02 Ene
Terrorismo en España durante la Transición y la Democracia
Durante la última etapa del franquismo y los primeros años de la democracia, existía una oposición que se enfrentaba al régimen utilizando la violencia para alcanzar objetivos políticos. Se distinguían principalmente dos tendencias: la nacionalista-separatista, representada por ETA, y la de extrema izquierda, representada por el FRAP y los GRAPO.
ETA: Orígenes y Evolución
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) nació en 1959 a partir de un grupo ultranacionalista vasco. Lo integraban estudiantes que se reunían para estudiar la historia vasca y que se habían separado del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Su objetivo era la liberación nacional de la patria vasca, concebían la lucha armada como el prólogo de la lucha general por la independencia y la creación de un Estado independiente. Para ello, utilizaron la violencia terrorista como método. Inicialmente, sus acciones se limitaban a la distribución de octavillas, pero pronto comenzaron a destruir símbolos franquistas y a atentar contra edificios y personas. En 1960, se cobraron su primera víctima mortal.
En 1961, ETA creó un Comité de Acción Directa, en cuya cúpula coexistían dos tendencias: una obrerista, que no consideraba al proletariado emigrante un enemigo, y otra nacionalista intransigente. Fue esta última la que definió la organización.
En 1966, la estrategia de ETA consistió en provocar al Estado español a la espera de una respuesta. Los trabajadores inmigrantes instalados en el País Vasco no veían a ETA como su representante de clase. En 1968, la organización asesinó al cabo de la Guardia Civil de Tráfico, Pardines.
Posteriormente, ETA planteó llevar a cabo acciones contra personas concretas. Las detenciones de los meses siguientes propiciaron la celebración de juicios mediante tribunal militar de varios terroristas. El más importante fue el Proceso de Burgos, celebrado en diciembre de 1970. En contra de lo deseado por el Gobierno, ETA obtuvo una amplia propaganda. A lo largo de ese año, la tensión política aumentó en las provincias vascas. El 3 de diciembre comenzó el juicio contra 16 militantes de ETA. Durante las semanas siguientes, las organizaciones de la oposición convocaron manifestaciones de protesta contra el juicio. El 14 de diciembre, tras la extensión de la protesta, el Gobierno declaró el estado de excepción en toda España. La situación de miedo se extendió, temerosa de una reacción indiscriminada y generalizada del búnker franquista. El gobierno convocó una serie de manifestaciones de exaltación a Franco para procurar el apoyo de sus partidarios.
ETA se había convertido en un referente dentro y fuera del País Vasco. En los años siguientes, cometería dos atentados muy graves: el asesinato del presidente Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, y un atentado en un bar de Madrid con 11 muertos y decenas de heridos.
FRAP y GRAPO: Terrorismo de Extrema Izquierda
En los años 60, nacieron otras organizaciones terroristas que pretendían sustituir al Partido Comunista de España (PCE) en la lucha contra el régimen. El primero fue el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP), surgido de una escisión del PCE, que cometió varios atentados individuales. También nació el GRAPO, brazo armado del Partido Comunista Reconstruido (PCE-r). Su origen data de finales de los 60, cuando la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE) creó una red de activistas con personas regresadas del exilio. El 1 de octubre de 1975, asesinaron a cuatro policías, hecho que dio nombre a su organización.
La Persistencia del Terrorismo tras la Transición
La llegada de la democracia no acabó con los grupos terroristas, ya que ni la democracia ni la autonomía política eran sus objetivos. El de ETA era un Estado vasco socialista, y el del GRAPO, una dictadura comunista. Los miembros del FRAP disolvieron su organización con el fin de hacer política en la legalidad. Igualmente ocurrió con una parte de ETA, que había abandonado la lucha armada tras la concesión de la autonomía. Sin embargo, esto no debilitó a ETA, sino todo lo contrario. En torno a la alternativa KAS, nació en 1978 la coalición Herri Batasuna, de la que formó parte Acción Nacionalista Vasca (ANV). Se presentó a las elecciones, obtuvo representación en las instituciones del País Vasco y se encargó de agitar la calle, con una actitud siempre provocadora.
Hubo una progresión de la actividad asesina del GRAPO, cuyo mayor número de víctimas se registró en 1979. Este grupo vivía confiado en el triunfo de una revolución proletaria. En 1980, se centraron en el asesinato de militares, y en 1985, una parte de sus miembros abandonó la lucha armada, mientras que el resto se dedicó a cometer, de forma esporádica, atentados contra miembros de las fuerzas de seguridad y secuestros de empresarios.
ETA asesinó, entre 1976 y 1982, a 338 personas. Sus objetivos eran la retirada de las fuerzas de orden público del País Vasco, la autonomía con Navarra y el derecho de autodeterminación para alcanzar un Estado vasco. El asesinato de varios jefes y oficiales del Ejército era una provocación directa a las Fuerzas Armadas, con dos objetivos: que el descontento del Ejército desembocase en un golpe de Estado que aislase a España, y que una reacción militar ante las provocaciones diera lugar a una reacción del pueblo vasco, que se levantaría para luchar por sus derechos contra España.
La Política Exterior Española: Integración en la OTAN y la CEE
La ampliación de la Comunidad Económica Europea (CEE) a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, los acuerdos de asociación firmados con Grecia y la creación de la Política Agrícola Común (PAC), que perjudicaba los intereses de España, llevaron a los gobiernos de Franco a solicitar el ingreso en las Comunidades Europeas (CE). El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, así lo solicitó en 1962. La presión ejercida por los políticos españoles reunidos en el llamado «contubernio» de Múnich y las exigencias económicas y de democracia política que imponía Europa hicieron imposible la adhesión.
En 1970, la diplomacia española consiguió cerrar un Acuerdo Comercial Preferencial con las CE, que reducía los aranceles entre España y la Comunidad, creando un vínculo económico indisoluble entre ambas, hasta convertir a Europa en nuestro principal comprador y abastecedor.
España y la OTAN
La renegociación en 1963 y en 1968 de los acuerdos económicos y militares entre España y EE. UU., la visita del presidente Nixon en 1970 y la cada vez más deteriorada situación internacional en el Mediterráneo oriental (guerras árabe-israelíes) y Oriente Próximo hicieron pensar en una rápida integración de España en la estructura política y militar de la OTAN, organización defensiva militar frente a la URSS y los estados soviéticos.
La muerte de Franco, el inicio de la transición política y los problemas internos que conllevó hicieron que las cuestiones exteriores o de política internacional pasaran a un segundo plano.
A pesar de las reticencias de la izquierda, la Unión de Centro Democrático (UCD) y el centro derecha tenían claro el «atlantismo», es decir, la vinculación inequívoca de España al bloque occidental, democrático y capitalista. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo de 1981 fue el que inició los trámites definitivos de adhesión. España se integró de pleno derecho ese mismo año (diciembre de 1981) en la estructura militar y política de la OTAN. Muchos pensaban que la asociación militar era un paso ineludible para el acceso a la unión política y económica que eran las CE.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había encabezado la oposición a la integración en la OTAN al estar más cercano a los postulados del neutralismo o del grupo de países no alineados. Felipe González prometió un referéndum donde serían los españoles, de forma soberana, los que decidieran si continuar o salirse de la OTAN. El acceso al poder y la integración de los políticos socialistas en los organismos internacionales les llevó a matizar su posición. En el XXX Congreso del PSOE en 1984, ya se establecía la posición del partido: permanecer en la OTAN sin integrarse en su estructura militar.
La derecha tenía el problema, ante el referéndum, de si apoyar al PSOE en su defensa de la OTAN o si utilizar el cambio de postura del gobierno como arma política contra él. La opinión pública estaba perpleja ante el cambio de actitud, y los movimientos pacifistas concentraron en Madrid grandes manifestaciones de protesta.
Felipe González empleó su carisma y prestigio personal. Así, en marzo de 1986, un 52,3 % de los españoles votantes dijo sí a la pregunta del gobierno, y España siguió en la OTAN sin integrarse en su estructura militar. Esto ocurrió ya tras el fin de la Guerra Fría en los años 90.
España y la CEE
Uno de los mayores éxitos del PSOE en su etapa de gobierno fue la integración de España en las CE. El inicio de los contactos para la adhesión proviene de los gobiernos de UCD, pues en 1977 crearon un Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Lo cierto es que las CE no tenían claro entre sus miembros la postura a seguir frente a España. Francia se mostraba muy reticente, y los debates internos sobre otros problemas dentro del Consejo de las CE ralentizaron aún más el proceso. Tras la cumbre de Copenhague de 1984, las negociaciones entraron en una fase de aceleración. Las mayores trabas venían por la negociación de los temas de agricultura, pesca, movilidad de personas, legislación social y el estatuto para Canarias. La presidencia italiana de las CE aceleró el proceso negociador.
El 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, se firmó por los representantes de España y las CE el Tratado de Adhesión, con entrada en vigor el 1 de enero de 1986. El Tratado establecía fuertes concesiones en muchas materias por parte del gobierno español a corto plazo, suponiendo que las ventajas a largo plazo eclipsarían estos problemas.
España obtuvo su primera presidencia en el año 1989 y siempre ha estado a la cabeza de los países más decididos en la profundización de la integración y de la unidad europea. La adhesión supuso el fin de la «vía nacionalista del capitalismo español» como forma de entender el desarrollo económico de España. La supranacionalidad del Tratado impuso que España renunciara a la soberanía ejecutiva y legislativa en numerosos temas tan llamativos como la agricultura o las políticas sociales.
Aun así, hubo limitaciones a la unión definitiva: periodos transitorios, en los que el desarme arancelario era progresivo, impuestos por España (materia industrial) y otros impuestos por las CE (agricultura y pesca). En líneas generales, se dio un plazo de 7 años para que España armonizara su economía y su legislación a las directrices comunitarias.
La liberalización inicialmente fue un duro golpe para las empresas españolas, pero luego se ha visto que modernizó y mejoró el tejido productivo español. Además, las ayudas del FEOGA, FEDER, FS y Fondo de Cohesión han dejado en España miles de millones de euros que han servido para reducir las distancias con las economías de la UE.
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