Isabel II: Las Regencias y las Guerras Carlistas

Con la muerte de Fernando VII en 1833, se inicia el reinado de Isabel II (1833-1868). Este periodo se divide en dos etapas: las regencias de María Cristina de Borbón (1833-1840) y del General Espartero (1840-1843), y su reinado efectivo (1843-1868), a partir de su mayoría de edad.

El inicio de su reinado estuvo marcado por las guerras carlistas, originadas por la cuestión sucesoria. En 1830, Fernando VII abolió la Ley Sálica (1713) con la Pragmática Sanción, lo que permitió que su hija Isabel fuera heredera al trono. Sin embargo, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, no aceptó esta modificación, considerándose el legítimo heredero. Esta cuestión dinástica adquirió tintes políticos: Carlos María Isidro representaba a los absolutistas, mientras que Isabel II se convirtió en la esperanza de los liberales. El rey se vio forzado a buscar un acercamiento a los liberales, buscando apoyo social, y nombró a Cea Bermúdez Jefe de Gobierno, quien decretó una amnistía para los liberales y disolvió el cuerpo de Voluntarios Realistas.

A la muerte del rey en 1833, con Isabel II teniendo solo 3 años, se inicia la regencia de María Cristina. Carlos María Isidro aprovechó la ocasión para autoproclamarse legítimo rey con el Manifiesto de Abrantes. Con esto se inicia la I Guerra Carlista (1833-1839). Se enfrentaron los isabelinos (alta nobleza, alto clero, la mayor parte del ejército y la burguesía liberal) y los carlistas (nobleza rural, bajo clero y con gran apoyo social de los campesinos del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia). El carlismo defendía el tradicionalismo, la monarquía absoluta, el catolicismo y la pervivencia del Antiguo Régimen (mantenimiento de los fueros). Su lema: Dios, Patria, Rey y Fueros.

La primera guerra carlista tuvo varias fases. Hasta 1835, el carlismo se afianzó en las zonas rurales, liderado por Zumalacárregui, pero fracasó en el control urbano (Sitio de Bilbao). Entre 1836 y 1837, los carlistas intentaron incorporar nuevos territorios, destacando la Expedición Gómez que llegó hasta Andalucía. Por su parte, la Expedición Real liderada por Carlos María Isidro, se quedaría a las puertas de Madrid. Finalmente, a partir de 1838, el frente carlista se dividió en transaccionistas (partidarios de negociar la paz) e intransigentes. Espartero obtendría la victoria de Luchana, que llevaría al fin de la guerra con el Convenio de Vergara (1839), firmado entre el carlista Maroto y el liberal Espartero. Este acuerdo evitó represalias, mantuvo los fueros y permitió la reincorporación de oficiales carlistas al ejército nacional. Los intransigentes continuarían su lucha en el Maestrazgo hasta 1840. A pesar de esta derrota y del exilio de Carlos María Isidro, el carlismo siguió latente, y daría lugar a otras dos guerras: la II Guerra Carlista (1846-1848), que estalló en Cataluña, a raíz de las políticas centralistas y del fracaso de las negociaciones de matrimonio de Isabel II con Carlos VI; y la III Guerra Carlista (1872-1876), que aprovechó la inestabilidad del reinado de Amadeo I, centrándose en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Tras la derrota carlista, Cánovas aboliría los fueros vascos, pero en 1878 establecería un concierto económico que daría gran autonomía fiscal a la región.

Durante su regencia, María Cristina mantuvo en el Gobierno a Cea Bermúdez, quien llevó a cabo la división provincial de 1833. Posteriormente, lo sustituyó por el liberal doceañista Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada de carácter conservador que no convenció a los liberales. En 1835, la regente nombraría presidente al liberal exaltado Mendizábal, que destacó por su labor desamortizadora de bienes eclesiásticos. La vuelta al moderantismo con Istúriz, llevó a un pronunciamiento militar progresista (Motín de la Granja de San Ildefonso en 1836) y la restauración de la Constitución de 1812.

El liberalismo se asentó con la aprobación de la Constitución de 1837, que establecía la soberanía nacional aunque mantenía ciertos privilegios reales (sanción y veto, nombramiento del Jefe del ejecutivo y disolución de las Cortes), así como un sufragio censitario directo, el mantenimiento del clero y una declaración de derechos individuales (expresión, imprenta, propiedad e igualdad jurídica). A pesar de esto, la regente volvería pronto a entregar el gobierno a los moderados. El intento de aprobar una nueva Ley de Ayuntamientos que suponía una intrusión de la corona en la elección de los alcaldes tuvo gran oposición. Esto, junto con la mala fama que tenía María Cristina, la forzó a abdicar y exiliarse en 1840.

Posteriormente, Espartero (espadón del partido progresista) fue nombrado regente (1840-1843). Tomó medidas como la nueva Ley Arancelaria de 1841, que liberalizaba el mercado del sector textil, lo que llevó a altercados en Barcelona (que sería bombardeada). Su progresivo autoritarismo, llevó a un pronunciamiento militar de O’Donnell y Narváez (moderados). Con la mayoría de edad de Isabel II en 1843, con trece años, Espartero fue apartado del poder.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

El gobierno efectivo de Isabel II (1843-1868) se caracterizaría por la alternancia de los gobiernos de partidos liberales burgueses, donde era relevante la participación de militares (espadones). Destacaban el Partido Moderado (liderado por el General Narváez, defendía una soberanía compartida con la reina, un sufragio muy restringido, la confesionalidad católica del Estado y la limitación de los derechos individuales) y el Partido Progresista (liderado por el General Espartero, defendía la soberanía nacional, un sufragio más amplio, la libertad religiosa y el establecimiento de derechos individuales). Además, surgirían partidos como la Unión Liberal (ocupando el centro), el Partido Demócrata (progresistas que buscaban un sufragio universal y la ampliación de derechos y reformas sociales) y el Partido Republicano (federalista y socialista). Estos dos últimos, se verían ajenos al gobierno, estando este reservado a las grandes oligarquías.

1. La Década Moderada (1843-1854)

La primera etapa del reinado de Isabel II es la Década Moderada (1843-1854), con la presidencia de Narváez. Sus políticas estaban destinadas al establecimiento de un sistema político liberal conservador: limitación de los derechos individuales (censura, restricción del derecho al voto a un 1% de la población); reforzamiento del orden público a través de la Guardia Civil (1844); recuperación del poder de la Iglesia (Concordato de 1851 con la Santa Sede) y la paralización de las desamortizaciones, sostén económico y control de la enseñanza. También la centralización administrativa (Ley de Ayuntamientos de 1845, unificación jurídica y la Reforma de la Hacienda de Mon-Santillán con impuestos directos e indirectos, como el de “consumos”).

La división interna del partido moderado (entre los autoritarios de Bravo Murillo, los puritanos de Pacheco a la izquierda o los centristas de Narváez), así como el progresivo autoritarismo del gobierno y el enriquecimiento de la camarilla que rodeaba a la reina, provocó un descontento social y político que culminó con el pronunciamiento del General O’Donnell en 1854, la Vicalvarada, y la firma del Manifiesto de Manzanares junto a Serrano, con el objetivo de acercar posiciones con los progresistas. Finalmente, la reina entrega el gobierno al General Espartero y establece a O’Donnell como ministro de Guerra.

2. El Bienio Progresista (1854-1856)

Con la llegada de Espartero al poder, comienza el Bienio Progresista (1854-1856). Se recuperan leyes progresistas (imprenta o la electoral) y se reorganiza la Milicia Nacional, que buscaba proteger el sistema constitucional liberal. A nivel económico, destacaron la desamortización de bienes eclesiásticos y civiles de Madoz de 1855, así como la Ley de Ferrocarriles (que simboliza la industrialización del país y su apertura a la inversión extranjera) y la creación del Banco de España (emisión de moneda). Por último, se quedó en el aire una nueva constitución progresista en 1856 (Constitución non nata). El Bienio Progresista termina en 1856 por la conflictividad social (inflación y nacimiento del movimiento obrero), la actividad de la oposición (demócratas), la tendencia conservadora de la monarquía y los desacuerdos entre Espartero y O’Donnell que acabaron con el gobierno de coalición.

3. La Última Etapa del Reinado de Isabel II (1856-1868)

La última etapa del reinado de Isabel II (1856-1868) se basa en las políticas moderadas y unionistas (partido político liderado por O’Donnell). Hasta 1858, los gobiernos moderados de O’Donnell y Narváez aprobaron la Ley Moyano de educación, que dividía los estudios, y que sentó las bases del sistema educativo español hasta los años 70. El Gobierno Largo de O’Donnell (1858-1863), trajo estabilidad política y crecimiento económico (desarrollo de la industria, expansión del ferrocarril e inversión en infraestructuras). Se liberalizó la Constitución moderada del 45 y hubo gran interés en la política exterior (apoyo a Francia en las expediciones a Conchinchina o la guerra del Pacífico con Perú y Chile).

La alternancia desde 1863 de gobiernos moderados y unionistas no solucionó los problemas, y causaron una crisis política (por desprestigio de la monarquía y la exclusión del gobierno de progresistas y demócratas). La crisis económica derivó en crisis de subsistencia y al aumento de la conflictividad político-social (expansión de las ideas democráticas y del movimiento obrero, estallando en violencia con la Sublevación del Cuartel de San Gil contra la reina). En 1868 progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende (con figuras como Prim y Serrano), pactando el derrocamiento de los Borbones y la convocatoria de nuevas Cortes Constituyentes. La falta de apoyos de Isabel II y el estallido de la Revolución Gloriosa en 1868, llevarían a la reina, tras la derrota de Alcolea, a exiliarse en Francia.

Sexenio Democrático (1868-1874): La Constitución de 1869

En un contexto de crisis económica, industrial y protestas progresistas, Isabel II (1833-1868) tuvo que enfrentarse al Pacto de Ostende (1866) y a la Revolución «La Gloriosa» (1868) (con Topete, Prim y Serrano). En esa revolución, Topete inició un pronunciamiento militar con un manifiesto donde animaba a las masas a organizar Juntas Locales contra el gobierno. El pronunciamiento militar se convirtió en una revolución popular. Tras la derrota de las tropas leales a la reina Isabel II en Alcolea, esta se exilió en Francia, dando comienzo al Sexenio Democrático (1868-1874).

Se constituyó un gobierno provisional formado por progresistas, unionistas y demócratas, presidido por Serrano, y se convocaron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino en 1869. Estas dieron la victoria a la coalición de progresistas, unionistas y demócratas, seguidos, de lejos, por los republicanos, carlistas y alfonsinos. Se elaboró una nueva Constitución (1869), que fue la primera en España con un régimen realmente democrático, que establecía la soberanía nacional, monarquía parlamentaria, sufragio universal masculino, poder legislativo en Cortes bicamerales y derechos individuales como la libertad de culto.

El establecimiento de esta monarquía exigía la búsqueda de un monarca el cual no debía ser Borbón, lo cual no fue bien aceptado por Serrano. El candidato debía tener voluntad democrática y ser aceptado por las potencias europeas. Prim propuso a Amadeo de Saboya, italiano, que consiguió el mayor número de votos gracias al apoyo de progresistas y unionistas en las elecciones de 1870. Amadeo I (1871-1873) llegó a España tres días después del asesinato de Prim, encontrando la oposición de muchos ciudadanos.

Durante su reinado, fue fiel a la Constitución e intentó asumir un papel moderador entre los partidos, pero a causa de la falta de apoyo político (progresistas divididos en constitucionales con Sagasta, y radicales, con Zorrilla), la oposición política de alfonsinos, republicanos y carlistas, los enfrentamientos armados (independencia de Cuba, tercera guerra Carlista de 1872 a 1876), las revueltas populares por el internacionalismo y la no aceptación por ser extranjero, le llevaron a abdicar en 1873.

Las Cortes proclamaron entonces la Primera República (1873-1874) como solución de urgencia a un vacío de poder. La República se vio debilitada por la división de los republicanos en federalistas y unitarios (partidarios de una república centralizada), el movimiento federalista cantonal, la Guerra de los Diez Años de Cuba (1868-1878) y por la tercera Guerra Carlista (1872-1876). La República fue un periodo de inestabilidad política en el que en menos de un año, se sucedieron cuatro gobiernos diferentes. El primero fue presidido por Estanislao Figueras, quien convocó Cortes Constituyentes que dieron lugar a una República federal y por eso dimitió. Después, Francisco Pi y Margall, que dimitió al verse superado por los movimientos cantonales. Más tarde, Nicolás Salmerón, quien fue incapaz de firmar las penas de muerte de los cantonalistas. Y por último, Emilio Castelar, que intentó dar un giro conservador a la república, pero fue cesado por las Cortes en 1874. En enero de ese año, el general Pavía dio un golpe de estado disolviendo las Cortes y entregando el poder de un gobierno militar autoritario a Serrano. Las conspiraciones monárquicas lideradas por Cánovas del Castillo y el pronunciamiento del general Martínez de Campos (1874), proclamaron rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II, poniendo fin al Sexenio Democrático.

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