13 Jul
UNIDAD 9: La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas.
1. La instauración de la IIª República y la Constitución de 1931
Los hombres que formaron el Gobierno Provisional tras la marcha voluntaria de Alfonso XIII en Abril de 1931 representaban todas las fuerzas de la nacíón consideradas como progresistas:
Había dos miembros de la derecha liberal republicana, el Presidente Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura; dos Radicales, partido de Centro, Lerroux y Martínez Barrio, tres dirigentes de la izquierda liberal republicana o republicanismo burgués de centro-izquierda: Manuel Azaña, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo. Estaban también, sin representación en ese Gobierno Provisional, los partidos regionalistas: de centro-derecha, caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Lliga de Catalunya, y de centro-izquierda, como Esquerra Republicana. El obrerismo español estaba representado en ese Gobierno Provisional por el PSOE, que contaba con tres representantes, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Largo Caballero, que llegarán a simbolizar tres actitudes diferentes en el socialismo español del período, más moderadas y dispuestas al entendimiento con la izquierda burguesa las encarnadas por los dos primeros, más radical y revolucionaria con el tiempo la del tercero.
No era, pues, el Gobierno Provisional un gobierno revolucionario. La práctica totalidad de sus componentes eran hombres de clase media, de izquierda moderada, imbuidos de fuerte espíritu reformista, que asumieron como función prioritaria asentar la República hasta el momento de poder convocar Cortes Constituyentes.
Pero no era esto tarea fácil. La República se enfrentaba a una serie de problemas acuciantes que no podían esperar al debate constitucional. Estaba, en primer lugar, el problema social; más concretamente, el problema agrario, dadas las vitales carencias de amplias masas campesinas desheredadas, fue cuestión clave desde el principio.
Había que iniciar la reforma militar y atacar la hipertrofia de un ejército inadecuado para las necesidades del país y de nuevo habituado a intervenir en la vida política.
La reforma de la relación Iglesia-Estado y, más ampliamente, la función de la Iglesia en un Estado laico, la satisfacción de las reivindicaciones regionalistas de autogobierno, lo que exigía una amplia reforma del modelo de administración del Estado, y la reforma de la educación en sentido laico y democrático eran también prioridades del programa republicano.
Desde casi los primeros días de la República, el ambiente social registró una tensión preocupante por lo que entrañaba de amenaza revolucionaria latente. Esta tensión iría paulatinamente creciendo en los cinco años siguientes. Se produjeron una serie de conflictos y huelgas obreras, de forma paralela a la actitud de enfrentamiento al régimen por parte de patronos y propietarios.
Pero el conflicto que ensombrecíó el comienzo de la República, resultando un presagio de la posterior catástrofe fue el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado republicano.
Los días 11 y 12 de Mayo de 1931, primero en Madrid y después en otras ciudades, se desarrollaron los sucesos conocidos como la quema de conventos
. Aunque el gobierno declaró el Estado de Guerra, su acción, poco rápida, no pudo impedir la destrucción de un centenar de edificios religiosos.
El golpe a la imagen de la República fue durísimo. La quema de conventos enfrentó abiertamente al régimen con las clases conservadoras y propietarias, que hicieron de la defensa de la religión una eficaz propaganda antirrepublicana.
A fines de Junio de 1931, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes
Pese al retraimiento de la derecha y a la abstención de los anarquistas, votó un 70% del censo, dando la victoria a la conjunción republicano-socialista y, por tanto, un respaldo a la labor del Gobierno.
Se constituyó, formadas las Cortes, una Comisión constitucional presidida por el socialista Jiménez de Asúa que, a fines de Agosto, presentó al pleno un proyecto de constitución. En tanto, en Septiembre, se formaba un segundo gobierno provisional en plena sintonía y continuidad con el primero, que asumiría temporalmente también las labores de gobierno interinamente, mientras las Cortes debatían y aprobaban el proyecto constitucional. Después de tres meses de intenso debate, el 9 de Diciembre, aquél quedó definitivamente aprobado.
Las principales carácterísticas de la Constitución de 1931 son:
A)
La definición del Estado como «república de trabajadores de todas clases», subrayándose el carácter popular de la soberanía
B)
Una extensa declaración de derechos y libertades que va más allá del mero ámbito individual
Se establece el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos. Se declara la igualdad de todos en el derecho a la educación, y se define el trabajo como una obligación social protegida por la ley. Asimismo, se establece la subordinación del derecho a la propiedad privada al interés público, prevíéndose la posibilidad de expropiación.
Entre los aspectos más novedosos, destaca el derecho al sufragio universal pleno, también femenino
C)
Predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo
Las Cortes quedan configuradas como la expresión primordial de la soberanía popular
Elegidas cada cuatro años, son de composición unicameral y tienen en exclusiva el poder legislativo.
Su predominio sobre las demás instituciones configura un Estado en el que la acción política tiene su principal centro en las Cortes, más que en el Gobierno o en los partidos políticos
d)
Sometimiento a las Cortes del Presidente de la República, elegido cada seis años por las Cortes y un número igual de compromisarios. Sus competencias están controladas por la Cámara. Niceto Alcalá Zamora fue el primer presidente de la República, al que sucedíó Azaña desde comienzos de 1936.
e)
Se establece un poder judicial independiente y un Tribunal de Garantías Constitucionales, máximo organismo jurisdiccional del Estado y cuyos miembros son elegidos por las Cortes.
f)
Se opta por un modelo de Estado descentralizado, prevíéndose la posibilidad de formación de autonomías regionales en aquellas regiones que lo soliciten, siempre de conformidad con las Cortes españolas, situándose, pues, la constitución a medio camino entre centralismo y federalismo.
Para que tengan validez, las Cortes han de aprobar los Estatutos regionales de autonomía. En 1932, se aprobaría el catalán, en Junio de 1936, el gallego (cuya aprobación en referéndum no llegó a ser ratificada por las Cortes Generales) y, recién comenzada la Guerra Civil, el vasco. Por tanto, la única autonomía vigente durante los cinco años de la IIª República fue la catalana, si bien las tres configurarán las llamadas nacionalidades históricas de nuestra actual Constitución.
El debate sobre los Estatutos de Autonomía fue uno de los más duros de la discusión constitucional, pero el debate estrella fue, sin duda, la cuestión religiosa.
Pese a la cerrada oposición de la derecha, se impusieron los criterios de la izquierda liberal republicana:
Se proclamó la plena libertad de cultos y se establecíó la jurisdicción civil sobre los cementerios
Ello estaba en la línea del Estado laico que se limita a separar las jurisdicciones de la Iglesia y del Estado sin humillar a la Iglesia. Pero, otras medidas constitucionales apuntaban hacia un cierto anticlericalismo que la legislación posterior del bienio reformista, amparada en la Constitución, iría desarrollando:
Se terminaron estableciendo fuertes restricciones legales sobre las Congregaciones religiosas que coartaban su libre desenvolvimiento civil (anulando su derecho a la educación, al negocio mercantil, etc.)
y desaparecíó, por norma constitucional, el impuesto de culto y clero, con lo que el Estado quedaba liberado de la carga de la financiación de la Iglesia
Ésta iba quedando arrinconada. El Estado republicano, pues, receló de la Iglesia, tendíó a tratarla como enemiga.
En conjunto, pues, la Constitución era de talante claramente progresista, inspirada en las más avanzadas de la época y dispuesta para desarrollar el juego democrático. Sin embargo, también tuvo defectos: Había un exceso de idealismo, lo que le daba un aire de utopismo impropio de un texto constitucional, que resultaba, además, demasiado avanzado para la realidad de la España de entonces.
Dentro de ese espíritu ultrademocrático, la Presidencia de la República aparecía como una magistratura débil, dependiente en exceso de las Cortes, lo que no contribuía a asentar la autoridad del nuevo Estado
Por otra parte, algunas medidas religiosas iban más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado y tendían hacia un laicismo militante y, con ello, al anticlericalismo y la discriminación del clero, cosa que se reforzó con la legislación posterior a la constitución, dando un carácter aún más polémico a aquélla.
En estas medidas de tendencia anticlerical se basaron los ataques de la Iglesia y de los partidos de derecha a la República, convirtiendo la defensa de la religión católica en la principal causa de su rechazo.
Además, y éste fue el fallo clave, los constituyentes no buscaron suficientemente la confección de un texto dotado de amplio consenso entre las fuerzas políticas, tanto de izquierda como de derechas que participasen de un mínimo espíritu tolerante y reformista, algo básico para la estabilidad del nuevo Estado, sino el texto constitucional se presentaba como un patrimonio exclusivo de las fuerzas de centro-izquierda, apoyándose en la contundente victoria electoral de Junio de 1931, olvidando el que una constitución debe facilitar la alternancia entre partidos y sectores ideológicos diversos.
2. Evolución política y social de la Segunda República
El bienio reformista o azañista (Diciembre de 1931-Septiembre de 1933)
La IIª República, simbolizó la más ilusionada posibilidad de transformación que España había conocido hasta entonces.
La coalición republicano-socialista tras la gran victoria de la izquierda en las elecciones generales del 28 de Junio de 1931, encabezada por Manuel Azaña, un intelectual relativamente poco conocido (pese a la exquisita calidad de su prosa y de sus ensayos), de talante desdeñoso y agrio, sensibilidad compleja y acusada, pero de hondo sentido de lo español y convencido de que sólo una República democrática que cambiase la política y aun la conciencia colectiva de los españoles haría posible la regeneración nacional, era la responsable de llevar a buen fin todas esas ilusiones.
Estas ansias se concretaron en un proyecto encaminado a solucionar los grandes problemas, responsables, en la visión de esa coalición de izquierdas, del atraso de España: los problemas militar, agrario, religioso, cultural y regional.
Azaña y sus gobiernos querían expropiar los latifundios y repartir las tierras entre los campesinos, crear un ejército profesional y democrático, obediente al poder civil, recortar muy grandemente la influencia de la Iglesia, secularizar la vida social, promover una educación liberal y laica y rectificar el centralismo implantado por el régimen liberal español, en el sentido de crear un modelo de Estado unitario, pero descentralizado y autonómico, concediendo lo antes posible una autonomía a Cataluña y luego al País Vasco y, tal vez, a Galicia y otras regiones.
Estos cuatro grandes proyectos se complementaban con una ambiciosa política social y de obras públicas
Largo Caballero introdujo medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, a extender la protección social al campo y a reforzar el poder de los sindicatos obreristas. Por su parte, el también socialista Indalecio Prieto diseñó una ambiciosa política de obras públicas cuyo objetivo principal era la introducción del regadío en la España seca mediante la realización de un gran plan de construcciones hidráulicas.
La cultura, que el nuevo régimen proyectó como expresión de la España nueva, recibíó atención preferente
El gobierno hizo un gran esfuerzo educativo y cultural. Los presupuestos de educación se elevaron en un 50%. Entre 1931 y 1933 se construyeron unas diez mil escuelas y se habilitaron cerca de siete mil nuevos maestros.
Sin embargo, las reformas emprendidas polarizaron a la sociedad española, es decir, la fueron dividiendo en dos opciones ideológicas extremas y al fin irreconciliables. En parte, ello fue debido a la resistencia que a las reformas hicieron los sectores perjudicados por ellas:
La Iglesia, la España católica, los propietarios de tierras y parte del Ejército;
pero también fue debido al desigual acierto con el que aquéllas se plantearon, por el talante radical que les imprimíó su principal impulsor, Azaña, y por la agresividad y el doctrinarismo laicista de que hicieron gala algunas políticas, especialmente la política religiosa, con una cierta inclinación anticlerical, y la reforma agraria.
Con su controvertida gestión, el gobierno de centro-izquierda, pues, se enajenó la voluntad de muy amplios sectores de las clases medias urbanas y rurales que desde 1932 perdieron buena parte de su confianza inicial en la República como régimen. La reorganización de la derecha en la CEDA, desde comienzos de 1933, de José María Gil Robles, abogado y excelente parlamentario, fue expresión de ese hecho. Con ella se frustraba la posibilidad de que hubiera cristalizado una derecha conservadora, pero republicana y democrática, objetivo, por ejemplo, de Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura.
Esa polarización en dos opciones cada vez más enfrentadas en cuanto a cuestiones tan claves como el modelo de Estado y de sociedad, que comienza a consolidarse desde comienzos de 1933, era lo peor que podía pasarle a la República, lo que había que evitar a toda costa y dañó gravemente la estabilidad política de aquel gran ensayo de democracia española.
El problema de las continuas alteraciones del orden desacreditó al nuevo régimen y erosiónó la autoridad de los gobiernos de Azaña.
La razón de las agitaciones estuvo en los altos niveles de desempleo que se registraron (en torno a 600.000 parados en 1932) y, sobre todo, en la política de confrontación laboral anarcosindicalista de la central sindical revolucionaria CNT, derivada de una concepción utópica que vio la República como la ocasión para una revolución obrera española.
De este modo, el año 1933, partiendo de los sucesos de Casas Viejas en Enero (tiroteo en un pueblo gaditano entre guardias civiles y de asalto y unos amotinados anarquistas, que se saldó con muertos de ambos lados y posterior liquidación inmediata por el grupo de guardias de los asaltantes que habían sido desarmados)
fue de crisis de la república de izquierdas. Se deshizo el entendimiento entre republicanos y socialistas y en Septiembre cayó el gobierno Azaña. Finalmente, en Noviembre de 1933, se produjo el vuelco electoral con la clara victoria de la CEDA, con 115 diputados, seguidos de los Radicales de Lerroux (partido de centro) con 102, los socialistas obtuvieron sólo 58 y Azaña, el gran derrotado, obtuvo sólo cinco.
El bienio de centro-derecha (Noviembre de 1933-Diciembre de 1935)
Los dos años siguientes presenciaron la formación de gobiernos, primero de radicales con apoyo de la CEDA (Diciembre de 1933 a Octubre de 1934), y luego radical-cedistas (Octubre de 1934-Diciembre de 1935).
La CEDA era sustancialmente un partido confesional, ideológicamente vinculado a la defensa del catolicismo.
Su triunfo, en una República izquierdista y laica, incomodaba a las izquierdas en grado sumo y abría una etapa de expectativas e incertidumbres
El problema que este triunfo de la derecha en las elecciones planteó a la República fue doble: en primer lugar, el equilibrio parlamentario surgido de las elecciones de 1933 obligó a la CEDA a contar para la labor de gobierno con el Partido Radical de Lerroux, que fue un mal socio de gobierno. En segundo lugar, la CEDA, pese a la habilidad de su líder, José María Gil Robles, no pudo superar ni sus indefiniciones (Monarquía o República, colaboración o no con la derecha antirrepublicana, rectificación o anulación de las reformas anteriores) ni los conflictos ideológicos y de intereses existentes en su interior.
Como resultado, en estos dos años no habría gobiernos coherentes y duraderos. Además, la política de la nueva etapa se definiría primero por su ambigüedad que progresivamente se fue decantando hacia la negatividad respecto de las principales reformas emprendidas por la república de izquierdas.
La radicalización socialista, que no supo digerir nunca su anterior fracaso electoral, condujo a la revolución de Octubre de 1934, desencadenada por el PSOE con el apoyo de Esquerra Republicana y de los comunistas.
La revolución de Octubre dañó seriamente la legitimidad de la República, hizo de Asturias un gran mito obrero y revolucionario, capitalizado más que por el propio PSOE, por el Partido Comunista (que había encontrado una líder enérgica y vibrante en Dolores Ibárruri) y puso plenamente de relieve que no existía un consenso político mínimo entre los grandes partidos en torno al modelo de Estado republicano, lo que lo hacía inestable en grado sumo y acentuaba la polarización de la sociedad en fuerzas políticas antagónicas, hecho que había comenzado a operarse desde comienzos de 1933.
Por otra parte, los nuevos gobiernos radical-cedista de 1935, resultantes de la fracasada revolución de Octubre de la izquierda, dentro del contexto de un Estado en crisis, naufragaron, se vieron salpicados por corruptelas y escándalos, se fueron inclinando desde la rectificación inicial hacia la simple anulación de las reformas del bienio azañista y terminaron también en el mayor de los descréditos.
C)
El gobierno del Frente Popular (Febrero-Julio de 1936)
Si los errores de la izquierda primero, más la indefinición, y las divisiones internas de la CEDA y el oportunismo de sus socios, los radicales, habían traído la revolución de Octubre de 1934, los errores de la derecha en 1935 trajeron el Frente Popular de izquierda que triunfó por muy escaso margen en las elecciones de Febrero de 1936.
En síntesis, el gobierno del Frente Popular de izquierdas trataba de poner en vigor con absoluta premura todas las reformas aparcadas o en entredicho a partir de 1933.
Pero en este nuevo ambiente de cerrado enfrentamiento entre la derecha y la izquierda (dos opciones muy igualadas, pues la derecha había obtenido en las nuevas elecciones de Febrero de 1936 el 33,2% de los votos y las izquierdas el 34,3%), estas pretensiones no podían sino desencadenar por fin los vientos revolucionarios que se habían venido engendrando desde algunos años atrás, viéndose así el poder del Estado pronto absolutamente rebasado por las pasiones de la calle.
El Frente Popular obró, además, erróneamente, pues destituyó a Alcalá Zamora de la presidencia de la República en Abril, ocupándola en Mayo Azaña.
Ello fue un doble golpe: por un lado, otro golpe más a la legitimidad de la República y, por otro, a la gobernabilidad del Estado en circunstancias extremas, pues ni Azaña ni Indalecio Prieto, los dos hombres más idóneos en esos momentos, pudieron ocupar la presidencia del gobierno en circunstancias críticas, que quedaba desde ahora en manos de personajes sin relevancia. Toda una invitación, pues, al golpismo, revolucionario o contrarrevolucionario.
Así pues, como hemos visto, lo que sucedíó finalmente no fue que la República careciese de respuesta a los males específicos de España, sino que estas respuestas no fueron, en general, las precisas y, como consecuencia de ello, fue dilapidando rápidamente la legitimidad inicial que obtuvo en las urnas en Junio de 1931, en tanto, la polarización del país en dos sectores enfrentados rompíó los mecanismos estabilizadores de la democracia.
Pese a todo, el detonante de la guerra fue un factor extrapolítico, el Ejército
Desde el triunfo electoral del Frente Popular, militares de la derecha habían ido directamente a la conspiración contra la República, teniendo lugar la sublevación de una parte muy representativa del ejército (su oficialidad en general y especialmente el sector africanista, no así el peninsular) en el protectorado español de Marruecos el 17 de Julio y en España, el 18 y el 19 del mismo mes.
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