Construcción y Evolución del Estado Liberal durante el Reinado de Isabel II (1843-1868)

Isabel II fue coronada en 1843 con solo trece años, antes de alcanzar la mayoría de edad. Durante la Década Moderada, su gobierno implementó reformas que limitaron las de los progresistas en las regencias. Se creó la Guardia Civil para mantener el orden, se firmó un Concordato con el Vaticano en 1851 y se aprobaron nuevas leyes, incluyendo un Código Penal y un Código Civil. La Constitución de 1845, de carácter moderado, sustituyó a la de 1837, estableciendo la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, con un Senado de nombramiento real y vitalicio, además de recortar la autonomía municipal y suprimir la milicia nacional.

Durante la Década Moderada tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), concentrada en Cataluña. Las tropas de Manuel Gutiérrez de la Concha derrotaron a los carlistas liderados por Ramón Cabrera y Benito Tristany en Barcelona. Sin embargo, hasta 1860 persistieron focos carlistas en Navarra, el País Vasco y Cataluña, apoyados por el campesinado y el clero rural.

El Bienio Progresista (1854-1856) comenzó con la Vicalvarada, un pronunciamiento liderado por Serrano y O’Donnell, que llevó al regreso de los progresistas al poder con Espartero como jefe de Gobierno. Se intentó redactar una nueva Constitución en 1855 (la non-nata), se restauró la Milicia Nacional y la autonomía municipal, y se reanudó la desamortización con Pascual Madoz. También se fundó el Banco de España y se aprobó la Ley de Ferrocarriles de 1855, impulsando la industria siderúrgica. La guerra de Crimea (1853-1856) favoreció la exportación de grano español. En 1856, O’Donnell dio un golpe de fuerza que paralizó las reformas progresistas y creó la Unión Liberal, con una orientación centrista.

El gobierno de O’Donnell (1858-1863) coincidió con una etapa de crecimiento económico gracias a las colonias de Cuba y Filipinas y a la guerra de Secesión en EE.UU., que impulsó las exportaciones españolas. En política exterior, O’Donnell envió tropas a la Conchinchina, al norte de África, y a Santo Domingo y México bajo el mando del general Prim, quien adquirió gran prestigio.

Mientras tanto, surgieron el Partido Demócrata y el republicanismo como escisiones del progresismo, al tiempo que se formaban las primeras organizaciones obreras y se producían revueltas campesinas, reprimidas por los gobiernos moderados. A partir de 1866, la corrupción en la Corte de Isabel II, una grave crisis industrial y financiera tras la caída del ferrocarril y el encarecimiento del algodón, junto con malas cosechas, generaron un profundo malestar. La represión de protestas como la sublevación del cuartel de San Gil y la Noche de San Daniel llevó a la alianza de progresistas y demócratas en el Pacto de Ostende, que desembocó en la revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, y la caída de Isabel II.

El Sexenio Democrático: Revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya

Durante la etapa final del reinado de Isabel II, la corrupción y la crisis industrial y financiera intensificaron las agitaciones sociales. La sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones estudiantiles en la noche de San Daniel fueron duramente reprimidas por el gobierno de Narváez. Finalmente, en 1866, el Pacto de Ostende, una alianza de progresistas y demócratas, llevó a la revolución que provocó la caída de Isabel II.

La Gloriosa Revolución de septiembre de 1868, al grito de “¡Viva España con honra!”, triunfó sin apenas derramamiento de sangre. Militares como Prim, Serrano y Topete lideraron el movimiento, mientras que en todo el país se formaron Juntas Revolucionarias. Tras la derrota del ejército leal a la reina en Alcolea del Pinar, Isabel II se exilió en Francia. El objetivo de los revolucionarios era establecer la democracia y una efectiva división de poderes, fortaleciendo las Cortes y garantizando la independencia del poder judicial. Se convocaron elecciones que dieron la victoria a una coalición de unionistas y progresistas, y en junio de 1869 se promulgó una nueva Constitución que garantizaba libertades democráticas, sufragio universal masculino y libertad religiosa. Aunque se optó por la monarquía, el país quedó sin rey, instaurándose una regencia presidida por Serrano y con Prim como jefe de Gobierno. Mientras tanto, Cánovas del Castillo fundó el partido alfonsino en defensa de los derechos del hijo de Isabel II.

En 1869, el nuevo régimen enfrentó diversos problemas: la guerra de Cuba comenzó con el Grito de Yara (”¡Viva Cuba libre!”) en demanda de autonomía política, los carlistas se reorganizaron en torno al nieto de Carlos María Isidro y las agitaciones republicanas se extendieron por el país. Como España era una monarquía sin rey, se buscó un candidato en las casas reales europeas. Finalmente, en noviembre de 1870, Amadeo de Saboya aceptó el trono.

Amadeo I de Saboya (1871-1873)

El reinado de Amadeo fue breve. A los problemas ya existentes se sumó la hostilidad de la nobleza y la burguesía, que lo consideraban un advenedizo de una dinastía enemiga de la Iglesia, así como las movilizaciones obreras y populares que reclamaban un régimen republicano y federal. Además, su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado días antes de su llegada a España. Incapaz de afrontar la crisis, abdicó el 11 de febrero de 1873, y las Cortes proclamaron la Primera República.

El período de regencias durante el reinado de Isabel II: revolución liberal y Primera Guerra Carlista (1833-1843)

El Carlismo y las Regencias (1833-1843)

El carlismo surgió en la última etapa del reinado de Fernando VII como un movimiento absolutista que defendía los principios Dios, Patria y Rey, rechazando la soberanía nacional y las reformas liberales. Contó con el apoyo de sectores de la Iglesia y del campesinado, que veían el liberalismo como una amenaza al orden tradicional.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) estalló tras la muerte de Fernando VII, con focos en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Levante y Aragón. Liderados por Zumalacárregui y Ramón Cabrera, los carlistas dominaron las áreas rurales, pero no lograron tomar ciudades clave. Tras la Expedición Real (1837) y varias derrotas, en 1839 se firmó el Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero, garantizando derechos forales y empleos militares a los carlistas que se unieran al ejército isabelino. Don Carlos rechazó el acuerdo y se exilió.

Las Regencias y la Escisión Liberal

Durante las regencias (1833-1843), moderados y progresistas se alternaron en el poder con pronunciamientos y reformas.

• Regencia de María Cristina (1833-1840)
• Gobierno moderado (1833-1835): Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real, sin derechos individuales, y Javier de Burgos dividió España en 49 provincias.
• Gobierno progresista (1836-1840): Tras el Motín de la Granja, los progresistas aprobaron la Constitución de 1837, ampliando el sufragio y reconociendo derechos. Destacó la desamortización de Mendizábal, que nacionalizó bienes del clero. La Ley de Ayuntamientos (1839) y la corrupción provocaron la dimisión de María Cristina.
• Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero, líder progresista y vencedor de los carlistas, asumió el poder pero gobernó con autoritarismo y aplicó políticas librecambistas que afectaron a la industria catalana. En 1843, una revuelta liderada por Narváez lo derrocó, exiliándolo en Londres.

El Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue un período de gran inestabilidad y transformación política en la historia de España. Comenzó con la Revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa», que derrocó a la reina Isabel II y dio paso a una serie de intentos por establecer un sistema democrático estable. Sin embargo, pese a los avances logrados, este período culminó con el fracaso del primer ensayo republicano y la restauración de la monarquía borbónica en 1874.

Tras el derrocamiento de Isabel II, se estableció un gobierno provisional que promulgó la Constitución de 1869. Esta nueva carta magna establecía la soberanía nacional, la separación de poderes y el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales. Además, instauraba una monarquía parlamentaria y se inició la búsqueda de un nuevo monarca. Finalmente, en 1870, Amadeo I de Saboya fue elegido como rey de España. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, la falta de apoyos y los conflictos internos, lo que le llevó a abdicar en 1873.

La abdicación de Amadeo I propició la proclamación de la Primera República Española en febrero de 1873. Sin embargo, este régimen se enfrentó a numerosos desafíos que impidieron su consolidación. Entre ellos, destacaron la falta de consenso político entre republicanos unitarios y federales, la oposición de sectores monárquicos y militares, la Guerra de los Diez Años en Cuba, la Tercera Guerra Carlista y las revueltas cantonales, que sumieron al país en el caos. Ante esta situación, en enero de 1874, el general Pavía disolvió las Cortes republicanas mediante un golpe de Estado y estableció un gobierno provisional bajo el liderazgo de Serrano.

Finalmente, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II, poniendo fin al Sexenio Democrático. Pese a su fracaso, este período dejó un importante legado en la historia de España, introduciendo conceptos como la soberanía nacional, el sufragio universal masculino y el parlamentarismo, que influirían en el desarrollo político del siglo XX.

Cambios agrarios durante el siglo XIX: las desamortizaciones

Durante el siglo XIX, se produjeron importantes cambios agrarios en España a través de los procesos de desamortización, que consistieron en la expropiación y venta de bienes pertenecientes a la Iglesia, órdenes religiosas, ayuntamientos y otras instituciones. El objetivo principal era poner en circulación esas tierras en el mercado para fomentar la propiedad privada, aumentar la productividad agrícola y obtener ingresos para el Estado.

Las desamortizaciones más importantes fueron la de Mendizábal (1836-1837) y la de Madoz (1855). La primera, impulsada durante la regencia de María Cristina en plena Primera Guerra Carlista, afectó principalmente a las propiedades de la Iglesia, debilitando su poder económico y político. Su propósito era obtener fondos para el Estado y crear una nueva clase de propietarios que apoyara el régimen liberal. La desamortización de Madoz, en cambio, se llevó a cabo durante el Bienio Progresista y tuvo un impacto aún mayor, ya que además de afectar bienes del clero, incluyó propiedades municipales, órdenes militares y otras instituciones.

Las consecuencias de las desamortizaciones fueron profundas. Por un lado, transformaron el régimen de propiedad agraria, permitiendo el acceso a la tierra a nuevos propietarios, aunque en su mayoría fueron burgueses y terratenientes en lugar de campesinos. Esto generó un aumento de la producción agrícola, pero también dejó sin acceso a la tierra a muchas comunidades rurales que dependían de los bienes comunales. Además, se produjo una significativa reducción del poder de la Iglesia al perder gran parte de su patrimonio.

En conclusión, aunque las desamortizaciones del siglo XIX modernizaron el sistema agrario español y contribuyeron a la consolidación del liberalismo económico, no lograron una redistribución equitativa de la tierra ni una mejora sustancial en las condiciones de vida de los campesinos, lo que generó importantes tensiones sociales en las décadas posteriores.

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