El Gobierno de José Giral (19 de julio-septiembre de 1936)

El levantamiento militar contra la República provocó un gran desconcierto en el gobierno de Casares Quiroga. Casares fue sustituido por el republicano Martínez Barrio, que intentó sin éxito negociar con Mola; lo que llevó a Azaña a nombrar, el 19 de julio, al republicano José Giral como presidente del Gobierno. Giral, con un ejército debilitado, ya que parte de la Guerra Civil y de los mandos militares apoyaron la sublevación, decidió armar a las milicias obreras para contener el golpe militar. Esta medida, aunque tuvo éxito, debilitó aún más al Estado republicano, ya que las organizaciones obreras empezaron a funcionar con total autonomía del Gobierno e iniciaron un proceso de revolución social basado en la colectivización de tierras y fábricas gestionadas por comités sindicales. “Hacer la guerra y la revolución simultáneamente” se convirtió en el programa básico de anarquistas, POUM y sectores de la UGT. La guerra había provocado lo que pretendían evitar los golpistas.

El proceso revolucionario llevado a cabo por las milicias fue acompañado, especialmente en los primeros meses de la guerra, por una dura represión sobre miembros del clero, militares, políticos y personas de conocida tendencia conservadora, que el Gobierno fue incapaz de detener. Destacan hechos como el asalto a la cárcel Modelo, en el que fueron asesinados militantes y políticos derechistas, o los fusilamientos masivos de presos opuestos al bando republicano, conocidos popularmente como “sacas”, siendo el episodio más negro las matanzas de Paracuellos del Jarama.

El Gobierno de coalición de Largo Caballero (Septiembre de 1936 – mayo de 1937)

En septiembre de 1936 se creó un nuevo Gobierno de coalición presidido por el socialista Largo Caballero, que integraba a socialistas, republicanos, nacionalistas católicos y vascos y, por primera vez, comunistas y anarquistas. Ante el avance de las tropas franquistas, el Gobierno se trasladó a Valencia y centró su actuación en la eliminación de los poderes locales revolucionarios y en la creación de un ejército con mando unificado, el Ejército Popular de la República, en el cual se tendrían que insertar las milicias. Esta política gubernamental provocó enfrentamientos con las milicias revolucionarias anarquistas y el POUM, siendo especialmente graves los que se dieron en Barcelona. La retirada de apoyo de los partidos que formaban el Gobierno de coalición a Largo Caballero provocó su caída.

El Gobierno de Negrín (mayo de 1937 – febrero de 1939)

El programa del nuevo Gobierno presidido por el socialista Juan Negrín, en un momento en que la guerra empezaba a ser claramente desfavorable, se basaba en el lema “resistir es vencer”. El objetivo de la resistencia a ultranza partía del supuesto del inminente estallido de la guerra mundial, donde la República obtendría el apoyo de Francia y Gran Bretaña en su enfrentamiento con Alemania e Italia. Para resistir, el Gobierno de Negrín necesitaba consolidar el Ejército Popular con mando único y una administración centralizada que controlase todos los recursos económicos de la zona republicana para poder mantener el esfuerzo de guerra. Además, se debía conservar el único apoyo militar que tenía la República, la Unión Soviética, lo que implicaba dar mayor peso en el Gobierno y el Ejército a miembros del PCE, lo que generaba recelo en los mandos militares republicanos y el resto de fuerzas políticas. La reorganización del Estado republicano permitió algunas ofensivas militares, siendo la más destacada la ofensiva del Ebro, aunque estas no evitaron el avance del ejército franquista sobre Cataluña.

A finales de 1938, Negrín retiró de la guerra a las Brigadas Internacionales con el objetivo de que Francia y Gran Bretaña presionaran a Italia y Alemania para retirar sus ejércitos de España. Este objetivo se vería frustrado cuando en la “Conferencia de Múnich” de septiembre de 1938 las democracias europeas se plegaron ante la política expansionista de Hitler. A principios de 1939, Azaña dimitía desde Francia, el gobierno británico reconocía al gobierno franquista, y el coronel Casado, jefe del ejército republicano de la zona centro, realizaba un golpe de Estado, con el apoyo de algunos republicanos, anarquistas y socialistas, que provocó la dimisión de Negrín y su salida de España. Casado reprimió al PCE e intentó negociar la paz con Franco, pero este exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas de Franco entraron en Madrid y declararon el final de la guerra el 1 de abril.

Evolución política en la zona sublevada

En un primer momento, los sublevados carecían de un programa político definido y pensaban que sería suficiente con la instauración de una dictadura militar que eliminase la República. Ante la resistencia de la República y la muerte del general Sanjurjo en un accidente de avión, los sublevados vieron la necesidad de organizar una Junta de Defensa Nacional en Burgos, presidida por el general Miguel Cabanellas. Aun así, los generales sublevados actuaron con plenos poderes en los territorios que controlaban. La Junta, como órgano provisional del nuevo Estado rebelde, desarrolló las siguientes medidas:

• Se eliminó el Estado republicano en las zonas que controlaban.
• Se prohibieron los sindicatos y partidos políticos, y se restituyeron las tierras expropiadas a sus antiguos dueños.
• Brutal y sistemática represión contra republicanos. El objetivo era sembrar el terror para eliminar toda resistencia y aniquilar a cualquier persona que estuviese implicada con la defensa de la República: cargos públicos, dirigentes políticos y sindicales, milicianos obreros, militares, intelectuales… fueron encarcelados, torturados y fusilados por sentencias de tribunales militares, o directamente sin juicio previo. Conforme avanzaba el ejército nacional, se dieron matanzas indiscriminadas en ciudades como Badajoz o Málaga. En la retaguardia, la represión era llevada a cabo por militares y, en muchas ocasiones, por milicias de requetés y falangistas por medio de “sacas” (en torno a 100.000 personas).
• Se realizó una campaña propagandística para justificar el golpe de Estado contra la República como un “alzamiento nacional” que salvase a España de una “República marxista”. La Iglesia defendió la rebelión como una “cruzada” para salvar a España del ateísmo.

El ascenso de Franco al poder y la unificación política

Para que la dirección de la guerra fuera más efectiva, los militares sublevados unificaron el mando político y militar en un único jefe. El 1 de octubre de 1936, el general Franco, favorecido por la desaparición de Sanjurjo y por estar al mando del ejército africano, fue nombrado “Generalísimo de los Ejércitos y Jefe de Estado”, adoptando el título de caudillo (guía). En abril de 1937 se estableció un partido único que integraba a todas las familias que apoyaban al nuevo régimen: militares, católicos, monárquicos, carlistas y falangistas: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS) bajo la jefatura de Franco.

La creación de un nuevo Estado

En enero de 1938 se formó el primer Gobierno en Burgos, presidido por Franco, que empezó a emitir una legislación para configurar un Estado dictatorial:

• Se estableció un Estado confesional católico y la Iglesia recuperó todos sus bienes y privilegios.
• En materia social, se aprobó el “Fuero del trabajo”, a imitación del fascismo italiano, que prohibía toda organización sindical y las huelgas. El Estado imponía la legislación laboral y creaba los “sindicatos verticales” controlados por el Partido, donde se integraban obreros y patronos.
• Mediante la Ley de Prensa y de Imprenta se implantó la censura y todos los medios de comunicación se pusieron al servicio del Estado.
• La “Ley de Responsabilidades Políticas” de febrero de 1939 declaraba “rebeldes” a todos cuantos se hubieran apoyado en la “subversión roja”; siendo juzgados por tribunales integrados por militares, miembros del Partido y jueces. Ley que se le dio carácter retroactivo hasta el inicio de la República.

Las consecuencias de la Guerra Civil

La guerra tuvo unas consecuencias demográficas y sociales desastrosas:

• La guerra provocó la muerte directa de medio millón de personas, y de forma indirecta, por enfermedades y desnutrición, la cifra se duplicaría.
• Se ejerció una dura represión de postguerra donde los tribunales franquistas sentenciaron a numerosas personas a penas de cárcel, trabajos forzados (300.000) o muerte (50.000). La administración fue depurada de aquellos funcionarios que habían permanecido fieles a la República.
• La cifra de exiliados españoles estaría en torno a 300.000 personas que se dirigieron principalmente hacia Francia y los países latinoamericanos. Una parte de ellos murió en los campos de concentración nazi o luchando en la II Guerra Mundial contra los fascistas.
• Las consecuencias económicas fueron graves. La guerra provocó una caída de la renta nacional de un 30%; además de una Hacienda Pública arruinada y sin reservas financieras. Todo ello llevó a una postguerra marcada por la inflación, el racionamiento de alimentos y la necesidad de acudir al mercado negro (estraperlo) para cubrir muchas necesidades.
• La consecuencia política a nivel interno sería la implantación de una dictadura militar que se prolongaría durante cuarenta años; y a nivel externo, España sufriría un aislamiento internacional por el apoyo del franquismo a los regímenes fascistas durante la Segunda Guerra Mundial; aislamiento que se prolongaría hasta los acuerdos con Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, y la entrada en la ONU en los años cincuenta.

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