La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): El sistema constitucional y parlamentario finalizó en 1923 con un golpe de Estado militar que estableció una dictadura. El régimen constitucional estaba desprestigiado y existía un grave peligro de revolución social. La quiebra del régimen constitucional: Un gobierno liberal presidido por García Prieto llevó a cabo una reforma de la Constitución y de la ley electoral. El proyecto se vio obstaculizado por la oposición del rey, del ejército y de la Iglesia. Entre los militares descontentos por las responsabilidades que el Expediente Picasso exigía ante el desastre militar de Annual. Para frenar las reformas, Primo de Rivera impulsó un golpe de Estado militar (1923). El rey se negó a destruir a los militares sublevados y el Gobierno dimitió. Primo de Rivera justificó su actuación en un manifiesto dirigido a la nación, en el que culpaba de desgobierno a los políticos y partidarios tradicionales y expresaba su intención de regenerar la política nacional, acabar con el caciquismo y la corrupción, recuperar el orden público, poner fin a la conflictividad obrera y garantizar la unidad nacional ante el nacionalismo. La alta burguesía, las clases medias y el ejército, así como el rey y su entorno político, aceptaron la dictadura como una solución a la crisis. La población reaccionó con indiferencia o fue favorable al golpe. Se esperaba que tuviera un carácter temporal y pusiera fin a un sistema incapaz de resolver los problemas del país. Apenas contó inicialmente con una oposición política y social.

El Directorio Militar (1923-1925)

Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del directorio, un gobierno integrado exclusivamente por militares. Sus primeras medidas fueron las declaraciones del estado de guerra en todo el país, la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento y la ilegalización de los partidos políticos y organizaciones obreras. También liquidó símbolos catalanistas y restringió el uso del catalán. Para acabar con el caciquismo, disolvió los ayuntamientos, los reemplazó por juntas de vocales y elaboró un estatuto municipal y otro provincial. Estas medidas se limitaron a sustituir a unos caciques por otros. También instauró una política de orden público muy represiva, dirigida hacia la CNT. Se prohibieron las manifestaciones y las huelgas. La represión redujo drásticamente los conflictos laborales y puso fin a la violencia social y al pistolerismo en las calles. Primo de Rivera intentó resolver la cuestión de Marruecos y, en 1935, intervino militarmente en el Rif. Los ataques contra el protectorado francés, dirigidos por el líder rifeño Abd el-Krim, propiciaron la colaboración militar entre España y Francia, que se concretó en el desembarco español en la bahía de Alhucemas. Supusieron la derrota definitiva del líder rifeño Abd el-Krim y el final de la guerra de Marruecos. El carácter regeneracionista se concretó en una legislación social: se reguló el trabajo de la mujer y se promovió la construcción de viviendas destinadas a familias obreras. Estos primeros éxitos dieron popularidad a Primo de Rivera, que decidió cambiar la composición del directorio.

El Directorio Civil (1925-1930)

Resueltos el problema del orden público y la cuestión marroquí, se estableció un Directorio Civil con el objetivo de abandonar la «excepcionalidad» política iniciada con el golpe militar, institucionalizando el nuevo régimen y cediendo protagonismo a los civiles frente a los militares. Se formó un nuevo gobierno presidido por Primo de Rivera, en el que participaban técnicos civiles. Esta transformación pretendía consolidar el poder de Primo de Rivera y contar con el apoyo de los sectores conservadores, la banca y la industria. Se confiaba en aprovechar la buena coyuntura económica internacional de la década de 1920 para la reactivación de la economía basada en el nacionalismo económico y el dirigismo estatal. Se llevó a cabo una reorganización de las instituciones del Estado, siguiendo el modelo corporativo implantado en Italia por Mussolini. Se creó Unión Patriótica, un partido gubernamental sin ideología claramente definida, cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura.

La oposición a la dictadura

En sus inicios, Primo de Rivera no contó con una oposición importante, pero con el tiempo esta fue creciendo e impulsó actuaciones para poner fin a la dictadura. Los antiguos líderes de los partidos dinásticos criticaron la excesiva duración del régimen y apoyaron conspiraciones militares. Los republicanos de Alianza Republicana lograron unir facciones del movimiento y protagonizaron una campaña de desprestigio del régimen. Incluía a Lerroux, Azaña y antiguos ministros de la monarquía como Alcalá-Zamora. Los intelectuales y estudiantes universitarios criticaron la dictadura y denunciaron la censura de prensa y la falta de libertad de expresión. Los estudiantes, agrupados en la Federación Universitaria Española, promovieron huelgas y manifestaciones. La burguesía catalana se unió a la oposición política del Directorio, lo que incrementó la influencia de grupos nacionalistas radicales. La oposición obrera, como la CNT y el Partido Comunista de España, fueron prohibidos. Con el objetivo de incrementar la influencia anarquista en el interior de la CNT, se creó la Federación Anarquista Ibérica. A partir de 1929, el PSOE contactó con los grupos republicanos que intentaban poner fin a la dictadura y sustituir la monarquía por un régimen republicano.

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