24 Nov

Resolución 39 (I) de la ONU y el Aislamiento de España (1946)

El régimen franquista, tras la finalización de la II Guerra Mundial, se enfrentó al rechazo internacional. La ONU, mediante la Resolución 39 (I) aprobada el 12 de diciembre de 1946, negó a España su ingreso, argumentando que el régimen de Franco era de naturaleza fascista, colaboracionista con Alemania e Italia durante la guerra, y no representativo del pueblo español.

  • Naturaleza Fascista del Régimen: Se destacó el origen, estructura y comportamiento fascista del régimen, surgido con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.
  • Colaboración con el Eje: Se denunció la ayuda “considerable” de España a Alemania e Italia durante la guerra, incluyendo el envío de la División Azul y el uso de puertos para abastecimiento.
  • Falta de Representatividad: Se argumentó que el gobierno de Franco no representaba al pueblo español, siendo impuesto por la fuerza y carente de libertades.

Como consecuencia, España sufrió un grave aislacionismo internacional, negándosele el acceso a organismos internacionales y recomendándose la retirada de embajadores en Madrid. Esto llevó a una política autárquica marcada por el intervencionismo estatal, el racionamiento y el estraperlo.

Del Aislamiento al Reconocimiento Internacional (1947-1959)

Hasta 1947, con la Doctrina Truman, España vivió su mayor aislamiento. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría y el anticomunismo de Franco favorecieron un cambio de postura de EE.UU. En 1950, la ONU revocó la Resolución 39 (I) con la Resolución 386 (V), y España firmó acuerdos con EE.UU. y el Concordato con la Santa Sede en 1953. Finalmente, en 1955, España fue admitida en la ONU.

1959 fue un año clave con la visita de Eisenhower y el inicio del Plan de Estabilización, que puso fin a la autarquía y abrió la economía española a inversiones extranjeras.

El Desarrollismo y sus Consecuencias (1959-1973)

El Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo

Tras el fracaso del modelo autárquico, España experimentó un intenso período de crecimiento económico conocido como “desarrollismo”. El Plan de Estabilización de 1959, impulsado por tecnócratas vinculados al Opus Dei y con el apoyo de EE.UU., liberalizó la economía y atrajo inversiones extranjeras. A este plan se sumaron los Planes de Desarrollo Económico y Social (1964-1973), que incentivaron la industria y crearon polos de desarrollo.

El “Milagro Español” y sus Carencias

El “milagro español” duplicó la renta per cápita, impulsado por la industria y el turismo. Sin embargo, presentó desequilibrios regionales, déficit en la balanza comercial e incapacidad para absorber la mano de obra rural, lo que provocó migraciones internas y externas.

Transformaciones Sociales

El desarrollismo trajo consigo un aumento de la población (“baby boom”), el crecimiento de las clases medias urbanas, la expansión del consumo y cambios en las costumbres sociales. No obstante, los beneficios se concentraron en los grupos económicos cercanos al poder.

La Crisis del Franquismo y el Camino a la Transición (1970-1975)

Crisis Económica y Política

Los años 70 se caracterizaron por la agitación social, política y económica. La crisis del petróleo de 1973 agravó los problemas estructurales de España, aumentando el déficit, el paro y el descontento social. En el plano político, el asesinato de Carrero Blanco en 1973 y la división del régimen entre aperturistas e inmovilistas debilitaron al franquismo.

Movilización Social y Oposición

La movilización contra el régimen se intensificó, con la creación de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, lideradas por el PCE y el PSOE respectivamente. Las protestas obreras, estudiantiles y la oposición en el ejército y la Iglesia se sumaron a la presión.

La Marcha Verde y la Muerte de Franco

En 1975, la Marcha Verde sobre el Sáhara y la enfermedad de Franco agudizaron la crisis. El 20 de noviembre de 1975, Franco murió, dejando un régimen “atado y bien atado” que, sin embargo, resultó inviable tras su muerte.

La Represión Franquista: Marco Legal y Consecuencias

La represión institucional franquista se sustentó en un marco legal que persiguió a disidentes políticos, censuró ideas y controló la sociedad. Leyes como la de Responsabilidades Políticas (1939-1945) y la de Represión de la Masonería y Comunismo (1940-1971) castigaron a opositores y miembros de organizaciones prohibidas.

La Ley de Seguridad del Estado (1941) y el Tribunal Militar sobre Actividades Extremistas (1958) ampliaron los poderes represivos, mientras que el Tribunal de Orden Público (1964) sustituyó a los tribunales militares. Estas medidas resultaron en miles de ejecuciones, encarcelamientos y exilios.

El Disenso y la Subversión en el Tardofranquismo (1960-1975)

Según el historiador Pere Ysás, el tardofranquismo se caracterizó por el crecimiento del disenso y la subversión, a pesar de los esfuerzos del régimen por reprimirlos. La debilidad política del régimen se evidenció en la incapacidad para contener el descontento social.

Alternativas de Futuro

a seguir tras la muerte de Franco, tanto entre los partidarios del régimen como de la oposición política. Dentro del régimen franquista había dos tendencias: los aperturistas y los inmovilistas. En primer lugar, los inmovilistas defendían la continuidad del régimen sin Franco, es decir, continuar con la Dictadura. El líder de esta alternativa era el presidente del Gobierno, Arias Navarro, elegido por el propio Franco. Su grupo estaba integrado por personajes como José Antonio Girón o Blas Piñar, y era apoyado por el Ejército; todos ellos intentaron dar golpes de Estado en varias ocasiones para evitar la aparición de una democracia. En segundo lugar, los aperturistas eran partidarios de conducir el régimen desde la dictadura hasta una democracia similar a la de Europa occidental, defendiendo una reforma pactada promovida desde las instituciones. A este grupo pertenecían el futuro rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Fraga Ibarne, entre otros. Quienes eran partidarios de cambiar el régimen, pero desde la legalidad, y suprimir el régimen franquista, pero sin rupturas.

En tercer y último lugar, la mayoría de la oposición antifranquista tenía proyectos rupturistas, que defendían acabar inmediatamente con el régimen franquista y proponía que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones libres, se pusieran las bases de un nuevo sistema político democrático. Esta alternativa estaba representada por la Coordinación Democrática («La Platajunta»), que se formó por la unión de las fuerzas de izquierda ya que tenían los mismos objetivos: la Junta Democrática (promovida por el PCE), que planteó una ruptura democrática; y la Plataforma de Convergencia Democrática (promovida por el PSOE), que planteó una ruptura pactada. En conclusión, el impulso desde dentro del régimen franquista fue crucial para la exitosa transición democrática en España. Este impulso, junto con el cambio pacífico y el consenso entre diversas fuerzas políticas y sociales, allanó el camino hacia un sistema democrático pleno. La dimisión de Arias Navarro y el ascenso de Adolfo Suárez en 1976, seguidos de las elecciones libres convocadas en 1977, son hitos que reflejan este proceso. Destacar tanto la participación de miembros del régimen como el espíritu democrático y dialogante de las fuerzas opositoras fue fundamental para una transición consensuada hacia la democracia.


144:Tras la dimisión de Arias Navarro, el rey Juan Carlos  nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Este había desempeñado cargos  importantes como el de ministro del Movimiento y estaba considerado como un  inmovilista. Sin embargo, el nuevo presidente del gobierno aceleró las reformas y de acuerdo  con la oposición democrática regulo el derecho de huelga y aprobó una amnistía parcial. En este marco aperturista se creó la Coordinadora de Organizaciones Sindicales  que agrupaba a los principales sindicatos del país y se convocaron numerosas manifestaciones en favor de la amnistía para los presos políticos, las libertades y la  autonomía en el caso de las nacionalidades históricas. También la violencia extrema se reflejó en estos momentos en numerosos  atentados de la extrema derecha y de la extrema izquierda. En esta coyuntura, el gobierno de Adolfo Suárez presentó la Ley para la Reforma Política que estableció un marco legal para el desmantelamiento gradual del régimen  franquista y la instauración de un sistema democrático. La ley perseguía los siguientes  objetivos: . Recuperar la soberanía popular. . Establecer Cortes cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal directo. . Defender los derechos fundamentales e inviolables de las personas. . Reconocer el pluripartidismo. La ley se aprobó en el Congreso y sometida a votación popular obtuvo el voto sí  con algo más del 94%. Este apoyo mayoritario reforzó al gobierno, que de acuerdo con la oposición  suprimió el Tribunal de Orden Público encargado de la represión política,  restableciéndose algunas libertades. Pero desde la muerte de Franco los partidos políticos seguían siendo ilegales, aunque actuaban con relativa tolerancia. Por ello, para propiciar los cambios Santiago Carrillo líder del Partido Comunista entró en España y fue detenido. Finalmente, en 1977 se publicó el Decreto para la Legalización de los Partidos Políticos y Sindicatos, regulándose el modo en que los partidos podían ser legalizados, lo que hicieron 78 formaciones políticas. La legalización del PCE se formalizaría algo más tarde con la oposición de algunos sectores inmovilistas y militares.

En el Decreto se incluían medidas como la amnistía para presos políticos que habían sido encarcelados durante la dictadura franquista, así como la autorización para la creación y funcionamiento de partidos políticos y sindicatos. Esta medida fue fundamental para permitir la participación plena de todas las fuerzas políticas en el proceso democrático, cuya convocatoria de elecciones marcaría un hito en la historia de España al ser las primeras elecciones democráticas libres desde la Segunda República.


Pensando en el proceso electoral Adolfo Suárez formó y lideró la coalición de UCD  y se fijó la fecha para la convocatoria de elecciones el 15 de junio de 1977. Había que elegir 350 representantes al Congreso, según la ley D’ Hont y 270 al Senado a razón de cuatro senadores por provincia. Voto algo más del 78% del censo. La UCD ganó las elecciones con 166 escaños por lo que se formó un gobierno en minoría presidido por Adolfo Suárez. Y una de sus primeras decisiones fue la de solicitar la apertura de negociaciones para la integración de España en la CEE con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas.


147: En España, tras las elecciones democráticas de 1977, las Cortes elegidas se convirtieron en Cortes Constituyentes con la tarea de redactar una nueva Constitución para adaptar el país al nuevo modelo democrático. El proceso comenzó con la formación de una Comisión Constitucional compuesta por siete diputados de diferentes partidos políticos, excluyendo al PNV, encargados de elaborar un borrador del texto constitucional. Este proceso fue complejo debido a las grandes diferencias ideológicas entre los partidos, pero finalmente resultó en un verdadero consenso entre grupos políticos con ideologías diversas. El proyecto de Constitución fue aprobado por una amplia mayoría en el Congreso y el Senado en 1978, y posteriormente sometido a votación ,obteniendo una amplia mayoría de votos a favor a pesar de una alta tasa de abstención. Con respecto a las características de su estructura, la Constitución cuenta con 169 artículos, estructurados en un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos. Está separada en una parte dogmática y otra orgánica . En primer lugar, en el preámbulo, se define a España como un «Estado social y democrático de Derecho»; y el marco económico como «economía social de mercado». Introduce los valores superiores del ordenamiento jurídico español, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y establece el compromiso de consolidar un Estado democrático y social de derecho. Los títulos abordan diferentes aspectos de la organización del Estado, como la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos y deberes fundamentales, la organización territorial, la economía y la hacienda pública, la administración de justicia, la defensa nacional, entre otros. Por un lado, en la parte dogmática de la Constitución se reconoce la soberanía nacional, otorgando al pueblo el poder de elegir a sus representantes mediante sufragio universal. También garantiza los derechos y libertades fundamentales, tanto individuales como colectivos, inherentes a la dignidad humana y vinculantes para todos los poderes públicos. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a la educación y la protección de la salud, entre otros. Por otro lado, en la parte orgánica, la Constitución establece una monarquía parlamentaria, donde el rey ejerce funciones representativas y simbólicas, mientras que el poder ejecutivo recae en el Gobierno. En cuanto a la organización territorial, se reconoce la diversidad territorial de España y se establece un modelo de Estado descentralizado, en el que se reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran.


Asimismo, también se establece el principio de solidaridad entre las distintas partes del Estado y se promueve la cooperación y la leal colaboración entre ellas. Se instaura la división de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial  para garantizar su equilibrio e independencia. Además, se implanta la organización territorial en comunidades autónomas, provincias y municipios, con mecanismos de control y cooperación entre los poderes del Estado. Finalmente, la Constitución prevé la posibilidad de su reforma mediante un procedimiento establecido en la propia norma, que requiere de una mayoría cualificada en las Cortes Generales y, en determinados casos, de la ratificación por parte del pueblo español en referéndum. En definitiva, la Constitución de 1978 fue clave para el desarrollo de la transición a la democracia tras la muerte del general Franco en 1975. Su entrada en vigor supuso la ruptura definitiva con la dictadura franquista y la construcción de un nuevo estado democrático.

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