La Transformación de la Propiedad de la Tierra en el Siglo XIX

A lo largo del siglo XIX, el régimen de propiedad de la tierra y las actividades agrarias se transformaron. La burguesía liberal consideraba imprescindible la implantación de un nuevo sistema basado en la propiedad libre e individual, y la liberalización de la tierra de prácticas medievalistas que impedían que fluyese libremente al mercado. Por lo tanto, debía terminar con las tierras amortizadas, tierras que sus dueños podían disponer y beneficiarse de ellas, pero no podían vender: los patrimonios nobiliarios bajo la práctica del morgado, las tierras en «manos muertas» controladas por los poderes eclesiásticos y las tierras comunales.

La Reforma Agraria Liberal

Con este fin, se emprendió una reforma agraria liberal que se llevó a cabo a través de un conjunto de medidas acordadas cuando los liberales accedían al poder. Las principales medidas fueron las desamortizaciones o venta en pública subasta de los bienes rústicos y urbanos pertenecientes a las manos muertas eclesiásticas, los baldíos, las tierras de común y los propios de los concejos. El proceso fue largo, debido tanto a la masa de bienes afectados como a las disputas políticas e ideológicas: los gobiernos liberales progresistas eran firmes partidarios de la desamortización, a diferencia de los liberales moderados.

Evolución del Proceso

Los ilustrados iniciaron el estudio para mejorar la agricultura y modificar el régimen de propiedad de la tierra; deseaban la transformación de las tierras de manos muertas y comunales en propiedad particular, pero sus propuestas no se llevaron a la práctica.

La Desamortización de Godoy

La desamortización de Godoy fue el primer intento desamortizador para enfrentarse a las dificultades de la Hacienda provocadas por las constantes guerras contra Inglaterra. Afectó, fundamentalmente, a las instituciones benéficas pertenecientes a la Iglesia (hospitales, hospicios…); a cambio, estas instituciones recibieron el 3% del valor de lo vendido, lo que dejó desmantelada la red asistencial de la Iglesia.

Las Cortes de Cádiz

Las Cortes de Cádiz promulgaron diversos decretos de desamortización por los que el Estado confiscaba y ponía en venta los bienes de los afrancesados, de las órdenes militares, de los conventos suprimidos, junto con parte del patrimonio de la Corona y de tierras de los concejos. Tenía como finalidad hacer frente al coste de la deuda provocada por la guerra contra los franceses. Estas medidas tuvieron escasa vigencia debido a la rápida restauración del absolutismo en 1814.

El Reinado de Isabel II

Tras el triunfo de la revolución de 1820, los liberales volvieron a recuperar las medidas desamortizadoras, pero quedaron de nuevo paralizadas en 1823 con la nueva restauración absolutista de Fernando VII. En el reinado de Isabel II, ya definitivamente instalados los liberales en el poder, se realizó la transformación del régimen de la propiedad, destacando tres fases:

1835-1836: Mendizábal

El ministro de Hacienda, el progresista Mendizábal, acometió la desamortización eclesiástica mediante dos decretos que afectaron, básicamente, al clero regular. Por el Decreto de 1835 quedaban suprimidos los monasterios de las órdenes monacales, con excepción de aquellas que prestasen servicios de auxilio social. El decreto de febrero de 1836 declaraba en venta todos los bienes raíces de las instituciones suprimidas. Los objetivos básicos de Mendizábal eran:

• Reformar el régimen de la propiedad, convirtiendo en posesión individual y libre los bienes inmobiliarios de las comunidades religiosas: el clero regular.
• Obtener recursos para cubrir los gastos del Estado provocados por la guerra carlista.
• Reducir la deuda pública como paso previo para acometer una profunda reforma del sistema tributario.
• Conseguir amplio apoyo social a la causa liberal, a la vez que se debilitaba económicamente al mayor enemigo del liberalismo: la Iglesia.

1841: Espartero

Durante la regencia del progresista Espartero, se completó la desamortización eclesiástica iniciada con Mendizábal. Por el decreto de 1841 fueron declarados nacionales los bienes del clero secular y puestos en venta con finalidades hacendísticas. A partir de 1844, los gobiernos moderados paralizaron el proceso y alcanzaron un acuerdo con el Vaticano –Concordato de 1851– por el que la Iglesia aceptaba las ventas ya realizadas a cambio de que el Gobierno español sostuviera económicamente al clero, y se considerase el catolicismo como la religión del Estado.

1855: Madoz

Durante el Bienio Progresista fue aprobada la Ley de Desamortización del ministro de Hacienda Madoz. Inició así la desamortización civil, por la que se ponían en venta los bienes del Estado y de los concejos, y se remató con la desamortización eclesiástica sacando a la venta lo que aún quedaba de las propiedades eclesiásticas. Fue la ley que produjo los mayores cambios por el volumen de tierras que se pusieron en venta. Una parte importante de los ingresos obtenidos por el Estado fueron destinados a financiar la construcción del ferrocarril.

Balance Global de la Desamortización

• Como medida política fue un éxito: el régimen de propiedad de la tierra se transformó y se consolidó la propiedad privada y el régimen liberal.
• Como los principales compradores fueron gentes que disponían de recursos económicos: nobleza terrateniente, campesinos ricos y burguesía, y lo que buscaban era, simplemente, aumentar su patrimonio y su prestigio social, la desamortización fue una ocasión perdida para conseguir que una gran parte de los campesinos pobres y jornaleros pudiesen acceder a la propiedad de la tierra. También se culpa a la desamortización de haber contribuido al atraso de la industrialización por la desviación de los recursos financieros hacia la compra de tierras, en lugar de invertirlos en las actividades industriales. Además, los compradores, en general, no realizaron inversiones en sus nuevas propiedades, con lo que no se contribuyó a la modernización de la agricultura.
• Las víctimas fueron la Iglesia, los municipios y los campesinos pobres y jornaleros, que vieron empeorar sus condiciones de vida con la pérdida de los beneficios de la caridad eclesiástica y del aprovechamiento de las tierras y pastos comunales, así como por el endurecimiento de los contratos de arrendamiento y de trabajo. Se produjeron también cuantiosas pérdidas en el patrimonio.

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