24 Dic

Reforma Agraria

La República heredó un problema estructural de raíces históricas, una tarea de difícil solución que la depresiva coyuntura económica contribuyó a agravar. El gobierno de la República fue consciente de la necesidad de afrontar el problema de manera inmediata.

Ya en el gobierno provisional, Largo Caballero (que seguiría desempeñando el cargo en los sucesivos gobiernos de Azaña) recibió el Ministerio de Agricultura con el cometido de mejorar las condiciones de los campesinos. Para ello, procedió a promulgar una serie de decretos de urgencia entre abril y julio para ser aplicados durante la cosecha que se avecinaba y tendían a corregir los abusos que los propietarios agrícolas solían realizar en las contrataciones.

Se trataba de romper la estrategia de contratar a braceros de otras poblaciones y así romper las huelgas.

  • Decreto de términos municipales, aprobado el 20 de abril de 1931.
  • Decreto de laboreo forzoso de 7 de mayo de 1931.
  • Decreto de 8 de mayo de 1933.
  • Decreto de 29 de abril de 1933. Impedía el desahucio de los campesinos arrendatarios cuyos contratos quedaron prorrogados de manera automática.

La resistencia de los patronos a aplicarlas era grande. En diciembre de 1931, diferentes agrupaciones patronales agrarias, diversas asociaciones de productores, empresarios industriales y financieros habían constituido la Unión Económica Nacional para la defensa de sus intereses.

La oposición a la República sería mayor a partir de septiembre de 1932, cuando quedó aprobada la Ley de Reforma Agraria aprovechando el fracaso del golpe de estado del general Sanjurjo y el aumento de la popularidad de Azaña. Esta reforma tenía objetivos de índole políticos, económicos y sociales. Las propiedades de la nobleza eran expropiadas sin indemnización y se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para impulsar la reforma. El gobierno, consciente de ello, promulgaba en noviembre de 1932 un decreto sobre la intensificación de cultivos que permitía la cesión de tierras no cultivadas durante dos años de labranza, y era un grupo abundante en Extremadura.

Reforma en Educación

Convencido de que el atraso español podía superarse mediante un buen sistema educativo, el gobierno de Azaña se encargó de sustituir métodos y profesores religiosos por partidarios de una enseñanza progresista. Se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas.

Estatutos de Autonomía

  • Cataluña: En abril de 1931, aprovechando la declaración de la República española, se había proclamado la República catalana de manos de F. Maciá de Ezquerra Republicana. Esto obligó al gobierno provisional a negociar con Maciá un gobierno autonómico, La Generalitat.
  • País Vasco: El gobierno republicano lo rechazó por su conservadurismo.
  • Galicia: Presentó su proyecto en las Cortes cuando la guerra civil se iniciaba.

Había culminado la reforma del Ejército, se estaba impulsando la reforma agraria, se derrotó la sublevación militar y se aprobaron con holgura el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La dura e irregular actuación policial donde se fusiló a numerosos campesinos desacreditó al gobierno e indignó a la opinión pública. Presentaron un programa basado en la reforma de la constitución (derogar las reformas agrarias y religiosas) y estaban liderados por Gil Robles.

Bienio Conservador (1933-1936)

En las elecciones de 1933, la CEDA fue el partido más votado, aunque tuvo que contar con el Partido Radical de Lerroux para gobernar.

Fue una etapa de gobierno estéril que contribuyó a intensificar las tensiones políticas y sociales tanto en la extrema derecha como en la izquierda.

Los aspectos esenciales de la actuación de los gobiernos radical-cedista:

  • Aprobación de una Ley de Amnistía para civiles y militares sublevados con Sanjurjo en 1932. Supuso la vuelta a su cargo de militares antirrepublicanos.
  • Política de obras públicas.

En Cataluña y el País Vasco, la actitud antiautonómica del gobierno provocó un aumento de la tensión. En Cataluña, la política de izquierdas del gobierno autonómico provocó graves enfrentamientos con el gobierno central. La entrada de la CEDA en el gobierno (1934) fue percibida por la izquierda y el movimiento obrero como un intento de Gil Robles de destruir la República por métodos legales, como Hitler había hecho en Alemania.

Los comunistas entran en la Alianza Obrera (Comités conjuntos UGT-CNT) y se acercaron a los socialistas.

La intervención del ejército y la falta de apoyo de la CNT frustraron la sublevación. El gobierno autonómico fue encarcelado y el Estatuto suspendido.

En Asturias, la huelga se convirtió en una auténtica revolución social. Como respuesta, los partidos comunistas europeos propusieron la formación de un Frente Popular para unir todas las fuerzas liberales de izquierda contra la amenaza fascista.

En este clima, el gobierno se vio inmerso en una grave crisis. A finales de 1935, el Presidente Alcalá Zamora nombró jefe del gobierno a Valladares, puesto que no se fiaba de Gil Robles para entregarle el poder. Este gobierno fue el encargado de convocar nuevas elecciones.

Gobierno del Frente Popular (1936)

Restauración de la autoridad de todos los apartados de la Constitución Republicana: reforma de las Cortes, aprobación de la legislación orgánica que garantizase el funcionamiento de los gobiernos provincial y municipal, y reforma de la Ley de orden público con el objeto de obtener mayores garantías para los derechos individuales.

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