Contexto Económico de España en el Siglo XIX

A lo largo del siglo XIX, España experimentó una serie de transformaciones económicas que, aunque significativas, resultaron insuficientes para equipararse al ritmo de industrialización de otras naciones europeas. Al finalizar la centuria, la economía española seguía siendo predominantemente agraria, con un sector industrial limitado y poco competitivo en el mercado internacional.

Pervivencias Agrarias

La agricultura continuó siendo el pilar de la economía española, empleando a la mayoría de la población activa. Este sector se caracterizaba por bajos rendimientos y técnicas tradicionales que limitaban su productividad. La estructura de la propiedad de la tierra presentaba contrastes marcados:

• En el sur y centro predominaban los latifundios, grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos propietarios, donde los jornaleros trabajaban en condiciones precarias.
• En el norte y el este, especialmente en regiones como Galicia y Cataluña, prevalecían los minifundios, pequeñas parcelas que dificultaban la rentabilidad y el desarrollo agrícola.

Primeras Transformaciones Económicas

Durante la primera mitad del siglo XIX, España impulsó reformas para modernizar su economía y eliminar las estructuras del Antiguo Régimen. Se abolió el régimen señorial en las Cortes de Cádiz, permitiendo que las tierras nobiliarias pasaran a la propiedad privada plena. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), se suprimieron los mayorazgos y los privilegios de la Mesta, facilitando la libre disposición y venta de tierras. Además, la abolición de los diezmos eclesiásticos eliminó una carga impositiva para los agricultores, favoreciendo la transición hacia una economía liberal.

Aunque la situación del campo a comienzos del siglo XIX era muy precaria, se produjeron algunos cambios significativos en la primera mitad del siglo:

• Articulación progresiva del mercado interior.
• Cierta apertura al exterior: Galicia exportaba ganado a Inglaterra y a las antiguas colonias.
• Especialización y adaptación de cultivos: difusión del maíz y la patata en el norte, predominio de cereales en Andalucía y Castilla, expansión del viñedo en el litoral mediterráneo.
• El aumento de la producción se debió principalmente al incremento de la superficie cultivada (roturación de nuevas tierras) y a la especialización regional, pero no a mejoras técnicas sustanciales.

Las Desamortizaciones: Reforma de la Propiedad de la Tierra

Las desamortizaciones fueron un conjunto de reformas legislativas impulsadas por los gobiernos liberales a lo largo del siglo XIX con el fin de modificar la estructura de la propiedad de la tierra y obtener recursos para la Hacienda pública, especialmente para reducir la abultada deuda del Estado y financiar proyectos como la construcción del ferrocarril. Estas reformas consistieron en la expropiación forzosa y venta en pública subasta de bienes (principalmente tierras, pero también edificios) que pertenecían a entidades consideradas como “manos muertas”, es decir, instituciones como la Iglesia, los municipios o, en menor medida, la nobleza, que no podían vender libremente sus propiedades y a menudo no las explotaban de forma productiva.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

El primer gran proceso desamortizador fue llevado a cabo por Juan Álvarez Mendizábal en 1836, durante la Regencia de María Cristina. Sus objetivos eran, por un lado, sanear la Hacienda pública y financiar la guerra carlista y, por otro, crear una base social de propietarios agrícolas vinculados al liberalismo, lo que ayudaría a consolidar el nuevo régimen. La desamortización de Mendizábal se centró principalmente en las tierras y bienes del clero regular (órdenes religiosas masculinas) y, posteriormente, del clero secular. No solo afectó a tierras, sino también a casas, monasterios, conventos y bienes muebles como obras de arte y libros. La venta de estos bienes se realizó mediante subasta pública, y el pago se podía hacer en efectivo o mediante títulos de deuda pública.

La Desamortización General de Madoz (1855)

Posteriormente, en 1855, Pascual Madoz, Ministro de Hacienda durante el Bienio Progresista (1854-1856), promovió una desamortización general. Esta ley afectó no solo a los bienes eclesiásticos que no se habían vendido en la etapa anterior, sino también, y de forma muy significativa, a los bienes pertenecientes a los municipios (los llamados bienes de propios y comunes) y a otras instituciones civiles como las órdenes militares, cofradías, obras pías y establecimientos de beneficencia e instrucción pública. El objetivo principal de Madoz era obtener fondos para amortizar la deuda pública y, sobre todo, financiar la construcción de infraestructuras clave, como la red de ferrocarriles.

Consecuencias de las Desamortizaciones

A pesar de que las desamortizaciones tenían la intención de modernizar la estructura de la propiedad agraria y generar recursos para el Estado, sus efectos fueron complejos y, en parte, contradictorios:

• Económicas: Aumentaron la superficie cultivada y la producción agrícola a largo plazo, al poner en el mercado tierras que antes estaban infrautilizadas. Contribuyeron a financiar al Estado y proyectos como el ferrocarril. Sin embargo, no impulsaron una mejora técnica significativa en la agricultura.
• Sociales: No se produjo una redistribución de la tierra entre los campesinos más pobres. Los principales compradores fueron burgueses, especuladores, militares, comerciantes y antiguos terratenientes, que a menudo se convirtieron en rentistas, consolidando la estructura de la propiedad existente: latifundios en el centro y sur, y minifundios en el norte y noroeste. La venta de los bienes comunales perjudicó gravemente a los campesinos más humildes, que perdieron el acceso a recursos complementarios (pastos, leña). Se consolidó un amplio proletariado agrícola de jornaleros sin tierra, especialmente en el sur.
• Políticas: Fortalecieron al régimen liberal al crear una clase de propietarios vinculados a él, pero también generaron tensiones con la Iglesia y el campesinado.
• Culturales: Supusieron la pérdida y dispersión de una parte importante del patrimonio artístico y documental que custodiaba la Iglesia (edificios, obras de arte, bibliotecas).
• Ecológicas: La puesta en cultivo de antiguas tierras comunales y baldíos, muchas de ellas forestales, provocó un intenso proceso de deforestación en muchas zonas del país.

En resumen, aunque la desamortización fue un proceso fundamental para la transición al capitalismo y la modernización económica de España, no logró solucionar el problema de la desigual distribución de la tierra ni mejorar sustancialmente las condiciones de vida del campesinado, fallando en la creación de una verdadera reforma agraria. Consolidó una élite terrateniente que mantuvo una gran influencia económica y política.

Industrialización y Desarrollo Económico

Un Proceso Lento y Desigual

En el siglo XIX, España vivió un proceso de industrialización lento, incompleto y territorialmente desigual en comparación con otros países de Europa occidental. Aunque el país avanzó en la liberalización de la tierra y el comercio, la industrialización llegó con retraso. Solo algunas regiones como Cataluña, Asturias, el País Vasco y Madrid experimentaron una industrialización significativa, concentrada en sectores clave.

Sectores Clave de la Industrialización

Industria Textil

Fue el primer sector en modernizarse, especialmente en Cataluña. Se centró en el algodón en lugar de la lana tradicional y adoptó tempranamente la máquina de vapor y el sistema de fábrica. La industria textil catalana experimentó una notable expansión desde la década de 1830 hasta aproximadamente 1880, aunque también surgieron núcleos textiles en otras zonas como Levante, Madrid y Málaga.

Siderurgia

La industria del hierro y el acero tuvo sus primeros focos en Andalucía (Marbella, Málaga). Sin embargo, a partir de la década de 1860, Asturias (por su carbón mineral) y, sobre todo, el País Vasco (por el hierro de Vizcaya y la tecnología importada, como el convertidor Bessemer) se convirtieron en los centros dominantes de la producción siderúrgica española.

Minería

A partir de la Ley de Bases sobre Minas de 1868, que liberalizó las concesiones, el sector de la minería experimentó un gran auge. España se convirtió en un importante productor y exportador de cobre (Huelva), plomo (Linares, Cartagena), mercurio (Almadén) y hierro (Vizcaya). Gran parte de la explotación quedó en manos de capital extranjero (británico y francés), como en el caso emblemático de las minas de Riotinto.

Ferrocarril

El ferrocarril fue un elemento crucial para la articulación del mercado interior y el fomento del desarrollo industrial. Su construcción se impulsó decididamente a partir de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, durante el Bienio Progresista. Esta ley ofreció grandes facilidades a las compañías constructoras, atrayendo abundante capital extranjero (principalmente francés). Se creó una red radial con centro en Madrid, que facilitó el transporte de mercancías y personas, impulsando la siderurgia y la minería. Sin embargo, la red se construyó con un ancho de vía diferente al europeo, lo que dificultó las conexiones internacionales, y su rentabilidad fue a menudo baja. A pesar del esfuerzo, España seguía rezagada en densidad ferroviaria en comparación con otros países europeos.

Banca y Finanzas

La modernización económica requirió un sistema financiero más desarrollado. La presencia de inversores extranjeros, sobre todo franceses, fue fundamental en la creación del sistema bancario español moderno (Banco de España, bancos privados). En 1868 se estableció la peseta como unidad monetaria nacional y se crearon instituciones como el Banco Hipotecario, sentando las bases para el desarrollo financiero del país.

En resumen, España experimentó un proceso de industrialización incompleto y desigual en el siglo XIX. Hubo avances significativos en ciertos sectores y regiones, pero la economía siguió siendo predominantemente agrícola hasta finales de siglo. La inversión extranjera y el desarrollo ferroviario fueron factores importantes, aunque la debilidad de la demanda interna, la falta de una reforma agraria profunda y la estructura social limitaron una industrialización más generalizada.

El Movimiento Obrero Español

Orígenes y Primeras Luchas

En el siglo XIX, el proletariado industrial en España era una clase social minoritaria, con un número relativamente reducido de obreros concentrados principalmente en los focos industriales de Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid.

Las primeras manifestaciones de protesta obrera tuvieron un carácter ludista (destrucción de máquinas consideradas responsables del paro), como los sucesos de Alcoy en 1821 contra los telares mecánicos. Pronto, los trabajadores comprendieron la necesidad de organizarse de forma estable para defender sus intereses y mejorar sus condiciones laborales. Surgieron así las primeras sociedades de ayuda mutua y, posteriormente, los sindicatos. En 1840, se fundó en Barcelona uno de los primeros sindicatos de España, la Asociación de Tejedores de Barcelona.

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el movimiento obrero experimentó un crecimiento significativo gracias a una mayor permisividad gubernamental. En 1855 tuvo lugar en Barcelona la primera huelga general documentada en la historia de España, reclamando mejoras salariales y el derecho de asociación.

Anarquismo y Socialismo

Hacia finales de la década de 1860, las ideas de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional llegaron a España. En 1870 se fundó la Federación Regional Española (FRE) de la AIT, que agrupó a las distintas sociedades obreras del país y difundió las dos principales corrientes ideológicas del movimiento obrero internacional: el marxismo y el anarquismo.

El anarquismo arraigó con fuerza en España, especialmente tras la visita del anarquista italiano Giuseppe Fanelli en 1868, enviado por Bakunin. Se crearon secciones de la AIT en Madrid y Barcelona, y la corriente anarquista (antiautoritaria, federalista, defensora de la acción directa y contraria a la participación política) se convirtió en mayoritaria dentro de la FRE. Esta corriente defendía la lucha revolucionaria contra la sociedad burguesa y el Estado, lo que en ocasiones derivó en acciones violentas (propaganda por el hecho) y una dura represión gubernamental, llevando a la clandestinidad a grupos como la presunta Mano Negra en Andalucía.

En 1910, las diversas corrientes anarcosindicalistas confluyeron en la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que se convertiría en el sindicato más importante de España hasta la Guerra Civil, con especial implantación en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, zonas donde las ideas anarquistas y federalistas, como las del movimiento cantonal de 1873, habían tenido arraigo.

La otra gran corriente del movimiento obrero fue el socialismo marxista. En 1879, un grupo de tipógrafos madrileños liderados por Pablo Iglesias fundó clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El PSOE se definía como un partido de clase, marxista, cuyo objetivo final era la revolución socialista, pero que priorizaba la lucha política y electoral para conseguir mejoras inmediatas para los obreros. Tuvo mayor influencia inicial en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, extendiéndose luego a las zonas mineras e industriales de Asturias, Vizcaya y Valencia. En 1888, el entorno del PSOE impulsó la creación del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), orientado a la negociación y la mejora de las condiciones laborales.

A pesar de estos avances organizativos y de algunas mejoras laborales conseguidas, al finalizar el siglo XIX, España seguía presentando una estructura económica relativamente atrasada respecto a las principales potencias europeas, marcada por una industrialización limitada, la pervivencia de prácticas agrícolas tradicionales y una modernización incompleta de sus infraestructuras.

Documentos Clave del Periodo

Ley de Desamortización General (1 de mayo de 1855)

Promulgada durante el Bienio Progresista y sancionada por la reina Isabel II, la Ley de Desamortización General de 1855, impulsada por el ministro Pascual Madoz, declaraba en estado de venta todos los bienes raíces, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero (los que quedaban sin vender), a las órdenes militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), a cofradías, obras pías, santuarios, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y a cualquier otro perteneciente a “manos muertas”. El objetivo principal era amortizar la deuda pública y obtener fondos para inversiones públicas, singularmente la construcción de ferrocarriles.

El contexto histórico de esta ley es el intento de los liberales progresistas de profundizar en las reformas económicas para modernizar España, superando las limitaciones de la desamortización anterior y movilizando la propiedad rústica y urbana que se consideraba improductiva o infrautilizada. Aunque se pretendía fomentar la actividad económica y, teóricamente, facilitar el acceso a la propiedad, en la práctica, al igual que en la desamortización de Mendizábal, las tierras fueron adquiridas mayoritariamente por las clases medias y altas con capacidad económica, lo que reforzó la concentración de la propiedad y perjudicó a los campesinos que dependían de los bienes comunales.

Las consecuencias de esta desamortización fueron significativas: proporcionó importantes ingresos a la Hacienda, impulsó la construcción ferroviaria y aumentó la superficie cultivada, pero agravó los problemas sociales en el campo al privar a los municipios y a los campesinos más pobres de recursos vitales, contribuyendo a la proletarización rural y a la conflictividad social.

Real Decreto de Desamortización Eclesiástica (19 de febrero de 1836)

Publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de febrero de 1836 y firmado por la reina gobernadora María Cristina en nombre de Isabel II, este decreto, impulsado por el ministro Juan Álvarez Mendizábal, declaraba en venta todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas (principalmente órdenes masculinas). El objetivo fundamental era obtener recursos económicos urgentes para disminuir la deuda pública y financiar la costosa Primera Guerra Carlista, al tiempo que se buscaba debilitar a la Iglesia (uno de los pilares del absolutismo carlista) y crear una base de propietarios afectos al régimen liberal.

El decreto especificaba que todos los bienes raíces (fincas rústicas y urbanas) de las corporaciones religiosas suprimidas quedaban adjudicados a la Nación y se ponían en venta pública. Se exceptuaban únicamente aquellos edificios que el gobierno decidiera destinar a un servicio público o a la conservación de monumentos artísticos o históricos.

En cuanto a las consecuencias sociales y económicas, el decreto fue un paso decisivo en la desmantelación de las estructuras económicas del Antiguo Régimen y en la consolidación de la propiedad privada liberal. Permitió la incorporación de una gran cantidad de tierras al mercado, pero estas fueron adquiridas principalmente por burgueses, nobles terratenientes y especuladores, a menudo utilizando títulos de deuda devaluados. Los campesinos apenas tuvieron acceso a la compra, por lo que no se produjo una redistribución de la riqueza agraria. La Iglesia perdió gran parte de su poder económico y su influencia social se vio mermada, aunque las relaciones con el Estado se tensaron enormemente. A pesar de sus intenciones modernizadoras, esta desamortización no resolvió las desigualdades sociales en el campo y contribuyó a configurar una estructura agraria polarizada.

Manifiesto Fundacional del PSOE (9 de julio de 1879)

El 9 de julio de 1879, el recién fundado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo pública una declaración programática que exponía su análisis de la sociedad capitalista y sus objetivos políticos. El manifiesto partía de la constatación marxista de que la sociedad estaba dividida en dos clases antagónicas con intereses irreconciliables: la burguesía, propietaria de los medios de producción (la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital, etc.), que constituía una minoría privilegiada; y el proletariado (la clase obrera o trabajadora), que solo poseía su fuerza de trabajo y sufría la explotación económica por parte de la burguesía. Según el PSOE, esta situación de dominación económica se sostenía gracias al poder político, que estaba monopolizado por la clase burguesa.

Frente a esta realidad, el PSOE aspiraba a la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una única clase de trabajadores libres e iguales. Esto requería la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social o común. Para lograrlo, el partido propugnaba la conquista del poder político por la clase trabajadora.

Como medios inmediatos para mejorar la situación de los obreros y avanzar hacia su emancipación, el PSOE reivindicaba: libertades políticas (asociación, reunión, manifestación, expresión), sufragio universal, legalización de las huelgas, reducción de la jornada laboral (reclamando 8 horas), prohibición del trabajo infantil (para menores de 9 años) y limitación para los jóvenes, creación de escuelas gratuitas laicas y centros de formación profesional, leyes de protección de la salud y seguridad de los trabajadores (condiciones en talleres, viviendas obreras), creación de comisiones de vigilancia obrera, y un servicio militar obligatorio y universal con una milicia popular. Además, proponía la adquisición por el Estado de todos los medios de transporte y circulación, así como de las minas, montes y otros recursos, para ser explotados en beneficio de la sociedad.

En conclusión, el manifiesto fundacional del PSOE de 1879 reflejaba una clara adscripción al socialismo marxista, denunciando la explotación capitalista y proponiendo una transformación revolucionaria hacia una sociedad socialista sin clases, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y la emancipación integral de la clase trabajadora.

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