La Desamortización

Los diputados de las Cortes de Cádiz, entre 1811 y 1813, iniciaron la labor de convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen, tanto fincas rústicas como urbanas. Sin embargo, debido a los vaivenes políticos de las décadas siguientes, el proceso no finalizaría hasta 1841. La primera tarea fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. Ambas acciones pretendían sacar al mercado libre, para que fueran objeto de compra y venta, bienes que el Antiguo Régimen había dejado al margen de este. Se trataba de proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el número de propietarios particulares y creciera su felicidad personal y, con ella, la riqueza nacional.

Desvinculación

La desvinculación supuso una doble decisión:

1. La abolición de los señoríos, lo que significaba, por un lado, acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores tenían sobre algunos habitantes y, por otro lado, convertir en propiedad particular y libre aquellas tierras. El proceso, iniciado en Cádiz a causa de las múltiples quejas y problemas surgidos, concluyó en 1837. Aunque esta medida solo transformaba a los señores antiguos en propietarios liberales, con una titularidad plena y libre sobre dichos bienes.
2. La supresión de los mayorazgos. En Cádiz solo se había instaurado la primera ley que la recogía; se escribió en 1820. De nuevo, las resistencias de la nobleza retrasarían su culminación hasta 1841. El mayorazgo había sido la fórmula por la que las casas nobiliarias habían podido mantener una gran parte de sus propiedades: el primogénito de la casa recibía por herencia un bloque de bienes del que no era propietario y que podía aumentar con compras, pero nunca vender, manteniendo el deber de transmitirlo a su heredero. La abolición suponía que estos bienes eran declarados libres y que podían ser vendidos por sus titulares.

Desamortización

La desamortización fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales. El hecho de desamortizar suponía dos momentos bien diferenciados:

1. La incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de «manos muertas», es decir, se convertían en bienes nacionales.
2. Su puesta en venta mediante públicas subastas.

El Proceso Desamortizador

La desamortización, aunque considerada liberal-progresista, ya había empezado a ser aplicada en el siglo XVIII. Se ha calculado que desde que se pusieron en venta los bienes de los jesuitas hasta 1924, cuando el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes sobre la desamortización, pasaron a manos de propietarios particulares 19.900.000 hectáreas que habían sido de propiedad colectiva.

La Desamortización de Mendizábal

Es obligado destacar de forma especial la desamortización de Mendizábal porque trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y removió y dividió la opinión pública de tal forma que ha quedado en la historia contemporánea como la desamortización por antonomasia. Cuando en 1835 llegó desde Londres para presidir el gobierno, lo que le preocupaba era la continuidad del trono de Isabel II (nuevo Estado liberal); para ello era condición necesaria ganar la guerra carlista, pero este objetivo no podría realizarse sin dinero. A su vez, para futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, era preciso eliminar o disminuir la deuda pública hasta entonces contraída. Ante la mala situación, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación, y estas no eran otras que los bienes de la Iglesia. El decreto desamortizador de 1836 puso en venta todos los bienes del clero regular. De esta forma, quedaron en manos del Estado y se subastaron tierras, casas, monasterios y conventos. Al año siguiente, 1837, otra ley cumplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular, aunque se llevó a cabo unos años más tarde.

Con la desamortización de Mendizábal se pretendía lograr varios objetivos a la vez: ganar la guerra carlista, eliminar la deuda pública, atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, poder solicitar nuevos préstamos y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, reformada y transformada en una institución del nuevo régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos.

Desamortización de Madoz

El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda Pascual Madoz sacó a la luz su ley de desamortización general. Se llama general porque se ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de la Iglesia que no habían sido vendidos anteriormente y los de los pueblos, que se llenaban de bienes propios (aquellos que proporcionaban una renta al concejo) y los comunes (que no proporcionaban renta). La desamortización se prolongó hasta 1924.

El procedimiento utilizado fue una copia del de Mendizábal, pero con dos diferencias claras:

1. El destino del dinero obtenido, que fue dedicado a la industrialización del país y la expansión del ferrocarril.
2. La propiedad de dicho dinero: el Estado no era propietario, sino los ayuntamientos.

En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiada, aunque la participación del pueblo fue mayor que en la de Mendizábal.

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