1. Las Regencias y el Problema Carlista

El conflicto dinástico entre las regencias y el problema carlista marcó un período tumultuoso en la historia de España, caracterizado por el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la instalación de un estado liberal durante el reinado de Isabel II. Fernando VII, al abolir la ley sálica y firmar la pragmática sanción autorizando la sucesión femenina, desencadenó la oposición de Carlos María y el surgimiento del carlismo, que defendía los derechos sucesorios.

Para consolidar el reinado de Isabel y suceder a Fernando VII, María Cristina se acercó a liberales y moderados, iniciando una transición al liberalismo moderado y creando el partido político isabelino. Sin embargo, la oposición al liberalismo persistió con la defensa del derecho sucesorio de Carlos por parte de María Cristina, quien depuró el ejército carlista y disolvió los voluntarios realistas. Tras la muerte de Fernando VII, Carlos publicó dos manifiestos reclamando el trono de España como Carlos V, dando inicio a la Primera Guerra Carlista, que enfrentó a liberales y absolutistas.

El carlismo, surgido al final del reinado de Fernando VII, tuvo su origen en la defensa del Antiguo Régimen por diputados serviles de las Cortes de Cádiz, los rebeldes de la regencia de Urgel durante el Trienio Liberal y los voluntarios realistas de la década ominosa. Este movimiento tradicionalista defendía una monarquía absoluta de origen divino, una sociedad estamental, la religión católica y el mantenimiento de los fueros del País Vasco, Navarra y los privilegios tradicionales. Se implantó principalmente en áreas rurales, como el País Vasco, Navarra y Cataluña, con el apoyo de la baja nobleza rural, el bajo clero, ambos intermedios del Ejército, campesinos y potencias absolutistas como Austria, Prusia y Rusia. En contraste, el bando isabelino contaba con el respaldo de la alta nobleza y altos mandos militares, así como de potencias como Inglaterra, Francia y Portugal.

La Primera Guerra Carlista, que se desarrolló entre 1833 y 1839, se dividió en varias etapas. En la primera etapa, los carlistas se hicieron con el control del País Vasco, Navarra y Cataluña, aunque fracasaron en su intento de tomar el control de otras áreas rurales. En la segunda etapa, emprendieron expediciones que también fracasaron, mientras que el general Espartero adquirió prestigio con el apoyo de Isabel. En la tercera etapa, al no poder vencer al bando carlista, el bando isabelino se dividió en trasaccionistas y exaltados, con Maroto y Cabrera respectivamente, negociando la paz y oponiéndose a ella. Finalmente, con la victoria del bando isabelino en Luchana, se firmó el convenio de 1839, en el cual los carlistas cesaron y se integraron en la vida civil, mientras Espartero prometió mantener los fueros y la incorporación de carlistas al Ejército Nacional. Sin embargo, algunos exaltados continuaron la lucha hasta la conquista de Morella por los liberales.

Las consecuencias de la guerra fueron significativas, con pérdidas humanas y materiales, así como la necesidad de reformas políticas y económicas, como la desamortización de Mendizábal. Subsiguientes gobiernos, tanto progresistas como moderados, implementaron reformas para asentar el liberalismo y enfrentaron desafíos políticos internos. El gobierno progresista de José María Calatrava, nombrado por María Cristina como ministro de Hacienda, restauró la Constitución de 1812 y aplicó reformas legales para asentar el liberalismo, como la desamortización de Mendizábal. Promulgó la Constitución de 1837, que renunciaba al absolutismo y reconocía las facultades de la Constitución de 1812. Sin embargo, los gobiernos moderados provocaron tensiones políticas al intentar aprobar leyes que suprimían la elección democrática, lo que condujo a la intervención militar y a la regencia de Espartero, quien implementó políticas progresistas pero provocó una crisis que lo llevó al exilio tras un pronunciamiento militar de moderados.

En resumen, las regencias y el problema carlista marcaron un período tumultuoso en la historia de España, caracterizado por conflictos dinásticos, enfrentamientos políticos y reformas que buscaban asentar el liberalismo en el país.

2. La Década Moderada

La década moderada, que abarca el período de gobierno desde 1844 hasta 1854, se caracterizó por una serie de acontecimientos políticos y sociales que marcaron profundamente el reinado efectivo de Isabel II en España. Durante este tiempo, el país experimentó una alternancia en el poder entre los partidos dinásticos liberales, que incluían al partido moderado, al progresista, a la Unión Liberal y al partido demócrata.

El partido moderado, liderado por Narváez, defendía una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, con un sufragio muy censitario y la confesionalidad católica del estado. Este partido representaba principalmente a la aristocracia, hombres de negocios y alta burguesía, y accedía al poder a través de elecciones. Por otro lado, el partido progresista, encabezado por Espartero, abogaba por una soberanía nacional, un sufragio menos restrictivo y una amplitud de derechos individuales. Este partido contaba con el apoyo de las clases medias urbanas y la pequeña y mediana burguesía. Además, la Unión Liberal, liderada por O’Donnell, representaba un centro ideológico entre moderados y liberales, mientras que el partido demócrata defendía el sufragio universal.

Durante esta década, con la elección del presidente Narváez, los moderados gobernaron durante un extenso período. Narváez presidió la mayoría de los gobiernos e influyó en la legislación, incluida la elaboración de la Constitución de 1845, que suprimió los aspectos más progresistas de la constitución anterior. Las características principales de este período incluyeron la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, la confesionalidad del estado y el reconocimiento de los derechos individuales regulados mediante leyes.

El sistema político liberal adoptado durante la década moderada se caracterizó por su naturaleza conservadora, con la elaboración de nuevas leyes y la defensa del orden público. Se implementaron medidas para limitar los derechos individuales, como la ley electoral y la ley de imprenta, que restringían el derecho al voto y censuraban a los editores. Además, se estableció la Guardia Civil para garantizar la seguridad y se mantuvo la influencia de la iglesia mediante un nuevo acuerdo con la Santa Sede que reconocía el régimen liberal.

El control gubernativo se extendió sobre la administración provincial y local, con la corona nombrando gobernadores provinciales y alcaldes. Se llevó a cabo una reforma de la hacienda y se unificó el sistema legal español con la aprobación del Código Civil y el Código Penal.

Sin embargo, el final del gobierno del partido moderado estuvo marcado por una serie de problemas. La segunda Guerra Carlista y la oposición política debilitaron el modelo político moderado. El agotamiento del partido moderado se manifestó en la formación del partido demócrata y republicano, que se oponían al autoritarismo del gobierno. La mala situación económica y el enriquecimiento de la camarilla política que rodeaba a la reina Isabel II también contribuyeron al malestar generalizado. Finalmente, el golpe de estado de los generales O’Donnell y Serrano, conocido como la Vicalvarada y la firma del manifiesto de Manzanares, pusieron fin a la década moderada y marcaron el inicio de un nuevo período en la historia política de España.

3. El Bienio Progresista

El Bienio Progresista (1854-1856) marcó un período de cambio significativo en la historia política de España, que surgió como respuesta a la manipulación electoral durante la década moderada. Los progresistas, incapaces de acceder al poder a través de medios convencionales, vieron en las instituciones militares la única vía para implementar sus reformas. La sublevación de los moderados en julio de 1854, liderada por el general O’Donnell y seguida por el general Serrano, marcó el inicio de este período. Firmando el manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, prometieron reformas políticas que atrajeron el apoyo de los progresistas y demócratas. Isabel II se vio obligada a deshacerse de la camarilla política y nombrar al general progresista Espartero como jefe de gobierno, con O’Donnell como ministro de la Guerra.

Durante el Bienio Progresista, se llevaron a cabo importantes reformas legales, especialmente en el ámbito económico. La desamortización civil de Madoz y la aprobación de la Ley de Ferrocarriles marcaron cambios significativos en la política económica. Además, se estableció el Banco de España en Madrid. Aunque se intentó redactar una constitución progresista, el Parlamento no tuvo tiempo para aprobarla.

Sin embargo, el gobierno de Espartero enfrentó numerosos desafíos. El aumento de la conflictividad social, causado por el alza de precios y el movimiento obrero, creó tensiones internas. La hostilidad política, especialmente del partido demócrata, que exigía el cumplimiento del sufragio universal, también debilitó al gobierno. Las diferencias entre Espartero y O’Donnell dentro de la coalición gobernante llevaron a la fundación de la Unión Liberal.

En 1856, Isabel II nombró a O’Donnell como jefe de gobierno, poniendo fin al Bienio Progresista y dando paso a la vuelta al moderantismo. Bajo el gobierno de O’Donnell, España experimentó estabilidad social y crecimiento económico, aunque se vio envuelta en conflictos militares, como la guerra con Marruecos y las expediciones militares a México y Cochinchina. Sin embargo, ni Narváez ni O’Donnell fueron capaces de resolver los problemas fundamentales de España.

La crisis política, el descrédito de la corona y el conservadurismo, unido al apoyo de moderados y humanistas, dificultaron el gobierno de progresistas y demócratas. La crisis económica, desencadenada por la quiebra de compañías ferroviarias y la crisis agraria, y la crisis social, marcada por las protestas urbanas y la penetración de ideas demócratas, contribuyeron al deterioro de la situación.

El final del moderantismo y del reinado de Isabel II llegó con la Revolución Gloriosa, liderada por el general Prim. Tras la muerte de O’Donnell, el general Serrano asumió el liderazgo de la Unión Liberal, mientras que un grupo de generales se pronunció contra el régimen, dando inicio a la revolución. La Gloriosa culminó con el fin del reinado de Isabel II y marcó el comienzo de un nuevo período en la historia política de España.

4. La Evolución del Sexenio Democrático

La evolución política del Sexenio Democrático (1868-1874) estuvo marcada por una serie de acontecimientos fundamentales que transformaron profundamente el panorama político y social de España. En 1868, Isabel II perdió apoyo político debido a la exclusión de los progresistas y la muerte de O’Donnell, junto con la crisis económica y los escándalos financieros. Esto desencadenó protestas de ideología progresista, como la revuelta, la noche de San Daniel y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil. Tras la muerte de O’Donnell, el general Serrano asumió el liderazgo de la Unión Liberal y se sumó al Pacto de Ostende, firmado por progresistas y demócratas bajo la iniciativa del general Prim. La Revolución Gloriosa estalló en septiembre de 1868, con el pronunciamiento de la flota al mando de Topete en Cádiz. En el manifiesto conocido como»España con honr», se instó a las masas a organizarse en juntas locales contra el gobierno. El pronunciamiento militar se convirtió en una revolución de carácter popular. La derrota realista en Alcolea llevó al exilio de Isabel II en Francia, marcando así el inicio del Sexenio Democrático. Este período estuvo caracterizado por un clima de agitación política y social, donde las fuerzas progresistas y democráticas luchaban por establecer un régimen político más justo y democrático en España. La Revolución Gloriosa sentó las bases para la transformación del sistema político y el inicio de una nueva era en la historia española.

Tras la huida de Isabel II, se constituyó un gobierno provisional mediante una coalición liderada por Serrano, integrada por progresistas, unionistas y demócratas. La primera acción fue disolver las juntas locales para restablecer el orden, seguida de la convocatoria de elecciones para las Cortes Constituyentes, donde la coalición gobernante obtuvo una victoria gracias al sufragio universal masculino. En estas elecciones, los republicanos también ganaron numerosos escaños. Las Cortes Constituyentes elaboraron la Constitución de 1869, que estableció un régimen democrático en España. Entre sus características se destacan la soberanía nacional que residía en la nación y no en el rey, y la aconfesionalidad del estado con libertad de culto. Además, se reconocieron ampliamente los derechos individuales, incluido el sufragio universal masculino y la libertad de enseñanza. Este nuevo sistema adoptó una monarquía parlamentaria, limitando las facultades de la corona para convocar y disolver las Cortes, así como el derecho a vetar leyes. Finalmente, el poder legislativo quedó en manos de unas Cortes bicamerales, compuestas por el Congreso y el Senado, marcando así un avance hacia un sistema político más equilibrado y representativo.

La proclamación de la Primera República (1873-1874) fue una solución de emergencia votada en las Cortes ante el vacío político dejado por la abdicación de Amadeo I. Votaron a favor los republicanos unitarios y radicales de Zorrilla, así como grupos minoritarios y sin experiencia de gobierno, lo que llevó a enfrentarse a diversas dificultades. Entre las dificultades encontradas durante este período se destacan: la división de los republicanos, la oposición política, los enfrentamientos armados, las desmesuradas expectativas de las clases populares y la falta de apoyo internacional. Los cuatro gobiernos republicanos sucedieron en un lapso de 11 meses y estuvieron marcados por diversos acontecimientos y cambios políticos significativos. Estanislao Figueras fue el primero en asumir la presidencia, convocando elecciones con la esperanza de lograr la abstención de la oposición y garantizar la mayoría para los federales. Francisco Pi y Margall, durante su mandato, redactó la Constitución de 1873, que proponía una república federal, pero que no logró entrar en vigor, generando divisiones entre los republicanos federales. Nicolás Salmerón enfrentó la insurrección cantonal y Emilio Castelar intentó dar un giro conservador a la República. El fin de la Primera República llegó durante la sesión parlamentaria en la que se elegía al presidente. El general Pavía entró en las Cortes y las disolvió, dando inicio a un golpe de estado que mantuvo la República bajo un gobierno militar autoritario, presidido por Serrano. Este período estuvo marcado por conspiraciones monárquicas lideradas por Cánovas, que finalmente culminaron con la Restauración borbónica, con la figura de Alfonso XII.

5. Economía Española Siglo XIX: Agricultura, Industria y Transportes

La agricultura experimentó un proceso de desamortización y cambios agrarios durante el siglo XIX, impulsados por los gobiernos progresistas durante el reinado de Isabel II. Este proceso incluyó la apropiación y venta de tierras de la Iglesia y los concejos de propios y comunales. Las desamortizaciones, como la de Mendizábal, Espartero y Madoz, tenían como objetivo reconocer el derecho a la propiedad libre, mejorar la productividad agraria y disminuir la deuda pública. Sin embargo, estas medidas también llevaron a una concentración de tierras en manos de la oligarquía dirigente, perjudicando al campesinado y manteniendo la agricultura en un sistema tradicional, aunque se observó un leve crecimiento en la producción agraria superficial.

La incorporación de España a la Revolución Industrial tuvo peculiaridades, centrada principalmente en el desarrollo industrial del sector textil en Barcelona y el metalúrgico en Bilbao y Asturias. Esta industrialización se concentró en zonas costeras con accesibilidad al mar y cercanía a países europeos como Francia y el Reino Unido, mientras que otras regiones de España no lograron industrializarse debido a su incorporación tardía e incompleta.

El fracaso de la revolución industrial en España se atribuye a diversas causas, como la inestabilidad política derivada de la Guerra de Independencia y las guerras carlistas, la escasez y mala calidad de materias primas como el carbón y el algodón, la deficiente red de comunicaciones y la dependencia del exterior, la baja capacidad adquisitiva del mercado interior español y la falta de competitividad en el mercado internacional, junto con el estancamiento de la agricultura.

La actividad industrial en España se manifestó principalmente en la industria textil del algodón, que experimentó una modernización en Barcelona, impulsada por la industria textil y la política proteccionista. Además, la industria siderúrgica se desarrolló en Asturias y Vizcaya, aunque con retraso debido a la dependencia de la importación de material extranjero. La minería también tuvo un papel importante durante el Sexenio Democrático, con la legislación minera que permitió la venta de yacimientos mineros al Estado.

En cuanto al comercio exterior, España mantuvo un déficit comercial durante el siglo XIX, exportando materias primas e importando productos elaborados. Los gobiernos españoles implementaron políticas proteccionistas, como el aumento de aranceles sobre productos extranjeros, aunque posteriormente se adoptó una política de apertura comercial con la rebaja de aranceles.

La modernización de las infraestructuras, especialmente la construcción del ferrocarril, tuvo un impacto significativo en la economía española. Aunque se subvencionó su construcción con inversiones públicas y privadas, la adquisición de material extranjero y los problemas con la red radial en torno a Madrid dificultaron su desarrollo. Sin embargo, la expansión del ferrocarril contribuyó a la consolidación del mercado nacional, conectando espacios económicos y facilitando el traslado de productos y materias primas.

6. La Sociedad Española Siglo XIX: Del Estamentalismo a la Sociedad de Clases

La sociedad española del siglo XIX experimentó una transformación significativa, pasando del estamentalismo a una sociedad de clases. El crecimiento demográfico durante este período estuvo marcado por altas tasas de natalidad y mortalidad, así como una baja esperanza de vida, debido a enfermedades, guerras y epidemias. Este fenómeno influyó en la estructura demográfica, con un predominio del sector primario y un creciente éxodo rural hacia las ciudades, como Madrid, Barcelona y Bilbao, que experimentaron un notable crecimiento urbano. El desarrollo urbano condujo a la aparición de barrios obreros desordenados y nuevas áreas burguesas planificadas, mientras que las migraciones exteriores también contribuyeron a este cambio, con la salida de población hacia América y Argelia.

En el ámbito social, España transitó de una sociedad estamental a una sociedad de clases durante el siglo XIX. Esta nueva estructura social promovía la libertad individual y la igualdad ante la ley, permitiendo la movilidad social según el mérito. Se distinguían varias clases sociales:

• La clase alta: Dominante y caracterizada por el control del poder político y la acumulación de grandes propiedades.
• La clase media urbana: Escasa y compuesta principalmente por comerciantes, funcionarios y artesanos.
• Las clases populares: Que agrupaban a la mayoría de la población, incluyendo a campesinos, jornaleros y obreros.

El surgimiento del movimiento obrero en España tuvo lugar en el contexto de estas transformaciones sociales. Durante el reinado de Isabel II, se formaron las primeras agrupaciones de trabajadores y sociedades de auxilio mutuo, sentando las bases para la organización obrera posterior. La expansión y desarrollo de este movimiento fueron impulsados por la fundación de la Primera Internacional, el reconocimiento del derecho de asociación durante el Sexenio Democrático y la inestabilidad política de la Primera República. Este movimiento se dividió en dos corrientes principales: el marxismo, representado por el PSOE y la UGT, y el anarquismo, con sus distintas organizaciones, como los grupos de acción directa y la Federación de Trabajadores de la Región Española. Estas tendencias reflejaban las diversas visiones y estrategias dentro del movimiento obrero español, marcando un período de lucha y organización por los derechos laborales y sociales.

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