07 May
La dictadura de Primo de Rivera fue un régimen con un vago programa regeneracionista inspirado en el modelo intervencionista y corporativista de los regíMenes autoritarios en auge en la Europa de entreguerras como la Italia fascista de Mussolini. En 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional, sin hallar prácticamente oposición. Primo presentó la dictadura como algo transitorio, “hasta que se extirpasen los males del país”. El rey Alfonso XIII le llamó para formar un nuevo gobierno y le concedíó el cargo de presidente y de ministro único (Directorio Militar).
El Directorio Militar (1923 – 1925).
El Directorio Militar proclamó el Estado de Guerra durante dos años: suspendíó la Constitución de 1876, disolvíó las Cortes, prohibíó las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, impuso el orden público con duras medidas represivas contra la CNT y el PCE y reprimíó cualquier manifestación de nacionalismo no español, lo que conllevaría una radicalización del nacionalismo catalán hacia posturas separatistas.
Los ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por juntas de “vocales asociados” elegidos por los mayores contribuyentes, estrechamente vinculados al sistema caciquil. Su reforma de la administración, que decía pretender acabar con el sistema caciquil, lo que hizo fue reforzarlo aún más. Primo de Rivera cosechó un éxito importante con el desembarco de las tropas españolas en Alhucemas, alcanzando sus objetivos iniciales y controlando todo el protectorado un año después.
El Directorio Civil (1925 – 1930).
En esta segunda fase de la dictadura, Primo sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil con clara intención de permanecer en el poder y declaró su voluntad de construir un régimen corporativista inspirado en las dictaduras autoritarias de la Europa de entreguerras, especialmente la Italia fascista de Mussolini. Impulsó desde el poder la formación de un gran partido de derechas, la Uníón Patriótica (1924). Carecía de programa e ideología definidas, y no fue más que un mero instrumento de propaganda gubernamental para asegurar el apoyo popular al régimen.
En 1926 anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado y de la administración y de la Uníón Patriótica, con el objetivo de elaborar una nueva “constitución”. Sin embargo, además de estar bajo control del gobierno, sus funciones eran meramente consultivas.
La dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. Su política económica se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Sus objetivos fueron impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayudas a las grandes empresas. También se crearon grandes monopolios estatales como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) y Telefónica (hoy, Movistar). El fomento de las obras públicas fue uno de los aspectos más destacados de esta etapa.
La escasa conflictividad social del periodo se explica en parte por la represión, pero también gracias al desarrollo de una amplia política social y de una legislación laboral, basada en la intervención y mediación por parte del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. Su puesta en práctica contó con la colaboración de los socialistas, que la consideraron ventajosa para consolidar tanto al partido como al sindicato.
El Final de la dictadura.
A partir de 1926, la dictadura empezó a perder apoyos y arreciaron las críticas y la oposición. Así, encontramos el pronunciamiento militar conocido como la “sanjuanada” protagonizado por militares descontentos y el alejamiento de muchos de los militares con el régimen, a partir sobre todo de la aprobación de una norma general que suprimía los ascensos por estricta antigüedad.
Por otra parte, fue en aumento el ascenso de los partidos republicanos y la oposición al régimen de intelectuales, periodistas, …, que se enfrentaron al dictador, a pesar de la rígida censura. Primo de Rivera, falto de apoyos, incluso del grueso de los militares y del rey, cuya imagen había quedado ligada al régimen dictatorial, presentó su dimisión en Enero de 1930.
En Septiembre de 1927, Primo de Rivera decreta la división provincial de Canarias creando la provincia de Las Palmas. Para compensar a Tenerife, creó la Universidad de La Laguna, entre otras medidas.
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