19 Dic

La Transición Española: El Camino hacia la Democracia

El 20 de noviembre de 1975, tras el fallecimiento del general Franco, quien había establecido un régimen dictatorial en España después de la Guerra Civil, el país se enfrentó a la incertidumbre del «Después de Franco, ¿qué?». Aunque se decía que el dictador había dejado todo «atado y bien atado», diversos factores económicos, sociales y culturales socavaban la sostenibilidad de su sistema. España, en 1975, tenía un nivel de desarrollo económico, social y cultural considerable, pero carecía de avances políticos equiparables a los de sus vecinos.

Las Vías Políticas Post-Franco

La muerte de Franco dejó cuatro posibles vías políticas:

  • La continuidad del sistema franquista, defendida por los sectores más conservadores y reaccionarios.
  • La reforma interna utilizando las leyes franquistas, abogada por una minoría dentro del régimen, liderada por el rey.
  • La ruptura total con el sistema existente, defendida por la oposición (principalmente el PCE y el PSOE).
  • La revolución, propuesta por grupos de extrema izquierda que buscaban cambios no solo políticos, sino también socioeconómicos.

La primera opción resultaba inviable, y el temor a los sectores franquistas y al Ejército dificultaba la imposición de la tercera o cuarta opción. Por lo tanto, la vía intermedia, basada en la reforma acompañada del diálogo y el pacto con la oposición, emergió como la opción más viable para un cambio político sin conflictos. Este proceso, conocido como la Transición democrática, marcó el fin de la dictadura y el inicio de un régimen democrático, siendo la elaboración de la Constitución de 1978 uno de los hitos fundamentales.

El Reinado de Juan Carlos I y la Presidencia de Adolfo Suárez

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey, sucediendo a Franco. Arias Navarro, el último presidente del gobierno franquista, continuó en su cargo, aunque su gobierno carecía de la capacidad de implementar reformas significativas y enfrentaba la oposición de las fuerzas antifranquistas. Movilizaciones populares, huelgas y manifestaciones exigían libertad, amnistía para los presos políticos y autonomía para las regiones históricas. Los conflictos laborales, como la huelga general en Vitoria en 1976, evidenciaban la insatisfacción social.

Ante esta situación, Arias Navarro se vio obligado a renunciar, presionado por el rey, que buscaba una democratización gradual para estabilizar la monarquía. Adolfo Suárez, un político franquista dispuesto a reformar desde dentro, fue nombrado presidente del gobierno. Suárez inició el diálogo con la oposición y promulgó la Ley de Reforma Política en 1976, que facilitó la transición del régimen dictatorial a uno democrático controlado desde el poder. Esta ley fue aprobada por las Cortes franquistas y ratificada en referéndum por los españoles en diciembre de 1976.

La Legalización de Partidos y las Primeras Elecciones Democráticas

La legalización de partidos políticos y sindicatos, la Ley de Amnistía de 1977 y la desaparición de organizaciones franquistas como el Movimiento Nacional marcaron el inicio de un proceso de apertura política. A pesar de la resistencia de sectores extremistas de derecha e izquierda, la legalización del Partido Comunista en 1977 allanó el camino para las primeras elecciones libres en 1977.

Estas elecciones dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático (UCD), convirtiendo al PSOE en la segunda fuerza política. Aunque las Cortes resultantes no fueron constituyentes, la redacción de una nueva Constitución se consideró una prioridad.

La Constitución de 1978: Un Pacto para la Democracia

La Constitución de 1978, producto del consenso entre partidos políticos de diferentes ideologías, estableció los principios de un Estado social y democrático de Derecho.

La Constitución declaró a España como un Estado social, democrático y de Derecho, donde el poder emana del pueblo y se ejerce a través de las Cortes. Estableció una monarquía parlamentaria, garantizó una amplia gama de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, y sentó las bases para la organización territorial del Estado, reconociendo la autonomía de las regiones históricas como Cataluña y el País Vasco.

A pesar de las críticas y ambigüedades, la Constitución de 1978 ha sido un instrumento eficaz para regular la convivencia en España. Aprobada en referéndum en diciembre de 1978, marcó el inicio de una nueva etapa democrática en el país.

Se creó, por tanto, una Constitución políticamente progresista, pero ambigua, como consecuencia del consenso, lo que ha permitido que con ella gobiernen partidos políticos distintos como UCD, PSOE y PP. En cualquier caso, y a pesar de las críticas, la Constitución de 1978 ha resultado un eficaz instrumento para regular la vida y la convivencia de los españoles. Aprobada en el Congreso y en el Senado, fue después aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Poco después las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones en 1979.

Los Pactos de la Moncloa y la Crisis Económica

Por último, es necesario señalar que este difícil y conflictivo periodo de la Transición se vio agravado por una durísima crisis económica internacional, que provocó en España una crisis industrial y un aumento vertiginoso del paro. Para evitar que la grave situación económica fuera un obstáculo para el cambio político, los partidos políticos y sindicatos pusieron en práctica una vez más la política del consenso y firmaron, en octubre de 1977, los Pactos de la Moncloa que constituyeron el primer gran conjunto de medidas políticas y económicas para afrontar la crisis en España.

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