La integración de las Canarias y la aproximación a Portugal

El archipiélago canario estaba habitado por aborígenes guanches y constituía una excelente base marítima de operaciones y aprovisionamiento, así como un puente fundamental para las expediciones hacia el oeste. También sirvieron como lugar de ensayo de métodos organizativos que después se aplicarían en las Indias occidentales.

Entre 1402 y 1428 se enviaron varias expediciones a las islas. Enrique III de Castilla puso al frente de la expedición al normando Jean de Béthencourt, que se apoderó de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro. Las restantes islas no serían conquistadas hasta finales del siglo XV.

Muy pronto se instalaron en ellas colonos andaluces y genoveses, deseosos de cultivar la caña de azúcar, así como misioneros y traficantes de esclavos. La empresa colonizadora fue prácticamente privada hasta la época de los RR.CC; los derechos señoriales de las islas fueron vendidos varias veces a lo largo del siglo XV.

Castilla y Portugal rivalizaron por el control de las islas hasta 1479, fecha en la que las Canarias quedaron bajo la soberanía de Castilla mediante el Tratado de Alcaçovas (1479).

La organización del Estado: Instituciones de gobierno

La política interior profundizó antiguas instituciones de la casa de Trastámara, tanto castellanas como aragonesas. En líneas generales, se puede decir que aumentaron y centralizaron el poder de los monarcas para someter a su autoridad a la nobleza y al clero. El Consejo Real de Castilla se convirtió en el órgano supremo de gobierno e instancia judicial. Los Consejos de Aragón y de Órdenes Militares asumieron sus competencias específicas. Fernando se convirtió en el Gran Maestre de todas las Órdenes Militares, lo que le permitió el control sobre ellas.

Las Cortes castellanas, con carácter consultivo, solo se convocan para aprobar los presupuestos; mientras que la administración de la justicia se repartía entre corregidores, chancillerías (Valladolid, Granada) y audiencias, siempre supervisada por el Consejo Real. La Santa Hermandad (1476) supuso un elemento clave para mantener el orden interior, mientras que la Inquisición (1478) velaba por la pureza de la fe y las costumbres. En la corona de Aragón se resolvió el conflicto de los payeses de remensa mediante la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486). La diplomacia y la modernización del ejército, especialmente tras las campañas de Italia, fueron otros de los pasos importantes del autoritarismo regio.

La proyección exterior: Política italiana y norteafricana

La política exterior se apoyó en unos medios considerados claves: una diplomacia ágil, un ejército permanente y en aumento, y una política matrimonial que asegurara las alianzas necesarias. Los objetivos de estas actuaciones también fueron claros: la recuperación de los territorios perdidos por la Corona de Aragón (Rosellón, Cerdaña, Nápoles…); la consolidación de la expansión mediterránea y el avance en la expansión atlántica. Esta última apuesta se encontraba con dificultades concretas, como eran la diversidad de opiniones en torno a las rutas a seguir y los acuerdos con Portugal.

Las campañas italianas se vieron activadas por la intervención francesa, que pretendía hacerse con el control de Nápoles. Tras diversos tratados diplomáticos y, sobre todo, tras la actuación de un magnífico ejército dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capitán), Fernando consiguió hacerse con el control de Nápoles, devolviendo un cierto equilibrio a esta península. La política norteafricana se vio facilitada tras la conquista de Granada: el objetivo era garantizar una cierta seguridad política y comercial en el Mediterráneo occidental, frente al expansionismo turco. Las diferentes expediciones permitieron controlar puertos y plazas estratégicas: Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Bugía, Argel, Túnez y Trípoli.

El ocaso del Imperio español en Europa

El siglo XVII constituye una centuria marcada por la pérdida de la hegemonía política y militar española, unida a un proceso de decadencia y de crisis profunda (económica, social y demográfica…). Dicha centuria corresponde con el reinado de los llamados Austrias menores: Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700).

Entre los objetivos de esta política exterior deben ser mencionados la defensa a ultranza de lo que consideraban patrimonio de la casa de Habsburgo, la protección de la religión católica frente a luteranos y calvinistas, y la defensa del monopolio comercial con las posesiones de América. Y entre los factores que van a incidir en esta decadencia habría que enumerar la escasez de recursos financieros, la pérdida de efectivos militares, y la acción de franceses, holandeses e ingleses, que tratarían de mermar la fuerza de un imperio en decadencia.

El reinado de Felipe III se caracteriza por una política de tipo prioritariamente pacifista (Tregua de los Doce Años con los Países Bajos en 1609). Con Felipe IV se intensificarán, de nuevo, los enfrentamientos militares (Guerra de los Treinta Años, 1618-1648): la corona española estará en guerra con media Europa (Holanda, Dinamarca, Suecia). Por la paz de Westfalia (1648), España reconocía la independencia de las Provincias Unidas y no cerraría los conflictos con Francia hasta la paz de los Pirineos (1659), por la cual España cedía a Francia varias plazas de Flandes, el Rosellón y la Cerdaña. En 1668 perdimos Portugal y conseguimos Ceuta. Con Carlos II se reanudará la guerra con Luis XIV, guerra que supondrá la pérdida de parte de Flandes y la totalidad del Franco Condado. La guerra de Sucesión a la corona española acabó por desintegrar el patrimonio de los Habsburgo.

Evolución económica y social (del siglo XVII)

En líneas generales, se puede afirmar que este siglo supuso en casi todos los países mediterráneos una etapa de crisis económica y social, unida a la gran inestabilidad de tipo político. En la Península, esta crisis se cebó especialmente en la zona del interior. La crisis económica, motivada por los excesivos gastos y el afán imperialista de los Austrias, ocasionó: bancarrotas, subida de impuestos y venta de cargos públicos. La población se estancó en torno a los ocho millones de personas: las sucesivas crisis de subsistencias, las epidemias (peste), las guerras, la emigración a América y la expulsión de los moriscos bloquearon un crecimiento que no llegó a producirse. La producción agrícola disminuyó mientras la propiedad de la tierra tendió a concentrarse. Solamente la introducción de nuevos cultivos procedentes de América (maíz, patata…) tuvo una incidencia positiva sobre la vida de la mitad norte de la Península. En el contexto general del siglo, no existía un mercado importante para los productos españoles, tanto en el mercado interior como en el exterior. La mentalidad aristocrática y de hidalguía impedía las inversiones de las ganancias en empresas industriales y comerciales. De ahí que la artesanía castellana entrara en una rápida recesión.

Esta situación de decadencia provocará una cada vez más generalizada corriente de venta de materias primas al exterior y de compra de productos manufacturados en el exterior: práctica que fue denunciada por los arbitristas como causa fundamental de la crisis y la pobreza española.

La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht

La Guerra de Sucesión se produce tras la muerte de Carlos II. Al no tener descendencia, dos aspirantes se disputarán el trono: Felipe de Anjou, por la casa dinástica francesa; Carlos, por la de Austria. En el primer caso podían confluir en la misma persona las coronas de España y de Francia; en el segundo, la corona española con la del emperador alemán. Aunque Carlos había designado a Felipe como heredero, la constitución de la Gran Alianza (Casa de Habsburgo, Inglaterra, Provincias Unidas, Portugal, Prusia y Saboya) impidió la transición pacífica a la dinastía borbónica. Por otro lado, los territorios de la corona de Castilla apoyaban al candidato Borbón, mientras que los de la corona de Aragón veían con más simpatía al heredero austriaco. La guerra se inició en Europa; pero se convirtió también en civil, al propagarse a la Península hacia 1704. Al inicio, la contienda era favorable a las pretensiones de la Gran Alianza; pero fue derrotada en la batalla de Almansa (1707), así como en Brihuega y Villaviciosa (1710). La proclamación del archiduque Carlos como emperador alemán (1711) provocó que Inglaterra iniciara negociaciones entre los afectados. Felipe sería reconocido como legítimo rey de España a cambio de renunciar a sus derechos como sucesor a la corona francesa. Esta paz fructifica en los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714): acuerdos que configurarán un nuevo orden internacional, más basado en el equilibrio que en la hegemonía. La gran beneficiada será el Reino Unido (se afianzará como primera potencia colonial y naval, se apoderará de Gibraltar y Menorca; se le concederá un navío de permiso así como el asiento de negros en las colonias españolas). Los Habsburgo se afianzarán en el centro de Europa, ocupando Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña. Saboya se quedó con Sicilia.

El cambio dinástico: Los primeros Borbones

En los territorios de la corona española, la Guerra de Sucesión significará la llegada de la casa de Borbón, que sustituirá a la casa de Austria. El siglo XVIII contemplará el reinado de los primeros Borbones: Felipe V (1700-1724, Luis I), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788), este último de su matrimonio con Isabel de Farnesio. El siglo se cerrará con el reinado de Carlos IV (1788-1808).

La llegada de una nueva casa real traerá a España unos aires de modernidad y un cambio importante en la forma de gobernar. No en vano, en Francia se había ido imponiendo una política conocida como monarquía absoluta, cuyo máximo exponente sería Luis XIV, el rey sol. Una concepción política en que todos los poderes se encuentran concentrados en el monarca, que no tiene necesidad ni obligación de dar cuenta de sus gestiones.

Reformas en la organización del Estado

En España, se concretará esta nueva política en un camino hacia la uniformidad y el centralismo: los Decretos de Nueva Planta (con la supresión de los fueros en los reinos de Baleares, Valencia, Aragón y en Cataluña) supondrán un paso decisivo en esa práctica de asimilación de todo el territorio con sometimiento a la organización político-administrativa de la corona de Castilla. Por tanto, a excepción del País Vasco y Navarra, que mantuvieron sus fueros por el apoyo prestado en la guerra, toda Castilla y Aragón constituyeron una única estructura de carácter uniforme.

Los Consejos y las Cortes fueron dos instituciones que perdieron vigencia, siendo asumidas sus funciones por el Consejo de Castilla. El rey estaba por encima de cualquier institución y para su gobierno hizo una serie de reformas internas con dos órganos ejecutivos consistentes en: la creación de una nueva administración central (secretarías frente a consejos); una nueva organización territorial (provincias frente a reinos; intendentes y capitanes generales al frente de cada una de ellas); reformas en el ejército (regimientos, otro tipo de reclutamiento) y en la armada; control sobre la iglesia y prácticas regalistas.

El cargo de intendente, de inspiración francesa, fue muy significativo. Eran funcionarios que dependían directamente del monarca. Tenían amplios poderes en la recaudación de impuestos, dinamización de la economía y control de las autoridades locales.

Otra novedad fue la reorganización de la Hacienda, con el intento de que todos los habitantes pagasen en relación a su riqueza, incluidos los nobles y el clero. Se puso en práctica en Aragón, Valencia y Cataluña, con tal éxito que se recaudaba más y a la vez resultaba menos gravoso para el conjunto de la población. Posteriormente se intentó aplicar al resto de España (catastro de Ensenada), pero fracasó por la oposición de los privilegiados.

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