21 Jul
La Transición Española (1975-1982)
Durante el periodo de Transición en España, que abarcó desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la consolidación de la democracia en 1982, el país experimentó una transformación política fundamental. Esta etapa estuvo marcada por una serie de acontecimientos y decisiones cruciales que condujeron a la transición de un régimen autoritario a una monarquía parlamentaria democrática.
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. En este contexto, se mantuvo en el poder al gobierno franquista liderado por Carlos Arias Navarro. Sin embargo, la sociedad española demandaba cambios, y surgieron tres posturas principales respecto al futuro del país:
- Los continuistas: abogaban por mantener el statu quo franquista bajo el reinado de Juan Carlos I.
- Los rupturistas: exigían la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones mediante sufragio universal.
- Los reformistas: propugnaban una transformación gradual del régimen desde dentro para alcanzar la democracia.
El rey Juan Carlos I optó por seguir una vía reformista, reconociendo la necesidad de abrir el camino hacia la democracia. A pesar de la resistencia inicial, el Gobierno de Arias Navarro comenzó a incorporar a figuras más abiertas al cambio, como Manuel Fraga, José María de Areilza y Antonio Garrigues, e implementó algunas medidas de apertura, como la concesión de indultos y la tolerancia hacia la actividad política de los partidos de oposición.
Creciente Descontento Social y Crisis Política
Sin embargo, la sociedad española mostraba cada vez más señales de descontento y demandaba una verdadera democratización del país. Las protestas y huelgas se multiplicaron, siendo la huelga general en Vitoria el 3 de marzo de 1976 uno de los episodios más violentos, con cuatro muertos y más de cien heridos. Estos sucesos llevaron a la unión de la oposición bajo la Coordinación Democrática, que exigía reformas políticas y sociales.
Paralelamente, se intensificaron las demandas de autonomía en Cataluña y el País Vasco, y la organización separatista ETA reanudó sus actividades terroristas. El Gobierno de Arias Navarro se vio desbordado por estos acontecimientos y el rey Juan Carlos I comprendió la necesidad de un cambio. En julio de 1976, Arias Navarro presentó su dimisión y fue reemplazado sorpresivamente por Adolfo Suárez, un político joven y relativamente desconocido, como presidente del gobierno.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política
El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno causó sorpresa y, en ciertos sectores, decepción debido a su trayectoria en el régimen de Franco. Sin embargo, Suárez demostró desde el principio su compromiso con la democratización del país. Inició un proceso de reformas políticas que condujo a la aprobación de la Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976. Esta ley estableció un marco legal para la transición hacia un sistema democrático, sentando las bases para la celebración de elecciones libres y la legalización de los partidos políticos.
A medida que avanzaba el proceso de transición, Suárez enfrentó numerosos obstáculos, incluida la oposición de sectores inmovilistas y del Ejército. No obstante, logró superar estos desafíos y consolidar su liderazgo. Durante su mandato, se legalizaron los principales partidos políticos de la oposición, se celebraron elecciones libres en 1977 y se redactó una nueva Constitución en 1978 que estableció la democracia parlamentaria en España.
Desafíos de la Transición
Sin embargo, la transición democrática estuvo marcada por desafíos significativos, como la violencia terrorista de grupos extremistas y los conflictos nacionalistas en regiones como el País Vasco y Cataluña. Además, la situación económica del país era precaria, lo que exigía la adopción de medidas urgentes para estabilizar la economía y promover el desarrollo.
Consolidación de la Democracia
Finalmente, en 1982, se celebraron elecciones generales que marcaron el fin del gobierno de Adolfo Suárez y el ascenso al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Felipe González. Este cambio político consolidó la democracia en España y puso fin a una etapa crucial de su historia contemporánea.
La Constitución Española de 1978: Principios, Instituciones y Autonomías
La Constitución de 1978 fue redactada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por miembros de diferentes partidos políticos. A pesar de las diferencias ideológicas, prevaleció el espíritu de consenso para elaborar un texto constitucional que refleja una síntesis de posiciones divergentes. Después de un largo debate en las Cortes, el Congreso y el Senado aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978. Luego, el pueblo español lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre, con un 67% de participación y un 88% de votos a favor. La Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el 29 de diciembre.
Principios Fundamentales
La Constitución establece a España como un Estado social y democrático de derecho, con principios como la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria y la indisoluble unidad de la nación española, aunque reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
Instituciones del Estado
- Corona: El rey ejerce la Jefatura del Estado.
- Poder Legislativo: Reside en las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
- Poder Ejecutivo: Recae en el gobierno, encabezado por el presidente.
- Poder Judicial: Está a cargo de jueces y magistrados, con el Tribunal Constitucional encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.
El Estado de las Autonomías
La Constitución también establece el Estado de las autonomías, concediendo a las comunidades autónomas un alto grado de autogobierno. Se crearon 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Las comunidades autónomas acceden al autogobierno a través de dos vías: una rápida para las llamadas «comunidades históricas» y otra más lenta para el resto. Cada comunidad autónoma cuenta con competencias propias en áreas como urbanismo, educación y medio ambiente, y posee un parlamento y un presidente de gobierno propios.
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