas se sucedían ante la pretensión de volver a poner los viejos impuestos; la libertad de comercio había permitido el desarrollo de empresas más allá de la rígida reglamentación gremial y gran parte de la burguésía reclamaba la vuelta al régimen constitucional; por último, la integración de jefes de la guerrilla en el ejército originó un sector liberal, partidario de reformas, que protagonizarían numerosos pronunciamientos. B. El Trienio Liberal (1820-1823). El 1 de Enero de 1820, el coronel Rafael de Riego, al frente de una compañía de soldados acantonados en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), pendientes de embarcar para combatir en las colonias americanas, se sublevó y recorríó Andalucía proclamando la Constitución de 1812. Seguirán pronunciamientos similares en otras ciudades y Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución, formando un nuevo gobierno que proclamó la amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales que restablecieron la legislación de las Cortes de Cádiz e intentan aplicarla. Las reformas (supresión de la Inquisición, libertad de comercio…) suscitaron rápidamente la oposición del monarca que había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y paralizó cuantas leyes pudo (derecho de veto), y conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder mediante la intervención de las potencias absolutistas en España. Durante el trienio surge una oposición conservadora y contrarrevolucionaria al régimen liberal, sus integrantes se denominan absolutistas, realistas o apostólicos

 su lema era “Dios, patria y rey»; se organizan en “partidas realistas” que se manifiestan en rebeliones militares urbanas y, sobre todo, en una guerra de guerrillas rural en las montañas de Cataluña, País Vasco, Navarra y norte de Castilla. Cuentan con el apoyo del propio rey, una parte del ejército, el clero, la nobleza y buena parte del campesinado (estos últimos descontentos con las reformas liberales). Las tensiones se produjeron también entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales; y los exaltados, que planteaban la necesidad de reformas radicales, favorables a las clases medias y populares. Sin embargo, no fueron estos conflictos lo que provocó el fin del régimen liberal, sino la acción de la Santa Alianza, que atendiendo a las peticiones de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España. En Abril de 1823, soldados franceses (los Cien Mil Hijos de San Luis) irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. c. La vuelta del absolutismo. La “década ominosa” (1823-1833). El restablecimiento del absolutismo supuso, como en 1814, una fuerte represión contra los liberales: exilio, detenciones, depuración de la administración y el ejército. Se suprime toda la legislación del trienio y se restauran todas las instituciones de la monarquía absoluta, a excepción de la Inquisición. La otra gran preocupación de la monarquía fue, de nuevo, el problema económico: los problemas de la Hacienda, agravadas por la pérdida definitiva de las colonias, forzaron a un estricto control del gasto público; a partir de 1825, el rey acuciado por los problemas económicos buscó la colaboración del sector moderado de la burguésía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Esta actitud incremento la desconfianza de los sectores más ultramontanos; en la corte, dicho sector se agrupó en torno de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, puesto que Fernando VII no tenía descendencia. En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica, pero este hecho dio lugar a un grave conflicto en la sucesión borbónica: la Ley Sálica, de origen francés e implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción que abríó el camino al trono a su hija y heredera. El sector más ultraconservador de los absolutistas, agrupados en torno al príncipe Carlos María Isidro (carlistas) se negó a aceptar la nueva situación. Por el contrario, María Cristina comprendíó que, si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo; nombrada regente durante la enfermedad del rey formó un nuevo gobierno de carácter reformista, decretó una amnistía que supuso la vuelta de muchos liberales y se preparó para enfrentarse a los carlistas. En 1833, muere Fernando VII, reafirmando en su testamento a su hija, de tres años de edad, como heredera al trono, y nombrando gobernadora a María Cristina hasta la mayoría de Isabel. El mismo día, don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el norte de España y Cataluña. Comenzaba así la primera guerra carlista.