Justicia y Derechos en la Constitución Española

Justicia

Definir el concepto de justicia es complejo, pues requiere adoptar una postura moral o política.

Existen dos principios fundamentales:

La Constitución Española de 1978 establece los derechos y deberes de los ciudadanos:

Derecho al matrimonio: Igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Derecho a la propiedad privada y herencia: Solo se puede privar de bienes por interés público o social, con indemnización.
Derecho a establecer fundaciones: Para fines de interés general.
Derecho al trabajo: Libre elección de profesión, promoción y remuneración suficiente.
Derecho a la negociación colectiva laboral: Sindicatos y empresarios.
Derecho a la huelga: Garantizando servicios esenciales.
Derecho y deber de defender a España: Obligaciones militares, servicios civiles y otros deberes en situaciones de emergencia.

Obligación de contribuir económicamente: Según capacidad económica y sistema tributario justo.
Deber de trabajar: Cumplir con las obligaciones laborales.
Deber de obedecer los convenios: Respetar los acuerdos laborales.

La Constitución garantiza la protección social en diversos ámbitos:

Familia: Protección económica, jurídica y social.
Trabajo: Promoción del progreso social y económico, distribución equitativa de la renta, formación profesional, seguridad e higiene laboral.
Seguridad Social: Régimen público para asistencia y prestaciones en situaciones de necesidad.
Salud: Medidas preventivas, prestaciones y servicios sanitarios, educación sanitaria y física.
Cultura: Acceso a la cultura, ciencia e investigación.
Medio Ambiente: Uso racional de recursos naturales, defensa y restauración del medio ambiente.
Patrimonio: Conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico.
Vivienda: Promoción del derecho a la vivienda, regulación del uso del suelo.
Juventud: Participación en el desarrollo político, social y económico.
Personas con Discapacidades: Atención especializada, integración y protección de derechos.
Tercera Edad: Pensiones suficientes, servicios sociales específicos.
Consumidores: Protección de la salud e intereses, información y educación.
Organizaciones Profesionales: Regulación de organizaciones que defienden intereses económicos, con estructura y funcionamiento democráticos.