Gobierno de Sagasta: Con respeto a la labor liberal de Sagasta, diremos que este consiguió restaurar la alianza en las filas de izquierdas, a cambio de la aceptación del principio de soberanía compartida descrito en la Constitución de 1876. Se mantenían, no obstante, las demandas, respecto a esa constitución, de derechos individuales, la exigencia de la implantación del sufragio universal y el interés por dejar abierta una posibilidad para una reforma constitucional. Así, en la práctica, este suceso suponía que los principios canovistas habían sido aceptados pos los revolucionarios de 1868.

            Las Cortes surgidas en las elecciones de 1886 aprobaron una legislación representativa del ideario liberal, destacando la entrada en vigor de: la Ley de Asociaciones (1887), las leyes de los contencioso administrativo (1888), y la ley de sufragio universal (1890).

            Los problemas a los que tuvo que hacer frente Sagasta fueron los de mantener la unidad del partido, ya que la convivencia era bastante complicada entre algunos dirigentes liberales. Finalmente, las acusaciones de corrupción, que afectaban a diversos ámbitos de la gestión pública, impregnaron la culminación del programa político de Sagasta, siendo los conservadores llamados al poder en 1891.

            Gobierno conservador y posteriores gobiernos: Los conservadores rechazaron la revisión de las reformas liberales, porque entendían que algunas de ellas iban más allá de lo que demandaba la sociedad del momento. El primero de los problemas que estos tuvieron a causa de dichas reformas vino en las elecciones de 1891. Debido a la aplicación del sufragio universal se multiplicó el número de votantes, lo que dificultó la labor de encasillado del Ministerio de Gobernación para asegurar el triunfo electoral de los conservadores y de algunos candidatos distinguidos. Fue necesario acudir al caciquismo, que consistía en contar con la ayuda de personajes influyentes en el ámbito local (caciques), a cambio de variados favores, con el objetivo de que en las localidades el resultado de las elecciones se ajustara a lo deseado en Madrid.

            En el plano económico, la crisis llevó a aplicar políticas proteccionistas sobre los productos nacionales, suponiendo este hecho un cambio muy importante, ya que tanto los conservadores como, más tarde, los liberales (en sus respectivos gobiernos de 1892-1895 y 1897-1902) antepusieron los intereses nacionales a cuestiones ideológicas como el libre comercio.

            En 1902, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, fue proclamado rey de España, dando este hecho lugar al fin de la Regencia de María Cristina de Habsburgo.

            Oposición al sistema: El sistema establecido de alternancia de partidos durante este periodo contó con diversos opositores. Esta fue una oposición heterogénea y dividida, por lo que no supuso un problema grave. En primer lugar, destacaron los carlistas. Estos, tras su derrota en 1876, se dividieron en dos grupos: aquellos que rechazaban el régimen y no colaboraban con él, y aquellos que creyeron más conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad. El primer grupo, conocido como corriente integrista y liderado por Ramón Nocedal, se enfrentó al pretendiente carlista (1888), siendo expulsado del partido. Así, se caracterizó por ser profundamente intransigente con el liberalismo.

            En segundo lugar, sobresalen los republicanos, que también estuvieron divididos tras la experiencia del Sexenio democrático. Emilio Castelar lideraba el grupo de los posibilistas, que colaboraron con el partido de Sagasta dentro del régimen. El grupo encabezado por Manuel Ruiz Zorrilla, en 1886, organizó un pronunciamiento militar que fracasó. Sin embargo, en este grupo, no sólo la estrategia a seguir era motivo de división, sino que el modelo de organización del Estado también lo era: Nicolás Salmerón era partidario de una república unitaria, mientras que la facción de Francisco Pi y Margall aspiraba a una república federal. Ambos grupos tuvieron una gran influencia entre las clases medias y los trabajadores de las ciudades, por lo que cuando se unían lograban mayorías electorales, como sucedió en Madrid, Barcelona y Valencia en 1893.

            Paralelamente al desarrollo más o menos normal del sistema, surgió una fuerza centrípeta a este: el nacionalismo y el regionalismo. El surgimiento de los nacionalismos periféricos partía de la conciencia de las diferentes culturas que existían en España. Cada uno de estos movimientos operó sobre realidades sociales y económicas particulares, por lo que tuvo un desarrollo diferente según el lugar. El nacionalismo surgió primeramente en Cataluña, donde se formó la Unió Catalanista (1891) que redactó las Bases de Manresa, primer documento reivindicador del catalanismo. En el País Vasco, el nacionalismo llegó de la mano del Partido Nacionalista Vasco (1895), fundado por Sabino Arana, un auténtico integrista católico que basó su propuesta independentista en la raza y la religión frente a los males del liberalismo. En Galicia, estos planteamientos encontraron eco en el regionalismo liberal de Manuel Murguía o en el regionalismo tradicionalista de Alfredo Brañas. En Valencia, la “Renaixença” tuvo un carácter más popular que político.