10 Nov
La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Dos opciones enfrentadas
Se proclamó rey al príncipe Carlos María Isidro, que defendía el absolutismo y la sociedad tradicional. Así comenzó una guerra civil entre defensores del Antiguo Régimen y los partidarios de carácter liberal.
El carlismo se presenta con una ideología tradicionalista y antiliberal. Su lema es: Dios, Patria y Fueros. Se agruparon defensores de Carlos, del absolutismo, de la Iglesia y del mantenimiento del Antiguo Régimen. Los dirigentes eran miembros del clero y una buena parte de la pequeña nobleza rural. Los carlistas consiguieron una fuerte implantación en País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia.
Los isabelinos eran una buena parte de la otra nobleza, de los funcionarios y un sector de la jerarquía eclesiástica. Se vieron obligados a buscar la adhesión de los liberales y tuvieron que aceptar las demandas liberales que exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.
El desarrollo del conflicto armado
Los carlistas no contaron inicialmente con un ejército regular, actuaron según el método de guerrillas. Tras la muerte de Fernando VII aparecieron las primeras partidas carlistas que se situaron en Navarra, País Vasco, Pirineos Catalanes, norte de Castellón y el Bajo Aragón.
Se distinguen dos etapas:
- 1833-1835: Se consolidó el frente de guerra en el norte donde los carlistas obtuvieron una serie de triunfos militares. En 1834 Carlos se instaló en Navarra donde creó una monarquía con su corte, su gobierno y su ejército. Con la muerte del general Zumalacárregui los carlistas se vieron privados de su mejor estratega.
- 1835: En Cataluña, aprovechando que el ejército isabelino se encontraba en Navarra y el País Vasco, los carlistas catalanes se reorganizaron. Lograron controlar una buena parte de la Cataluña interior donde enlazaron con las partidas de Ramón Cabrera, uno de los líderes carlistas más destacados.
- 1836-1840: La guerra se inclinó a favor del bando liberal. Los carlistas iniciaron una serie de expediciones a otras zonas. La más importante fue la expedición real de 1837. En 1838 reunieron un ejército de más de 15.000 hombres. Al noreste las tropas liberales fueron recuperando ciudades como Ripoll o Solsona y se hizo evidente la imposibilidad de un triunfo carlista. La debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistes, partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente se firma el convenio de Vergara.
Los gobiernos de transición
En su testamento, Fernando VII había previsto la constitución de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina. El consejo estaba presidido por Francisco Cea Bermúdez e integrado mayoritariamente por absolutistas moderados con pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete era defensor del absolutismo. La única reforma que hizo este gobierno fue la nueva división provincial de España y pusieron fin a la administración local del Antiguo Régimen.
Ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse. Los sectores absolutistas eran completamente contrarios a Isabel. Algunos asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían convertido en aliados indispensables. Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado, inició unas primeras reformas muy limitadas. La promulgación de un Estatuto Real como conjunto de reglas para convocar unas cortes que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero ligeramente adaptadas a los nuevos tiempos.
Se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes para los liberales. Se consolidó el liberalismo en el Trienio Liberal y dio lugar a las dos grandes tendencias que dominaron la vida política española los decenios siguientes. El liberalismo moderado se mantuvo al lado de la corona, los más exaltados, los progresistas, manifestaron su descontento y su intención de luchar por imponer un sistema verdaderamente liberal. La corona apoyó a los moderados y los mantuvo en el gobierno. Pero las propuestas populares progresistas hicieron que la corona aceptara un gobierno progresista que iniciara un proceso profundo de reformas.
Los progresistas en el poder
Los progresistas tenían su fuerza. En 1835 se situaron al frente de una ola de revueltas populares contra aquellos que consideraban proclives al carlismo. En Cataluña los disturbios se iniciaron en la ciudad de Reus y más tarde en Barcelona donde las clases populares protagonizaban acciones violentas. La situación culmina con la formación de una Junta que en la práctica asumió durante semanas el gobierno del principado. Las juntas redactaron proclamas con sus demandas: reunión de cortes regulares, reorganización de la Milicia Nacional y leva de 200.000 hombres para hacer frente a la guerra. En septiembre de 1835 María Cristina encargó la formación de gobierno a un liberal progresista, Mendizábal. Inició una reforma del Estatuto Real. Consiguió los recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo. Los privilegiados instaron a María Cristina para que lo destituyera en el verano de 1836. Estallaron revueltas en favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. En agosto de 1836 María Cristina restableció la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava, que propuso a Mendizábal como ministro de Hacienda.
El desmantelamiento del Antiguo Régimen
De agosto de 1836 a 1837 los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal. La primera actuación fue la reforma agraria liberal, que consagraba los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. Esta reforma se llevó a cabo a partir de 3 grandes medidas:
- La disolución del régimen señorial: que implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias. El antiguo señor fue el nuevo propietario agrario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
- La desvinculación: el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, que fueron libres para poder venderse sin trabas en el mercado.
- La desamortización: decretó la disolución de las órdenes religiosas, excepto las que se dedicaban a la enseñanza o a la asistencia hospitalaria, la incautación del patrimonio de todas las comunidades afectadas y la venta para recaudar fondos para el Estado.
Estos terrenos se vendían mediante subasta pública, podían acceder todos los particulares interesados en la compra, se podía pagar en metálico o a cambio de títulos de deuda pública. Se quería conseguir los recursos necesarios para financiar el ejército liberal, recuperar bonos de deuda pública y reducir el grave déficit presupuestario del Estado.
Con la abolición del régimen señorial y la transformación jurídica del régimen de propiedad, el libre funcionamiento del mercado completó el marco de liberalización de la economía. La abolición de los privilegios gremiales, la libertad de industria y de comercio, la eliminación de aduanas, etc. completaron el marco económico liberal.
La Constitución de 1837
El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptara el de 1812 a los nuevos tiempos. Era breve y dejaba espacio para una serie de cuestiones que se regularían posteriormente con el fin de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados.
La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: soberanía nacional, una amplia declaración de derechos de los ciudadanos, la división de poderes y la no confesionalidad del Estado.
Recogía algunos elementos moderados: establecía dos cámaras de colaboración de legisladores, el Congreso y el Senado (esta última no electiva y designada directamente por el rey), y otorgaba poderes amplios a la corona. La constitución recogió el compromiso de financiación del culto católico.
Otras leyes culminaron el entramado jurídico constitucional. La ley de imprenta hizo desaparecer la censura previa. La Ley electoral fijó un sistema de sufragio censitario extraordinariamente restringido: tenían derecho a voto los españoles varones mayores de 25 años que pagaran un mínimo de 200 reales de contribución directa.
La alternancia en el poder
Quedó configurado un primer sistema de partidos, sobre la base del Partido Moderado y el Partido Progresista, que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II. La intervención de los generales Espartero, Narváez y O’Donnell fue determinante en el funcionamiento de todos los gobiernos que hubo en España entre los años 1837 y 1843.
Los moderados en el gobierno
Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones en 1837, que fueron ganadas por los moderados. Intentaron desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837, prepararon una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y aprobaron una ley de ayuntamientos que dio a la corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia.
Esto enfrentó a progresistas y moderados y provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional, con la formación de juntas revolucionarias. María Cristina dimitió en 1840 y el general Espartero, vencedor de la guerra carlista, asumió el poder en 1841.
La regencia de Espartero
Espartero disolvió las juntas revolucionarias e iba a convocar nuevas elecciones, pero actuó con notable autoritarismo: sostuvo las cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines. Su gobierno anunció un arancel libre de cambios que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, lo que suponía una amenaza para la industria catalana. Provocó la protesta de la burguesía y las clases populares que terminó en un levantamiento en Barcelona. Espartero ordenó bombardear la ciudad hasta conseguir que se sometiera.
Se inició en Reus un pronunciamiento contra Espartero y más adelante se formó una Junta Suprema Provisional en la provincia de Barcelona. Los moderados protagonizaron una serie de conspiraciones que provocaron la dimisión de Espartero. Los sublevados, organizados alrededor de la Junta, elevaron el contenido social y revolucionario de sus demandas y se negaron a disolverse y abandonar las armas: querían un sistema fiscal progresivo, el respeto a las libertades públicas, el fin de la corrupción en la administración del Estado y la implantación de la república.
Esto provocó una división de los grupos sociales catalanes. Se intentó poner fin a la revuelta, pero los sectores populares se radicalizaron y promovieron la Jamancia, una insurrección en Barcelona que duró desde septiembre de 1843 hasta noviembre. Muchos ciudadanos abandonaron la ciudad ya que fue bombardeada otra vez por el progresista Prim. Las cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años, en noviembre de 1843.
Diferentes opciones del liberalismo
Las agrupaciones políticas
Los partidos políticos constituían agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable, civil o militar. Más que partidos organizados eran corrientes de opinión o camarillas vinculadas por relaciones personales o por intereses económicos.
Los moderados
Se definían como personas de orden, eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales, restos de la vieja nobleza, alto clero y los altos mandos militares. Defendían el derecho a la propiedad como garantía del orden que querían preservar y restringían el sufragio según la riqueza en las elecciones. Cabe destacar a Ramón María Narváez y Bravo Murillo. Defendían la soberanía compartida entre las cortes y la corona. También se mostraban partidarios de limitar los derechos individuales, pero especialmente los colectivos, como las libertades de prensa, de opinión, de reunión y asociación.
Los progresistas
Defensores de la libertad. Defendían el principio de soberanía nacional como fuente de legitimidad y el predominio del poder legislativo. Sus líderes destacados fueron Mendizábal, Espartero y Prim. Eran partidarios de reforzar los poderes locales y de amplios derechos individuales y colectivos. Mantenían el principio del sufragio censitario (sólo podían votar un tipo de gente: varones con un buen estatus económico). En 1854 se formó un nuevo partido, la Unión Liberal, que pretendía constituirse como opción centralista. Agrupaba a los sectores descontentos con la política moderada. Sus impulsores fueron O’Donnell y Francisco Serrano.
Demócratas y republicanos
En 1849 se formó el Partido Democrático que pedía unos derechos sociales. Querían la soberanía popular, el sufragio universal masculino, una cámara electiva única, la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de todos los derechos colectivos. Eran partidarios de la milicia nacional. El desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo que ganara fuerza el republicanismo. Los republicanos defendían la República como única opción verdaderamente democrática porque permitía la elección de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, y presentaban un carácter más social y popular.
La década moderada (1844-1854)
La configuración del régimen moderado
Las elecciones de 1844, realizadas con sufragio censitario, dieron la mayoría a los moderados que formaron un nuevo gobierno presidido por Ramón Narváez. Él pretendía clausurar la etapa revolucionaria, normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales y crear una legislación básica para estructurar el nuevo Estado. Se había de basar en los principios básicos del liberalismo moderado.
El régimen se basó en el predominio social de la burguesía terrateniente, nacida de la fusión entre viejos aristócratas y la nueva burguesía de propietarios rurales. Estos grupos consideraban necesario consolidar un nuevo orden que fundamentara las instituciones liberales desde una óptica moderada y que las protegiera tanto de la reacción carlista como de la subversión de las clases populares.
La Constitución de 1845
El gobierno aprobó la nueva constitución, que recogió las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones del legislativo, restricción del derecho de voto y Senado no electivo. Fue suprimida la Milicia Nacional. Y la religión católica fue declarada como la oficial del Estado; se mantuvieron el culto y el clero. Tenía leyes antiguas y posteriores que fueron muy restrictivas con los liberales. Finalmente, se otorgaba al rey la facultad de designar el Senado, nombrando personalidades relevantes y de su confianza.
La constitución reguló la libertad de imprenta y suprimió el jurado que sancionaba los delitos de publicación, lo que significaba el control gubernamental sobre la prensa y la restricción de una de las libertades básicas de la revolución liberal. La ley electoral de 1846 planteó un sufragio censitario aún más restringido. Sólo tenían derecho a voto los mayores contribuyentes de cada localidad y algunas personalidades destacadas de la cultura, el ejército, la Administración y la Iglesia.
El Concordato con la Santa Sede
Los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia y en 1851 firmaron un Concordato con la Santa Sede que establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y la devolución de los no vendidos. A cambio la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora, mientras que el Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia española (presupuesto de culto y clero). La jerarquía de la Iglesia católica apoyó al trono de Isabel II.
La institucionalización del Estado liberal
El moderantismo quiso consolidar la estructura del Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformización y la jerarquización. Una serie de leyes y de reformas pusieron en marcha este proceso. El gobierno inició la necesaria reforma fiscal para aumentar los ingresos de la hacienda pública.
Para poner fin a la dispersión de las leyes del Antiguo Régimen, se planteó la unificación de códigos con la aprobación del Código Penal y la elaboración de un proyecto de Código Civil. Se realizó la reforma de la Administración pública, con la reorganización de los cargos del Estado y la creación de una ley de funcionarios que regulaba el acceso. Se reformó la administración territorial, siguiendo los criterios centralizadores de la división provincial.
La ley de administración local dispuso que los alcaldes de los municipios y de las capitales de provincia fueran nombrados por la corona, mientras que el gobernador civil designaría los alcaldes de los municipios menores. Se creó una estructura piramidal.
El temor a que una centralización mayor ocasionara un repunte de la insurrección carlista propició una solución intermedia para la cuestión foral: un decreto de 1844 acordó el mantenimiento en el País Vasco y Navarra de los ayuntamientos forales. Otra serie de medidas completaron el proceso: establecer un sistema nacional de instrucción pública, que regulaba los diferentes niveles de enseñanza (la ley Moyano de 1857 fue la primera gran ley de Educación española), y se creó la Guardia Civil, un cuerpo armado con fines civiles.
La crisis del gobierno moderado
En Cataluña, con un destacamento de más de 40.000 hombres, el ejército intervino directamente en la vida ciudadana, fue el principal instrumento de represión y mantuvo el territorio en situación de excepcionalidad permanente. Los levantamientos carlistas se avivaron en Cataluña durante el periodo de 1846-1849 y dieron origen a la llamada Guerra dels Matiners (2ª guerra carlista). Las causas fueron una combinación entre una crisis agraria producida por una serie de malas cosechas y una crisis de la industria textil. El signo diferenciador de esta guerra fue que al tradicional levantamiento campesino se añadió la revuelta de sectores urbanos, movilizados por el joven Partido Democrático.
El autoritarismo se acentuó durante el gobierno de Bravo Murillo, que propuso una reforma constitucional que suponía en la práctica la desaparición del régimen parlamentario, que contemplaba la posibilidad de gobernar por decreto y de suspender de manera indefinida las cortes, al tiempo que restringía aún más el censo electoral. Fracasó por la oposición de un sector del moderantismo. Con ello se acentuó la descomposición interna del partido moderado y aumentó el descontento de amplias capas sociales, cada vez más marginadas de la vida política.
La revuelta de 1854 y el nuevo gobierno progresista
Los progresistas, demócratas y algunos sectores moderados, defraudados con la actuación gubernamental, se unieron y esto desembocó en que se colocara un moderado descontento, O’Donnell, que fundó un nuevo partido, la Unión Liberal, con la pretensión de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas. Los insurrectos elaboraron el llamado Manifiesto de Manzanares, que pedía el cumplimiento de la Constitución, la reforma de la Ley electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia. El poder recayó nuevamente en Espartero y O’Donnell fue nombrado ministro de la guerra. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo: se reimplantó la Milicia y la Ley municipal que permitía la elección directa de los alcaldes, se preparó una nueva constitución que no fue promulgada y un plan de reformas económicas.
La legislación económica
Las acciones más importantes del gobierno progresista fueron la reanudación de la obra desamortizadora y la Ley de ferrocarriles.
La ley desamortizadora afectó a los bienes del Estado, la Iglesia, las órdenes militares, las instituciones benéficas y los ayuntamientos. Se pretendía conseguir recursos para la hacienda e impulsar la modernización económica de España. La construcción del ferrocarril se inició con la Ley del ferrocarril, que regulaba la construcción y ofrecía importantes incentivos a las empresas que intervinieran. La preocupación de fomentar el desarrollo económico se reflejó en una legislación para favorecer la reforestación, el sistema de telégrafo, ampliar la red de carreteras, fomentar el crecimiento de las sociedades por acciones y desarrollar la minería.
La crisis del Bienio
Las medidas reformistas no solucionaron la crisis de subsistencias. En Cataluña, la situación de crisis económica, combinada con una epidemia de fiebre amarilla, produjo huelgas obreras en Barcelona en 1855. Los obreros pedían la reducción de impuestos de consumos, la abolición de las quintas, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral.
El gobierno presentó una Ley de trabajo que permitía las asociaciones obreras, pero la situación ya había desembocado en una crisis muy grave. Las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado, que acabó integrándose en la Unión Liberal, y el más radical, que lo hizo en el Partido Democrático, se acentuaron. Espartero dimitió y la reina confió a O’Donnell el gobierno.
Los gobiernos unionistas (1856-1863)
El nuevo gobierno unionista liderado por O’Donnell intentó alcanzar un equilibrio político combinando los elementos fundamentales del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas. El ejecutivo intentó revitalizar el parlamentarismo bajo la tutela del gobierno y ejercer una política más tolerante con la oposición. Se logró una estabilidad interior relativa, estimulada por una etapa de prosperidad económica y alimentada por la fiebre especuladora de las acciones ferroviarias en la bolsa. Una de las actuaciones más relevantes del gobierno fue su política exterior activa, para recuperar el prestigio internacional, unir a diferentes partidos y contentar a importantes sectores del ejército. Se llevaron a cabo tres campañas: la expedición a Indochina, la intervención en México y las campañas militares de Marruecos.
Los gobiernos moderados (1863-1868)
Los años 1863 a 1868 supusieron la vuelta de Narváez al poder y la reposición de los viejos principios del moderantismo. Las batallas internas, las conspiraciones constantes, la sucesión de pactos e intentos de pronunciamiento hicieron evidente la falta de apoyos sociales y la debilidad de los gobiernos. El moderantismo impuso nuevamente la forma autoritaria de gobierno y ejerció una fuerte represión sobre sus opositores. Los progresistas acusaron a la corona de obstaculizar el funcionamiento de las instituciones y de promover formas de gobierno dictatoriales. En 1866 tuvo lugar la insurrección de los sargentos del cuartel de San Gil que contó con la adhesión de progresistas y demócratas y que comportó un levantamiento popular en Madrid. Los unionistas se pusieron en contra del gobierno y se acercaron a los progresistas mientras que O’Donnell se exiliaba en Gran Bretaña. La situación del gobierno empeoró a raíz de la crisis de subsistencias. Amplios sectores coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento que cambiara la situación de raíz.
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