La Desamortización en España en el Siglo XIX: Impacto y Consecuencias

Los políticos liberales del siglo XIX en España pusieron en marcha una reforma agraria con el objetivo de modernizar la estructura de la propiedad de la tierra y fomentar la producción agrícola, elemento considerado esencial para el crecimiento industrial. Esta reforma se basó en una serie de medidas desamortizadoras. Sin embargo, la falta de iniciativa empresarial entre los nuevos propietarios y su preferencia por un modelo rentista impidieron que España experimentara un avance económico similar al de otros países de Europa Occidental.

1. La Reforma Agraria Liberal

a) El Problema de la Propiedad de la Tierra y la Necesidad de Reforma

A principios del siglo XIX, la agricultura española, a pesar de ser la principal fuente de riqueza, se caracterizaba por su baja productividad. Esta situación se debía a diversos factores como la infertilidad del suelo, un clima adverso, la falta de inversión, el uso de mano de obra abundante y la dependencia de cultivos tradicionales. Se hacía evidente la necesidad de propietarios emprendedores que invirtieran en maquinaria, fertilizantes e introdujeran nuevos cultivos para aumentar los rendimientos.

La estructura de la propiedad de la tierra presentaba una marcada dicotomía entre latifundios y minifundios. Los grandes latifundios seguían siendo mayoritarios en regiones como Andalucía y la Meseta Sur, mientras que las pequeñas propiedades predominaban en áreas como Galicia.

• La mayor parte de la tierra pertenecía a la nobleza y a la Iglesia, quienes basaban su economía en las rentas que obtenían del campo. Estas tierras eran trabajadas por arrendatarios que, a cambio, entregaban una parte de la cosecha a los propietarios.
• Los campesinos, en su mayoría, eran pobres y trabajaban en pequeñas explotaciones, lo que les impedía acumular beneficios para mejorar sus cultivos o adquirir maquinaria. Además, más de la mitad de la mano de obra agrícola estaba compuesta por jornaleros, cuya situación era aún más precaria.

La estructura jurídica de la propiedad se caracterizaba por la presencia de los bienes amortizados, principalmente mayorazgos y manos muertas. Las tierras de los municipios y de la Iglesia, consideradas manos muertas, no podían ser vendidas, lo que impedía su adquisición por parte de campesinos que buscaban tierras o de una burguesía emergente dispuesta a invertir en el sector agrícola.

A esto se sumaban los vestigios del Antiguo Régimen, como los privilegios de la Mesta, perjudiciales para los agricultores, y el régimen señorial con sus derechos jurisdiccionales. Todos estos factores hacían indispensable una reforma profunda del campo.

b) La Reforma Agraria Liberal

Impulsada por los gobiernos liberales a lo largo del siglo XIX, la reforma agraria se materializó en una serie de medidas, entre las que destacan:

• Abolición de los privilegios de la Mesta (1836): Esta medida permitió la roturación de tierras destinadas al pastoreo, lo que supuso un aumento de la superficie cultivable.
• Desvinculación de los mayorazgos (Ley de 1841, que ratificaba la de 1820): Se eliminó esta forma de propiedad vinculada que impedía al propietario disponer libremente de sus bienes en vida, ya que estos debían pasar íntegramente al primogénito. La liberación de las tierras de los mayorazgos permitió su venta o partición, lo que inyectó grandes extensiones de tierra al mercado libre.
• Abolición del régimen señorial (1811, 1820 y definitivamente en 1837):
  • Se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, con lo que los señores perdieron sus atribuciones judiciales, aunque conservaron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias.
  • Los señoríos territoriales se convirtieron en propiedad privada del señor, y los campesinos que tradicionalmente habían trabajado esas tierras pasaron a ser simples arrendatarios o jornaleros.

2. Las Medidas Desamortizadoras

a) Concepto y Objetivos de la Desamortización

Las desamortizaciones, especialmente las de 1836 y 1855, fueron el motor de los cambios más significativos en la estructura de la propiedad de la tierra. Estas medidas consistieron en la apropiación por parte del Estado de una gran cantidad de bienes pertenecientes a la Iglesia (tierras y edificios) y a los municipios (tierras comunales). Estos bienes fueron declarados bienes nacionales y posteriormente vendidos a particulares en subasta pública.

Los objetivos de las desamortizaciones fueron:

• Económicos: Obtener financiación para aliviar la deuda pública y sufragar los gastos de la Primera Guerra Carlista, así como convertir la propiedad vinculada en propiedad libre que pudiera circular en el mercado.
• Políticos: Atraer el apoyo de nuevos sectores al régimen isabelino, ya que los compradores de tierras, principalmente burgueses, perderían sus propiedades si los carlistas, que prometían devolverlas al clero, resultaban victoriosos.
• Sociales: Crear una clase media agraria de campesinos propietarios que proporcionara estabilidad a las instituciones del Estado liberal.

b) La Desamortización Eclesiástica (1836)

El ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal, durante la regencia de María Cristina, llevó a cabo la primera desamortización. Mediante una serie de decretos, se disolvieron las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria) y se incautaron sus bienes (fincas rústicas e inmuebles).

Con los recursos obtenidos se hizo frente a la deuda pública y se financió al ejército que luchaba contra los carlistas. En 1841 se decretó la desamortización de los bienes del clero secular, pero este proceso se detuvo durante la Década Moderada (1844-1854) mediante una ley en 1845 y la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851.

c) La Desamortización General (1855)

Impulsada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz durante el Bienio Progresista (1854-1856), esta nueva ley desamortizadora afectó a los bienes de la Iglesia, las órdenes militares, las cofradías, las instituciones benéficas y, sobre todo, a los ayuntamientos (bienes propios y comunes). Esta medida supuso la desaparición definitiva de los bienes de manos muertas. El volumen de bienes puesto a la venta fue mucho mayor que en la desamortización de 1836.

Los objetivos principales eran obtener recursos para la Hacienda, financiar las inversiones públicas, especialmente la construcción del ferrocarril, y modernizar la economía del país. La desamortización se paralizó con el regreso de los moderados al poder, pero fue reanudada por los unionistas, quienes en 1860 acordaron con la Santa Sede la venta de los bienes expropiados pendientes.

d) El Procedimiento Desamortizador

. -Con los bienes nacionalizados se constituyeron lotes de propiedades que fueron reprivatizadas mediante subasta pública, en presencia de un juez, entre los particulares interesados en su compra. -El pago se podía efectuar en metálico, dando un primer plazo por un valor de la quinta parte de la propiedad y el resto en quince años, o bien pagando una parte con títulos de deuda pública y el resto en plazos durante ocho años.

3.    Valoración de las medidas desamortizadoras.

Las medidas desamortizadoras aliviaron el déficit de la Hacienda pública, aunque no acabó con él. -El 25 % de las tierras pasaron de ser propiedad colectiva a ser propiedad privada. Pero se consolidó la estructura latifundista: los compradores fueron aristócratas, que aumentaron su patrimonio, y burgueses ricos, que veían en la tierra un signo de prestigio social y estabilidad económica. -La mayoría de los agricultores carecían de capacidad adquisitiva para comprar tierras, y se convirtieron en jornaleros, mano de obra eventual y en precarias condiciones de trabajo, que protagonizaría frecuentes conflictos sociales. -La venta de tierras municipales perjudicó a los ayuntamientos y a los vecinos más pobres, que perdieron la utilización de los terrenos comunales, lo que forzó a la emigración a las ciudades o produjo la proletarización de amplios sectores del campesinado. -Transformó la fisonomía de las ciudades, pues la privatización de los bienes conventuales y municipales posibilitó cambios urbanísticos, ensanches y utilización de nuevos edificios públicos (muchos conventos se convirtieron en cuarteles, hospitales, escuelas, etc.). -La desamortización de los bienes eclesiásticos arrebató a la Iglesia la base de su poder económico, lo que produjo un distanciamiento del nuevo régimen liberal del clero y los españoles más apegados al catolicismo. -Proporcionó los recursos necesarios para hacer frente a las guerras carlistas. Además, los grupos sociales que adquirieron los bienes desamortizados, entre los que destacaba la burguesía, apoyarían la causa del régimen isabelino y se opondrán al carlismo.

4.    Cambios agrarios.

-No se creó “una familia de propietarios que hará producir las tierras y creará así gran riqueza”, como decía Mendizábal; y apenas mejoraron las técnicas de cultivo. La falta de propietarios emprendedores impidió la “capitalización” del campo  que generara beneficios para invertir en otros sectores (industria).  -Sin embargo, se logró una ampliación importante de la tierra cultivada dedicada a los cereales y a la patata. El cultivo cerealista seguía siendo el predominante, y aunque se cultivo era tradicional, gran parte de su producción se exportaba cuando existieron conflictos bélicos entre países europeos. Pero en condiciones normales, el precio del grano español no podía competir con el de las tierras francesas, inglesas o alemanas. -En la zona mediterránea se fue imponiendo una agricultura destinada a la comercialización (arroz, naranjas, vid, olivo). España se convirtió durante las décadas de 1870 y 1880 en la primera potencia mundial en producción vinícola (Rioja, Jerez), por la ruina de la producción francesa a causa de la filoxera. Además, se introdujeron abonos como el guano de Perú o el nitrato de Chile, que repercutieron en un aumento de la productividad.

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