Tras la SGM, y en el contexto de la Guerra Fría, los países democráticos de Europa Occidental crearon en 48 el Movimiento Europeo; una asociación que coordinaba esfuerzos en pro de la construcción de una Europa federal y democrática. Paralelamente, estos mismos países, con el objetivo de promover la reconciliación y la colaboración económica firmaron en 57 el Tratado de Roma, por el cual se creó la CEE. En España, tras la victoria del “bando nacional”, se impuso una dictadura militar dirigida por el general Franco. Tras la derrota de los regímenes fascistas en la SGM, España fue sometida a un duro aislamiento internacional, reflejado en la Resolución de la ONU de 46 calificaba al régimen de Franco de fascista. La apertura internacional llegó en la década de los 50 gracias al contexto de la Guerra Fría. El bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos, cambió de actitud y priorizó el anticomunismo del régimen franquista y el valor estratégico militar de España. España será admitida en la ONU en 55, además de otros organismos internacionales. Los años 60 en España son los años del desarrollismo económico, y el régimen solicitó en 62 su ingreso en la CEE. La petición fue denegada, ya que la CEE tenía como requisito que fuesen países democráticos. También se encontró con la oposición de los republicanos del exilio y con la oposición interna que habían empezado a agruparse en torno al Movimiento Europeo, y que celebró en 62 el Congreso de Munich. Al Congreso fueron invitados 100 políticos españoles de casi todas las tendencias de la oposición al franquismo: monárquicos, democristianos liderados por Gil Robles, junto con socialistas, nacionalistas, pero sin la participación de comunistas por su vinculación soviética. Los allí congregados elaboraron un manifiesto reivindicando la democracia en España como condición necesaria para el ingreso de España en la CEE, posicionándose en contra de la solicitud del régimen de entrar en este organismo. La respuesta franquista fue la calificar el encuentro como “el contubernio comunista”, y los participantes fueron acusados de conspiradores, reprimidos u obligados al exilio. En los años posteriores al Congreso de Munich, la oposición política y social al régimen seguirá creciendo.

El texto es una fuente histórica primaria de naturaleza política en forma de manifiesto. Es un texto público destinado al régimen franquista, y su elaboración es colectiva. Se trata concretamente del manifiesto que recoge los acuerdos o resolución que han aprobado los participantes del Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962 en el contexto histórico del régimen franquista, la Guerra Fría y la colaboración política y económica de los países democráticos de Europa occidental. IP es la instauración de un sistema democrático en España como requisito obligatorio para el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). IS están relacionadas con las exigencias concretas de los participantes en el Congreso para que España sea una verdadera democracia, tomando como referencia la Convención Europea de Derechos del Hombre y la Carta Social europea:

• Existencia de instituciones democráticas basadas en la soberanía nacional, ya que instituciones del régimen franquistas no lo son.
• Reconocimiento de derechos humanos básicos: libertad, expresión…
• Reconocimiento de las distintas comunidades naturales que hay en España: Cataluña, Galicia y el País Vasco…
• Reconocimiento de derechos laborales, como la libertad sindical y el derecho de huelga.
• Reconocimiento de derechos políticos: libertad de corrientes de opinión, pluralidad de partidos.

Al final del texto los participantes expresan su deseo de que la evolución política de España hacia la democracia se haga de una forma rápida, sincera y sin violencia.

, aunque la dictadura perdurará hasta la muerte de Franco en 11/75, momento en que la jefatura del Estado pasó al rey Juan Carlos I, que iniciará el proceso de transición hacia la democracia. Finalmente, en 86, con el gobierno socialista de Felipe González, España ingresará en la CEE.

El 20/11/75 moría Franco y las Cortes franquistas proclamaban rey de España a Juan Carlos I. El rey conseguía establecer un Gobierno presidido por Adolfo Suarez con miembros aperturistas del régimen con el objetivo de realizar la transición de la dictadura hacia la democracia. La oposición política aunó esfuerzos fusionando sus plataformas democráticas en la “Platajunta” y siguió pidiendo el final del régimen, aunque aceptando negociar con el Gobierno. El gobierno de Suárez logró el desmantelamiento del franquismo por medio de la aprobación de una nueva Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política. Esta ley establecía la formación de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal de mayores de 21 años y en las que podrían concurrir los partidos legalizados durante esos meses. La ley fue aprobada por la mayoría de diputados en la Cortes y ratificada en Referéndum por los españoles. Además, el gobierno de Suárez consiguió legalizar al PCE y restablecer la Generalitat de Cataluña, en un contexto difícil debido a los atentados terroristas cometidos por grupos de extrema izquierda y derecha, junto la fuerte crisis económica que vivía el país. El 15/6/77 se celebraron elecciones democráticas a Cortes constituyentes que dieron la victoria del partido de Suárez, (UCD). En segundo lugar, quedó el(PSOE) bajo la dirección de Felipe González. Con una representación menor obtuvieron escaños partidos de izquierda, derecha y nacionalistas. Con esta composición parlamentaria, Adolfo Suárez fue elegido primer presidente de un gobierno democrático y se inició el proceso constituyente en la que una Comisión Constitucional compuesta por siete diputados procedentes de los principales grupos políticos, los conocidos como “padres de la Constitución”. El 31/10/78 el Congreso de los Diputados, por amplísima mayoría, aprobó el texto constitucional. El 6 de diciembre fue sometida a referéndum y aprobada por el 90% de los votantes. La Constitución recogía los principios políticos liberales de separación de poderes y sufragio universal, además de establecer una administración descentralizada, con la posibilidad a que crearan comunidades autónomas, junto con el reconocimiento de derechos y libertades (expresión, culto…) y la aconfesionalidad del Estado.

El momento más delicado para la Constitución fue el 23/2/81 fue cuando un grupo de militares y guardias civiles protagonizaron un intento de golpe de Estado, que finalmente fracasó. Las elecciones de octubre de 1982 fueron ganadas por el PSOE de Felipe González. La llegada al gobierno de un partido político que había sido oposición al régimen franquista era un síntoma de que la democracia se estaba consolidando. –Se trata concretamente de un fragmento de la Constitución española de 1978 que fue elaborada por una comisión constitucional compuesta por miembros de las principales fuerzas políticas que tenían representación en las Cortes. La Constitución fue debatida y aprobada por las Cortes, ratificada en Referéndum por los ciudadanos, y finalmente, sancionada por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, el 29/12/78. IP l del texto es establecer en España una constitución democrática.IS se desarrollan a lo largo del articulado de la constitución y recoge los principios básicos del liberalismo político, junto con la organización de los poderes del Estado español. artículo 1 se enumeran los fundamentos de la constitución: España es un Estado social y democrático de derecho, vinculado a unos valores; se reconoce la soberanía nacional y que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria. artículo 2 se combina el principio de la unidad de la Nación española con el reconocimiento de que aquellas regiones o “nacionalidades” que quieran ser una comunidad autónoma. El artículo 6 se reconoce la pluralidad de partidos políticos, estos deben ser instrumentos de participación política de los ciudadanos, y su funcionamiento interno también debe ser democrático. 14 señala la igualdad de todos los españoles ante la ley sin ningún tipo de discriminación. 16 y 20 hacen referencia a libertades específicas de los españoles: libertad ideológica, religiosa, de expresión y de cátedra, además de la aconfesionalidad del Estado. 23, se hace referencia a la participación política de los ciudadanos por medio de la elección de sus representantes por sufragio universal. 41 se establece la Seguridad Social con el objetivo de que el Estado asista a los ciudadanos ante una necesidad, especialmente, el desempleo. 66 y 77 establecen que el poder legislativo reside en las Cortes Generales bicamerales, que son representantes del pueblo español; y que los ciudadanos pueden realizar peticiones de cambios legislativos a las Cortes.

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