Factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX

Durante el siglo XIX, la población española pasó de 10,5 millones a 18,6 millones, un crecimiento del 67 por ciento que resulta muy inferior a los casos de Reino Unido, que casi triplicó su población, u Holanda, donde se incrementó un 131 por ciento. El motivo es que hasta el último tercio del siglo XIX España mantuvo un régimen poblacional tradicional [régimen demográfico antiguo], caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad (como consecuencia de las malas condiciones sanitarias, las guerras y la persistencia de crisis de subsistencia, además de las epidemias, como las de cólera o tuberculosis, que diezmaban cíclicamente la población) y que dio como resultado un crecimiento lento de la población.

La densidad de población española era muy baja en el siglo XIX, en torno a treinta habitantes por kilómetro cuadrado en 1857; no obstante, había fuertes contrastes regionales que, a grandes rasgos, mostraban un interior peninsular casi despoblado y una periferia con densidades de población más elevadas.

Otra de las novedades del siglo XIX fue la intensificación de los movimientos migratorios:

• Las migraciones interiores se incrementaron notablemente, en especial desde la segunda mitad de siglo, debido al crecimiento de las ciudades, al desarrollo industrial y comercial, la mejora de los transportes y las expectativas de lograr una mejor condición socioeconómica. Los destinos más habituales fueron las áreas que protagonizaron las mayores transformaciones económicas: Cataluña (especialmente Barcelona), País Vasco y Madrid.
• Las migraciones exteriores se dirigieron fundamentalmente a América. A finales del siglo XIX, habían emigrado en torno a un millón de españoles, no solo a América, sino también a Francia o a Argelia. En cuanto a los lugares de procedencia, fueron Galicia, Asturias y Canarias las regiones de donde partieron más emigrantes, que en algunos casos lograron reunir un patrimonio considerable (hacer las Américas). Algunos de ellos, denominados indianos, retornaron y colaboraron activamente en el desarrollo económico, político y social de sus lugares de origen.

Evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería en el siglo XIX

El sector textil como pionero

El textil fue el primer sector en el que se introdujeron las máquinas de vapor aplicadas a la producción industrial (década de 1830). La expansión de la industria se produjo en Cataluña en torno al sector algodonero.

En 1827 se fundó “El Vapor”, fábrica del empresario José Bonaplata, la cual contaba con una fundición para fabricar sus propias máquinas textiles y percibía subvenciones del gobierno de Fernando VII. Esta fábrica fue destruida por un incendio provocado en 1835.

En los años que van de 1840 a 1860 aparecen nuevas fábricas como “La España Industrial”, que empleaba a 1.000 obreros aproximadamente. Se introducen nuevas máquinas de hilar como la selfactina que funcionaba de forma totalmente automática. También los telares manuales son sustituidos por los telares mecánicos. Gracias a estos avances, la industria algodonera catalana se convirtió en la cuarta del mundo, tan solo por detrás de Gran Bretaña, EEUU y Francia. Cataluña abastecía el mercado español y las últimas colonias insulares como Cuba y Puerto Rico.

En 1861, la guerra de Secesión de EEUU, hizo que se restringieran las importaciones de algodón en el mercado mundial y el precio del algodón se disparó. Cataluña volvió entonces a utilizar la lana como materia prima de sus paños. Una vez acabada la guerra de Secesión (1865), Cataluña siguió abasteciendo sus mercados habituales, gracias a la política proteccionista y a la concesión exclusiva del mercado cubano. Pero, con la independencia de nuestras últimas colonias en 1898, la producción se estancó de nuevo hasta las primeras décadas del siglo XX.

La industria siderúrgica

Sector muy ligado al desarrollo de la minería del hierro y del carbón, ya que las elevadas temperaturas requeridas en los altos hornos para la obtención de acero necesitaban este combustible en grandes cantidades.

Andalucía

Los primeros intentos de crear siderurgia moderna se desarrollaron a partir de 1826 en Andalucía. En Marbella (Málaga), un empresario, llamado Heredia, intentó explotar unos yacimientos de hierro. Se establecieron factorías (“Altos Hornos de Marbella”), pero la dificultad estribaba en la falta de minas de carbón que obligaba a usar carbón vegetal (que se obtuvo talando bosques de las tierras cercanas). La siderurgia malagueña entró en una definitiva decadencia a mediados del siglo XIX.

Asturias

La existencia de yacimientos de hulla en Asturias convirtió a esta región en el centro siderúrgico de España entre 1864 y 1879. Sus minas de carbón favorecieron la localización de las siderurgias, y a pesar de la escasa calidad y poder calorífico de la hulla asturiana, la producción de hierro creció con rapidez. En 1848 se fundó “Fábrica de Mieres” y en 1857 surgía “Duro y Cía.” en Langreo. La siderurgia de Asturias mantuvo su primacía hasta las últimas décadas del siglo XIX, al ser, en ese momento, la única zona de España que disponía de carbón mineral.

País Vasco

Sin embargo, la zona de mayor tradición en la metalurgia del hierro era el País Vasco. En Bilbao había minas de hierro de buena calidad, capital en manos de empresarios bilbaínos y facilidad, a partir de 1876, para comprar el coque galés (ya que los buques que transportaban el mineral de hierro vasco a Gran Bretaña -Cardiff-, traían de regreso carbón galés) lo que abarataba considerablemente los costes. En las dos últimas décadas del siglo se constituyeron las grandes empresas siderúrgicas vascas. En 1885, se instaló el primer convertidor Bessemer de España, que fabricaba acero en serie a partir de un lingote de hierro, y a finales de la década se puso en marcha el primer horno Martin-Siemens, que producía acero de gran calidad. De este modo, la producción total de hierro de Vizcaya, que entre 1861 y 1879 suponía un 20 % del total nacional, a finales de siglo pasó a representar casi dos tercios del total. Ya en el siglo XX (1902) las empresas siderúrgicas vizcaínas terminaron fundiéndose en una sola empresa, Altos Hornos de Vizcaya, que iba a ser durante muchos años la empresa siderúrgica más poderosa de España.

La minería

La introducción de medidas librecambistas resultó fundamental para la expansión del sector minero, hasta ese momento muy reducido. En tal sentido, en 1868 se promulgó la Ley de Bases sobre Minas, que liberalizó el sector y autorizó legalmente la propiedad a perpetuidad de las explotaciones mineras a cambio de un pago al Estado de una cantidad de dinero anual (canon), tanto a empresas españolas como a extranjeras. Así, las minas de Riotinto (Huelva), las más importantes del mundo en piritas de COBRE, fueron vendidas a una compañía inglesa. Lo mismo ocurrió con las minas de PLOMO de Linares (Jaén). La explotación del MERCURIO de Almadén (Ciudad Real) cayó en manos de la familia Rothschild que explotó los yacimientos en exclusiva durante noventa años. En conclusión, la explotación del subsuelo, se realizó en beneficio del capital extranjero.

Un caso aparte es el de las minas de HIERRO vizcaínas. El hierro vasco era de muy buena calidad y sus yacimientos estaban muy próximos al mar. Las siderurgias inglesas tenían mucho interés por él (era muy adecuado para ser elaborado por los nuevos convertidores Bessemer) y por ello participaron en la explotación de las minas vizcaínas, ahora bien, los empresarios bilbaínos también contribuyeron a su explotación y no permitieron nunca (al contrario que en las minas andaluzas) que la propiedad se les fuera de las manos, lo que hizo posible obtener beneficios, que más tarde se emplearían en la industria.

En cuanto al caso del CARBÓN, los principales yacimientos estaban ubicados en el norte de España (Asturias y León), pero su explotación presentaba graves problemas como: su mala calidad (lo que hacía difícil su combustión), la irregularidad y la delgadez de las capas carboníferas (que dificultaba su mecanización), así como la disposición en diagonal de las vetas (lo que hacía peligrosa su extracción). De ahí que solo resultara rentable si era utilizado cerca de las zonas de producción y no pudiera ser un factor de desarrollo de la industria nacional.

La Revolución Industrial española en comparación con los países más avanzados de Europa

La primera Revolución Industrial tuvo su origen en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII y convirtió a este país en el “taller -la fábrica- del mundo”. La economía de algunos países de Europa (la propia Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica), EEUU y Japón se transformó profundamente en el siglo XIX. En general, significó el paso de una economía predominantemente agraria de crecimiento lento a otra básicamente industrial en la que el crecimiento de lo que se producía y de la población era mucho mayor, más sostenido y más regular en el tiempo. La industrialización se fundamentó en una nueva doctrina económica, el liberalismo, y consolidó el sistema económico que conocemos como capitalismo. Por último, la sociedad quedó dividida en dos grandes clases sociales: los que sólo poseían su capacidad para trabajar a cambo de un salario y los propietarios de los medios de producción.

El proceso de industrialización en España, el cual sufrió un notable retraso con respecto a los países que lideraron la Revolución Industrial, presentó una serie de características que son afines a todos los países mediterráneos y que durante el proceso actuaron como condicionantes negativos:

• Geográficos: La posición geográfica de España, en el extremo suroccidental de Europa, implicaba costes de transporte más elevados que en los países industrializados de Centroeuropa. En consecuencia, la distancia era una importante desventaja tanto para el coste de adquisición de las materias primas como para las exportaciones.
• Demográficos: La falta de crecimiento poblacional, debido al lento crecimiento demográfico, no garantizaba el aumento de la demanda, y el bajo poder adquisitivo de la población -mayoritariamente campesina- dificultaba la expansión de mercados rentables (los campesinos no tenían dinero para demandar productos industriales).
• Económicos: La escasez de inversiones como consecuencia de la ausencia de una burguesía emprendedora provocó que la industrialización se sostuviera mediante la iniciativa del Estado, acuciado por la deuda pública, o por las inversiones extranjeras (francesas e inglesas fundamentalmente), lo que provocó una fuerte dependencia exterior.
• Recursos naturales: En España, las minas de carbón eran abundantes, pero el producto era de mala calidad y de bajo poder calorífico debido a la estructura de las vetas. El mineral de hierro de los yacimientos de Vizcaya no fue apto para la producción de acero antes de la difusión del convertidor Bessemer (1855). Además, el agua es un recurso escaso y estacional en gran parte del país
• Técnicos: En España, la falta de innovaciones técnicas propias, generó una profunda dependencia de tecnología extranjera.

A lo que hay que añadir una serie de peculiaridades que también condicionaron negativamente el proceso:

• En primer lugar, una fuerte regionalización de las áreas industriales, lo que mantuvo a la mayor parte del país al margen del proceso;
• por otro lado, fue clave la eliminación de la competencia extranjera gracias a la adopción de medidas proteccionistas, que favorecían el crecimiento de algunas áreas y sectores industriales en detrimento de otras;
• por último, la dependencia de la industria del sector agrario, principal actividad del país hasta el siglo XX.

Objetivos de la red ferroviaria y consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855

Para la economía española resultaba trascendental la implantación de una red ferroviaria que:

1. Asegurase la articulación del mercado nacional que aumentase el comercio interior.
2. Posibilitase la eficacia de un Estado centralizado.
3. Facilitase la movilidad de las personas.

Hasta entonces, la orografía, la deficiencia de la red viaria y la ausencia de canales de navegación lastraban el transporte. Pero el ferrocarril también llegó a España con retraso respecto de otros países europeos. Hubo que esperar a 1848 para que se inaugurase el primer ferrocarril español, entre Barcelona y Mataró. En 1851 se puso en marcha la línea que unía Madrid y Aranjuez y en 1855 el ferrocarril entre Sama de Langreo y Gijón. Así, a mediados del XIX apenas había 475 kilómetros de vías férreas en España.

Fue en el año 1855, durante el Bienio Progresista, cuando se promulgó la Ley General de Ferrocarriles. Algunos de sus aspectos condicionaron la historia económica española de los cien años siguientes:

• En primer lugar, consolidó una estructura radial de la red con centro en Madrid (como correspondía a la idea centralista del Estado liberal), dificultando las comunicaciones entre las zonas más industriales y dinámicas y favoreciendo el aislamiento de algunas zonas, como Almería o Galicia (de manera que, para llegar de un punto a otro de la península, lo más rápido y lo más práctico era pasar por Madrid).
• En segundo lugar, fijó un ancho entre carriles mayor (1,67 metros) que el de la mayoría de las líneas europeas, obstaculizando así los intercambios con el resto de Europa. Las causas de esta decisión fueron técnicas: la posibilidad de instalar calderas de vapor más grandes para aumentar la potencia de las locomotoras y poder superar mayores pendientes. Y sus consecuencias muy negativas, pues acrecentaron la incomunicación de España con Europa; de hecho, todavía hoy la red ferroviaria española padece esa falta de adecuación al ancho de vía europeo.
• En tercer lugar, la ley autorizó a las compañías constructoras, mayoritariamente extranjeras, a importar, libres de aranceles aduaneros, todos los materiales necesarios para la construcción de la red ferroviaria, medida que ha sido considerada como otra oportunidad perdida para incentivar el crecimiento industrial en España, ya que no se produjo, como en otras economías europeas, un aumento de la demanda interior sobre el sector siderúrgico o de maquinaria para construir la red. Además, se establecía un sistema de subvenciones estatales. Igualmente, se debía establecer un respaldo financiero al proyecto, por lo que se hacía necesario fomentar la inversión extranjera, para lo que en 1856 se promulgó la Ley de Sociedades de Crédito. Surgieron así las grandes compañías, como la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) y la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y a Francia (TBF).

La crisis financiera (y política) de 1866 frenó este proceso de expansión, pero el régimen de la Restauración reactivó la construcción, y en los últimos treinta años del siglo se amplió la longitud, hasta los 13.168 km.

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